📌El «Cordobazo» fue un grito que iniciaron estudiantes y trabajadores en Córdoba contra el gobierno de facto de Onganía, un pueblo que se levantó en unidad contra la opresión. Ese grito luego se extendió a Rosario, Tucumán, Salta, Villa Ocampo, Corrientes, Cipolletti, Chocón, Catamarca, Jujuy, Rawson, Mendoza, Trelew, entre otras ciudades argentinas.
La sucesión de años de dictadura provocó que el pueblo, con los sindicatos como motor, llevara adelante una sucesión de protestas que harían dar un paso al costado a Onganía, para abrir nuevamente tiempos democráticos en el país.
¡La unidad del pueblo en las calles es la fuerza que puede torcer el curso de la historia!
La realidad argentina está marcada por la caída del consumo, por la baja de los ingresos populares, salarios, jubilaciones y planes sociales, que en su conjunto explican la caída de la actividad económica. La Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP) junto al Centro de Estudios y Formación de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) elaboraron un informe donde los principales datos son los siguientes:
📈 La inflación acumula un 95% desde la asunción del Gobierno de Milei hasta el último indice de precios al consumidor (IPC) del mes de abril comunicado por el INDEC.
❌ El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) sufrió una caída del 20% en el primer cuatrimestre 2024 y el salario promedio está 10 puntos debajo de la línea de pobreza.
‼️ Cayó el consumo, la producción industrial manufacturera cayó un 21% en comparación a marzo del año pasado, y 14% contando el primer trimestre del año, en tanto que las ventas minoristas lo hicieron un 18,4% en el primer cuatrimestre del 2024.
📊 La Construcción se derrumbó un 42,2%, y un 30,3% en el primer trimestre del año.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) se encuentra desarrollando un plan de acciones ante un intento de reforma legislativa que busca barrer derechos históricos como la Negociación Colectiva y la representación sindical. En ese marco, el secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA), Matías Facha; el secretario general de la CTA-A, Hugo “Cachorro” Godoy; y, en representación de la CTA-T, el dirigente judicial bonaerense, Daniel Peréz Guilén, viajaron a Río Negro para darles apoyo.
En el marco del Plan de Lucha que desarrolla, el gremio judicial de Río Negro realizó una actividad con la participación de un conjunto de dirigentes nacionales con el objetivo de discutir la importancia de sostener la Ley 5.009 que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) intenta reformar, la cual regula la negociación colectiva de lxs judiciales de dicha provincia. La misma se denominó: “Jornada por la Negociación colectiva en Defensa de la Ley 5.009”.
El secretario general FJA, Matías Fachal, puso el foco en la lucha de años de lxs judiciales de Río Negro: “Hay una larga historia de persecuciones al SITRAJUR y a sus dirigentes, con denuncias penales inclusive. Claramente buscan acallarlos por su historia de lucha, pero cuentan con nuestro total apoyo y el de las organizaciones judiciales de todo el país y el de las centrales obreras, por eso celebro que esta pelea se esté dando en unidad”.
Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy en su intervención dijo que “Río Negro es una de las seis jurisdicciones del país donde el derecho de convenciones colectivas de trabajo de los judiciales está reconocida, pero en vez de consolidar y avanzar en esa dirección, se retrocede, y se quiere recortar este derecho a buena parte de los trabajadores y trabajadoras que forman parte del sistema judicial provincial”.
A su turno, Emiliano Sanhueza, Secretario General de SITRAJUR Río Negro, hizo un análisis de la situación: “Creo que hoy está en serio riesgo la ley que permite la negociación colectiva en el ámbito judicial, a partir de la modificación que plantea la patronal por intermedio de la legislatura provincial y que nosotros consideramos una barbaridad. Esta situación pone en conflicto a trabajadores y trabajadoras judiciales, porque se está violentando la negociación colectiva y la libertad sindical”.
En esa línea se refirió Daniel Pérez Guillén, referente de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y de la CTA-T Nacional: “Hoy nos quieren limitar la ley de negociación colectiva, quitándonos un derecho establecido y esencial para la construcción de una democracia moderna. Por eso estamos en un proceso de unidad cada vez más fuerte, porque esto es un ataque a todo el movimiento obrero”.
El 23 de mayo, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (SITRAJ) -entidad adherida a la Federación Judicial Argentina-, participó del plenario en el que lxs trabajadorxs del sector público discutieron medidas a tomar luego de una paritaria fallida y un aumento a la baja por decreto.
El día anterior al plenario, el gobierno hizo el último ofrecimiento para todos los estratos del Estado de un 15%, que se encuentra lejos de los números inflacionarios para esta primera parte del año. Así, el plenario convocado por la mesa intersindical de la que participa el SITRAJ más un conjunto de sindicatos que se sumaron luego del ofrecimiento a la baja, resolvió diferentes medidas para recuperar poder adquisitivo. Mientras tanto, el gobierno avanza con un aumento por decreto.
