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Se le solicitó también el otorgamiento de un 10% de aumento a cuenta a partir de diciembre atento una inflación proyectada para 2018 del 47,5%.

Ante esta situación las empleadas y empleados judiciales no abandonamos la lucha en defensa del poder adquisitivo de nuestro salario. Por ello la Comisión Directiva convoca a un nuevo paro provincial para el día 14 de diciembre de 2018.

Tras una asamblea, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convocó a un paro total para el miércoles 12 con movilización en la ciudad de La Plata en reclamo de una nueva convocatoria del Ejecutivo “donde se realice una oferta que garantice sostener el poder adquisitivo de nuestros salarios”, indicaron en un comunicado.

La AJB se reunió el martes con representantes del Gobierno, quien acercó una propuesta calcada a la aceptada por los estatales y rechazada por los docentes, en sendos encuentros realizados la semana pasada. La misma incluyó una recomposición del 2% para llegar a un incremento anual del 32%, más un bono de $ 7.000 para los trabajadores en actividad y de $ 3.500 para jubilados.

El fallo del Tribunal 1 de Mar del Plata que resolvió absolver a Juan Pablo Offidani y Matías Farías por la violación y la asesinato de Lucía Pérez, la Federación Judicial Argentina se expresa en coincidencia con lo que manifestara el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales: “Esto no es justicia, es sexismo e impunidad”.

El fallo de los jueces Aldo Carnevale, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas está repleto de “estereotipos sexistas y discriminatorios” sobre la vida de la adolescente de 16 años, carece de “perspectiva de género” y reivindica “una cultura de la violación”.

La lectura de la sentencia dictada el último lunes exhibe una indiferencia total a las exigencias que el derecho internacional de los derechos humanos plantea desde hace décadas en relación con la incorporación de perspectiva de género en el juzgamiento de delitos sexuales, está basada en una apreciación plagada de estereotipos sexistas y discriminatorios, transformando el juicio en un juicio sobre la biografía de Lucía, la víctima, en lugar de concentrarse en el análisis de la conducta de los acusados..

Los fundamentos que se exponen en la sentencia no son más que referencias a las comunicaciones privadas de Lucía Pérez, sus experiencias sexuales previas, su condición de consumidora de drogas, el tipo de vínculo con su familia, sus inasistencias escolares o la edad de las personas con las que se vinculó en otros momentos, por mencionar sólo algunas de ellas, que son prejuiciosamente proyectadas como elementos que apoyan la existencia de consentimiento.

Los jueces del Tribunal se apoyan en la vida pasada de Lucía con ejemplos de hasta seis meses previos al hecho en algunos casos para dar por sentado que en una escena en la que participan hombres adultos, que comercializan drogas con una persona menor de 16 años, existió consentimiento.

Justifican así la decisión de absolver sin dar la más mínima explicación lógica respecto de cuáles son las razones objetivas no apoyadas en la demonización de la víctima. Permanentemente, a lo largo del análisis de la prueba, los jueces efectúan juicios de valor prejuiciosos e ilegítimos sobre la víctima para garantizar impunidad a los acusados. Esa forma de decidir viola expresamente compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Hacen de la decisión una imposición arbitraria y reivindicativa de la cultura de la violación.

Decisiones de este tipo convierten a los juicios por delitos sexuales o con personas dañadas en razón de género en juicios sobre las víctimas y sus formas de vida, en lugar de procesos justos contra las personas acusadas.

Exigimos que las instancias revisoras estén a la altura de las exigencias de una sociedad menos violenta y misógina y que quienes decidan sobre la vida de las mujeres y disidencias estén capacitados para juzgar con perspectiva de género.

#JUSTICIAPORLUCIA
#SINPERSPECTIVADEGENERONOHAYJUSTICIA
#NIUNAMENOS
#VIVASNOSQUEREMOS

Fue declarado “Día Internacional Contra la Violencia Hacia la Mujer” en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981.

La fecha fue elegida en conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, mujeres de la República Dominicana, símbolos visibles de la resistencia contra la dictadura del General Rafael Truji-llo. Ellas se atrevieron a desafiar al dictador, y por esa actitud fueron perseguidas y encarceladas, al igual que sus esposos, Manuel Tavaréz Justo, Leandro Guzmán y Pedro González.

Minerva Mirabal era integrantes de un movimiento para derrocar al dictador Leónidas Trujillo. Fue una de las fundadoras y dirigentes de la Agrupación 26 de Junio, creada en enero de 1960. Ella, junto a un centenar de miembros de la agrupación, fue encarcelada ese mismo mes. Fueron sometidos a terribles torturas y algunos murieron. Además de opositora política, Minerva se resistió al acoso sexual del tirano, lo que con-virtió a su familia en blanco de persecuciones.

