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OIT: ESCENARIO DE DISPUTA, REFLEJO DE UNA REALIDAD

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Un primer análisis nos permite decir que tal como viene ocurriendo en los últimos años la ofensiva de los sectores del Capital contra lxs trabajadorxs es sistemática y cada vez más agresiva.

En esa actitud son acompañados por un número mayoritario de gobiernos.

Podríamos decir que nada nuevo.

En este punto es oportuno recordar que la OIT fue creada en 1919 en el marco del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera guerra mundial (tal la información oficial del Organismo) a lo que podríamos agregar, poco tiempo después de uno de los acontecimientos capitales del siglo XX cual fue la Revolución rusa.

Más tarde, en 1946 luego de finalizada la Segunda guerra mundial con los consecuentes realineamientos geopolíticos internacionales, la OIT se convierte en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas.

Sin lugar a dudas que a lo largo del tiempo la OIT ha contribuido a que en el marco del sistema capitalista lxs trabajadorxs vieran reconocidos muchos de sus derechos. En tal sentido los Convenios han ayudado a avanzar en la conquista de los mismos definiendo criterios que son de reconocimiento obligatorio para los Estados miembros que los suscribieron. No obstante han sido las luchas de las y los trabajadores las que han definido las disputas.

Ese equilibrio, muchas veces inestable, entre trabajadorxs, empleadores y gobiernos ha expresado una determinada relación de fuerzas y la OIT en tanto espacio de disputa lo ha reflejado acabadamente.

No es casual que el Convenio 190 aprobado el 21 de junio último que se refiere a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo lo haya sido luego de diez años de ausencia de nuevos convenios.

Tampoco lo es la sistemática inclusión en la lista de “casos” sobre violaciones a los Convenios que se tratan en la Comisión de Normas de Cuba, Venezuela o cualquier país que no resulte integrante del bloque de países dominantes o súbditos del poder económico y político mundial.

En esta Conferencia resultaron indignantes los argumentos en defensa de las políticas laborales impulsadas por el Gobierno de Brasil. Y, sintomáticamente, fueron representantes del sector empleador de Argentina y Uruguay los más

férreos defensores del modelo de explotación y no derechos que intenta imponer Jair Bolsonaro en el país vecino.

Los representantes del Gobierno argentino no se quedaron atrás. Incluso el Ministro Dante Sica sostuvo ante representantes de la Delegación argentina que la OIT debe ser repensada teniendo en cuenta que no respondía a los requerimientos de estos tiempos, que respondía a la realidad post segunda guerra. Recordemos que estos sectores pretenden eliminar el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos y sobre todo el derecho de huelga.

La OIT fue creada para “encarar el ideal de que no es posible alcanzar una paz universal y permanente sin la justicia social” según expresa en sus documentos el Organismo internacional.

Sin embargo sus resoluciones son producto de las disputas que se dan en su seno y en cada rincón del Mundo. Hoy observamos un fuerte avance de los sectores de derecha que acceden a gobiernos, impulsando medidas en contra de los sectores populares y en particular de la clase trabajadora, alentando la xenofobia, el racismo, el individualismo y exaltando el modelo neo-liberal.

Como decíamos al principio la ofensiva de los sectores patronales y la mayoría de los gubernamentales contra el sector trabajador es muy fuerte y resulta ser el correlato de la ofensiva política de las derechas en todo el planeta.

Capítulo aparte merece el accionar de algunos sectores sindicales internacionales que parecieran vivir en un mundo ajeno al de lxs trabajadorxs que dicen representar. Se los nota más preocupados en protagonizar inconducentes y estériles “diálogos” a la espera quizás de la aprobación del poder político y económico.

Conclusión: la clase trabajadora se encuentra atravesando una etapa muy compleja y crítica ante la ofensiva de los sectores dominantes y que se refleja en distintos escenarios como la OIT.

Dicha situación interpela a lxs trabajadorxs y particularmente a sus organizaciones. La FJA y los sindicatos que la constituyen no están fuera de este desafío y por tal motivo es fundamental afirmarse en el principio básico e irrenunciable de la Independencia de clase.

CABA, junio de 2019.-

Hugo A. Blasco

Secretario General – FJA

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La FJA expresa su total rechazo al proyecto de Ley Penal Juvenil

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Se trata de un proyecto confuso y nada riguroso, que carece de seriedad, e ignora principios constitucionales y de derecho internacional.

