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Hacemos llegar a sus familiares, compañeros y compañeras santafecinos nuestro abrazo fraterno, acompañándolos en esta hora tan dolorosa.

De dicha Cumbre participarán miles de compañeras y compañeros de Argentina y extranjeros (mayoritariamente latinoamericanos) que debatirán sobre el avance de las políticas lesivas para los intereses populares y de la clase trabajadora en la mayoría de nuestros países y la forma de organizarnos para hacerles frente.

Las trabajadoras y trabajadores representantes de la FJA participarán de los distintos foros convocados (justicia, medio ambiente, género, pueblos originarios, energía, salud, educación entre otros) y especialmente en el Foro de trabajadoras y trabajadores.

Durante la conferencia se denunció al gobierno argentino que en una actitud inédita está negando la acreditación para participar de la Conferencia a numerosos representantes extranjeros y argentinos.

En todo el País se llevaron actividades multitudinarias y que tuvieron como epicentro el acto central que se llevó a cabo frente al Congreso nacional protagonizado por alrededor de trescientas mil compañeras y compañeros.

Esta demostración de rechazo es un eslabón más en el proceso de lucha que llevan adelante las trabajadoras y trabajadores ante las políticas de ajuste decididas por el gobierno encabezado por Mauricio Macri y que cuenta con el apoyo de la casi totalidad de los gobiernos provinciales.

En particular en el ámbito de la justicia tales intentos gubernamentales, que responden al mandato del poder económico más concentrado, se traduce en el proyecto Justicia 2020 el que oportunamente fuera rechazado por la Federación Judicial Argentina.

Como en esta histórica jornada la UNIDAD de la clase trabajadora hará posible no sólo mantener los derechos adquiridos de las y los trabajadores activos y jubilados sino también avanzar en la concreción de los que aún restan conseguir en camino a la construcción de una sociedad justa y democrática.

Como parte de la convocatoria impulsada a nivel nacional por las dos CTA y la Federación Judicial Argentina, los judiciales nos concentramos en la puerta de los Juzgados de familia para expresar nuestro repudio a cualquier medida de flexibilización de nuestras condiciones de trabajo.

Claudio Salazar afirmó: “ESTAMOS EN LAS CALLES, EN CONSONANCIA CON LAS MOVILIZACIÓN CONVOCADA POR LAS CENTRALES Y LA FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA, PARA FRENAR EL PROYECTO DE REFORMA LABORAL Y PREVISIONAL QUE IMPULSA EL GOBIERNO NACIONAL Y QUE DA POR TIERRA CON MUCHOS DE NUESTROS DERECHOS”

Nuestra conducción había dispuesto un retiro provincial a partir de las 11hs.

Sólo unidxs y en las calles vamos a frenar esta nueva reforma laboral y previsional que atenta directamente contra nuestro piso de derechos.

¡SEJUN EN LUCHA!

SECRETARÍA DE PRENSA DEL SINDICATO DE EMPLEADOS JUDICIALES DEL NEUQUÉN
(SEJUN)
página web: www.sejun.com.ar [1]

La mesa presidida por los Secretarios Generales Gustavo Terés de la CTA Rosario; Gustavo Martínez, de la CTAA Provincial; Laura Ferrer, de COAD; y Matías Rodríguez del Sindicato de Jaboneros de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, miraba a una gran concurrencia de trabajadores jóvenes que generó, incluso, que muchas personas quedaran fuera del salón.

Es que el panel, esperado y necesario como instancia de debate sobre la reforma laboral en ciernes, estuvo integrado por referentes nacionales en la materia: Hugo Blasco, Secretario General de la Federación Judicial Argentina y de Derechos Humanos de la CTAA; Daniel Yofra, dirigente de la Federación Aceitera y el Sindicato Aceitero de Rosario; Fernanda Boriotti, referente de Fesprosa y Siprus; y María Paula Lozano, Secretaria General de la Asociación de Abogados Laboralistas, expusieron ante un auditorio integrado por docentes, estatales, metalúrgicos, aceiteros, gráficos, trabajadores de comercio, entre muchos otros.

