Etiqueta: Article

p=.

Junto a Carlos Chile, José “Pepe” Peralta, José Luis Matassa y Fernando Cardozo, el secretario general de la FJA y de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, recibieron a los dos visitantes peruanos y dialogaron sobre diversos temas relacionados a su lucha.

Tanto Sánchez Calderón como Alcázar manifestaron que su presencia en la Argentina es para continuar con la campaña de hacer conocer en la región la realidad política que se vive en Perú y buscar la solidaridad de los países hermanos de Latinoamérica con esta causa que ya fue denunciada tiempo atrás en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Miguel Sánchez Calderón empezó sus palabras saludando al pueblo argentino y “a todos los demócratas que creen en la defensa de las garantías individuales que están siendo violadas a los prisioneros políticos del Perú y a aquellos ex prisioneros políticos del Perú que son miles y que están siendo perseguidos y excluidos, proscriptos de la sociedad peruana. Quería agradecer a esta Central de Trabajadores muy importante de la Argentina”.

Por otra parte, caracterizó el momento histórico en el que estamos viviendo como de una bipolaridad en ciernes: “por un lado Estados Unidos y por el otro lado China. Estamos viviendo la mayor crisis del sistema capitalista, su consecuencia política es lo que estamos viendo en el mundo como una antesala de una tercera guerra mundial porque las bases militares que Estados Unidos tenía en Europa ahora las ha desplazados para rodear a China con apoyo de sus aliados en Asia y esta nueva carnicería imperialista debe ser respondida por los pueblos del mundo en defensa y a partir de sus intereses como pueblos oprimidos y explotados de la tierra”.

En relación a su viaje a la Argentina el abogado sintetizó: “La campaña que estamos desenvolviendo por la libertad de los presos políticos comprende tres puntos: primero, la libertad es un derecho, segundo, no a la exclusión de los prisioneros políticos del Perú, por la derogatoria de la Ley de Lesivas y en tercer lugar, el cierre del penal militar de la Base Naval del Callao, donde se están violando los derechos humanos básicos de los privados de su libertad”. El propio Sánchez Calderón recuperó su libertad el 18 de junio de este año, luego de cumplir 20 años de condena; estudió derecho en la cárcel y hoy defiende a sus compañeros y compañeras. Sánchez agradeció profundamente la solidaridad de la CTA para con la causa que defiende y llamó a la organización a firmar una carta dirigida al presidente de Perú Ollanta Humala en la que se expresan estos tres puntos centrales. El abogado defensor contó además que la misiva fue firmada ya por el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica.

En la actualidad son 300 los ciudadanos que siguen privados de su libertad (de 1985 a 1992 fueron 23 mil los presos políticos); muchos de ellos aun habiendo cumplido sus condenas. “La guerra interna no existe desde hace 24 años. El Estado no quiere reconocer este hecho y sigue fomentando el odio con los presos políticos y a los que ya han cumplido sus condenas, no los dejan salir”, explicó Sánchez Calderón. Además señaló que se les niegan sus derechos fundamentales y todos los beneficios penitenciarios.

En ese sentido, Fabiola Alcázar, familiar de presos políticos e integrante de la Comisión señaló: “A los compañeros liberados, el Gobierno los persigue y les impide trabajar y organizarse políticamente si no pagan sus exorbitantes reparaciones civiles, es decir, son como muertos civiles porque no tienen derechos”.

Por otra parte, Sánchez Calderón denunció además que las medidas del gobierno de Humala contra los prisioneros y ex prisioneros peruanos “son absolutamente antidemocráticas y contrarias a lo que está sucediendo en la región donde la tendencia es solucionar los conflictos a través del diálogo como pasa en Colombia con las Farc”.

Luego de escuchar atentamente a los compañeros peruanos, Carlos Chile, Secretario de Organización de la Central agregó: “Leyes antiterroristas hay en toda la región porque han sido escritas con la letra del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En la región hay cada vez más presos políticos”. Chile explicó además que la CTA, a diferencia de otras centrales latinoamericanas, es una Central de trabajadores porque la afiliación es directa, es decir, cualquier trabajador puede hacerlo y en ese sentido remarcó el compromiso histórico de la CTA con la de defensa y construcción de la Patria Grande.

En esa misma línea, Hugo Blasco, remarcó que la “perversidad con la cual actúa el gobierno peruano es muy grande y que no se justifica desde ningún punto de vista ya que los compañeros fueron juzgados”. El secretario también de la Federación Judicial Argentina (FJA) señaló además que es la misma situación de doble condena que se vive en la Argentina ya que los presos no sólo sufren la privación de la libertad sino también soportan las condiciones infrahumanas de las prisiones latinoamericanas. En palabras de Blasco: “Es el ensañamiento y el odio clasista: o hacen lo que queremos o por el garrote, porque tiene un efecto de escarmiento”.

p=.

Ante la falta de confirmación del tratamiento del proyecto de ley que restablece el 3% de antigüedad, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA) dispuso a partir del mandato de las asambleas departamentales una jornada de paro provincial que se realizará el jueves 5 de noviembre.

La medida de fuerza incluyó además el reclamo de aprobación de la ley de paritarias, el cese de los ataques contra la libertad sindical en el Poder Judicial y la sanción de la ley que crea una licencia especial para las víctimas de violencia de género.

“Estamos exigiendo que el gobernador Scioli termine su mandato saldando algunas de las deudas que tiene con los trabajadores judiciales. En ese sentido, reclamamos que aún en medio de la campaña electoral se garantice el urgente tratamiento de la ley de antigüedad al 3% y que podamos llegar al 10 de diciembre con la ley de paritarias para los trabajadores judiciales sancionada”, señaló Pablo Abramovich, Secretario General de la AJB.

Asimismo, la AJB dispuso movilizar a la Legislatura provincial en caso que se ponga en tratamiento la ley del 3% de antigüedad.

“La política del TSJ es empujarnos permanentemente al conflicto, a pesar que desde el SEJuN hemos planteado la resolución de las diferentes problemáticas (salarios, carrera judicial, condiciones dignas de trabajo, etc.) a través del diálogo y la negociación”, explican los trabajadores mediante un comunicado.

La reciente renuncia del vocal Guillermo Labate, abandonando la discusión salarial, el abordaje temático del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y la indefinición en la designación de una nueva autoridad para la continuidad de una política institucional que trate los planteos realizados por el SEJuN, muestra a las claras la poca vocación de diálogo y resolución por parte del TSJ.

En el marco de la negociación salarial, hemos realizado planteos para ir avanzando en una recuperación salarial para la última parte del año y adelantándonos en la discusión para el año que viene, porque siempre decimos que nuestros aumentos salariales tienen que sortear varias instancias para poder cobrarlos.

Ante esta situación, tenemos que defender nuestro salario. Sabemos el deterioro que nos produce la inflación, los costos que se manejan en la provincia de Neuquén, una de las provincias más caras del país, encarecida aún más por el “sueño de Vaca Muerta”. Cada vez cuesta más alquilar, vestirse, comer, pero eso lo sabemos l@s trabajador@s que vivimos de nuestro salario.

Por todo esto los trabajadores del SEJUN exigimos:

• ¡Que el TSJ cumpla con la Ley 2670 de CCT!
• El cese de la persecución sindical, exigiendo el archivo inmediato de todos los sumarios
• ¡Aumento salarial!
• ¡Basta de maltrato y violencia laboral!

Miércoles 4 de noviembre: ¡Tod@s al plenario provincial!”

p=.

El pasado 30 de setiembre el gremio presentó dos denuncias formales por falta de higiene, peligro de incendio y condiciones insalubres de trabajo ante la Municipalidad y la delegación de Trabajo de la provincia pero hasta el momento no hubieron respuestas.

A un mes de esas presentaciones el Sitrajur hizo pública la situación advirtiendo el riesgo que enfrenta el personal designado para limpiar las instalaciones y los trabajadores judiciales que se desempeñan en el sector.

La dependencia ubicada en Esandi 132, guarda en su interior miles de carpetas, cajas con expediente y material probatorio apilado en estanterías cubiertas de polvo, como así también las bolsas, bicicletas, neumáticos, sillas de escritorio arrumbadas en la entrada del salón.

También informaron que este viernes se designó personal de ordenanza y mantenimiento para la limpieza del lugar que “por decisión del propio STJ fue contaminado con papel molido microscopicamente, que contiene bacterias, ácaros y esporas de hongos”. Y recordó que esa tarea quedó suspendida en la reunión paritaria realizada el 15 de octubre en Viedma.

El gremio acusó al Superior Tribunal de Justicia de “incumplimiento de las normas de higiene y seguridad, al ordenar la destrucción de expedientes de manera irregular, en un espacio cerrado y sin adoptar las medidas mínimas de seguridad” y destacaron que la tarea afecta por igual al personal que realiza la destrucción como a los demás trabajadores asignados al archivo.

Además advirtió que la situación es de larga data ya que “los expedientes que hoy se están destruyendo fueron literalmente abandonados en depósitos con humedad sin una clasificación seria y responsable, lo que provocó que comenzaran a descomponerse”.
Los dirigentes calificaron de “caprichosa” la orden del STJ de destruir los papeles sin las condiciones de salubridad indispensables para la tarea y responsabilizan a los jueces y la administradora Sandra Fernández por la salud de los trabajadores.

Dada la gravedad que adquiere día a día este verdadero flagelo que sufren compañeras y compañeros judiciales la Federación Judicial Argentina resolvió en su último plenario nacional de septiembre próximo pasado CONVOCAR a una JORNADA NACIONAL DE LUCHA contra la Violencia laboral el día 6 de noviembre de 2015.

La actividad central se desarrollará en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, en paralelo con un nuevo Plenario de la FJA en consonancia con la realización de las Jornadas internacionales contra la violencia de género de la que participarán integrantes de los Ministerios Públicos de todo el País. En dicha oportunidad se llevará a cabo una movilización hasta el hotel donde se realizará dicho evento.

Simultáneamente las filiales de la Federación llevarán a cabo diferentes acciones como ser volanteadas, radios abiertas, asambleas, retiro de los lugares de trabajo, paros o las medidas que cada Sindicato estime procedente.

Las medidas acordadas se prolongarán hasta el 13 de noviembre, fecha en la que se movilizarán hacia la Legislatura.

El plan de lucha, que afectará la atención y el desarrollo de causas en los tribunales cordobeses, fue resuelta en el marco de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (Agepj), la entidad que nuclea a los trabajadores.

La medida comenzó a aplicarse con asambleas en Policía Judicial y en Tribunales de Familia, previstas por una hora y media de duración, y durante la jornada se realizaron las asambleas en todos los tribunales de la ciudad de Córdoba, y una concentración frente al Palacio de Justicia.

Los trabajadores judiciales esperan un nuevo incremento salarial antes que finalice el año.

“En principio es bueno recordar que el juicio al que hacen referencia lleva en proceso 24 años y que en el 2008 cuando se sancionó en la Legislatura con conocimiento y aprobación del gobernador Capitanich el blanqueo del monto en negro, no era ni más ni menos que lo que estaba en litigio en el juicio al que hoy hacen referencia, tanto uno como otro Poder tenían pleno conocimiento del mismo y de alguna manera se reconocía que se habían violado nuestro derechos”, expresó Daniel Antón, Secretario General del gremio.

“Resulta que ahora salen a decir que ponemos en riesgo la situación financiera de la provincia y no sólo pretenden pagar con bonos sino que, además, pretenden vulnerar los derechos de los empleados judiciales que ingresaron antes del 2008, momento en que se blanqueó el monto en negro, cuando ya desde el 2008 podían prever una forma de pago de una deuda que tenían pleno conocimiento”, agregó Antón.

Además, aclaró que en junio del 2014 fue notificado el Ejecutivo de la primera liquidación. “Este gremio entiende que con la causa Muller que anula la acordada que generó el juicio; y al igual que el juicio anterior del 25% deben cobrar todos los empleados judiciales, ya que no es una cuestión de si iniciaron juicio o no, sino que fue vulnerado un derecho constitucional y sería de mayor gravedad si se les paga a uno sí y a otros no, cuando le corresponde a todos los que ingresaron antes del 2008”, indicó.

Por último, manifestó que entienden que si la provincia no se encuentra en condiciones de ofrecer ningún tipo de pago razonable, es el Gobierno Nacional quien debe responder. “Destacamos que prácticamente el 50% de los que hicieron juicio son fallecidos y los vivos son personas mayores con serios problemas de salud y les quieren pagar a diez años. Además, entendemos que la situación salarial del empleado judicial de Chaco se fue deteriorando en los últimos tiempos, lo que nos lleva a replantear la situación y elevar una petición de recomposición”, finalizó.

Un gran logro fue la apertura del taller “Mujer y Justicia: qué Poder Judicial tenemos, qué Justicia queremos” en el que trabajadoras de la justicia y mujeres justiciables víctimas de violencia intercambiamos allí nuestras miradas respecto del carácter machista, patriarcal y discriminador del Poder Judicial que no sólo ejerce violencia hacia los y las trabajadoras judicialas sino además deniega justicia, lleva adelante prácticas ilegales como la mediación en situaciones de violencia de género (taxativamente prohibida por la Ley 26485), y ampara a abusadores y violentos.

