Compartimos la participación de nuestro compañero Matías Fachal, Secretario General de la FJA, en el conversatorio “¿Autonomía o casta? El rol del Poder Judicial y el desafío de su democratización” junto a Héctor Recalde, abogado laboralista y diputado nacional (MC), y Melisa García, abogada feminista e integrante de ABOFEM, durante el programa #RESabado de Radio Estación Sur FM 91.7
Desde la Multisectorial Federal por la Democratización del Poder Judicial manifestamos nuestro profundo rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura en una clara maniobra intervencionista y ajena al espíritu republicano y democrático de nuestro país.
Lo decidido en el fallo de diciembre de 2021 viola la Constitución Nacional. Es un hecho viciado de ilegalidad y de impunidad, dado que la Corte carece de facultades legislativas, sin embargo, ha derogado la Ley vigente, restituyendo una norma del año 1997, para lograr su dominio sobre el organismo de control del sistema judicial. Es un claro ejemplo de invasión en el ámbito legislativo y de acumulación de poder dos hechos incompatibles con el principio de división de poderes.
El presidente de la CSJN no debe presidir el organismo que nomina, sanciona y remueve a lxs magistradxs y que administra el Poder Judicial. Hay conflicto de intereses y falta de independencia. Si no funcionan los controles cruzados entre los poderes del Estado (PL, PE y PJ), tal y como lo prevé la Constitución Nacional, el Pueblo no tiene Justicia.
Ante este último acontecimiento y en el marco de la actuación de la CSJN como promotora del Lawfare en la Argentina, de no escuchar la voz de las organizaciones sociales y de derechos humanos, de no atender a la situación de las víctimas de violencia o de persecución política y judicial, es que proponemos arbitrar todas las medidas y acciones políticas para impulsar EL JUICIO POLÍTICO A LA CORTE ANTE EL CONGRESO DE LA NACIÓN.
FIRMAN: Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH); Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T); Frente Sindical; Justicia Legítima; DD.HH. San Oscar Romero; Foro por la Democracia y la Libertad de lxs Presxs Políticxs; Federación Judicial Argentina (FJA); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); SUTEBA; ATE Capital; Frente Milagro Sala; Movimiento Ecuménico por los DD.HH. (MEDH); Asociación Americana de Juristas (rama Argentina); Comité por la Libertad de Milagro Sala; Familiares de Perseguidxs por el Lawfare; Organización Barrial Tupac Amaru; SITRAJUR Río Negro; Secretaría de DD.HH. Municipalidad de Avellaneda; Secretaría de DD.HH. de la Pcia. de La Rioja; Equipo de defensa de Milagro Sala; Grupo de Curas en Opción por los Pobres; Asociación Judicial Bonaerense (AJB); Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); Frente Barrial 22 de agosto; Frente de Abogadxs Populares; Populismo K; Palermo K; ACIFAD; FETIA; Sindicato Obrero Curtidores; FATICA; PJ AVELLANEDA; Pdo. Frente Grande; Uruguayos en la Argentina por los DD.HH.; Colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia; Partido Comunista; Federación Juvenil Comunista; Organizaciones sociales, sindicales, profesionales, religiosas, políticas y de DD.HH. de La Rioja; Asociación Ex Detenidos Desaparecidos; Llamamiento Argentino Judío; Corriente de Abogadxs laboralistas 7 de Julio; Organización Liberación Nacional; Confederación General de Jubilados; Pensionados Retirados y Adultos Mayores del País (RA); Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires del Pueblo; Asociación de Sobrevivientes Familiares y Compañeros de Campo de Mayo; Com. DD.HH. de Tigre Padre Pancho Soares; Sindicato Telefónico NOA; Foro Nacional de Derechos Humanos y Acción Humanitaria; Soberana – Izquierda Popular; El Manifiesto Argentino; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Santa Fe; Raquel Witis; Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte; … (SIGUEN LAS FIRMAS)
Nuevamente lxs trabajadorxs judiciales de Santa Cruz se encuentran en las calles manifestándose por la defensa irrestricta de los derechos adquiridos en el ámbito de la negociación colectiva, en esta oportunidad, el sistema salarial vigente, el que año tras año es sistemáticamente incumplido por parte de la patronal, lo que representa una clara actitud de negociar de MALA FE, además de ser una demostración de irresponsabilidad al proceder a firmar acuerdos para después no cumplirlos.
El día 11 de abril del año en curso, luego de varias reuniones paritarias infructuosas, que reflejaron ofertas que no se ajustan para nada con lo establecido en el sistema salarial ni en tiempo ni en forma, ya que ofrecer porcentajes ajenos a los que debe cumplir el Tribunal, es pretender continuar desvirtuando aún más el mismo, y aceptarlos implicaría renunciar de hecho, al acuerdo firmado por ambas partes sobre cómo deben abonarse las recomposiciones salariales a los trabajadores judiciales.
