Tales afirmaciones, tras la coartada de la libertad de expresión, esconden una actitud negacionista del genocidio y, a la vez, apologética de los crímenes cometidos por el régimen cívico militar, autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Si dichas declaraciones son repudiables en cualquier caso, tratándose de una magistrada que debe estar imbuida de los valores democráticos y los principios constitucionales el encuadramiento debe ser mucho más severo.
En principo corresponde instar el proceso de jury previsto en la Constitución provincial de Tierra del Fuego en vistas a su suspensión inmediata y futura remoción en el cargo de jueza.
Esa medida no es solamente una forma de sancionar una conducta reñida con los valores y principios de nuestra constitución, sino una forma de sanear las instituciones de la república, todavía manchada con las rémoras y partidarios de la última dictadura.