Durante los dos días el debate se centró también en la necesidad de promover una verdadera democratización de las estructuras del Poder Judicial, a través de mecanismos de participación popular lejos de los intereses del poder político y de los factores de poder económico; nuestra visión de qué jueces y juezas necesitamos para poder lograr un Poder Judicial con perspectiva de género y el rol de los y las trabajadoras de la Justicia en un proceso de transformación.

En un fin de semana de mucha actividad, también estuvimos presentes en la Plaza Islas Malvinas en el emotivo acto organizado por la CTA Autónoma de la Pcia. de Bs As. en reconocimiento a las heroínas de Malvinas, jóvenes aspirantes de enfermería que pusieron su vida al servicio de la Patria y fueron ignoradas e “invisibilizadas” por muchos años.

Finalmente participamos de la imponente marcha del Encuentro recorriendo las calles de Mar del Plata con mucha alegría con nuestra columna encabezada por nuestra bandera de la Federación Judicial Argentina , y repudiamos la represión policial desatada frente a la Catedral y el accionar de grupos neonazis que intentaron empañar el marco de libertad de expresión y participación masiva en el Encuentro.

Volvimos a nuestros sindicatos con la convicción de que nuestra participación no sólo fortalece nuestra militancia como mujeres, sino también como trabajadoras y que tenemos mucho para aportar en el camino hacia una sociedad sin violencia, y un Poder Judicial verdaderamente democrático.

La lucha contra la Violencia Laboral en el Poder Judicial fue uno de los temas más destacados en el seno de la reunión plenaria de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), que se realizó los días 24 y 25 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires y que contó con la presencia de más de 50 compañeros y compañeras de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Cdad. de Bs. As., Entre Ríos, Córdoba, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Jujuy, Salta, La Pampa, San Luis, Formosa y San Juan.

El crecimiento de los casos de violencia laboral en los lugares de trabajo del sector judicial, tornan prioritaria la búsqueda de respuestas gremiales, sindicales y legales para poder llenar el vacío normativo existente, para suplir la falta de contención psicológica del trabajador/ra víctima de violencia, en los lugares de trabajo; respuestas que no siempre se encuentran en la justicia, que en ocasiones responde al gobierno de turno.

A lo anteriormente mencionado, se suma la situación alarmante de precariedad salarial que viven los compañeros/as judiciales de Santiago del Estero, donde el salario que percibe el ingresante está por debajo del salario mínimo. Para torcer el brazo a esta situación, se decidió continuar con la lucha para lograr la sanción de una Ley de Convenio Colectivo de Trabajo a nivel nacional para que todos los trabajadores judiciales del país tengan un piso mínimo de derechos y condiciones laborales garantizadas, así como hacer las presentaciones que el caso amerita tanto al Superior Tribunal de Santiago del Estero, Junta Federal de Cortes y Corte Suprema de Justicia.

En otro orden de cosas, el apoyo de la Federación Judicial Argentina, en la tematica de Género, se ve reflejado en la presencia de más de 180 compañeras, de 14 provincias, que serán parte del XXX Encuentro Nacional de Mujeres del 10 al 12 de Octubre, en Mar del Plata, y que participarán en el taller “Mujeres y Justicia: La Justicia que queremos, la Justicia que Tenemos”.

Se hizo un relevamiento de las conducciones recientemente electas, entre las que se encuentran: Provincia de Buenos Aires, Cdad. de Bs. As. y Formosa, próximamente Chubut, a los que se les desea el mayor de los éxitos en el cumplimiento de objetivos y a quienes se brindará el acompañamiento y asesoría constante de la FJA.

Finalmente, se resolvió acompañar el trámite de denuncia que sobre violencia laboral presentaron los compañeros del Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia del Tierra del Fuego.

Encuentro del Cono Sur:

El viernes 25, a partir de las 17hs., tuvo lugar un Encuentro Internacional de la Coordinadora de Judiciales del Cono Sur, contó con la presencia de los cros. Carlos Fessler, Secretario General, y Rafael Alvez, Secretario de Cultura de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU); y por Brasil, en representación de la Federación Nacional de Judiciales Federales (FENAJUFE), participó el cro. Ramiro López.

Entre las múltiples temáticas tratadas, se hizo presente nuevamente el tema de la violencia en el sector judicial. El cro. Carlos Fessler se comprometió a socializar con los judiciales de la FJA el “Protocolo de Actuación para las denuncias de acoso, violencia y discriminación” que se utiliza en Uruguay. Asimismo fueron surgiendo del debate o en los avances por el derecho a la negociación colectiva, las reformas judiciales, etc.