Todo ello, pese a las sobradas muestras de BUENA FE de las y los trabajadores, quienes desde el año 2.017 vienen sufriendo una gran pérdida del poder adquisitivo, generado por la falta de compromiso del propio Tribunal Superior de Justicia para cumplir con los acuerdos pactados, a lo que debemos sumar que, la patronal, a través de un comunicado mal intencionado, pretendiendo disciplinar a los trabajadores y trabajadoras judiciales, exhortó a la totalidad de lxs mismxs a retornar a sus labores, desconociendo el DERECHO CONSTITUCIONAL de manifestarse y reclamar que les asiste a quienes se encuentran llevando adelante este plan de lucha.
La Federación Judicial Argentina (FJA) rechaza la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que dispone el inmediato emplazamiento de una nueva conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación, ya que, a pesar de que no reunir los requisitos constitucionales y de que un juez de primera instancia impidiera con un fallo reciente la puesta en marcha de ese organismo, abre una profunda crisis institucional de consecuencias impredecibles.
En primer lugar, la Corte contradice un fallo anterior propio, en el que disponía que el Consejo solo debía funcionar luego de la integración de un representante la Cámara de Diputados y otro de la de Senadores. Además, se toma la atribución de decidir en una cuestión de la que es parte directamente interesada, tal es la posibilidad de presidir el Consejo de la Magistratura, estando ellos cuestionado por diversos sectores políticos, judiciales y académicos, en lo que podría configurarse incluso como “golpe institucional” ante la evidente desmesura en la auto atribución de facultades, que invade funciones propias de otros poderes y vulnera flagrantemente el orden constitucional.
La CSJN, con jueces que aceptaron ser designados por decreto y uno de ellos votándose a sí mismo como su presidente, repone una Ley derogada en el 2006 sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación a través de un fallo firmado por quien, a su vez, pretende también presidir dicho órgano. De este modo, decide cuestiones que, cuanto menos, debían quedar en manos de conjueces.
Sin lugar a duda, la situación que se configura es suficiente causa para la apertura de juicio político a los altos magistrados y su inmediata remoción. Eso es necesario, además, porque hay que abrir paso a una verdadera democratización del sistema judicial en su conjunto. De lo contrario, se profundizará el carácter regresivo y la tendencia antidemocrática adoptada por la Corte y un amplio sector de la magistratura en los últimos años.
Esta lucha hay que acompañarla de la movilización popular y del debate con toda la sociedad, en eso los y las trabajadorxs judiciales debemos ser protagonistas de estos procesos de transformación y democratización del Poder Judicial como lo fuimos con la FJA hace 20 años atrás peleando por la remoción de la Corte Suprema de la ‘mayoría automática’.
El lunes 28 de marzo la Federación Judicial Argentina (FJA) participó en el acto organizado y convocado por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), que se realizó el Anfiteatro Eva Perón de ATE Nacional, para conmemorar los 20 años del comienzo de los “cacerolazos” promovidos por dicha organización contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de la “mayoría automática de los ‘90”. Los compañeros Matías Fachal y Jorge Sotelo, secretario general y de finanzas, respectivamente, representaron a la FJA.
Durante la emotiva actividad, que encabezaron la presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), Cynthia Benzion, y su secretaria general, Paula Lozano, también se le hizo un especial reconocimiento a Luis Enrique Ramírez, quién presidia la AAL en ese momento y resultó un importante impulsor de la medida de protesta que luego de unos años terminó con la destitución de varios de los integrantes del Alto Tribunal en 2003 cuando por disposición del entonces presidente Néstor Kirchner se convocó al jury de enjuiciamiento, siendo reemplazados luego por una de las más notables composiciones de la Corte que se tenemos memoria.
En el marco del acto se proyectó el documental “Justicia para Todos” donde se reviven esas extensas jornadas de luchas, y se da cuenta, así como en la emotiva alocución del propio Luis “Lucho” Ramírez, los miedos y dudas con que se comenzó a gestar la medida, pero con la seguridad de estar haciendo lo que debía hacerse, que como fue creciendo y hasta tomando su propio rumbo y como debía la AAL, con su primera experiencia de lucha en las calles, hacer equilibrio para que el movimiento no caiga y no se desmadre, de los avances y retrocesos que sufrieron en su lucha.
Ramírez destacó el apoyo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que no le permitían decaer en los momentos difíciles, de la Asamblea Justicia para Todos, de gente que asqueada de un Poder Judicial servil al stablishment, se sintió llamada por la propuesta y de distintas organizaciones sindicales que aportaron organización y contención, en este punto se hizo especial mención a la tarea realizada por los dirigentes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y particularmente de la Federación Judicial Argentina (FJA), con un profundo compromiso con la medida hasta las últimas consecuencias.
