Les compartimos la última etapa de este gran sueño de todxs lxs trabajadores y trabajadoras judiciales sanjuaninxs, el primer Barrio Judicial de la provincia. Dentro de poco tiempo se entregarán estas viviendas destinadas a lxs afiliadxs de la Unión Judicial de San Juan, filial integrante de la Federación Judicial Argentina (FJA).
La Multisectorial Federal por la Democratización del Poder Judicial saluda y apoya el Proyecto de Ley presentado en la Cámara de Senadores que promueve la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elevando su integración a 25 miembros como un verdadero avance democratizador para su oxigenación, sumando federalismo, pluralismo y diversidad, y anhelando la paridad de género en su composición, para una transformación necesaria de ese Poder del Estado, el más conservador y elitista.
La incorporación de esta iniciativa legislativa, no sólo en el debate parlamentario sino en la agenda política pública, para discutir la integración del máximo tribunal debe ser acompañada con amplitud desde los sectores que promovemos un Poder Judicial democrático y una Corte Suprema que se parezca a su pueblo.
Necesitamos una Corte Suprema comprometida con los Derechos Humanos, lejana a posiciones autoritarias y antidemocráticas que convalidan la persecución política e ideológica en nuestro país, serviles a los grandes grupos concentrados del poder económico que se niegan a procesar los cambios históricos y se aferran desde un lugar de privilegio para disciplinar a los sectores populares mediante la criminalización de la protesta, de la pobreza y de la juventud.
Las últimas acciones y declaraciones de los actuales cortesanos han merecido el repudio social a través de masivas movilizaciones callejeras, desde el intento de designación por decreto presidencial macrista de dos de sus integrantes, el fallo aberrante del 2×1 a los genocidas, el avasallamiento sobre el Consejo de la Magistratura y la auto designación del juez Rosatti como presidente del mismo, o el reciente pronunciamiento de Rosenkrantz contra la ampliación de derechos a los sectores más postergados de la sociedad, por lo que no debe perderse de vista, más allá de destacar la importancia de este Proyecto de Ley, la posibilidad de avanzar con un proceso de juicio político para la remoción de estos personeros del stablishment.
Por ello los colectivos integrantes de esta Multisectorial sostenemos con firmeza y en total unidad de concepción, el respaldo al Proyecto de ampliación de la Corte como una herramienta, quizá no la ideal, pero sí de urgente implementación para cerrarle el paso a esta realidad agobiante del Sistema de Administración de Justicia de nuestro país que día a día se degrada sin pausa pronosticando una verdadera debacle terminal. Avanzar integrando la Corte con 25 miembros, con federalismo, pluralismo, diversidad, paridad de género, transparencia, serán aspectos esenciales a los cuales seguramente se podrán sumar, en la medida que avancemos, otros aportes que fortalezcan y apuntalen el ansiado objetivo de Democratizar el Poder Judicial que la sociedad en su conjunto necesita y lo viene demostrando en la calle.
Hace 10 años se dictaba la resolución del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a instancias de la queja formal presentada por la Federación Judicial Argentina (FJA), que reconoce el derecho de los y las trabajadorxs judiciales a la Negociación Colectiva y a un Convenio Colectivo de Trabajo y exige al Estado argentino que cree las condiciones efectivas para garantizarlos.
Los diversos poderes del Estado Nacional, así como los de la mayoría de las provincias se niegan a acatarlo. Se configura así una situación no solo de una grave injusticia sino la paradoja de que quienes tienen la obligación de asegurar los derechos de todos los y las argentinxs, son los primeros en incumplirlos.
En efecto, luego de la queja presentada por la FJA ante el Comité de Libertad Sindical respecto a la falta de cumplimiento del Convenio 154 que consagra el derecho a la negociación colectiva en el sector público, esa instancia dio curso a la presentación configurando el Caso N° 2.881. E 15 de junio de 2012, el Comité resolvió sin atenuantes que “tal como lo dispone el artículo 5 del Convenio núm. 154” el Estado argentino debía adoptar “las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, inclusive legislativas si fueran necesarias, para fomentar la negociación colectiva entre las autoridades del Poder Judicial y las organizaciones sindicales concernidas”.
Diez años después, sin embargo, nada se ha avanzado al respecto, siendo esto responsabilidad primaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, así como de los Estados provinciales que, en su enorme mayoría, y por presión de los Tribunales Superiores, se niegan a cumplir la resolución de la OIT.
Asimismo, la mencionada resolución del Comité de Libertad Sindical fue reiterada y respaldada en años sucesivos por la Comisión de Normas de la OIT, quien, en sus memorias, volvió a exigir al Estado Argentino que cumpla con el Convenio 154, que no es otra cosa que cumplir con la Constitución Nacional y las leyes vigentes.
