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La Asociación Gremial Empleados Judiciales de Santa Cruz, filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), denuncia que transitan una crisis institucional profunda en el Poder Judicial de la provincia. Denuncias por violencia y malversación de fondos, sumarios por mala praxis y confrontación con lxs trabajadores dan el marco de la situación que se agudiza en la provincia.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el gremio de lxs judiciales de Santa Cruz expuso públicamente un conjunto de situaciones que se fueron agravando y que hoy mantiene al funcionamiento del Poder Judicial al borde del colapso. Y es que a las denuncias de violencia por parte de jueces y funcionarios, se añadieron 7 sumarios por mala praxis judicial a una defensora de Río Gallegos que continúa con este tipo de prácticas, que a pesar de los reclamos gremiales el Tribunal Superior de Justicia continúa protegiendo con total impunidad.

También se denunció lo hecho por la Secretaria del Juzgado de Familia de Caleta Olivia, quien decidió grabar a lxs trabajadores sin autorización, violando así el derecho a la intimidad.

Otra polémica marcada es la designación de Rosa González como jueza. Había sido denunciada por tener una causa de malversación de fondos mientras prestaba servicios en la función pública y, aun así con estos antecedentes, asumió el cargo. Hay traslados ilegales de los trabajadores que se oponen a prácticas por parte del propio tribunal, el cual debió dar marcha atrás ante la intervención del gremio, lo que dejó en evidencia la ilegalidad y arbitrariedad en la que incurren cuando pretenden proteger corporativamente a los jueces y funcionarios amigos.

“Desde Judiciales nos preguntamos cuánto más debe evidenciarse para comprender que deben mostrar transparencia, ser democráticos y regirse, ellos más que nadie, por medio de la ley”, reza el texto armado por el sindicato. “JUDICIALES QUIERE UN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CARA AL PUEBLO, QUE RESPETE LA LEGALIDAD Y LOS DERECHOS”, finaliza.

El martes 16 de mayo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se realizó una asamblea masiva con participación de diversos sectores de la sociedad argentina, para discutir las implicancias de la Ley Bases y pensar herramientas para anular el Decreto 70/23. Como resultado se llamó a movilizar durante el tratamiento en el Senado del Proyecto de Ley. La Federación Judicial Argentina (FJA) estuvo representada por su secretario general, Matías Fachal.

Hasta el momento, se estima que el proyecto de Ley Bases pueda tratarse el próximo jueves 23 de mayo, pero todo dependerá de la celeridad con la que se emita dictamen en el Senado. En unidad el pueblo argentino comienza llevar a cabo diversas acciones para rechazar su aprobación. Por ello, una enorme cantidad de organizaciones sindicales, sociales, políticas, culturales, religiosas, estudiantiles, feministas, y organismos de los DD.HH. se dieron cita para debatir distintas iniciativas para que den por tierra con tan perjudicial proyecto del Ejecutivo.

Al tomar la palabra el secretario general de la FJA, Matías Fachal, quien además refirió a la Red Federal por la Defensa de los DD.HH. y la Democracia que la entidad integra, consideró ante el amplio auditorio que “en esta etapa de avanzada del fascismo, con un gobierno que pretende la destrucción del Estado, a través de su saqueo y vaciamiento, en un momento de amplia violación de los DD.HH., tenemos que articular, no solo para expresarnos y reflexionar abordajes, sino también para hacer acciones. Todos los ámbitos institucionales a los que debemos acudir, no se expiden si no es por la presión de la movilización popular, y tanto al Congreso como al Poder Judicial debemos presionarlos para que se pronuncien movilizándonos”.

Las tres centrales obreras participaron del encuentro, a su turno, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, aseveró “Estamos ratificando el compromiso de enfrentar en unidad este escenario tan complejo, donde un gobierno neofascista está intentando consolidar el coloniaje en nuestra sociedad y nuestro país”. También intervino Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, quien coincidió en la importancia de la convocatoria: “Creo que de esta forma estamos rompiendo con la parálisis que quisieron imponernos los grupos económicos dominantes”, dijo. En tanto que Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros e integrante del triunvirato de la CGT, resaltó que “la continuidad de un plan de lucha es clave hasta lograr vencer este plan económico”.

Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, hizo el cierre de la actividad y convocó a los presentes a continuar en la lucha: “Estamos demostrando la resistencia que hay que hacer. Los hechos lo están demostrando, con las distintas marchas, el 24 de marzo, la marcha universitaria, los sindicatos, el 8M, eso es lo que hay que seguir haciendo. Hay que ganar las calles, tenemos la obligación inclusive”.

El espacio que congrega organizaciones sindicales del Estado en sus distintos niveles y poderes, se reunió en la sede central de la Federación Judicial Argentina (FJA) este miércoles 15 de mayo, donde se analizó lo hecho durante la Jornada Nacional de Lucha en el Sector Público del 30 de abril y las efectos de la´masiva movilización del Día Internacional del Trabajador y del Paro General del 9 de mayo convocado por las tres centrales sindicales. Asimismo, se delineó la continuidad del Plan de Lucha que viene llevando adelante el Frente.

La reunión fue iniciada por Matías Fachal, secretario general de la FJA, entidad anfitriona, quien demostró entusiasmo por el grado de organización alcanzado hasta el momento y repasó la agenda del mes, haciendo hincapié en el resonado Pacto de Mayo, lanzado por Javier Milei, que será un escenario donde lxs trabajadores del Estado y las Empresas Públicas tendrán que jugar un papel preponderante oponiéndose al mismo.

Durante el transcurso del encuentro, uno de los puntos centrales fue el tratamiento del Proyecto de Ley Bases y la necesidad de contribuir a una convocatoria amplia el día que sea debatido por el Senado con una gran movilización al Congreso de la Nación.

Del mismo modo, se buscará construir una instancia abierta de debate que cruce a todos los sectores que participan del Frente a principios de junio, con el objetivo de aunar las luchas que se dan en los diferentes estratos del Estado.

Lxs judiciales de la provincia cuyana rechazaron el ofrecimiento unilateral del gobierno de Alfredo Cornejo, quien entonces decidió dar por cerrada la discusión. Con asambleas diarias y una seguidilla de paros, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Mendoza, filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), avanza con un plan de lucha por salarios dignos y presupuesto suficiente para el sector.

En Mendoza, lxs trabajadores judiciales, vieron los últimos meses cómo su salario fue perdiendo capacidad de compra sin sentir ninguna actualización. La discusión no sólo arrancó en un insuficiente 10%, sino que por decisión del Poder Ejecutivo provincial, se incluyó una cláusula de “paz social” donde se ofrece un bono equivalente a un 11% sólo en caso de que no se registre ninguna medida de fuerza gremial sin importar su causa u origen.

Esta situación extorsiva y el paso de los días con la discusión paritaria cerrada, fue generando un malestar sostenido entre lxs judiciales que desembocó en un estado casi permanente de participación, con varias asambleas masivas y una seguidilla de paros con adhesión casi absoluta.

“Nos encontramos con asambleas prácticamente diarias, las cuales ratifican todo lo actuado por la Comisión Directiva, y las cuales son impulsoras de las grandes movilizaciones que venimos realizando. Declaramos el estado de huelga del gremio, lo que implica la construcción de varios paros en el mes”, comentó Ricardo Babillón, secretario general del sindicato judicial mendocino.

“El gobernador está jugando con el salario de lxs judiciales y no lo vamos a permitir. Pero también sabemos que el aumento no es la única meta para el gremio mendocino. Queremos discutir salario y condiciones de trabajo con nuestra patronal directa: la Suprema Corte de Justicia de Mendoza”, finalizó Babillón.

Hoy 14 de mayo, lxs judiciales enrolados en el Sindicato de Trabajdorxs de Río Negro (SITRAJUR), filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), se concentran en las oficinas judiciales de Viedma para luego marchar hacia la Legislatura provincial, en contra del proyecto que impulsa el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y que busca dejar sin efecto gran parte de la Ley 5009 de Convenciones Colectivas en el Poder Judicial de la provincia.

Cientos de trabajadores participaron de las medidas convocadas por el SITRAJUR para defender una de las conquistas históricas más importante para el gremio. Es que el proyecto 576/2023 amenaza con excluir a un tercio de los trabajadores judiciales de los derechos otorgados por la ley 5.009 de convenio colectivo y de la representación sindical. Una vez que corrió la noticia del ingreso al recinto del proyecto, desde el gremio se activaron todos los mecanismos para impedir su avance.