Además de la profunda emoción y esperanzas que produce el relato de una lucha que comienza por la defensa de principios sin que sus participantes sepan el final, que va creciendo, con momentos de gran desilusión y otros que confirman el camino, también nos lleva a reflexionar que después de veinte años de estas jornadas que lograban el fin de la vergonzosa Corte y que se creía como el primer paso hacia una profunda reforma de los Poderes Judiciales de todo el país, hoy nos encontramos con que el poder factico se ha rearmado y logrado posicionar un Poder Judicial que en sus distintos estratos sea el verdadero garante de sus privilegios.
Por eso, tomando el ejemplo de aquellos abogados y abogadas laboralistas que comenzaron un camino, teniendo claras sus metas, pero no el camino por lo que debieron construirlo día a día, que resultaba imprescindible convocar la mayor cantidad de sectores posibles para dar la pelea al poder, la FJA siguiendo los principios históricos de la organización que señalan la necesidad de compromiso en todas las cuestiones que afectan al pueblo y en especial aquellas que se refieren a nuestro ámbito, es que hoy nos encontramos ante un similar desafío de una profunda reforma del Poder Judicial, para hacerlo realmente democrático, con perspectiva de género y defensor de los derechos de los desposeídxs.
Si bien entendemos que las características del contexto resultan distintas a las de los años 2000 y que un paso importante debe ser la remoción de la Corte Suprema por representar el último custodio de los privilegios de los poderosos, pero la lucha debe abarcar también el ingreso al Poder Judicial, la forma de selección y designación de lxs magistradxs y funcionarixs, control de su actuación, etc., por eso es que integramos la Multisectorial Federal por la Democratización del Poder Judicial que impulsó la masiva movilización del #1F, siendo conscientes que también que hay un largo camino por andar, que las metas son altas, que el enemigo que enfrentamos es poderoso, por lo que resulta imprescindible la unidad sin sectarismos ni prejuicios de todos los sectores que entiende que este es el camino para que de una vez y para siempre Poder Judicial y Justicia sean sinónimos.
En el día de ayer, lunes 11 de abril, en nuestra sede de Rincón 74, la Federación Judicial Argentina (FJA), a través de su Secretario General, Matías Fachal, y su Secretaria de Capacitación, Guadalupe Santana, firmó un convenio con la Asociación Pensamiento Penal (APP), representada por su Vicepresidenta, Bernardette Blua, conectada de manera virtual, y su Secretaria General, Larisa Zerbino. El convenio prevé un marco de colaboración mutua y descuentos del 20% para afiliados y afiliadas de las distintas filiales de nuestra FJA en toda la oferta académica del campus virtual. La APP es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro, creada en 2004, como un espacio para pensar, discutir y proponer acciones concretas sobre la cuestión penal y los derechos humanos a nivel federal y con presencia en Latinoamérica. Está integrada por personas que trabajan en el poder judicial, especialmente en el fuero penal en todos sus niveles, militantes sociales, estudiantes, docentes y profesionales de distintas disciplinas, unidas/os por el interés de construir una administración de justicia que se adecue al programa constitucional y al estado de derecho y por la promoción de los derechos humanos.
Para acceder a más información sobre la APP: https://www.pensamientopenal.org/
Para acceder a la oferta de cursos APP: https://www.campusapp.org/
Para consultas e inscripción: cefja@fja.or.ar#convenio#fja#judiciales#argentina
El gobierno nacional, reconociendo de hecho el grave deterioro de los salarios por el proceso inflacionario, ha ordenado la reapertura de las negociaciones salariales en distintos sectores. En ese marco, los y las judiciales, que padecemos la misma situación, exigimos al Estado Argentino la inmediata convocatoria a una paritaria nacional en el sistema judicial. Así no solo se daría cumplimiento a la resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sino, sobre todo, a un reclamo histórico de acceder al mismo derecho que el resto de los y las trabajadoras del ámbito público y privado.
Desde 1948, el Día Mundial de la Salud se viene celebrando cada 7 de abril, fecha en que fue fundada la Organización Mundial de la Salud. Todos los años se elige para esa jornada un tema específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la OMS.El tema de este año es ‘Nuestro Planeta, Nuestra Salud,’ la atención mundial es a la interconexión entre el planeta y la salud. Es una campaña que se lanzará este día e instará a las personas, las comunidades, los gobiernos y las organizaciones de todo el mundo a compartir sus historias sobre las medidas que están adoptando para proteger nuestro planeta y nuestra salud.Desde la Federación Judicial Argentina (FJA) adherimos a esta campaña .
