El día lunes se conoció la condena contra Daniel Ruiz y Cesar Arakaki por haber participado, como cientos de miles de trabajadores/as, de las protestas masivas que se produjeron en diciembre de 2017 contra la Reforma Jubilatoria que impuso el anterior gobierno.
Una vez más, jueces y fiscales aplican condenas disciplinadoras contra la protesta social a pesar de carecer de pruebas que demuestren que los acusados hayan cometido un delito concreto.
La violencia desatada por ese gobierno al suprimir derechos de lxs jubiladxs para reducir “gastos” mientras se transferían miles de millones de pesos a los bancos y especuladores a través de la bicicleta financiera, generó la reacción de los trabajadores/as que inundaron la plaza y las avenidas frente al Congreso Nacional reclamando que se frene el ajuste.
Frente a esta multitud, la única respuesta fue la represión de las fuerzas policiales desatando verdaderas cacerías sobre los manifestantes con gases, balas de goma, carros hidrantes y bandas policiales en motos, que todos/as recordamos con indignación.
Por ello la Federación Judicial Argentina (FJA) repudia el fallo del Tribunal, denunciando que los jueces y fiscales que participaron de la investigación y el juicio aplican condenas que lejos de honrar la misión de hacer justicia los muestra como serviles ejecutores de los intereses de los poderosos.