No cabe duda que estamos ante una iniciativa política demagógica e ineficaz para resolver el problema que dice querer resolver, típico de un gobierno al que sólo se le ocurre responder a los complejos problemas sociales, con represión y castigo.

Forma parte de la matriz ideológica de quienes a través de la historia se convirtieron una y otra vez en verdugos del pueblo.

Pero no es casual la oportunidad de la presentación del proyecto. Este 2019 es un año electoral y, por lo tanto, Macri, sus funcionarios, legisladores y aliados decidieron hacer del tema “seguridad” un caballito de batalla. Y para ello recurren sistemáticamente a discursos amarillistas y acciones xenófobas, racistas y profundamente despreciativas de los más humildes.

En ese contexto el gobierno de Cambiemos nada tiene para ofrecerle a las niñas, niños y adolescentes que no sean los abusos y los palos de parte de la policía, la prefectura y la gendarmería.

Nada puede esperarse de una administración que ignora absolutamente los derechos de quienes habitan este país reservando, para la inmensa mayoría que no está comprendida entre sus “amigos y protegidos”, solamente ajustes y represión.
CABA, 15 de febrero de 2019.-

FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA

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DOCUMENTO DE ANÁLISIS POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y SINDICAL DE LA FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA

La nueva orientación coincidió con un cambio de signo de los gobiernos de la región latinoamericana (Chile y Brasil, especialmente) y una renovada ofensiva por la hegemonía de las políticas de libremercado, y, en paralelo, una reformulación de la globalización propiciada desde los Estados Unidos de América por la administración de Donald Trump.

El modelo de Macri

En ese marco, el modelo económico neoliberal de Mauricio Macri se apoyó en un fuerte endeudamiento externo, y muy pronto encontró sus límites. Con una balanza comercial crecientemente deficitaria y una economía con carencia de divisas, una modificación de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense, indujo la retracción del crédito internacional privado y el retiro de los capitales especulativos, puso en cuestión el esquema inicial del gobierno nacional.

Así, en apenas dos años de mandato, una nueva y feroz crisis se desató sobre los trabajadores y el pueblo argentino. Las políticas de ajuste y las reformas estructurales de sesgo neoliberal extremo implementadas por el gobierno nacional, con la complicidad de gobernadores de diverso signo político y una parte de la oposición que se pliega a la llamada “gobernabilidad”, han generado un profundo retroceso en el poder adquisitivo de los salarios, pérdida de derechos laborales y previsionales, mayor precariedad en los sistemas de salud y educación, agravamiento en las condiciones de vivienda, achicamiento del mercado interno, desmantelamiento del aparato productivo local y mayor pobreza y marginalidad en general.

La crisis cambiaria, que aún no termina, está sirviendo como pretexto más para agudizar el ajuste y la reversión estructural a fin de seguir garantizado un esquema distributivo injusto, a favor de las grandes corporaciones monopólicas y multinacionales.

La cotización del dólar se acerca a 30 pesos por cada unidad de la moneda estadounidense, lo que repercute en la suba de precios, afectando el consumo popular y el proceso de producción. Encima nadie sabe a cuánto llegará el dólar en el corto plazo. La devaluación era y es demandada por el sector beneficiado por el alza de la divisa, principalmente grandes exportadores, sectores asociados al turismo externo receptor y especuladores.

Inflación, recesión y desocupación

El precio del dólar se traslada en buena medida a los precios del conjunto de la economía y eso se refleja en la vida cotidiana de las familias de menores ingresos, trabajadoras y trabajadores. La inflación del mes de junio es la mayor del año, alcanzando según el Indec al 3,7, con una proyección anual superior al 30%.

Por la suba de precios y la baja relativa de los ingresos existen señales de caída de la actividad económica que se manifiestan en datos concretos, tal como señala el INDEC. En abril del 2018 hay una caída de la actividad económica del 0,9% respecto al mismo mes de 2017, con especial impacto en el sector primario, que hasta ahora explicaba las mejoras económicas durante el gobierno Macri. No solo el agro, ya que la “actividad de la industria manufacturera de mayo de 2018 presenta una baja de 1,2% respecto al mismo mes del año 2017” dice el INDEC, con especial impacto en el sector químico, textil y petrolero.