“El 22/05 fue la paritaria general y el gobierno nos hizo 2 propuestas, un aumento de 10% para todas las escalas más una suma fija de $100.000 para mayo; y luego un aumento del 15% sin suma fija. No podemos aceptarlo porrwur estamos en una situación en la que el agravante es que ya se viene perdiendo en materia salarial” afirmó la secretaria general del SITRAJ, Susana Funes.
La instancia de discusión finalizó con el acuerdo unánime de construir un paro y una movilización en la capital Santa Rosa al inicio del mes de junio.
La Asociación Gremial Empleados Judiciales de Santa Cruz, filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), alertó sobre el ofrecimiento insuficiente que realizó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia en el marco de la paritaria. Denuncian que no se mejoró la propuesta salarial y anunciaron medidas de fuerza.
La inflación que atraviesa el país llevó a que la canasta básica en Santa Cruz se encuentre cercana al millón de pesos. En ese contexto, lxs judiciales de la provincia tienen el salario congelado. En reiteradas paritarias el TSJ solamente ofrece instrumentar una acordada, pese a que aún adeuda anteriores arreglos a través de este mecanismo.
Desde el gremio mencionan que el presupuesto para el Poder Judicial permite mejorar la oferta, luego de lograr a través de diferentes medidas, que el Poder Ejecutivo actualice las partidas. Por lo que realizaron un reclamo de brazos caídos en los lugares de trabajo el jueves 23 de mayo pasado, que se enmarcó en un conjunto de medidas que se realizaron en todas las oficinas judiciales del país en la Jornada Nacional de Lucha Judicial, lanzada por la FJA la semana pasada.
El pasado viernes 17 de mayo, se reunió el equipo de Salud Laboral de la FJA en la sede de Rincón, para dar continuidad al proceso de diseño de la Encuesta Nacional en Salud Laboral de la FJA 2024. El propósito central de esta iniciativa es obtener un panorama completo de la situación de la salud laboral dentro de los Poderes Judiciales de todo el país, con el fin de intervenir de manera más eficaz en la construcción de entornos laborales saludables y libres de violencia para lxs trabajadores judiciales.
La jornada, que contó con la participación de compañerxs de Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, San Juan, San Luis y CABA y el aporte de lxs compañerxs especialistas en el tema, Mag. Germán Canteros y Lic. Carlos Manzo, le dio continuidad al Encuentro Nacional de Salud Laboral realizado el pasado 15 y 16 de marzo, con la finalidad de terminar de diseñar el cuestionario en el sentido de lo discutido en aquella instancia y definir cuestiones metodológicas de implementación de la encuesta.
Asimismo, se abordó la relevancia de la perspectiva de género y derechos humanos en el instrumento de recolección así como la medición del impacto de las nuevas tecnologías en las condiciones laborales de lxs trabajadores judiciales. Se discutieron los cambios que estas tecnologías han introducido en los métodos de trabajo y en la organización sindical, así como los potenciales riesgos para la salud derivados de su uso prolongado o inadecuado y la ausencia de reglamentación.
En cuanto a la metodología de aplicación de la encuesta a nivel nacional, se debatió sobre los procedimientos más adecuados para garantizar la representatividad y la fiabilidad de los resultados. Se consideraron aspectos como la selección de la muestra, la elaboración de cuestionarios adaptados a las distintas realidades regionales y la logística de recolección y análisis de datos.
En este contexto, el equipo de Salud Laboral de la FJA continúa trabajando arduamente en el diseño de la Encuesta Nacional en Salud Laboral de la FJA. El próximo paso, será un II Encuentro Nacional bajo la modalidad virtual, donde se invitará a todxs lxs trabajadores judiciales a participar activamente en este proceso, para lanzar la Encuesta y poner en común criterios de implementación en las filiales así como construir estrategias de conjunto para la acción político-sindical a partir de esta herramienta.
Juntxs, podemos impulsar cambios significativos que promuevan el bienestar y la calidad de vida en nuestro ámbito laboral.
El plan de lucha desplegado con profunda unidad por el Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU), filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), logró que se retomara el diálogo con el Poder Ejecutivo, tras la presentación del proyecto ‘Situación Actual del Poder Judicial y Propuesta Salarial’.
La situación salarial de lxs judiciales en San Luis ha sido crítica, lo que motivó que el SIJUPU comenzara con distintas acciones como con el cese de actividades por dos horas diarias, asambleas masivas en los lugares de trabajo y movilizaciones en diferentes puntos de la provincia, registrando una participación histórica. Posteriormente, se sumó el paro total del Ministerio Público Fiscal y continuo en la tercera semana con el paro total del Ministerio Público de la Defensa.