Exhortamos, pues, en este décimo aniversario a que de una vez por todas se dé cumplimiento a lo dispuesto por el organismo internacional no solo como una forma de asegurar la vigencia de un derecho legítimo de los trabajadores judiciales sino también como parte de una necesaria y profunda reforma del sistema judicial argentino, tanto nacional como provinciales.
No es posible imaginar un Poder Judicial verdaderamente democrático sino es a la vez que hacia el interior mismo de su estructura garantiza los derechos constitucionales de sus trabajadorxs. El funcionamiento paritario es una de las principales fuentes de la transparencia en el manejo del sistema, en la medida de que se asegura la carrera judicial, se deja de lado las designaciones “a dedo” y las decisiones unilaterales en las condiciones laborales y salariales.
Los próximos días 24, 25 y 26 de junio, el Parador de la Montaña, en Córdoba, nos espera para volver a recibirnos con los brazos abiertos, como siempre.
Las compañeras ya nos estamos preparando para reencontrarnos después de dos años de pandemia; para debatir sobre la democratización del poder judicial desde una perspectiva feminista; para intercambiar sobre el derecho a la negociación colectiva y la inclusión de la agenda de cuidados; para interiorizarnos sobre el convenio 190 de la OIT y nuestras estrategias frente a la violencia laboral y de género en el ámbito de trabajo.
Para ello contaremos con la presencia de importantes panelistas y el debate en comisiones, que son el corazón de nuestros encuentros.
También debatiremos en asamblea los lineamientos de nuestra participación en el 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries.
¡Nos vemos pronto, compañeras!
El Frente Judicial Unido, compuesto por varias agrupaciones, se impuso como recambio en la conducción en la Asociación Sindical de Empleados/as Judiciales de Santiago del Estero (ASEJ) en las elecciones celebradas el 17 de mayo pasado. Eduardo Alagastino es el nuevo secretario general, quien ya había ocupado dicho rol durante un período en la década pasada, y entró en funciones a partir del día 23 de ese mismo mes.
Las últimas elecciones, con una alta participación de compañerxs, arrojaron como resultado el recambio en la conducción del gremio judicial santiagueño. El nuevo secretario general, Eduardo Alagastino, se refirió a lo que implicó la conformación de esta lista: “Nuestro espacio es un frente de diferentes agrupaciones que participaron en distintas etapas del sindicato, y que vimos la necesidad de unificarnos a pesar de las diferencias. Aquí en Santiago si no logramos la mayor unidad posible es muy difícil, con una patronal totalmente fortalecida y que se niega a recibirnos. Este frente está conformado por 5 agrupaciones, con dos ideas claras que nos ordenan: la unidad y la autonomía de la organización. Con eso nos presentamos, y hoy nos encontramos en una etapa de acomodamiento para esta nueva etapa”.
Son varios los desafíos que deberán encarar las y los compañerxs santiagueñxs. Uno se vincula a la estabilidad laboral, ya que, a pesar de realizarse varios eventos de titularización en el último tiempo, una parte de las y los trabajadorxs judiciales se mantienen en condición de contratadxs, situación irregular que se agrava teniendo en cuenta que en algunos casos ocurre luego de 12 años de trabajo. Al mismo tiempo la nueva conducción asumida el pasado 23 de mayo, comienza su ciclo con un conflicto en puerta, debido a que días antes de asumir se presentó una proclama que trata el ascenso de hasta 4 cargos —disgregados en función de la antigüedad—. Sin embargo, eso aún no sucedió a pesar de que debería haber ocurrido el 1 de mayo. Esa lucha será un punto de partida.
A estos conflictos mencionados, Alagastino agrega que la cuestión salarial será central para lo que viene: “Nosotros tenemos una planificación hecha en función de darle vida al gremio. En principio llegamos con la tarea de encarar las proyecciones para nuestras carreras. Acomodar la carrera, la estabilidad laboral, para poder dar el debate en torno a la recuperación salarial. Acá en Santiago, hay una lógica donde desde hace 17 años se discute una vez al año para todos los trabajadorxs de la administración pública, y donde todos tienen el mismo aumento. En ese tiempo fuimos quedando muy por detrás con respecto a otras jurisdicciones. Buscamos ir a una mesa de diálogo judicial y a partir de ahí recuperar lo perdido”.
Los y las afiliados/as a los sindicatos de la Federación Judicial Argentina (FJA) contarán con un 20% de descuento en toda la oferta académica de la Asociación Pensamiento Penal (APP).
La APP es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro, creada en 2004, como un espacio para pensar, discutir y proponer acciones concretas sobre la cuestión penal y los derechos humanos a nivel federal y con presencia en Latinoamérica. Está integrada por personas que trabajan en el poder judicial, especialmente en el fuero penal en todos sus niveles, militantes sociales, estudiantes, docentes y profesionales de distintas disciplinas, unidas/os por el interés de construir una administración de justicia que se adecue al programa constitucional y al estado de derecho y por la promoción de los derechos humanos.