Todo se manifiesta en el crecimiento de la desocupación, del 9,1% hacia marzo 2018, especialmente en los principales centros urbanos y de concentración de trabajadoras y trabajadores, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Son preocupantes los datos del crecimiento de la irregularidad en el empleo, del orden del 35% y de los ocupados y sub-ocupados demandantes de empleo, lo que generaliza problemas laborales objetivos en la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. El empleo privado formal presentó una reducción de 0,2% en mayo de 2018 con respecto a abril.

Hay quienes dicen que el acuerdo con el FMI traerá ajuste (dicho en futuro), y lo que ocurre (en el presente) es el ajuste más allá de políticas explícitas de recorte de gasto público o despidos de personal del Estado, caso emblemático de TELAM.
Con la suba del dólar suben los precios y cae el consumo popular, que gasta ingresos escasos en productos de la canasta básica, especialmente alimentos y servicios públicos privatizados y con tarifas en alza. Aun cuando señalan que se morigera la suba de tarifas, aumentan los combustibles y la ronda de ascenso de precios no tiene fin.

Resistencia y oposición

Solo el conflicto social sindical genera expectativa de recuperación de ingresos perdidos por negociaciones colectivas amañadas y con techo, que solo se mueve en tanto la protesta traspasa el interés corporativo y se asume por el conjunto de la sociedad.

El descontento social se manifiesta en conflicto, recientemente los paros del 14/6 y del 25/6, que avanzan en organización del descontento, o en las protestas de Chubut y variados territorios o de sectores que demandan por sus reivindicaciones. Esos son datos alentadores. Porque el único límite al ajuste es y será la resistencia de los ajustados; en primer lugar la de los trabajadores, a través de sus organizaciones representativas, sindicales y políticas.

Pero el gobierno nacional, como lo demuestra lo actuado hasta el momento, tiene preparada la respuesta para todo atisbo de ponerle límites a sus políticas regresivas: la represión. Y, para ello, utiliza herramientas tradicionales, como la criminalización de la protesta y las leyes “antiterroristas”, y prepara otras nuevas, como la reforma de la ley de Defensa, para que las Fuerzas Armadas intervengan directamente en los conflictos internos.

A despecho de algunos analistas superficiales que creyeron ver en el macrismo una derecha democrática, por el solo hecho de haber llegado al poder por la vía electoral, la esencia de las políticas de derecha, como fue siempre, históricamente en la Argentina, conlleva la necesidad de restringir y hasta anular la participación popular y la capacidad de decidir de las grandes mayorías, así como limitar hasta anular los derechos de las minorías, cuando se trata de desposeídos u otros sectores que afectan los intereses del privilegio.

De ese modo, la derecha macrista practica la represión y la incrementa, sino que constituye una amenaza contra las instituciones constitucionales y democráticas, como lo demostró desde un primer momento cuando intentó meter por la ventana a miembros de la Corte, que finalmente ingresaron con la complicidad de algunos sectores que dicen representar a la oposición, pero que lo único que hicieron fue ayudar a la llamada “gobernabilidad”.

El caso de Brasil, con el golpe pergeñado contra el gobierno de Dilma Russef no es una particularidad del país hermano, sino una demostración de cómo puede anularse la Constitución y la Democracia, simulando el ejercicio de la Constitución y la Democracia.

Crisis judicial

En ese sentido, los planes oficiales sobre el sistema judicial han cumplido y cumplen un papel fundamental en la defensa de los intereses del privilegio y, en paralelo, para el disciplinamiento y la represión de los ajustados.

Desde el primer momento de su instalación, el gobierno anunció un plan de reforma judicial, bautizado Justicia 20202, que partió del diagnóstico de siembre, acerca de la ineficacia, la lentitud y la falta de transparencia.

En ese marco el gobierno nacional había lanzado una serie de proyectos de ley que iban desde la modificación del sistema penal, pasando por cambios en el ministerio público, el consejo de la magistratura federal, el traslado de los tribunales laborales de la nación a la ciudad autónoma de Buenos Aires, entre otras cuestiones.

También se hizo pública la intención oficial de introducir modificaciones en el régimen laboral, referido tanto a la forma de organizar, asignar y distribuir las tareas al interior del sistema, cuanto al régimen de licencias y el horario de trabajo. Al respecto, se hizo clara la voluntad de avanzar en estos cambios fuera de cualquier marco paritario e incluso al margen de todo diálogo con los trabajadores del sector.