En medio de un verdadero movimiento judicial y en una nueva reunión con el Superior Tribunal de Justicia y los Colegios de Magistradxs y Funcionarixs de la provincia, reafirmaron su prioridad en la recomposición salarial y acelerando las discusiones para que ningún/na judicial permanezca por debajo de la canasta básica.
Desde el SIJUPU, mantendrán el estado de alerta y de asamblea permanente, así como las medidas de fuerza anunciadas. Además, lxs judiciales se preparan para una gran movilización mañana 23/5 dentro de la Jornada Nacional de Lucha Judicial, en unidad con otros sectores estatales.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (SITRAJ), filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), trasladó su asamblea al edificio del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para denunciar que no son recibidos para discutir la paritaria de actualización salarial. Alertan que el salario de una gran franja de lxs trabajadorxs del Poder Judicial se encuentra por debajo de la línea de la pobreza.
Lxs trabajadorxs judiciales se encontraron el viernes 17 por la mañana en el Centro Judicial Santa Rosa, para luego trasladarse y realizar una asamblea en el edificio del STJ. Hace meses el gremio solicita audiencias para dialogar sobre el reconocimiento, bonificaciones salariales, licencias y descuentos, pero las respuestas han sido todas negativas. A su vez, denuncian que ocurre lo mismo con la apertura de paritaria.
Lxs judiciales en La Pampa cobran un Básico de $183.777, más un adicional de $183.777 y otro suplemento de $4.565. Estos 3 ítem son los que componen el salario del judicial, que sumados al Fondo de Garantía hacen que el salario inicial de un/a trabajador/a sea de tan sólo 440.000 pesos.
“Alguien que ingresa al Poder Judicial no va a cobrar más que $440.000. Hoy lxs judiciales estamos sufriendo los ajustes de políticas nacionales con los aumentos de tarifas de los servicios públicos, pero en la provincia el/la trabajador/a está sufriendo ajustes en lo salarial, licuando cada vez más el poder adquisitivo”, afirmó Susana Funes, secretaria general del SITRAJ La Pampa.
“Se replica lo que sucede en todos los sectores de la sociedad, hoy las patronales ante las necesidades de los trabajadores recortan derechos, persiguen a los trabajadores, sin dar respuestas a los reclamos”, finalizó Funes.
Frente a la profundización de la crisis económica, social, política e institucional y los sucesivos ataques a la libertad sindical y la persistente negación del derecho constitucional a la negociación colectiva por parte de las patronales, la Federación Judicial Argentina (FJA) convoca, este jueves 23 de mayo, a una ‘Jornada Nacional de Lucha Judicial’ en todo el país, en defensa de la Negociación Colectiva, por la inmediata recomposición salarial y contra los atropellos antidemocráticos e inconstitucionales que se registran en diversas provincias.
Los agresivos embates a lxs trabajadorxs judiciales en Río Negro y de Mendoza, donde en primer término una reforma legislativa impulsada por el Superior Tribunal de Justicia rionegrino con el aval del gobierno provincial pretende restringir el derecho constitucional a la Negociación Colectiva y recortar el ámbito de representación sindical; y, en el segundo, donde el Ejecutivo mendocino cerró la paritaria por decreto, fijó unilateralmente el insuficiente aumento, intentando imponer una cláusula de ‘paz social’ para impedir la huelga, como así también, queriendo declarar ilegal e inconstitucionalmente al Poder Judicial como servicio esencial para restringir el ejercicio de este último derecho, han trascendido las fronteras de esas provincias y esos conflictos adquieren necesariamente dimensión nacional.
Asimismo, la profundización de los conflictos salariales en San Luis, donde prácticamente tienen congelados los salarios desde el mes de noviembre, y de San Juan; como así también las peleas salariales en La Pampa y Santa Cruz, terminan de componer un cuadro de alta conflictividad de la cual son únicos responsables los abusos de poder de las patronales y las políticas estatales que profundiza la crisis. Eso es lo que se verifica, entre otras cuestiones, con el DNU 70/23, el paquete económico y el desguace del Estado implementados por el Gobierno Nacional, con la claudicación y complicidad de la mayoría de los gobiernos provinciales cuyxs senadorxs se aprestan a votar la nefasta Ley de Bases.
La respuesta ante la grave situación será, entonces, esta Jornada Nacional de Lucha Judicial que se expresará en paros, movilizaciones, asambleas, radios abiertas, batucadas, volanteadas, y otras medidas que dispondrá cada Filial a la lo largo y ancho del país.
