Frente a la indiferencia del gobierno de María Eugenia Vidal que sigue sin convocar a las y los trabajadores judiciales a discutir salarios en paritaria, la AJB convoca a un paro de 48 horas, en el que realizará medidas conjuntas con las y los trabajadores nucleados en ATE y la CICOP.
Durante la primera jornada del paro –miércoles 26-, las y los trabajadores de los tres gremios realizarán una movilización e instalarán una carpa frente al Congreso Nacional bajo la consigna “Por políticas públicas inclusivas en la Provincia de Buenos Aires, en Salud, Justicia, Educación y Niñez”.
Allí se desarrollarán diversas actividades –paneles, muestras fotográficas, capacitaciones y muestras artísticas- con el fin de visibilizar ante la sociedad los graves problemas estructurales que padecen el Poder Judicial, el sistema de salud, las escuelas y otros dispositivos del Estado en la provincia de Buenos Aires; como así el deterioro de los salarios estatales durante la gestión de María Eugenia Vidal.
En tanto, el jueves 27 las y los trabajadores judiciales realizarán un paro total de actividades.
“En el marco del paro de 48 horas que realizaremos el 26 y 27 de junio volveremos a confluir en la calle con las y los compañeros de ATE y de CICOP, en el entendimiento de que la unidad es el único camino posible para enfrentar con éxito un plan de gobierno que desfinancia las áreas más sensibles del Estado y en el que las trabajadoras y trabajadores somos los destinarios del ajuste”, expresó Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.
Además de la convocatoria para retomar la negociación salarial, la AJB reclama al Ejecutivo la inmediata incorporación de personal y la puesta en funcionamiento de decenas de organismos judiciales creados por ley; la conformación de mesas técnicas para acordar un proyecto de ley de negociación colectiva, para debatir la restitución del sistema de enganche con la Justicia Nacional con porcentualidad salarial, y para abordar la crisis de infraestructura en el Poder Judicial. También exige el fin de las retenciones en concepto de impuesto a las ganancias a jubiladxs y pensionadxs,
Asimismo, reclama a la Suprema Corte el cese de los descuentos por medidas de fuerza, la reapertura de las mesas de trabajo para abordar problemáticas sectoriales, la universalización del cargo de Jefe de Despacho, la implementación de la licencia laboral por violencia de género y la capacitación obligatoria con perspectiva de género regulada por la “ley Micaela”.