Tras el discurso reformista, sin embargo, lo que realmente predominó fueron los cambios en la composición de la magistratura y en los ministerios públicos para subordinarlos a los dictados oficiales. Muy pronto la pretendida transformación estructural reveló una intención mucho menos ambiciosa, limitada a la utilización de los tribunales en la lucha de poder por la hegemonía política y el disciplinamiento social de la protesta.

De este modo, más allá de algunos traspiés oficiales en la materia, la crisis del sistema judicial se ha acentuado. Pocas veces en la historia se vio la clara dependencia de los tribunales respecto de los mandatos del Poder Ejecutivo Nacional. Además de la utilización del sistema judicial para dirimir la disputas partidarias y de poder (los llamados procesos anticorrupción, la intervención del partido justicialista) , se mantuvo la tendencia a la decadencia del fuero laboral, la modificación regresiva de la jurisprudencia relativa a los derechos del trabajo, la obstrucción y la lentificación de los juicios por violaciones a los derechos humanos tanto del pasado reciente cuanto de los cometidos durante este mismo gobierno (como en el caso Maldonado y el asesinado de Nahuel), profundización de la brecha entre el sistema judicial y los sectores populares más empobrecidos, etc.

La respuesta de los trabajadores y el pueblo

Con un retraso en la constitución de alternativas sociales, sindicales y políticas, los trabajadores y el pueblo van encontrando poco a poco los caminos para enfrentar al macrismo. Ese camino, a la vez, no debería descuidar el enfrentamiento a las otras formaciones neoliberables, que se prepara para sustituir al actual gobierno en caso de que, finalmente, sea derrotado.

Desde un principio surgieron iniciativas, movilizaciones y paros para frenar el ajuste y las reformas estructurales. Hacer un raconto de todas sería demasiado extenso. Pero es indudable que a partir de diciembre de 2017 se produce un salto de calidad en la resistencia, cuando los trabajadores y el pueblo enfrentaron la reforma jubilatoria.

La Federación Judicial estuvo presente en ese hito, así como posteriormente lo estuvo sumándose a las medidas de fuerza lanzada por diversas centrales.
En ese sentido, la FJA ha impulsado una política de unidad de los que luchan contra el ajuste y las reformas neoliberales y ha insistido en la necesidad de gestar una más sólida y amplia unidad, que no solo sea resistencia sino alternativa popular de poder.

En el plano sindical seguimos reivindicando las banderas históricas que llevaron, bajo el menemismo, a la creación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en tanto encarnó un nuevo modelo sindical basado en la democracia interna, la defensa irrestricta de los intereses de clases, la independencia en relación al poder político, los intereses económicos del privilegio, los partidos políticos.

Una central que, además, contemplara e incorporara en su seno a todos los movimientos sociales, como los piqueteros, los sin tierra, los inquilinos, los feministas y tantos otros que, al igual que los sectores más tradicionales de los trabajadores, no solo resisten las política neoliberales, sino que apuntan a una sociedad verdaderamente soberana, basada en la justicia social, integrada regionalmente en la Patria Grande, enfrentada a la globalización imperial, antimilitarista y verdaderamente pacífica.

Un sistema judicial democrático y popular

El sistema judicial está vinculado directamente con el modelo de sociedad en el que se inscribe. En ese sentido, los trabajadores judiciales hemos luchado permanentemente por un tipo de sistema judicial democrático, participativo, popular.

Es imposible luchar por el cambio social si se desatiende esta cuestión. La idea rectora debe ser la de un modelo que conciba a la justicia como un derecho y no como un servicio, que sea garante de los derechos constitucionales y legales en general y no respaldo de los privilegios y del poder.

Por ello, hemos impulsado diversas medidas relativas a la forma de designación y remoción de los jueces, a la democratización de los consejos de la magistratura con participación popular y de los trabajadores judiciales, a la formación de los abogados y los magistrados, a los principios éticos y jurídicos que deben atenerse todos los integrantes del sistema judicial, a la protección de los fueros que deben garantizar los derechos de los trabajadores y el pueblo en general, a la consolidación y extensión de los fueros que deben proteger a las minorías, a la dinamización de las causas y la modernización de las tecnologías, a la democratización de las relaciones laborales en el interior del sistema judicial –empezando por asegurar la negociación colectiva y la consagración de convenios colectivos por jurisdicción y a nivel de todo el país-, en consonancia con los principios constitucionales y con la resolución 2881 del Comité de Libertad Sindical de la OIT.