La escalada represiva del régimen generó mucho descontento en la sociedad dominicana. Trujillo, entonces, se vio obligado a liberar a las mujeres presas en febrero de 1960.

En mayo, frente a una nueva ofensiva del dictador, Minerva y su hermana María Teresa fueron enjuiciadas por “atentar contra la seguridad del Estado” y condenadas a 5 años de prisión. Pero nuevamente, frente al creciente descontento de amplios sectores con el régimen, fueron liberadas junto a otras mujeres.

Finalmente, el 25 de noviembre, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron a visitar a sus esposos detenidos en la prisión de “La Victoria”. Las tres fueron violen-tamente apresadas a dos kilómetros de la misma. Llevadas a unos cañaverales apartados de la carretera, fueron violadas y asesinadas a palos y puñaladas. El compañero que iba con ellas, Rufino de la Cruz, fue ahorcado y los tres cadáveres puestos en el vehículo y arrojados a un precipicio. Los diarios publicaron la noticia como “un accidente en el que murieron tres mujeres y un chofer”. Sus bienes fueron confiscados por orden de Trujillo.

A las hermanas Mirabal se las conocía por el nombre de “las Mariposas”, el régimen tirano intentó cortar sus alas, pero la lucha por la liberación de la mujer y los pueblos de América las tiene como ejemplo de resistencia y libertad.

¿Qué se entiende por violencia contra la mujer?

La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos. Toda mu-jer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades. La violencia contra la mujer es un grave problema social que, además de cuestionar derechos humanos fundamentales, debido a su magnitud, presenta secuelas que se transforman en un impedimento para el desarrollo de los paí-ses. La violencia contra las mujeres es un delito de gran proporción en todo el mundo. Lo que ha permitido que este tema se instale en los ámbitos nacionales e internacionales como un problema que debe ser tomado con políticas concretas desde los distintos paí-ses del mundo, para contribuir a su disminución y erradicación.

En la cuarta conferencia sobre la mujer de Beijing, desarrollada en 1995, dedicó todo un espacio a tratar esta problemática y señala que:

La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los cuales se coloca a la mujer en una posición de subordinación frente al hombre…. Es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, a la discrimina-ción contra la mujer y a la interposición de obstáculos para su pleno desarrollo.

Por lo tanto es un tipo de violencia que está enraizada en las jerarquías estable-cidas que fundamentan relaciones asimétricas de poder entre mujeres y varones. Nuestra tradición, cultural patriarcal y machista, que coloca a las mujeres en una situación de inferioridad y discriminación en los diferentes ámbitos de la sociedad, es sin duda una de las causales fundamentales de la violencia hacia las mujeres.

También contamos con la Convención Interamericana de Belem do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; aprobada en nuestro país por Ley 24.632. Actualmente están en debate los mecanismos de seguimiento de la misma, proceso que debemos acompañar con atención, porque implican pasos fundamentales en el camino del efectivo cumplimiento de estos instrumentos.

Se entenderá que violencia contra la mujer en el ámbito familiar incluye la vio-lencia física, sexual y psicológica: que tenga lugar dentro de la familia o unidad domés-tica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, golpes, violación, maltrato y abuso sexual. En el ámbito familiar las principales víctimas suelen ser las muje-res, los/as niños/as y los/as ancianos/as.

Hoy, mujeres y varones nos encontramos enfrentando una política antipopular, económica, política y social que intenta arrojarnos en la miseria a la mayoría del pueblo, negando nuestros derechos laborales conquistados desde hace varias décadas, favoreciendo a los intereses del gran capital, encarnado por el gobierno de Macri.

La violencia hacia las mujeres ha cobrado visibilidad, así como el repudio y la lucha contra ella. Es imprescindible aunar las luchas, pues para las trabajadoras la opresión fue y es doble, en otros términos, es de clase y de género.

Por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria, en el marco de la Continuidad del PLAN DE LUCHA ya iniciado, LA ASOCIACIÓN JUDICIAL FORMOSA, Personería Gremial N° 1735/08 del MTEySS,

LLAMA Y CONVOCA:

