Etiqueta: Article

La Acordada tiene lugar a pedido del gremio que viene realizando un trabajo de recuperación de su historia junto al Archivo Provincial de la Memoria y los familiares de los desaparecidos.

El acuerdo reconoce que en la República Argentina existió desde el 6 de noviembre de 1974 (inicio del Estado de Sitio) hasta el 10 de diciembre de 1983 un plan sistemático de desaparición forzada de opositores políticos, entre cuyas víctimas también estuvieron las trabajadoras y trabajadores Judiciales Silvia Raquel Bertolino, Carmen Graciela Rivero, Juan Carlos González Velarde, Alberto Marcelo Oro y Aníbal Testa. Consecuentemente, ordena inscribir dicho dato en sus respectivos legajos laborales.

Se dispuso asimismo la realización de un acto el 15 de Noviembre a las 11 hs. en el Centro Núñez de Tribunales I, donde se entregará copia de los legajos reparados a familiares de los desaparecidos, al Archivo Provincial de la Memoria y al gremio de Judiciales Córdoba.

El Secretario General de AGEPJ, Federico Cortelletti expresó que: “este acto reparatorio es sumamente positivo, en primer lugar, para las y los familiares de las víctimas. También es un buen precedente en la larga lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Más aún en este momento donde ha vuelto a aflorar cierto negacionismo del Genocidio perpetrado e intentos de frenar el avance de las causas por delitos de Lesa Humanidad”.

Contactos:
Federico Cortelletti Secretario General AGEPJ(0351) 155-122984
@CortellettiF
www.agepj.org.ar

Pablo Abramovich, secretario General de la AJB, sostuvo que “esta actividad es continuidad de una gran pelea que venimos protagonizando desde marzo los gremios estatales contra el ajuste sobre nuestros salarios. En el marco de esta pelea, decíamos que gracias a la unidad y a la masividad logramos sacarle una propuesta salarial más alta al gobierno. Y ahora la batalla es más importante, y es por el presupuesto provincial”.

Se realizaron charlas sobre el sistema previsional y hoy fue el turno del panel de la mesa de Género, donde debatieron centralmente sobre cómo impacta el presupuesto a tratarse en la provincia de Buenos Aires, en el Poder Judicial, Salud y Educación.

Estuvo integrado por la secretaria de género de la Federación Judicial Argentina (FJA), Karina Albarracín, las compañeras de AJB, Débora Bertone (sec de Género) y Celia Lorente, junto a referentes de ATE, CICOP, y CTA Berisso.

En la ocasión la FJA interesó a los integrantes del Foro sobre el proyecto de ley de Negociación Colectiva nacional en trámite en el Congreso nacional.

La delegación federativa estuvo integrada por el Secr. Gral Hugo Blasco, el Secr. de RRII José Luis Ronconi, el Secr de Prensa Marcelo Kuba, el Secr de Hacienda Edgardo Cherbavaz y los compañeros Emiliano Sanhueza de Río Negro y Héctor Andrés y Hugo Díaz de Neuquén.

Los magistrados patagónicos se mostraron interesados con el proyecto y se comprometieron a hacer una devolución a la brevedad.

El Ejecutivo provincial envió un instructivo ordenando liquidar un nuevo pago a cuenta del 11% a partir del 1 de octubre, calculados sobre los haberes vigentes a diciembre de 2017. El pago se liquidará por recibo aparte el próximo 9 de noviembre.

“Este es el cuarto pago a cuenta en el año que la gobernadora Vidal dispone sin discutir en paritarias con lxs trabajadorxs judiciales, violando sistemáticamente el derecho vigente en materia de negociación colectiva. Con nuevas medidas de fuerza seguiremos enfrentando el intento de cerrar la paritaria por decreto, y exigimos al Poder Judicial que deje de dar vueltas y obligue al Ejecutivo a cumplir la ley”, señaló Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.

La AJB reclama el efectivo cumplimiento de la medida cautelar dictada el pasado 13 de julio, que obliga al Poder Ejecutivo a reanudar las negociaciones paritarias y a liquidar salarios conforme la evolución de la inflación, hasta tanto se arribe a un acuerdo con el gremio judicial. Al respecto, el INDEC publicó que al mes de septiembre el incremento acumulado en 2018 ascendió al 32,4%, porcentaje que debía liquidarse con los haberes de octubre.

Cabe recordar que en el mes de septiembre la AJB realizó una presentación al Tribunal de Trabajo 3 de La Plata requiriendo la intimación al Ejecutivo para que cumpla lo resuelto en la medida cautelar. Al día de la fecha no ha sido resuelto ese requerimiento, porque la Suprema Corte tiene hace semanas en su poder el expediente para resolver sobre un recurso federal interpuesto por la Fiscalía de Estado.