Objetivos, tareas y plan de lucha

En ese sentido, parece suficientemente claro que, a la par de lograr mejoras en las condiciones de trabajo y empleo, especialmente en la recuperación de nuestro salario, debemos avanzar en la conquista de la negociación colectiva y un convenio colectivo. Por esa razón concentraremos esfuerzos en la sanción de la ley de negociación colectiva presentado por la FJA ante el Congreso Nacional, a la par de procurar leyes provinciales en aquellos lugares donde todavía no existen.

Asimismo, pondremos nuestros esfuerzos en impulsar una verdadera reforma judicial, que esté en consonancia con un modelo de sociedad democrática, independiente, justa, libre, equitativa, pacífica y soberana, integrada regionalmente en el anhelado objetivo de la Patria Grande.

Para los trabajadores judiciales el desafío de la hora que trabajar por la unidad de los distintos sectores sociales afectados por el modelo vigente a través de la resistencia en Unidad de acción, a la par de avanzar en la construcción de una Central de Trabajadores inspirada en los principios fundacionales y el modelo de la CTA que contribuimos a construir a fines del siglo pasado y que, lamentamos, concluyó en una profunda crisis, precisamente, por el abandono de esos principios y ese modelo.

Por último, paralelamente a las alternativas gremiales, se debe ir generando una alternativa política que permita revertir este negativo proceso económico y social que contemple nuestros intereses de clase y no quedar relegados a la simple condición de acompañantes de propuestas políticas particularmente electoralistas que no nos representan.

Buenos Aires, agosto de 2018

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LA DEMOCRACIA EN RIESGO

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El alineamiento incondicional del presidente Macri a las políticas imperiales de EE.UU lo obliga a asumir políticas guerreristas hacia el propio Pueblo argentino. Tenemos en claro que Seguridad interior no es Defensa.

Como asimismo tenemos muy en claro que la intención del gobierno Cambiemos es la de militarizar a la sociedad argentina para que con la excusa del “enemigo externo” aumenten exponencialmente las políticas represivas hacia el conflicto social que en estos momentos está creciendo en forma paralela a la dramática situación por la que atraviesan los sectores populares y la clase trabajadora.

Al Pueblo argentino le ha costado mucho retornar a la democracia y no está dispuesto a degradarla aún más de lo que está permitiendo iniciativas gubernamentales como la expuesta.

CABA, 23 de julio de 2018.-

FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA

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LA UNIDAD ES EL CAMINO

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En estos difíciles momentos por los que atraviesa la clase trabajadora argentina esa lección debiera ser tenida muy en cuenta.

Desde la Federación Judicial Argentina impulsamos siempre la unidad de acción para enfrentar los desafíos comunes a las trabajadoras y trabajadores.

En los últimos tiempos lo demostramos sumándonos a todas las iniciativas de lucha convocadas por las diferentes Centrales y organizaciones sociales y sindicales.

En tal sentido participamos hace pocos días del Paro y movilización del 14 de junio y lo volveremos a hacer el próximo 25 de junio.

La gravedad de la situación generada por un Gobierno profundamente antipopular y antinacional no da margen para actitudes mezquinas y sectarias.

Por lo tanto reiteramos nuestro compromiso con la lucha de la clase trabajadora argentina, exhortando a todos los sectores a sumarse a la misma en Unidad de acción, sin dejar de lado nuestras diversas identidades y diferencias legítimas, pero sin hacer de ello un obstáculo para la unidad de acción contra el neoliberalismo y las injusticias.

CABA, 19 de junio de 2018.-

FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA

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Los aportes de la Corte Suprema al gobierno neoliberal

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A partir de tan pomposo título se desgranan una serie de definiciones, caracterizaciones y propuestas que no pueden menos que generar una profunda preocupación al pueblo en general y a las y los trabajadores judiciales en particular.

El documento plantea implementar reformas “…orientadas hacia el cumplimiento de los valores constitucionales.” Sin embargo, lejos de avanzar hacia ese objetivo, en lo presupuestario se pliega al ajuste propiciado por el Gobierno Nacional, apunta a consolidar la política de mano dura y gatillo fácil a través de generalizar la flagrancia en materia penal, profundiza los mecanismos de privatización del sistema judicial por medio de extender la conciliación en el fuero laboral y la mediación en las cuestiones de género bajo la excusa de la celeridad.