Durante la reunión de Mesa Directiva de la Federación Judicial Argentina (FJA) llevada a cabo los días 24 y 25 de marzo del corriente año, entre los distintos temas tratados se debatió sobre las diversas problemáticas que afectan las labores de las y los judiciales de todo el País, en especial los desafíos que se plantean con los avances tecnológicos del “teletrabajo” y el accionar que los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) han tomado al respecto.
En las exposiciones de quienes integran la conducción federativa surge claramente que, a partir del comienzo de la pandemia, avanzó el denominado teletrabajo o trabajo remoto y que más allá de que esa modalidad permitió al Poder Judicial no interrumpir el tratamiento de los reclamos y problemas de los justiciables protegiendo a los y las trabajadoras de la presencialidad en ese contexto de crisis sanitaria, inclusive contando en muchos casos con la conformidad de compañeros y compañeras, no escapa del análisis que el “teletrabajo” en la actualidad, y en un nuevo contexto sanitario, produce efectos nocivos a los derechos laborales reconocidos para el sector privado y no contemplados para el sector público.
Entre ellos podemos enumerar: 1- pérdida de la noción de la cantidad de horas trabajadas. 2- superposición del lugar de trabajo con el hogar y de las tareas laborales con las domésticas. 3- Gastos que debería afrontar la patronal son soportados por los y las trabajadoras (compra, reparación y mantenimiento de insumos tecnológicos; pagos de servicios eléctricos e internet etc.). Lo cual repercute en un deterioro del salario, haciendo que los costos de garantizar el derecho a la justicia sean absorbidos por los y las trabajadoras.
MESAS DE ENTRADAS VIRTUALES (MEV) PRESENTACIONES DIGITALES
Al respecto, los TSJ han aplicado distintas modalidades de presentaciones de escritos a través de plataformas digitales. En la mayoría de los casos habilitadas los 365 días del año las 24hs. En algunos Poderes Judiciales no existe límite de cantidad de escritos en cada proceso, inclusive del/la mismo/a letrado/a que modifica la anterior presentación. En todos los casos, los trabajadores y trabajadoras han visto incrementada la carga laboral en favor de la disminución y facilitación del trabajo que antes hacía el/la profesional.
IMPLEMENTACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
En este punto, sumado a la utilización de medios privados de notificación notamos que además de representar un incremento de la carga laboral al trabajador y trabajadora judicial en favor de la procuración de los y las profesionales, establece los cimientos de una Justicia de primera y otra de segunda, en torno a las posibilidades económicas del justiciable, ya que ante la disminución de los agentes notificadores judiciales, las mismas se realizan por correos privados, que además de resultar más oneroso, pone en riesgo la seguridad jurídica, ya que no tienen los atributos ni responsabilidades de funcionarios/as oficiales. En el mismo sentido hay provincias donde los/as oficiales notificadores/as no revisten el cargo de tal y si las funciones.
CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA FJA
En razón de lo debatido y las conclusiones debe quedar en claro que, bajo ningún punto de vista, la FJA pretende oponerse a los avances de la tecnología. Sin embargo, por el contrario, resulta necesario que los Poderes Judiciales del país con las representaciones sindicales del sector, mediante la negociación colectiva paritaria, regulen el funcionamiento de manera tal que no perjudique los derechos de quienes se desempeñan en el ámbito laboral evitando la precarización de los y las trabajadoras, que se limite la presentación de escritos digitales en forma indiscriminada para dar posibilidad de evaluar correctamente las urgencias y los debidos tratamientos a cada presentación.
Las autoridades de los Poderes Judiciales deben evitar los sloganes vacíos de contenidos y procurar que el derecho a la justicia llegue en tiempo y forma a cada ciudadano y ciudadana. Desde la FJA promovemos que los sindicatos de base propicien un debate profundo de las situaciones aquí planteadas para resolver la problemática referida en favor de los derechos laborales de quienes representamos. Como también de llevar a los TSJ los reclamos y propuestas para abordar las soluciones necesarias.
– ¿De qué están hechos tus derechos compañero? – ¿Cómo llegó a tus manos la antorcha de la lucha, compañera? Todo lo que hemos conquistado, desde la jornada de 8 horas en los albores del siglo XX, lo hemos hecho dejando sembrados en la historia el sacrificio de nuestros mártires. Uno de ellos es Carlos Fuentealba, docente asesinado hace hoy 15 años en Arroyito, Neuquén, cuando participaba de una movilización junto a sus compañerxs del ATEN reclamando por sus derechos y sus condiciones de trabajo.Carlos Fuentealba está en la memoria de la FJA, es parte del camino que hemos hecho y un compromiso hacia el futuro.