La apuesta fue aunar fuerzas para defender los derechos y plantar el seis de diciembre como próxima jornada de lucha hacia la cual se propone replicar debates, asambleas y medidas de protesta. Y, por supuesto, potenciar la solidaridad con los trabajadores en conflicto de Unilever y Clínica Gomara de Villa Gobernador Gálvez que, antes de la aprobación de la reforma, ya sufren los despidos.

La punta del iceberg

Desde diversas aristas, los cuatro panelistas recorrieron pormenorizadamente las implicancias económicas, políticas, sociales y culturales de la reforma laboral. La primera definición fue considerar que para su realización, el terreno viene preparándose hace dos años con despidos en diversos sectores y el sostenimiento estructural de la precarización laboral durante los gobiernos democráticos. Y que su impulso actual está ligado a un mapa internacional de gobiernos conservadores que amplían los beneficios de los grandes capitales, en desmedro de los trabajadores. Pero que, además, no puede leerse esta propuesta de reforma despegada de otras: el pacto fiscal con los gobernadores, la reforma previsional, la tributaria y las desplegadas sobre el sector Educación y Salud.

Otra certeza es que generará exactamente lo contrario de lo que dice defender: la aplicación del articulado actual del proyecto abarata costos laborales y despidos, impulsa la tercerización, condona la precariedad laboral, fomenta el mercado volátil de trabajo en el que permanentemente se contratan trabajadores ‘más baratos’ y se despiden a quienes tengan carga por antigüedad y calificación, permite la renuncia de derechos individuales y expone a índices de vulneración mayores a los trabajadores y trabajadoras. Pero lo más curioso de todo es que, al ser todo esto violatorio de la Constitución Nacional y tratados internacionales, sin dudas aumentará la litigiosidad judicial porque los juicios crecerán en cantidad.

Blasco interpeló la perspectiva del ‘batacazo’ electoral de Cambiemos en las últimas elecciones de medio término en el cual se fundamenta la avanzada feroz sobre los derechos de las mayorías. “Hasta el 22 de octubre hubo una negación de la existencia del proyecto de ley de reforma”, recordó y por ende consideró que los votos no contemplaban esas modificaciones.

En torno a la cuestión judicial en particular, el referente de le FJA que nuclea a sindicatos de 23 provincias, explicó que la denuncia oficial a ‘la mafia’ de los abogados laboralistas y los jueces laborales se materializan en la persecución a camaristas y magistrados, mediante juicios políticos que pueden derivar en su desplazamiento. Cuestiones que se replican en otras áreas judiciales, como la contenciosa administrativa, donde se apunta a quienes se pronunciaron contra los tarifazos. “Al que no se cuadre van los palos o las vías más elegantes como la criminalización o el avance de juicios políticos contra jueces”, advirtió. “En el proyecto está la trampa de la tercerización, la flexibilización y la degradación salarial de los trabajadores de todos los ámbitos judiciales del país”, explicó el referente nacional de la CTAA y adelantó que en Provincia de Buenos Aires el gobierno ya presiona una paritaria con un aumento del 10% y en cuotas.

Maria Paula Lozano, Secretaria General de AAL, explicó que la reforma laboral parte del supuesto de que “para el desarrollo próspero hay que equilibrar lo que está desequilibrado, cuestión absolutamente falsa”. Las acusaciones hacia los abogados laboralistas es la punta de lanza para “avanzar con una reforma que no empieza ni termina con el proyecto e implica retrotraernos al punto previo de la creación del derecho laboral, basado en la noción del mercado autorregulado”. Las reformas laborales con reducción de derechos según la propia OIT han generado en distintos períodos históricos, tanto en América Latina como en Europa, mayor precariedad y endeudamiento.