Asimismo, el proyecto señala hipócritamente la importancia de las tecnologías para mejorar la calidad de la “justicia” sin expresar còmo darà este paso con los magros presupuestos destinados al sistema judicial. Tambièn insiste en la modificación de horarios de funcionamiento, ferias, plantas de personal, entre otras cuestiones, desconociendo conquistas laborales y derechos adquiridos de miles y miles de trabajadores, cuyas condiciones de trabajo solo se podrían modificar en el marco de la negociación colectiva, establecida en nuestra Constitución.

Reiteradamente la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le reclamó al Estado nacional y, en especial, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que garantice la negociación colectiva para los trabajadores judiciales. Y el Estado Nacional, incluida la Corte encabezada por Lorenzetti, negaron ese derecho. ¿Qué autoridad jurídica o moral tiene ese Tribunal, entonces, para hablar de cambios y lineamientos que mejoren el sistema de justicia? ¿O se puede hacer mejora al margen de las leyes y la Constitución?

Desde ya, advertimos, que por decisión de nuestra Mesa federativa volveremos a denunciar a Lorenzetti y sus planes ante la OIT.

Evidentemente, los llamados “Lineamientos” son una expresión de la puja con el Poder Ejecutivo Nacional que impulsa sus propias reformas de la mano del ministro Garavano. Sin embargo, en nada nada sustancial se diferencian. Son solo expresión de una puja por ver quién lidera el ajuste neoliberal.

Desde la Federación Judicial Argentina expresamos nuestro alerta ante esta nueva avanzada reformista que lejos de plantearse un modelo judicial superador del actual intenta convertir definitivamente a los poderes judiciales nacional y provinciales en herramientas funcionales al poder económico y sus representantes.

CABA, 23 de febrero de 2018.-

FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA

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AL PUEBLO PALOS, A LOS GENOCIDAS LIBERTAD

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A partir de una supuesta posición humanitaria estos tres jueces toman una decisión que en otros casos, y tratándose de condenados por delitos muy menores por los que fue condenado Etchecolatz, merecieron el pedido de juicio político por parte del Gobierno de Macri.

¿Doble estándar moral ? Obvio que sí.

¿Podemos sorprendernos de la decisión judicial y del silencio de radio de los funcionarios de Cambiemos? Obvio que no. De un Gobierno donde varios de sus integrantes agitan la Teoría de los dos demonios y cuestionan la cifra de 30.000 desaparecidos. Darío Lopérfido, Gómez Centurión y otros.

Basta recordar el intento de Macri de meter por la ventana a través de un DNU a los abogados Rosenkratz y Rossatti en la Corte Suprema de la Nación. Precisamente los que luego sentenciaron a favor de la aplicación del 21×1 en juicios de lesa humanidad.

Del Gobierno y de Macri podríamos hablar mucho. Debemos aprovechar también para hacerlo de la Justicia y de sus magistrados. Como todos sabemos a las y los jueces los elige la política con lo cual la mayoría de ellos actúa en función de los aires y humores políticos.

No obstante hay que reconocer que no han existido ni existen en la actualidad intentos serios por mejorar la calidad de la magistratura.
Si estos tres lamentables jueces hubieran sido evaluados sobre sus criterios en materia de derechos humanos seguramente no habrían fallado como lo hicieron porque no serían jueces.

En el mejor de los casos son tres mediocres que se sienten presionados por el Gobierno y actúan en consecuencia. Recordemos que Macri dijo que había que terminar con el “curro” de los derechos humanos.

Desde la Federación Judicial Argentina repudiamos al fallo y a los tres jueces y convocamos a manifestarnos todas las veces que sean necesarias para lograr revertir este agravio al Pueblo argentino.

CABA, 29 de diciembre de 2017.-

Hugo Blasco
Secretario General
FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA

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LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA ES LA CLAVE

Cerca de un millar de gendarmes, personal de Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal con balas de goma, gases y carros hidrantes con colorantes no fueron suficientes para parar a miles de compañeras y compañeros que se movilizaron para expresar su rechazo al proyecto de ley por el que el Gobierno nacional pretende reducir el déficit fiscal.