Para acceder a más información sobre la APP:
www.pensamientopenal.org
Para acceder a la oferta de cursos APP: www.campusapp.org
Para consultas e inscripción, enviar correo a: cefja@fja.org.ar
¡Vivas, Libres y Desendeudadas nos queremos!
Desde la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la Federación Judicial Argentina (FJA) convocamos este 3 de junio a la marcha del #NiUnaMenos en todas las ciudades de nuestro país.
Luego de dos años de Pandemia COVID-19 nos encontramos nuevamente para juntxs continuar el grito de Basta de Femicidios.
A 7 años del femicidio de Chiara Paez, ocurrido el 3 de junio del 2015 y que dió origen al movimiento #NiUnaMenos, la FJA acompaña nuevamente como lo ha hecho cada año, y en esta oportunidad volvemos a las calles a marchar para que dejen de matarnos.
¡Ni una Menos!
Las Secretarías de Género y de Capacitación de la Federación Judicial Argentina (FJA) convocan a participar en una nueva edición de los tradicionales encuentros nacionales de judicialas. Este año, se desarrollará en el Parador la Montaña, en Santa Rosa de Calamuchita, provincia Córdoba, los días 24, 25 y 26 de junio.
Se debatirá sobre la reforma judicial feminista y la democratización del poder judicial, la negociación colectiva con perspectiva de géneros, la agenda de cuidados y el convenio 190 de la OIT y los desafíos frente a la violencia laboral.
La inscripción para participar deberá realizarse ante la filial correspondiente.
Luego de dos años de Pandemia por el COVID 19 y de la realización del encuentro bajo la modalidad virtual, volvemos a encontrarnos presencialmente y eso nos llena de alegría y motivación. ¡Les esperamos!
En la última reunión nacional de la Federación Judicial Argentina (FJA) llevada a cabo en la ciudad de Córdoba, se planteó la propuesta de trabajar en recuperar las Olimpíadas Judiciales Nacionales y varias filiales mostraron su entusiasmo en participar ya que en los distintos sindicatos de base la práctica deportiva es uno de los pilares de la organización gremial.
En el ámbito federativo va cobrando fuerza el proyecto de volver a realizar una olimpíada deportiva judicial nacional luego de décadas. Actividades que no se limiten sólo al fútbol, aunque es el deporte predominante en todas las sedes provinciales, y que contemplen diferentes disciplinas para la diversidad de edades.
Estos encuentros de confraternización, integración y socialización entre las filiales, además de la recreación y la práctica deportiva saludable, son muy importantes para la construcción de la identidad de clase trabajadora, la identificación con la FJA, despertar la vida interna y ampliar la participación a más compañerxs.
Se avanzará en la conformación de una comisión nacional que tendrá a su cargo comenzar a delinear la actividad que se ancla en las mejores tradiciones de la FJA ya que las Olimpíadas Judiciales Nacionales marcaron una fuerte impronta en nuestra Federación durante las décadas de los ‘70, ‘80 y ‘90 del siglo XX. Incluso fueron la actividad “de cobertura” que nos permitió continuar organizándonos y reuniéndonos nacionalmente bajo el gobierno de facto de la última dictadura militar.
Este Convenio “sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo” reconoce el derecho de toda persona a un ambiente laboral libre de violencia y acoso, y condena la violencia y el acoso como amenazas para la igualdad de oportunidades e incluso para la productividad, siendo inaceptables e incompatibles con el trabajo decente, por afectar a la salud psicológica, física y sexual de las personas, su dignidad, y su entorno familiar y social.
Entiende por “violencia y acoso” en el mundo del trabajo al conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.
A su vez, la expresión “violencia y acoso por razón de género” designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.
El Convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador; y se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales.
Se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo, ya sea:
– En el lugar de trabajo;
– En los lugares donde se paga al trabajador, donde este toma su descanso o donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios;
– En los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo;
– En las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación;
– En el alojamiento proporcionado por el empleador, y en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.
Principios fundamentales del Convenio 190 de la OIT
– Se deberá respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso y adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género.
– Los Miembros de la OIT deberán adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con inclusión de la violencia y el acoso por razón de género, adoptando una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas.
– Los Estados asumen la obligación de garantizar un fácil acceso a vías de recurso y reparación apropiados y eficaces y a mecanismos y procedimientos de notificación y de solución de conflictos en los casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo que sean seguros, equitativos y eficaces.
Argentina es uno de los países que ratificaron la norma internacional que reconoce el derecho a un trabajo libre de violencia y acoso. Este convenio entró en vigencia en nuestro país en febrero de 2022.
FUENTE: Editorial ERREIUS.