“Es la punta de un iceberg, lo dijo La Nación hace unos días, de una reforma muchísimo más profunda que se ubica en el año que viene y lo que va a estar en juego es la disponibilidad colectiva. Sería un puntapié para que los sindicatos avancen en la negociación por empresa o actividad, la posibilidad de flexibilizar ciertos institutos que dan demasiada tutela”, expresó la letrada. Además, detalló los principales puntos sobre los que se avanza en el proyecto de ley que entraría en tratamiento esta semana.

Por su parte Fernanda Boriotti de SIPRUS y Fesprosa, sumó la perspectiva de la reforma en el sector mediante la Cobertura Universal de Salud (CUS). Como primer elemento destacó que el objetivo central es la transferencia de recursos del sector público al privado, negando el debate mediante la firma de un decreto de necesidad y urgencia en 2016. Una avanzada que contó con la anuencia no sólo de gobernadores de buena parte de las provincias, sino también del triunviro de la CGT “con el objeto de sostener el unicato sindical y la condición de no hurgar en el enriquecimiento de muchos de los dirigentes”.

La CUS es la remake de los seguros de salud que planteaba el Banco Mundial por los´90. Viene solventada desde las fundaciones Bill Gates y Rockefeller y en los países donde ya se aplicó, quebraron decenas de hospitales públicos y aumentó el gasto de la población para la salud. “El sector público quedará limitado en recursos humanos y prestaciones y se dará un carnet de pobres con prestaciones básicas que no garantizan el derecho a la salud”, explicó Boriotti. Actualmente el sistema público cubre el 90% de emergencia, el 50% de los partos y el 80% de la formación del recurso humano y la atención pediátrica de calidad.

Batalla cultural en las fábricas

El Secretario General Federación Aceitera y Desmotadora y Adjunto del SOEAR, Daniel Yofra, agitó las aguas gremiales con fuertes críticas a la CGT y convocatorias a multiplicar huelgas, fortaleciendo la conciencia en los lugares de trabajo. Asimismo convocó a resaltar el rol de los dirigentes sindicales que “militan y laburan”, a quienes nadie nombra “y son un ejemplo”.

Actualmente el gremio aceitero está en vísperas de un duro conflicto porque el Ministerio de Trabajo no les otorga la certificación de autoridades tras la realización de actos electorales con lista única, sin impugnaciones y en total normalidad. “La certificación de autoridades es como las enfermedades raras: cuando uno las tiene se pregunta ‘por qué me tocó a mí’. Y después cuando va a la clínica se da cuenta que hay un montón de enfermos. Y dentro del Ministerio de Trabajo hay un montón de expedientes, pero nadie hace nada”, contó. Vale aclarar que la falta de esos avales oficiales, traban lo relativo a la prestación de salud mediante las obras sociales, entre otras cuestiones administrativas nodales para garantizar los deberes y derechos de las organizaciones sindicales.

Duro con los dirigentes de la CGT arremetió: “no quieren hacer paro porque tienen el culo sucio”. Y ante el grito de un asistente que los catalogó de “cagones”, Yofra paró la alocución y aclaró: “no son cagones, son traidores”. “Hace doce años que congelan los salarios, porque cuando los gobiernos le imponen una pauta salarial y la firman, también es arreglar salarios a la baja, es ningunear a los trabajadores a sus espaldas. Lo que hizo la CGT es no dar siquiera la oportunidad a los secretarios generales para que digan qué es lo que se puede hacer”, expresó sobre la suscripción al proyecto de reforma sin dar el debate en el propio plenario de secretarios generales.

“Lo más importante es el pensamiento clasista que tiene este gobierno hacia los trabajadores. Y esa es la batalla que tenemos que dar dentro de las fábricas, no nos podemos dejar pasar por arriba con los discursos bonitos del gobierno diciéndonos que la corrupción hace que nosotros tengamos que pagar la crisis económica del país. La reforma laboral es darle el poder a las patronales para que nos despidan sin causa. Nosotros tenemos la facultad de hacer huelga y es la herramienta que tenemos los trabajadores y hay que utilizarla”, aseguró.

“Yo no quiero cerrar la grieta con los capitalistas, porque la única manera de hacerlo es que seamos su servidumbre. Pero no hagamos la grieta entre nosotros muchachos, sigamos ensanchando la grieta contra las patronales y contra el capitalismo y unámonos con la bandera de los trabajadores”, culminó Yofra.

Nota y fotos: Sofía Alberti, Secretaria de Comunicación CTA Rosario
(Álbum de fotos)

Las reformas laboral, previsional e impositiva significan la quita de derechos a las y los trabajadores activos y jubilados en el marco de un ajuste que se pretende imponer con el objetivo de definir un modelo económico y social en contra de los intereses populares.

La lucha dada en UNIDAD y en la calle es el reaseguro de que tales avances sobre la calidad de vida de la clase trabajadora y los sectores populares no pasarán.

– Contra la reforma laboral;

– Contra la reforma previsional;

SOLIDARIOS y UNIDOS, VENCEREMOS!!!

CABA, 27 de noviembre de 2017.-

FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió por mayoría (6 a 2) no abrir el juicio político contra el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, y archivar las actuaciones basándose en argumentos formales. Esta decisión de los legisladores de Cambiemos y UNA atenta contra la democratización de la justicia, y consolida pactos políticos que promueven la impunidad frente a graves delitos de lesa humanidad.

Con los votos de los legisladores de Cambiemos, Juan Pablo Allan y Santiago Nardelli, y los del Frente Renovador, (UNA) Hernán Albisu y Lisandro Bonelli, el tribunal decidió archivar las actuaciones desconociendo la imputación por crímenes de lesa humanidad que pesan sobre el ex-agente de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar. Afirmaron que no fueron notificados por la Jueza Sandra Arroyo Salgado de ser imputado por algún delito, desconociendo el llamado a prestar declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad para el próximo 13 de diciembre. En igual sentido votaron los abogados Alicia Cristina Racig (San Isidro) y Horacio Enrique Hernández (San Martín).

Los conjueces abogados Leandro Adolfo Matilla y Eduardo Carlos Zimmermann votaron en minoría manifestando que “los elementos obrantes en la causa sí cumplimentan los requisitos del art. 26 de la Ley de Enjuiciamiento y que, por lo tanto, debía darse inicio al sumario”.

La decisión cierra la posibilidad de investigar la actuación de un funcionario judicial que fue parte de la maquinaria del terrorismo de estado como “espía” de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense y da lugar a un pacto político de impunidad entre los bloques políticos de Cambiemos y UNA. Ni siquiera consideraron que fuera necesario investigar las graves acusaciones contra Fernández Garello.

La resolución iguala delitos comunes con delitos de lesa humanidad, e implica una grave regresión jurídica que desconoce leyes y pactos internacionales firmados por Argentina para la defensa de los derechos humanos.

A esto se agrega que Fernández Garello omitió en su declaración jurada al ser designado Fiscal General haber sido agente de policía y prestar funciones como espía de la DIPBA. Alega la supuesta obligación de no develar información por la aplicación de una normativa de la SIDE, aprobada durante el gobierno militar el 28 de febrero de 1973. Estas argumentaciones son inaceptables en democracia, ya que la normativa emana de un gobierno de facto y además no alcanza a los agentes de la DIPBA.

Por otro lado, y pese a los reiterados pedidos de los presentantes, ni la Corte provincial ni la Procuración General de la Provincia en ejercicio de la superintendencia que detentan adoptaron medidas para el apartamiento del Fiscal General de sus funciones. Cabe mencionarse que la separación preventiva del cargo que fue adoptada en otros casos de delitos comunes cometidos por magistrados no se aplicó a Fernández Garello, que será indagado el mes próximo por su participación en delitos de lesa humanidad.

Esta decisión formalista y regresiva atenta contra los principios republicanos de transparencia y democratización de la justicia, y da cuenta de una escasa voluntad política de transformación de las instituciones y de lucha contra las mafias enquistadas en las instituciones políticas y judiciales.