En ese sentido, además de las medidas de lucha asumidas, desde el SITRAJUR se emitió una nota a los diferentes bloques legislativos, convocándolos a discutir con el gremio con el fin de marcar lo regresivo del proyecto para las condiciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la provincia y la confrontación directa con los derechos asegurados en el artículo 14bis de la Constitución Nacional. Lo propio realizó la FJA condenando este atropello a través de un comunicado firmado por su conducción y haciéndose presente en la ciudad de Viedma a través del dirigente de la Mesa Directiva Nacional, Daniel Peréz Guillén, y de uno de los asesores jurídicos de la entidad federativa, el Dr. Ulises Gorini.

“El planteo del proyecto es absurdo, un sindicato que no puede discutir salarios ni condiciones de trabajo, qué sentido tiene. El 30% de nuestros afiliados quedarían fuera del convenio, por lo que el apoyo a las medidas asumidas se siente y desde el gremio vamos a hacer todo lo posible para el Proyecto no avance porque claramente buscan cercenar nuestros derechos”, afirmó Emiliano Sanhueza, secretario general del SITRAJUR.

El Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU), filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), comienza una nueva semana de lucha en reclamo por la actualización salarial, luego del cese de tareas de horas que desplegaron diariamente desde el lunes pasado. Del mismo modo, se impulsaron distintas movilizaciones a los edificios judiciales en las tres circunscripciones de la provincia.

El reclamo de lxs trabajadorxs del Poder Judicial de San Luis irá en escalada según lo mandatado por las asambleas realizadas por el gremio, y las cuales, fueron masivas. Es que al día de hoy, el 60% de lxs judiciales en San Luis se encuentra por debajo de la línea de pobreza y la situación se agrava por la negativa del gobierno provincial a generar instancias de discusión en torno a la situación presupuestaria del Poder Judicial de San Luis.

Ésta semana se mantiene el cese de actividades de dos horas por día y se buscará desplegar diferentes movilizaciones locales como las ocurridas en la ciudad de Concarán y Villa Mercedes. Del mismo modo, el paro por sector comenzará en el Ministerio Público Fiscal de la provincia que contará solamente con una guardia mínima. La intención es ir sumando sectores y confluir en un paro total la semana entrante de no obtener respuestas.

La Federación Judicial Argentina (FJA) expresa su total rechazo al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Río Negro presentado por el Superior Tribunal de Justicia provincial que pretende avanzar sobre el derecho a la Negociación Colectiva y la representación sindical. A su vez, nos solidarizamos con las trabajadoras y trabajadores judiciales que se verían afectados por el mismo en caso de aprobarse. Ese proyecto pretende avasallar derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras tras años de lucha y avanza en una materia legislativa reservada sólo al Congreso de la Nación, ya que la misma es de índole federal. Además, afecta el principio de libertad sindical y el derecho de negociación colectiva de centenares de judiciales ríonegrinos/as. La circunstancia de atribuirse competencia legislativa en una materia de carácter federal constituye a la vez una irregularidad de tal gravedad que podría ser incluso denunciada ante otras instancias. Finalmente, exhortamos a que la Legislatura provincial reflexione sobre esta situación y no convierta en ley semejante atropello jurídico por lo que acompañamos la lucha para evitarlo que viene llevando adelante el Sindicato de Trabajadores/as Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) junto a sus representados/as.

Lxs judiciales sanjuaninos, convocadxs por la Unión Judicial de San Juan, filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), se encuentran desarrollando un plan de lucha por mejoras salariales. El miércoles 8 de mayo se movilizaron a la puerta de los Tribunales y el viernes 10 realizaron un ‘Ruidazo’, que fue masivo.

Luego de distintas presentaciones formales y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de la Corte de Justicia de San Juan, lxs judiciales sanjuaninos decidieron profundizar las medidas adoptadas en el marco del plan de lucha que despliegan.

El conflicto estalló luego de que circulara la creación de un ítem que le da un plus de forma secreta sólo a los Administradores del Poder Judicial, quienes ya perciben los haberes más altos, dejando de lado todas las demandas que lxs trabajadores mantienen con la Corte de Justicia provincial. Como primera respuesta se declaró el Estado de Alerta y Movilización y se diagramó un esquema de medidas que irán desarrollándose de forma escalonada.