Millones de jubilados y beneficiarios de la AUH son las víctimas elegidas por Macri para disponer de fondos destinados a pagar la inmensa e inmoral deuda externa y favorecer a los sectores dominantes a los cuales no sólo representan sino que forman parte.

Finalmente saludamos a las trabajadoras y los trabajadores judiciales que participaron en las numerosas movilizaciones que se realizaron en el País y que en algunos casos como en la Provincia de Buenos Aires fueron salvajemente reprimidos.
El esfuerzo no fue en vano. Se logró parar el tratamiento del proyecto provocando el levantamiento de la sesión y generando una crisis política en el oficialismo.

Sin embargo no hay que bajar los brazos ni cantar victoria hasta que este proyecto no sea retirado del Congreso definitivamente y lo lograremos si continuamos profundizando la unidad del campo popular ante la ofensiva conservadora.

Asimismo continuamos exigiendo la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por ser responsable directa de los actos represivos que se vienen sucediendo en la Argentina y que en los últimos tiempos se cobró las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y de la represión desatada en el Congreso.

CABA, 14 de diciembre de 2017.-

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EL DISCURSO DE MACRI Y LAS VIEJAS RECETAS

Los ejes fundamentales revelan la verdadera intencionalidad de este Gobierno: profundizar la transferencia de recursos desde los sectores populares al capital más concentrado.

En esa dirección plantea, desde una supuesta “modernidad”, una serie de lineamientos que se traducen en la máxima precarización laboral, salarios a la baja, desfinanciación del sistema previsional con un “ahorro” de 100 mil millones de pesos por año en jubilaciones, cambios regresivos en las modalidades de trabajo, la eliminación de sindicatos, entre otras medidas.

Desde la FJA repudiamos su discurso por considerarlo un grave atentado a los derechos adquiridos por las trabajadoras y los trabajadores, la calidad de vida de las y los argentinos como asimismo un ataque a la democracia y a la calidad institucional que dice defender.

Un párrafo aparte merece su referencia al Poder Judicial. La FJA ha sido y sigue siendo particularmente crítica de la calidad del sistema judicial argentino, tanto en las provincias como en la Nación. La falta de una verdadera democratización del sistema, en la elección de los magistrados con un perfil democrático y republicano, las falencias para garantizar el acceso popular a la justicia, las demoras injustificadas cuando se trata de actuar en defensa de intereses populares y la paradójica celeridad cuando se trata de asegurar los intereses de las grandes corporaciones, son algunos de los datos más sobresalientes de esa crisis. En relación a los trabajadores judiciales, la negativa a la negociación colectiva y a un convenio colectivo, en el ámbito nacional como en la mayoría de las provincias, es el indicador más claro de la arbitrariedad, el autoritarismo, y la falta de respeto a la Constitución Nacional.

Sin embargo, nada de esto tuvo en cuenta el Presidente en su discurso. Y, en cambio, todo lo que estuvo en su consideración fueron aspectos que solo contribuirían a agravar la crisis del sistema. Por ejemplo, el Presidente ha demostrado, no sólo ayer, que considera como buenos jueces a aquellos que dictan sentencias funcionales a los intereses del Gobierno y no sujetas a Derecho.

Como ha ocurrido con otros gobiernos, incluida la Dictadura, habló de “modernidad”, de “eliminar trabas al crecimiento”, “liberar la potencialidad de los sectores productivos”, y otras frases hechas que enmascaran el ajuste estructural de naturaleza neoliberal.

Sabemos cómo han terminado esos procesos. Con más pobreza, aparatos productivos destruidos, pérdida de soberanía popular y nacional, deuda externa impagable, sin salud, sin educación.

Los únicos que se salvan son estos gobernantes y los sectores a los que representan.

Las trabajadoras y trabajadores judiciales nucleados en la FJA reiteramos nuestro compromiso con la clase trabajadora y el Pueblo y exhortamos a todos los sectores populares a enfrentar esta política antinacional y antipopular construyendo la fuerza unitaria necesaria para derrotarlo.

CABA, 31 de octubre de 2017

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Entender y enfrentar la llegada de la OMC

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El encuentro se llevó a cabo en el Hotel “Héctor Quagliaro” de la Asociación Trabajadores del Estado y contó con la participación de dirigentes sindicales y especialistas internacionales.

Hugo Blasco, Secretario General FJA y Secretario de Administración y Finanzas de la CLATE, fue uno de los oradores. Video en este link