⚠ JUEVES 22/11/18: PARO PARCIAL desde las 13:30 hs. hasta las 24:00 hs. del mismo día.
⚠ VIERNES 23/11/18: PARO GENERAL sin concurrencia a los lugares de trabajo, hasta las 24 hs del mismo día.
⚠ JUEVES 29/11/18: PARO PARCIAL a partir de las 9,00 hs. con marcado de tarjeta y MOVILIZACIÓN A CASA DE GOBIERNO. Nos concentramos en el Edificio de Tribunales de San Martín N° 641.
[Segunda y Tercera Circunscripción a partir de las 08:00 am.]
⚠ JUEVES 06/12/18: PARO GENERAL sin concurrencia a los lugares de trabajo, de 0 a 24 horas.
⚠ JUEVES 13/12/18: PARO PARCIAL a partir de las 09,00 hs. con marcado de tarjeta y MOVILIZACIÓN A CASA DE GOBIERNO Nos concentramos en el Edificio de Tribunales de San Martín N° 641.
[Segunda y Tercera Circunscripción a partir de las 08:00 am.]
⚠ LUNES 17: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA en las Tres Circunscripciones Judiciales a fin de determinar las Medidas de Acción Directa que tomaremos la última semana laboral.

La Asociación Judicial Formosa, sigue garantizando Las Guardias Mínimas correspondientes establecidas en: Actas 2158/99 del S.T.J. anexo I, 2159 (pto.15), 2238 (pto.7) y 2248 (pto.8).

La Suprema Corte, integrada con Eduardo De Lazzari y seis jueces del Tribunal de Casación Penal, finalmente resolvió conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la Fiscalía de Estado. A partir de esta decisión, la Corte Suprema federal deberá resolver la suerte de la medida cautelar que ordenó al Ejecutivo retomar la negociación paritaria con la AJB y la actualización de los salarios por inflación hasta que se arribe a un nuevo acuerdo salarial.

Con la oposición de De Lazzari y Víctor Violini el Tribunal, luego de un mes de deliberaciones, dicta una resolución contraria a la que había resuelto el pasado 12 de septiembre, en oportunidad de analizar la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley. Al voto de los jueces de Casación Carlos Natiello, Fernando Mancini y Mario Kohan, se sumó el llamativo y repudiable viraje producido por Ricardo Maidana y Daniel Carral, que en la primera resolución habían conformado la mayoría por el rechazo del recurso. En esta oportunidad Maidana decidió cambiar su voto, mientras que Carral se escuda detrás de una licencia para no votar, luego de tener a disposición el expediente durante tres semanas.

La decisión de la Suprema Corte completa un proceso en el cual salvo honrosas excepciones que resulta necesario reconocer, el Poder Judicial garantiza impunidad a un Poder Ejecutivo que decidió mantenerse al margen de la ley, negando sistemáticamente el derecho constitucional a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras judiciales.

Esa impunidad no sólo es atribuible a los magistrados que tomaron esta última decisión, sino también a quienes fueron partícipes de una demora de cuatro meses en la resolución sobre la vigencia de la medida cautelar. Tal es el caso de los magistrados del Tribunal de Trabajo 3 de San Martín, que en su oportunidad como tribunal de feria concedió sin fundamentos el recurso de inaplicabilidad de ley; así como de lxs ministros de la Suprema Corte (Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani y Negri), que luego de un mes de demorar el expediente se excusaron con argumentos falaces para no asumir el costo de un virtual enfrentamiento con el Poder Ejecutivo.

El resultado de la acción judicial impulsada por la AJB pone de manifiesto la falta de independencia del Poder Judicial provincial, cuya obligación inexcusable es imponer el cumplimiento del orden jurídico vigente a los otros poderes del Estado.

La subordinación a las necesidades del poder político marca un perfil de magistrados y magistradas más preocupados por mantener sus privilegios que por asumir la responsabilidad propia del Poder Judicial como último garante de los derechos fundamentales de la población.

Consecuente con su posición histórica, las y los trabajadores judiciales de todo el país, nucleados en la Federación Judicial Argentina, repudiamos la nueva arremetida contra el bolsillo de los argentinos y reiteramos nuestro reclamo de derogar un impuesto absolutamente injusto.

El mal llamado impuesto a las ganancias es típico de un sistema impositivo regresivo que, como el nuestro, castiga a los sectores que menos tienen para favorecer a los que más tienen, afectando de ese modo al mercado interno y a un modelo de país con justicia social.

Así, mientras se extrae dinero del bolsillo de las y los trabajadores y al pueblo en general gravando nuestros magros sueldos y el consumo de alimentos y otros artículos de primera necesidad, se deja libre de aportes al gran capital y a la renta financiera, entre otros rubros.

Si algo hay que hacer con la ley del impuesto a las ganancias sobre los salarios es derogarla.

La reforma impositiva necesaria y urgente que exigimos es la que permita cambiar el paradigma de un sistema impositivo y fiscal que se sostiene a costa del despojo a las y los trabajadores y el pueblo y pase a gravar a las grandes ganancias y a la gran propiedad de la industria y el campo.

CABA, 12 de noviembre de 2018.-

FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA