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La presentación fue realizada por la Federación Judicial Argentina (FJA), que encabeza Matías Fachal, ante la CIDH y contó con la asistencia del CELS y el apoyo de ambas CTA (la Autónoma y la de lxs Trabajadorxs), de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), la Asociación Americana de Juristas (AAJ-Rama Argentina) y de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL). La OIT ya había dictaminado en el año 2011 que los judiciales debían tener negociación colectiva. El acto público se realizó en el marco del 55° Congreso ordinario de la entidad.

La FJA presentó una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino, con principal foco en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), por el incumplimiento del derecho constitucional a la negociación colectiva y la falta de convocatoria a una paritaria nacional que ponga un pie de igualdad los derechos de lxs trabajadorxs judiciales en todo el país. Es que el sector no tiene negociación colectiva como sí gozan, por ejemplo, la docencia o legislaturas, o el resto de las actividades formales del mundo del trabajo.

La demanda de la FJA fue realizada el martes, pero el jueves 18 de abril por la tarde, en el marco del LV Congreso General Ordinario de la entidad federativa en el cual se renovaron sus autoridades, se la presentó públicamente en la sede de la Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (AEJBA) con la presencia de Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma (CTA-A), y de su par, Hugo Yasky, de la CTA de lxs Trabajadorxs (CTA-T), quien además es Diputado Nacional.

Matías Fachal, reelecto secretario General de la FJA explicó al iniciar el acto: “nuestro planteo va más allá de la negociación colectiva en las provincias, que es importante, pero también queremos una paritaria nacional, donde podamos discutir pisos mínimos de derechos, con un escalafón único, mecanismos de concurso entre jurisdicciones, todo para que el ingreso sea democrático y no a dedo por los jueces o funcionarios”.

Además de presentaciones de proyectos de Ley en el Congreso, la FJA acudió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde en el año 2011 tuvieron un dictamen favorable que le recomendó al Estado argentino que reconociera el derecho de los judiciales a la negociación colectiva. “Y la Corte Suprema contestó que no nos corresponde, porque ellos ya se habían ocupado de nuestros derechos, pero la Corte es la patronal, son juez y parte en este asunto, y es por eso que entendimos que ya agotamos las instancias nacionales y fuimos a la CIDH”, explicó Fachal.

El secretario General de la FJA reflexionó que “para democratizar el Poder Judicial necesitamos la paritaria nacional, que nos ponga en pie de igualdad a los trabajadores con los jueces, negociando las condiciones laborales, y con la ayuda del CELS realizamos esta acción para ver reconocido nuestros derechos y ser protagonistas de nuestro propio destino”. Es que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) asumió la asistencia y colaboración en la presentación ante este estrado internacional, que, en caso un fallo favorable por parte de la Corte Interamericana, a la cual se aspira a llegar con esta acción, será de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino.

Luego tomó la palabra “Cachorro” Godoy, quién explicó que “participamos de este encuentro con mucha satisfacción porque estamos acompañando activamente esta presentación ante la CIDH, como antes también acompañamos las presentaciones ante la OIT”.

Y dijo que tomaron la decisión de sumarse a esta lucha de los judiciales porque “hay una expresión cabal de restricción de la democracia, porque desde la recuperación de la democracia se les niega a los trabajadores judiciales el derecho de discutir con las patronales sus condiciones laborales”.

‘Cachorro’ Godoy concluyó diciendo que “en este momento tan particular, de gobierno neofascista elegido democráticamente, es muy importante que los trabajadores actuemos en unidad y con capacidad de resistencia”.

Por su parte, Yasky reconoció que “la paritaria es muy importante, porque significa recuperar autonomía como parte de la clase trabajadora y terminar con la historia de la familia judicial”. En ese sentido, el líder de la CTA de lxs Trabajadorxs dijo que es clave estar presentes porque “es muy importante continuar con la unidad, no nos podemos dar el lujo de cometer una ruptura”.

Yasky alertó que “nos enfrenta a una realidad que en democracia nunca habíamos atravesado, que es un Gobierno que dice que la justicia social es una mentira y que el Estado es una organización criminal, y esto sobrepasa lo que fue Jair Bolsonaro en Brasil, porque estamos ante un Gobierno que quiere pedir ser socio de la OTAN”.

Por último, uno de los asesores jurídicos de la FJA, el abogado Guillermo Gianibelli, explicó que con esta presentación “se le está diciendo a la Corte que haga valer este derecho fundamental para el derecho internacional y constitucional, que es la negociación colectiva, y necesitamos algo que estructure esta discusión. Va a llevar tiempo, va a implicar lucha, pero es una forma de legitimación”.

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El Frente de Gremios Estatales y de las Empresas Públicas, que integra la Federación Judicial Argentina (FJA), se reunió con la máxima dirigencia de la Central de Trabajadorxs de la Argentina – Autónoma (CTA-A), encabezada por su secretario general, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, para analizar cómo avanzó el gobierno nacional con los miles de despidos y pensar nuevas acciones para defender los puestos de trabajo y enfrentar el desguace del Estado. La necesidad de convocar a un nuevo Paro General y una masiva movilización en unidad de las 3 centrales obreras fue un gran punto de coincidencia.

El viernes 5 de abril por la mañana, el Frente se reunió primeramente en la sede de la FJA para balancear lo hecho durante el mes de marzo y proyectar distintas acciones como la construcción de un nuevo Plenario de Trabajadorxs del Estado, como el ocurrido durante el mes pasado, con el objetivo de que lxs  propios afectados y el conjunto de lxs trabajadores construyan los pasos a seguir. Del mismo modo, se sumarían plenarios temáticos por sector, entre los que se destaca un Encuentro de Salud donde se discutirá el estado de situación de la salud pública.

Al mediodía, el grueso de la dirigencia reunida se dirigió al Ministerio de Economía, donde miles de personas se encontraban reunidas en un acto pensado desde la Asociación de Trabajadorxs del Estado (ATE) contra los miles de despidos y el abandono de sectores estratégicos para el futuro de lxs argentinos.

Luego, en horas de la tarde, fueron recibidos en la sede de la CTA-A por la conducción de la central obrera, donde, luego de una introducción de Matías Fachal de la FJA, sobre la construcción del Frente de Gremios Estatales, lxs dirigentes de los distintos sectores comunicaron la situación que están atravesando las y los trabajadores del Estado como consecuencia de una política de desfinanciamiento y vaciamiento de áreas claves a través de los despidos masivos y cierres de organismos públicos.

Se compartió el diagnóstico acerca del devenir de lo que está generando la política entreguista que encabeza el gobierno de Javier Milei y su repercusión en la vida de las y los trabajadores de las distintas áreas: salud, educación, energía, justicia, administración pública, puertos, etc. En este sentido, se acordó en la importancia de fortalecer las estructuras de las organizaciones en todo el territorio nacional para profundizar la lucha sectorial y un plan de lucha general, con medidas de fuerza e iniciativas para la construcción de un paro general.

Participaron de la reunión: Hugo Godoy, secretario General de la CTA-A; Ricardo Peidro, secretario Adjunto de la CTA-A; Alejandra Angriman, secretaria Gremial de la CTAA; Omar Giuliani, secretario de Acción Social de la CTA-A; Matias Fachal, secretario General de la FJA; Mercedes Cabezas, secretaria Adjunta de ATE; Oscar de Isasi, secretario Gremial de ATE; Adolfo Barja, secretario General de SUTAP (Portuarios); Guillermo Muñiz, de FESPROSA (Salud); Fabián Cattanzaro, de FEPEVINA (Vialidad); Damián Straschenco, de FETERA (Energía); Guillermo Lugones de UPJ (Jerárquicos del Banco Provincia); Gabriela Nakamura, de SITRE (Enfermería), Ramiro Fernández, Luis Zas y Eduardo Moyano de FOETRA (telecomunicaciones); Pepe Peralta, secretario general de SITEBA (Bancarios); y Rodolfo Kempf, de ATE CNEA.

Desde la Federación Judicial Argentina (FJA) expresamos nuestro profundo rechazo a la propuesta realizada el 20 de marzo por el Poder Ejecutivo nacional para integrar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el jurista Manuel García Mansilla y el juez federal Ariel Lijo.

Esta postulación contradice la Constitución Nacional, que en su artículo 75 inc. 23 establece la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, así como el artículo 75 inc. 22, que otorga rango constitucional a aquellos pactos internacionales de derechos humanos que consagran el principio de no discriminación en razón de género.

Entre estos pactos incorporados a la Constitución, la Convención Contra Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece que los Estados parte deben garantizar la máxima participación de las mujeres en la vida política y pública como condición indispensable para el pleno desarrollo de los países.

En el mismo sentido, proponer dos varones para ocupar los cargos vacantes actual o por generarse contraría el Decreto 222/2003, que prevé la integración del máximo tribunal con respeto a la diversidad de género

Por otro lado, huelga remarcar que una Corte compuesta íntegramente por varones no expresa en absoluto la verdadera composición de nuestra sociedad, donde las mujeres sostienen, con su labor cotidiana, no sólo aspectos fundamentales de la vida en comunidad sino del propio Poder Judicial. Por eso, una Corte sin mujeres es una Corte profundamente antidemocrática.

No resulta necesario aclarar que sobran las candidatas mujeres con solvencia, perspectiva de género y de derechos humanos para ocupar dichos cargos, por lo que esta decisión del presidente Javier Milei sólo puede explicarse por su marcada misoginia y su reticencia al reconocimiento de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, de lo cual ha dado sobradas muestras. En este sentido, desde la FJA sostenemos firmemente que sin mujeres no hay democracia.

Por último, entendemos que los perfiles de los candidatos propuestos no representan una Corte independiente, popular, feminista y democrática, como correspondería al contexto, sino que refuerzan la carencia de perspectiva de género, la dependencia al Ejecutivo, los acuerdos de palacio y el sometimiento del derecho al poder real empresarial.

Por un lado, García Mansilla, representante de la ortodoxia eclesiástica y las asociaciones empresariales del petróleo, ha expresado públicamente su opinión contraria a la ampliación de derechos para las personas gestantes. Por el otro, el juez federal Lijo ha sido denunciado por hechos de corrupción que también involucran a su hermano abogado. En ambos casos, los candidatos expresan lo contrario a lo que esta FJA viene promoviendo desde su agenda democratizante.

Por todo ello, seguimos exigiendo una profunda Democratización del Poder Judicial, en clave popular, feminista y respetuosa de los Derechos Humanos.

LA FJA Y LA MESA SINDICAL ‘EL SALARIO NO ES GANANCIA’ SE REUNIERON CON DIPUTADXS NACIONALES

La Federación Judicial Argentina (FJA), como parte de la Mesa Sindical ‘El Salario No es Ganancia’, espacio que contiene a más de 60 sindicatos, participó de la reunión desarrollada con 14 Diputadxs del Bloque de UxP en el Congreso de la Nación. Se busca impulsar un proyecto de ley que elimine la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, aumentando el monto para un núcleo de grandes empresas para compensar la recaudación.

Por parte de la FJA participaron sul secretario de hacienda Jorge Sotelo, Daniel Pérez Guillénde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Emiliano Sanhueza y Marco Calarco del Sindicato Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) y Jorge Insaurralde y Neri Franco Guanca de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEyFPJN).

El balance de la reunión fue positivo y se resolvió elaborar un proyecto de ley que se elevará desde la banca de Hugo Yasky, con el acompañamiento de varios diputados y diputadas. El mismo busca que el impuesto apunte a los sectores de mayores ingresos y no impacte en los salarios de lxs trabajadorxs.

Asimismo, se definió un documento que expresa que la propuesta de modificación “demuestra que es posible ampliar la recaudación sin caer en el recurso fácil de pescar en la pecera de los asalariados. Para ello, es necesario afectar al muy pequeño conjunto de empresas que concentran la mayor parte de las ganancias”.

“Es muy importante que sostengamos este ámbito de unidad y trabajo conjunto entre los gremios y el congreso para impulsar una solución definitiva a este impuesto injusto”, expresó Daniel Pérez Guillén.

También, a partir de la intervención de Emiliano Sanhueza, se expuso la situación de miles de judiciales con ingreso posterior a 2017, que en la actualidad se encuentran sufriendo descuentos por este impuesto. “Casi el 10% de los trabajadores y trabajadoras judiciales de Río Negro están tributando ganancias y aproximadamente 35% de los ingresantes luego del 2017 ”, expresó el secretario general del SITRAJUR y secretario gremial de la FJA

Ayer 19 de marzo, la Federación Judicial Argentina (FJA) que nuclea a lxs judiciales de todo el país y la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS) se reunieron nuevamente para discutir la arbitraria exclusión de una parte de lxs trabajadores judiciales del nuevo Régimen Cedular a los Mayores Impuestos y su permanencia en la cuarta categoría del régimen anterior de Impuesto a las Ganancias, por lo que siguen pagando el injusto tributo.

El secretario general de la FJA, Matías Fachal; el secretario gremial, Emiliano Sanhueza; el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR), Marco Calarco; el dirigente de la AJB, Daniel Pérez Guillén y el secretario general de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEyFPJN), llegaron a la sede de la JUFEJUS donde fueron recibidos por su presidenta, María del Carmen Battaini, a la vez del TSJ de Tierra del Fuego; Mario Adaro de la Corte de Mendoza; Ariel Coll, de Formosa; y Adriana García Nieto, de San Juan.

Durante la reunión, Fachal planteó ante el espacio que reúne a los Tribunales Superiores y Cortes de Justicia de toda la Argentina, la necesidad de abordar en forma conjunta la problemática situación de cientos de judiciales de distintas provincias que fueron incluídos en el Impuesto a las Ganancias, a pesar de que desde el pasado diciembre se había modificado el sistema cedular, a partir de la lucha del conjunto de trabajadores que se nuclearon en la ‘Mesa Sindical El Salario No Es Ganancia’.

En la misma, a su vez, se reabrió el debate en torno a la efectivización del derecho constitucional de contar con un Convenio Colectivo de Trabajo que enmarque las discusiones salariales de lxs judiciales y de contar con una paritaria nacional que unifique un piso mínimo para todas las provincias. Emiliano Sanhueza, dijo en torno a la reunión que “es positivo haber sido convocados, luego de años de diálogo interrumpido, logramos mantener una segunda reunión en un corto periodo de tiempo”.

A su vez, mencionó la importancia de poder intercambiar miradas: “Coincidimos en avanzar en intercambiar información y pensar pasos a seguir para resolver esta situación injusta, y pudimos plantear la exigencia histórica que tenemos para replicar a nivel nacional las experiencias, más que positivas, que tenemos en aquellos lugares donde contamos con ámbitos de Negociación Colectiva”.