En tal sentido ha venido adoptando políticas que así lo demuestran como la eliminación de retenciones al agro y la mega minería, aumento de tarifas, devaluación, entre las más notables.
Paralelamente se ha dado a la tarea de descalificar sistemáticamente a las y los trabajadores. De arranque tratando de “ñoquis” a los estatales que despidió el Estado en todos sus niveles o siguiendo con la vieja práctica de presionar a la baja los aumentos salariales discutidos en paritarias tratando de hacer cargo a las y los trabajadores de la inflación que generan sus empresas amigas.
Otros capítulos fueron el veto presidencial a la Ley Anti-despidos y el tratamiento de la ley sobre Impuesto al salario (ganancias).
En los últimos tiempos mediante un Decreto de Necesidad Urgencia (DNU) se modificó la ley de ART respondiendo a las aseguradoras sedientas de mayores ganancias a expensas de la salud y de los derechos económicos de las y los trabajadores.
Capítulo aparte merece el avance que pretende el Gobierno sobre la negociación colectiva eliminando o reduciendo derechos de los trabajadores traducido en las modificaciones de los convenios colectivos de trabajo de petroleros, capitanes de ultramar y otros que se están discutiendo.
La excusa de Macri y los suyos es incentivar el empleo, sobre todo joven. Y para ello recurren a viejas fórmulas ya ensayadas y fracasadas consistentes en proyectos legislativos que contemplan la precarización y la flexibilización laboral con sueldos miserables.
Dentro de ese paquete de medidas se incluye la ley aprobada en 2016 que plantea graves modificaciones a los regímenes previsionales provinciales y que ya ha comenzado a aplicarse en varias provincias con gobiernos de diferentes colores político-partidarios.
También debemos denunciar la política del Ministerio de Trabajo de la Nación de avasallar la autonomía sindical con la complicidad de gobiernos provinciales como ocurre con el Sindicato judicial de Mendoza. La consigna es :“te subordinás o sufrirás las consecuencias”. Otro tanto ocurre con los Sindicatos judiciales santacruceño y fueguino a los que no les entregan la Certificación de cargos.
Muchas de estas políticas, algunas ya consumadas, contaron con la complacencia o el guiño de connotados dirigentes sindicales nacionales más preocupados en defender sus privilegios que los derechos de quienes dicen representar a la espera de poder “cerrar” algún negociado. Esta película ya la vimos.
Siguiendo el argumento del Gobierno las y los trabajadores somos responsables de todos los males que aquejan al País. Entonces hablan de baja productividad, de excesivos feriados, de jornadas laborales cortas, de demasiadas vacaciones, de convenios que no contemplan el avance tecnológico. En definitiva, “de poner palos en la rueda”. Además la diputada Carrió fue clarita: “En este País nadie trabaja” refiriéndose al cambio de fecha del feriado del 24 de marzo. Joyas.
En este contexto se inscribe el nuevo capítulo de la “feria judicial”.
Respecto de la misma cabe recordar que sistemáticamente es motivo de impugnación desde los sectores más conservadores y reaccionarios que se amparan en la mala calidad de la Justicia para justificar sus ataques a un derecho adquirido de las y los trabajadores judiciales presentándola como un privilegio inaceptable.
Este intento fue muy importante durante la década de los 90 y aunque no desapareció nunca de la agenda de temas de la derecha más recalcitrante relacionada a la justicia ahora ha vuelto de la mano del Ministro de Justicia Germán Garavano como parte del paquete de reformas judiciales que propone el Gobierno denominado “Justicia 2020”.
Este funcionario es integrante de FORES, institución creada al inicio de la última dictadura para asesorarla y ligado a instituciones como el Banco Mundial y el Centro de Estudio de la Justicia de las Américas (CEJA) impulsores de reformas neoliberales en el ámbito judicial. Sin embargo hay que reconocer que el tiempo pasa, hay olvidos y pareciera ser que siempre estamos empezando.
La calidad de la Justicia no depende de la duración de los períodos de receso que por otra parte tienen una explicación histórica y valedera.
Quienes impulsan la eliminación de la feria, que de por sí es una ordenadora del trabajo judicial, ignoran o aceptan: que haya insuficiencia de órganos judiciales, que las dotaciones de trabajadores sean insuficientes, que muchas y muchos trabajadores trabajan más horas que las que marca la jornada legal, que por ese trabajo no reciben compensación alguna (ni dineraria ni horaria), que gran parte de los edificios judiciales son deplorables y no resisten una inspección de Seguridad e Higiene, que las sentencias son responsabilidad de los jueces como la investigación penal de los fiscales haya o no feria, que los procesos se prolongan innecesariamente producto principalmente de la combinación de la negligencia de los magistrados y las habituales “chicanas” procesales de los abogados, que la Justicia no es independiente de los poderes fácticos, que el Poder Judicial (tanto el nacional como los provinciales) no han sido siquiera rozados por la democratización constituyéndose en el único sector donde los trabajadores no disponen de negociación colectiva, que el poder judicial sigue siendo coto de caza de los políticos cuestión que queda palmariamente demostrada en los procesos de designación de magistrados, que la “justicia” es elitista, verticalista, machista, patriarcal y antidemocrática y lo padece el Pueblo en su conjunto.
Por todo ello, las y los trabajadores judiciales nucleados en la Federación Judicial Argentina, rechazamos cualquier intento de los gobiernos nacional y provinciales, de la Corte nacional y de las cortes y superiores tribunales de justicia provinciales de modificar cualquier condición de trabajo en los ámbitos judiciales sin debatirlo con los trabajadores y mucho menos impulsar reformas que impliquen pérdida de derechos.
Para que no queden dudas y parafraseando a un ex presidente norteamericano: “Es la lucha de clases, estúpido”
CABA, 25 de enero de 2017.-