“Lo que ha hecho la Corte de Justicia de San Juan nos pone en la obligación de tomar medidas, porque se trata de una violación flagrante a las instancias de diálogo que manteniamos y también, en el actual contexto socioeconómico, afecta al conjunto de la sociedad” afirmó Sebastián López, secretario general de la Union Judicial de San Juan.

Entre las principales demandas del gremio se encuentra conseguir un sueldo mínimo de bolsillo que sobrepase la Canasta Básica, que se recupere el 25% acordado durante el 2023 que nunca se efectivizó, un fondo compensador para la jubilación del 82% móvil, entre otras.

La Federación Judicial Argentina (FJA) condena el ataque lesboodiante sucedido en el barrio de Barracas en la Ciudad de Buenos Aires, en el que un hombre arrojó una bomba casera en la habitación en la que vivían cuatro mujeres lesbianas. A raíz del ataque, tres de ellas -Pamela Cobos, Mercedes Figueroa y Andrea Amarante- fallecieron, mientras que Sofía Castro Riglos continúa internada con heridas de consideración. El Estado y el discurso de odio imperante en la sociedad son cómplices de este triple asesinato.

Las cuatro mujeres se encontraban en situación de vulnerabilidad estructural, dado que por su condición de género, sufrían ataques de odio y discriminación de manera sistemática. Responsabilizamos al Estado, no solo por la habilitación de los discursos de odio contra las personas lesbianas, travestis y trans, sino también por no brindar ninguna respuesta a la cantidad de denuncias que ellas habían realizado a raíz de los ataques que sufrían en su cotidianidad.

La violencia institucional ejercida desde los diferentes organismos estatales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, a los cuales todas ellas recurrieron en reiteradas oportunidades, solicitando asistencia por su situación habitacional, su condición de salud y por la falta de políticas públicas concretas llevaron a .la muerte de tres mujeres y la grave situación en que se encuentra la cuarta. Exigimos que se investigue no solo al atacante, sino también a todos los organismos estatales que atendieron los últimos años, las innumerables consultas/denuncias que realizaron y las respuestas (o ausencia de ellas).

Estamos ante la avanzada de la derecha fascista en la región, ante los discursos de odio apoyados desde los más altos niveles del Estado y ante una sociedad que da la espalda y mira para otro lado cuando se vulneran los derechos de las diversidades que viven en la Ciudad de Buenos Aires y en cualquier parte del país. Exigimos justicia para Pamela, Mercedes, Andrea y Sofía, el Estado es responsable.

Este lunes 13 de mayo se realizará una jornada nacional de recolección de firmas para avanzar con la campaña para anular el Decreto N° 70/23. La misma está organizada por un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, políticas, religiosas y culturales que conformaron una mesa de trabajo para construir distintas iniciativas contra el DNU. La Federación Judicial Argentina (FJA) es parte de esta iniciativa.

La actividad en la Ciudad de Buenos Aires se realizará en el Obelisco, de 14 a 17hs, con mesas, gazebos, pancartas y radio abierta, no sólo para continuar sumando firmas sino también para concientizar a la ciudadanía sobre los perjuicios que acarrea la vigencia del decreto en la vida cotidiana de la mayoría de la población. Esta misma actividad se realizará en las plazas de las principales ciudades del país.

Lxs judiciales nos venimos expresando en contra de este lesivo Decreto a través de los paros y movilizaciones en las cuales hemos adherido y convocado desde su dictado, como también a través de la presentaciones formales en estrados nacionales e internacionales y nuestra activa participación en la Red Federal por la Defensa de los DD.HH. y la Democracia y del Frente de Gremios Estatales y de las Empresas Públicas.

El DNU es la razón principal de que los alquileres, medicamentos, transporte, prepagas, luz, gas y agua sean impagables; avanza sobre la caída de los salarios, sobre los miles de despidos en el sector público y privado y en una reforma laboral que viola los derechos de los trabajadores y las trabajadoras; también avala la delegación de facultades a un gobierno que además es autoritario y represivo. Estamos en presencia de un DNU que intenta prácticamente reformar la Constitución por decreto.

A más de cuatro meses de su vigencia y tras el rechazo en la Cámara de Senadores de la Nación, y ante la falta de definición en la Cámara de Diputados, convocamos al conjunto de la comunidad a expresar con su firma el respaldo para terminar con un DNU que demuele las condiciones de vida e hipotecan el futuro de la sociedad argentina.