Ante esta situación, la AJB convoca a realizar asambleas en los diecinueve departamentos judiciales en el transcurso de la semana, para determinar las medidas de acción a seguir.

Liquidación de los aumentos para jubiladxs y pensionadxs

Desde el IPS se informó que lxs jubiladxs y pensionadxs del Poder Judicial percibirán el incremento del 4% adeudado, junto con los haberes del mes de noviembre (retroactivo a septiembre), y el del 11% con los haberes de diciembre (retroactivo a octubre).

La nueva ley de procedimiento laboral elimina los Tribunales del Trabajo y crea un sistema de doble instancia similar al existente en la Justicia Nacional del Trabajo. Este sistema no sólo no resolverá los problemas que actualmente presenta el fuero del trabajo, sino que previsiblemente los agravará, extendiendo el plazo de resolución de los litigios. Como consecuencia de ello, la posibilidad de reclamar judicialmente por la violación de derechos laborales será cada vez más difícil para los trabajadores y las trabajadoras de la provincia.

Desde hace muchos años el funcionamiento del fuero laboral presenta serios problemas: procesos que se prolongan durante años, falta de integración de los tribunales por la demora en la designación de jueces, vacantes en la planta administrativa y de funcionarixs cuya cobertura se posterga indefinidamente, infraestructura obsoleta y deficiente, e imposibilidad de las asesorías periciales y del sistema público de salud en general para responder adecuadamente a las demandas que surgen de los reclamos laborales en trámite ante los Tribunales de Trabajo. A esto deben sumarse los serios inconvenientes que trajo una digitalización mal planificada y peor ejecutada.

Estos problemas se agravan ante una cantidad creciente de reclamos laborales, que han pasado de alrededor de 46.218 causas en 2007 a un máximo de 91.215 en 2017, sin que este aumento haya sido acompañado por la asignación de mayores recursos por parte del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de la Provincia (frente a un incremento del 97% en el ingreso de causas, el aumento de personal en el fuero sólo alcanzó el 24% en el período mencionado).

Lamentablemente, la reforma aprobada por la Legislatura estará lejos de resolver estas cuestiones. En primer lugar, porque su tratamiento no fue precedido de un diagnóstico acerca de las causas de los problemas que actualmente enfrenta el fuero laboral, cuya resolución está más vinculada a decisiones del Poder Ejecutivo y de la Suprema Corte de Justicia que a obstáculos derivados del procedimiento laboral, aun cuando éste siempre pueda ser perfectible.

En segundo lugar, porque la creación de un sistema de doble instancia, si no va acompañada de un incremento sustancial del presupuesto asignado al fuero, no hará más que empeorar la situación actual. Los problemas de los tribunales colegiados se trasladarán a los juzgados unipersonales y a las cámaras de apelaciones, duplicando trámites e instancias. En este contexto, los plazos procesales que se establecen en el texto de ley serán materialmente incumplibles en la práctica y el incentivo para arribar a un acuerdo conciliatorio será cada vez mayor para los trabajadores y las trabajadoras, situación que implicará una renuncia parcial a sus derechos.

Cabe destacar que el proyecto original era aún más regresivo, en tanto directamente habilitaba que las sentencias laborales fueran revisadas, en segunda instancia, por las Cámaras de Apelación Civil y Comercial hasta tanto se pusieran en funcionamiento las Cámaras del Trabajo, lo que presumiblemente demoraría años. Dicha solución desnaturalizaba por completo la especialización que requieren los reclamos por violaciones al derecho del trabajo. Este aspecto fue duramente cuestionado desde la Asociación Judicial Bonaerense en conjunto con la Asociación de Abogados Laboralistas criterio también compartido por el Colegio de Magistrados, y fue dejado de lado en el proyecto aprobado por la Legislatura.

Finalmente, el nuevo procedimiento, tal como está planteado, también impactará negativamente sobre la situación y derechos de los trabajadores y las trabajadoras judiciales que prestan tareas en el fuero laboral, que enfrentarán una sobrecarga de trabajo con recursos manifiestamente insuficientes. En este sentido, desde la Asociación Judicial Bonaerense volvemos a señalar que es necesario impulsar acciones urgentes para mejorar el funcionamiento del fuero laboral, comenzando por garantizar los niveles básicos en materia de infraestructura y cantidad de personal y de organismos.

El nuevo sistema, en las actuales condiciones, no sólo no aborda estos problemas sino que tiende a agravarlos, haciendo aún más difícil el ejercicio de los derechos laborales para los trabajadores y las trabajadoras de la provincia.

Se trató como cuestión central el proyecto de ley por el que se impondría el pago del impuesto a las Ganancias a la totalidad de las y los integrantes del los Poderes Judiciales.

Desde el sector sindical se ratificó que “el salario no es ganancia” y por lo tanto las y los trabajadores debemos ser eximidos de dicho tributo extendiéndose también a las y los jubilados.