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¡Viva el 1° de Mayo!.
¡Viva la clase trabajadora!.

Federación Judicial Argentina

A partir del estado público que tomaron las denuncias efectuadas por la Asociación Judicial Bonaerense, en el Senado provincial se decidió posponer el tratamiento del pliego de Rodrigo Cataldo, previsto originalmente para el 11 de abril. Ese día se aprobaron 41 pliegos de designación de magistradxs, entre los cuales no pudo ser incorporado el de Cataldo, quien está propuesto para integrar la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata.

Las denuncias por violencia laboral, irregularidades en el desempeño como funcionario público y violencia de género efectuadas por el gremio judicial, pusieron en aprietos a lxs legisladores que debían votar su designación luego de haber sido propuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal y pasado la Comisión de Acuerdos del Senado.

La Asociación Judicial Bonaerense viene exigiendo la postergación del tratamiento del pliego de Cataldo hasta que se sustancien debidamente las denuncias que pesan contra el magistrado.

En esa dirección, el gremio judicial pedirá formalmente en el día de la fecha entrevista con el vicegobernador y titular del Senado bonaerense, Daniel Salvador, a fin de interiorizarlo de las actuaciones y reclamar que en las actuales condiciones el pliego no sea tratado en la Cámara Alta. También la AJB requerirá mantener reuniones con las y los presidentes de los diferentes bloques con representación en el Senado.

Esta instancia fue decidida por la AJB luego que los pedidos para exponer el caso en la comisión de Acuerdos del Senado fueron ignorados por su titular, Nidia Moirano. Igual suerte corrió el pedido de entrevista con Daniela Reich, a cargo del Observatorio de Políticas de Género de la Cámara.

Asimismo, el gremio judicial requerirá al Observatorio de Violencia de Género –dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia- que como organismo especializado efectúe recomendaciones al Senado y a la Suprema Corte sobre el correcto abordaje del caso Cataldo.

Vale recordar que la AJB denunció en 2012 a Rodrigo Cataldo por ejercer violencia laboral contra las y los trabajadores del juzgado a su cargo –en su mayoría mujeres-, y luego de cinco años y pese a todas las evidencias plasmadas en el expediente, la denuncia fue desestimada con el voto de Hilda Kogan, Luis Genoud y Héctor Negri, miembros de la Suprema Corte.

Contra esa resolución la AJB interpuso un recurso de nulidad –planteando irregularidades en el proceso y reclamando la efectiva participación de la víctima en el proceso- que la Corte deliberadamente demora en resolver desde noviembre de 2017.

La Suprema Corte bonaerense tiene en sus manos una decisión que podría dar luz verde a la designación de un magistrado violento en la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata. Hasta al momento, en el máximo Tribunal vino primando la estrategia de demorar el dictado de la resolución a la espera que el pliego de Cataldo se apruebe en el Senado.

Asimismo, la AJB puso en conocimiento para su investigación ante la Dirección de Políticas de Género provincial, situaciones concretas de acoso sexual que involucran a Cataldo y que al día de la fecha no han sido sustanciadas de acuerdo a los procedimientos vigentes.

Se demandó a los integrantes de TSJ, a que dieran respuesta al planteo de la Comisión Directiva, de fijar una urgente reunión paritaria, a lo que respondieron que se llevará a cabo el día Marte 23 próximo, y a la que concurrirán con la definición respecto del incremento salarial. 

Hugo Blasco, expuso respecto del Seminario de Convenio Colectivo de Trabajadores judiciales, que se realizará el próximo 30 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, del que participarán magistrados, abogados, académicos y trabajadorxs judiciales.

En la reunión se planteó firmemente el respeto de los acuerdos paritarios, sobre todo aquellos que tienen que ver con nuestro sistema salarial y Ley paritaria.

Por tal motivo una delegación del sindicato judicial oriental (AFJU) encabezada por su secretario general, Richard Ascurrein, e integrada además por Graciela Panizza, Rosa de los Santos y Pablo Elizalde se hizo presente en Mendoza y Neuquén acompañados por el secretario general de la FJA, Hugo Blasco, y el secretario de RRII, José Luis Ronconi.

La recorrida se inició en Mendoza donde fueron recibidos por la conducción del sindicato cuyano realizándose reuniones con el funcionario responsable de su implementación y con trabajadoras y trabajadores del fuero sobre la marcha de la reforma.

Al finalizar la jornada se hizo un balance de la recorrida. Cabe destacar que participaron, además de Adriana Domínguez y Carlos Ordoñez otrxs compañerxs dirigentes e integrantes del Centro de estudios mendocino.

Luego fue el turno de Neuquén donde la delegación fue recibida por la conducción neuquina encabezada por Edgardo Cherbavaz (secretario general), Héctor Andrés, Hugo Díaz y otrxs compañerxs.

En la ciudad patagónica se unieron a la delegación cuatro compañeras de la Asociación de Actuarios de la Justicia del Uruguay (ADAJU).

Se comenzó el día con una reunión con funcionarias del Fuero Civil y posterior recorrida por las oficinas donde pudo tomarse contacto con las compañeras y compañeros que allí se desempeñan.

Continuó la actividad con una visita al Presidente del Superior Tribunal a la que concurrieron representantes de la Asociación de Magistrados.

En horas de la tarde se llevó a cabo en las instalaciones del SEJUN un intercambio sobre la marcha de la reforma civil de la que participaron trabajadoras y trabajadores judiciales, jueces, defensores, abogadas y abogados.

Finalmente el jueves a la mañana se realizó una visita al Colegio de Abogados a fin de intercambiar opiniones sobre la reforma en cuestión, culminando la jornada con la participación en la multitudinaria movilización convocada en repudio al ajuste llevado a cabo por el Gobierno Nacional y en conmemoración del asesinato del compañero maestro Carlos Fuentealba, a manos de la Policía neuquina durante el mandato del ex gobernador Jorge Sobisch.

Como saldo provisorio de las visitas a ambas realidades judiciales se puede concluir en el carácter economicista de los proyectos reformistas y la merma en la calidad jurídica de las respuestas, a las demandas de justicia, de los poderes judiciales.

Por otra parte se observa un aumento en la carga laboral sobre las trabajadoras y trabajadores y la pérdida de derechos como ser la carrera profesional.

Entre la FJA y la AFJU se convino en realizar durante el segundo semestre del año en curso un nuevo encuentro de la Coordinadora de Trabajadorxs Judiciales del Cono Sur donde, junto a la FENAJUFE del Brasil, analizar y definir estrategias sobre esta reforma y las otras que se van implementando en nuestros países y que responden a proyectos neoliberales impulsados por organismos multinacionales de crédito como el Banco Mundial y elaboradas por organismos como el CEJA.

El mismo consiste en los siguientes puntos:

– 2% de aumento salarial al básico y a la suma fija mensual, retroactivo al mes de enero y un Bono de $10.000, ambos en compensación de la diferencia por inflación del acuerdo 2018.

– 10% retroactivo al mes de marzo al básico y a la suma fija mensual

– 5% a partir del mes de junio al básico y a la suma fija mensual.

– 5% a partir del mes de septiembre al básico y a la suma fija mensual.

– 2,5% a partir del mes de octubre al básico y a la suma fija mensual.

– Elevar el Subsidio Mensual de Jardines Maternales a $15400.

– Actualizar la Asignación Familiar Mensual por Hijx a $1000.

– Elevar la Ayuda Anual por Apoyo Escolar por cada hijx a $14000 y extenderla a educación de Nivel Inicial (de 0 a 5 años), además de Primaria y Secundaria.

– Incrementar los Viáticos a $7.800 para las áreas que lo perciben.

– 1era. Cláusula de Revisión Automática Provisoria de marzo, abril, mayo y junio comparándose con el IPCBA de ese período, pagadera con el salario de julio.

– 2da. Cláusula de Revisión Automatica definitiva contándose los meses de marzo a iciembre, comparándose con el IPCBA de ese período pagadero con el salario de enero 2020.

Teniendo en cuenta lo discutido en las Asambleas, con Nuestrxs Afiliadxs en los edificios y en las reuniones de Delegadxs consideramos que hemos llegado a un Acuerdo que cumple con nuestro Petitorio.

Con la Misma Convicción de Siempre… ¡VAMOS x MÁS!

Cataldo actualmente es titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°5 de Mar del Plata y Presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires.

El proceso de selección para la cobertura del cargo vacante de camarista en el fuero Civil y Comercial se prolongó por más de dos años debido a la oposición de la Asociación Judicial Bonaerense.

El gremio judicial denunció al magistrado en agosto de 2012 ante el área de Control Disciplinario de la Suprema Corte por ejercer violencia laboral contra empleadxs y funcionarixs del juzgado a su cargo. También formalizó el reclamo ante el Ministerio de Trabajo provincial denunciando la práctica de Cataldo de incorporar al organismo trabajadorxs no registrados.

Más recientemente, puso en conocimiento de la Dirección de Políticas de Género de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia situaciones de acoso sexual que involucran al magistrado y cuya denuncia no ha sido formalizada por temor de las víctimas.

La AJB viene reclamando la necesidad de que se investiguen acabadamente esas conductas en forma previa a resolver la aprobación del pliego de Cataldo.

Para eso requirió exponer la situación ante el pleno de la Comisión de Acuerdos del Senado, pero su titular Nidia Moirano no hizo lugar al pedido gremial. Igual resultado tuvo el requerimiento de reunión para abordar el tema con la senadora Daniela Reich, titular del Observatorio de Políticas de Género del Senado provincial.

“En caso de avanzar la designación de Cataldo se mostrará en su verdadera magnitud el entramado de complicidades existentes entre el poder político y diferentes actores del sistema judicial, que tiñe la designación de magistrados en la Provincia de Buenos Aires en perjuicio del conjunto de la sociedad”, expresaron desde la conducción de la AJB.

“También dejará en evidencia que la política estatal en materia de género anunciada por la gobernadora Vidal en la apertura de las sesiones legislativas queda reducida a meras promesas de campaña, y que en el Poder Legislativo, la Suprema Corte, el Consejo de la Magistratura y el Colegio de Abogadxs sigue primando la ausencia de voluntad política para modificar la matriz machista, patriarcal, misógina y antidemocrática del Poder Judicial”.

“De no existir un freno a la designación de Cataldo hasta que se sustancien los hechos denunciados, se seguirá dando preferencia a los acuerdos políticos partidarios y corporativos frente a la necesidad de la sociedad de una justicia independiente, democrática y con perspectiva de género”, agregaron desde la AJB.

Antecedentes de la denuncia por violencia laboral

En el marco del sumario que se instruyó a partir de la denuncia de la AJB, las y los empleados y funcionarios declararon que Cataldo ejercía maltrato verbal, vertía amenazas permanentes de iniciar sumarios, ordenaba resolver una carga de trabajo irrazonable y exigía reiteradamente la renuncia al derecho de ascenso. También negó el otorgamiento de licencia por atención de familiar en un caso de enfermedad terminal y tomó represalias por hacer uso de la licencia por matrimonio.

El instructor del sumario imputó a Cataldo afirmando que “llevaba a cabo un hostigamiento psicológico respecto de todos aquellos trabajadores judiciales que no aceptaban su decisión de postergarlos en propuestas de ascensos, o que simplemente no pertenecían a su círculo de preferencia, y esa presión psicológica llevaba inexorablemente al traslado de esas personas a otras dependencias u organismos judiciales”, concluyendo que “el magistrado ha incurrido en acoso laboral”.

El proceso sumarial estuvo plagado de irregularidades, donde se recibieron los testimonios propuestos por Cataldo en su propio despacho y sin control alguno de parte de los denunciantes. Durante el trámite, una empleada declaró haber trabajado sin estar registrada durante más de un año y la Suprema Corte omitió abrir una nueva investigación, por lo que el hecho fue denunciado en el Ministerio de Trabajo.

Pese a todas las evidencias agregadas al expediente, en octubre de 2017 lxs integrantes de la Suprema Corte Hilda Kogan, Luis Genoud y Héctor Negri resolvieron disponer el archivo del sumario contra el magistrado, allanando el camino para su designación en la Cámara. Resulta importante señalar que esa resolución aún no se encuentra firme, ya que desde noviembre de 2017 está pendiente de resolución un recurso interpuesto por la AJB.

Como consecuencia del accionar de Cataldo, nueve trabajadorxs tuvieron que trasladarse del juzgado, de lxs cuales siete son mujeres. En su mayoría fueron reubicados por recomendación médica de la Dirección de Sanidad de la Suprema Corte, y una trabajadora luego de su cambio de destino laboral fue denunciada penalmente por Cataldo, trámite que fue desestimado por la fiscalía interviniente.

Ocurre tras el hallazgo de nuevas pruebas que vinculan directamente al Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, con crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Matías Fachal de la Federación Judicial Argentina (FJA) y Pablo Abramovich de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentes junto a Adolfo Pérez Esquivel, José Schulman y Víctor Mendibil.

Por la Asociación Judicial Bonaerense también asistieron los dirigentes Mariano Fernández, Analía Maiztegui, María Inés Gimenez y Nahuel Staffa.

Un fiscal reclamó la anulación del proceso y pidió que se investigue a las tres juezas y a la directora del hospital público, donde la beba fue anotada con otro nombre.

Desde el gremio judicial de Santa Cruz indicaron que “De comprobarse la serie de delitos cometidos, estas magistradas deben ser sometidas a un jury y removidas de sus cargos, por haber vulnerado los derechos de la niña, sus padres, su familia ampliada y de los demás inscriptos en el registro”.

De todas maneras aclararon que “el artículo 129 de la Constitución Provincial que dispone la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento, no se cumple. Por resistencia de la Cámara de Diputados e inacción del Tribunal Superior, no se designa al diputado letrado que debe conformar el tribunal. Y hace años que no se realiza como corresponde”.

El gremio ha denunciado en reiteradas oportunidades el mal desempeño de los jueces, los abusos de poder, la inacción, el maltrato, que a 36 años del retorno de la democracia “son inadmisibles”.

“Este Gremio no cesa en su lucha, y estos graves hechos que afectan el orden público no sólo a nivel provincial, son las consecuencias de la indiferencia del Tribunal ante nuestras denuncias”, indicaron.

Es en repudio y oposición al ajuste que lleva adelante el gobierno de Macri en perjuicio del pueblo.

Cada filial dispondrá la modalidad con la que la concretará.

CABA, 1° de abril de 2019.-