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Entre las organizaciones adherentes ahí presentes en el Congreso de la Nación, se encontraba la CTA Autónoma.

Durante el acto hicieron uso de la palabra, entre otros, Germán Maldonado, hermano de Santiago y las Madres de Plaza de Mayo Mirta Baravalle y Nora Cortiñas.

Cabe mencionar que además del reclamo de la aparición con vida de Santiago se exigió la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por ser la responsable política de Gendarmería y que el Estado nacional se ponga al servicio de la investigación garantizándola y arbitrando los medios para localizar al Compañero.

Aparición con vida de Santiago Maldonado fue el reclamo unánime y desesperado durante la conferencia de prensa realizada el pasado viernes, que fue convocada de manera urgente por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y familiares y amigos del joven desaparecido, y que acompañaron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales en la sede de la Federación Judicial Argentina (FJA), en Capital Federal.

Santiago fue visto por última vez el martes pasado durante la represión de Gendarmería en la lof de Cushamen, en Esquel. Cada vez más testigos confirman que el joven fue cercado por agentes de Gendarmería, golpeado y trasladado en una camioneta. La CPM presentó un habeas corpus por desaparición forzada antes el juzgado federal de Esquel y hoy envió una carta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“La desaparición de Santiago es responsabilidad de los gobiernos nacional y provincial, quienes tienen que responder de manera urgente sobre su desaparición y garantizar su aparición con vida”, señaló el presidente de la CPM, Víctor Mendibil. Y agregó: “Hay fuertes indicios de que Santiago fue cercado por agentes de Gendarmería y trasladado en una camioneta; desde entonces no sabemos nada más de él”.

Santiago Maldonado está desaparecido desde hace tres días, tras la brutal represión de Gendarmería en la lof de Cushamen en Chubut. Las fuerzas federales ingresaron ilegalmente al predio recuperado por la comunidad mapuche disparando balas de goma y destruyendo todo a su paso. Cuando intentaba escapar de la represión, Santiago fue alcanzado por un grupo de gendarmes que primero lo redujo en el suelo y después lo subió a una camioneta blanca.

“A mi hermano lo llevó Gendarmería y ahora dicen que no lo tienen detenido en ningún lado. Nosotros creemos que la situación es muy clara: a Santiago lo torturaron y lo descartaron o lo tienen encerrado y están esperando que las marcas de la violencia se pierdan para largarlo”, señaló Germán Maldonado. “Queremos que aparezca con vida y tenemos el derecho a saber la verdad. Necesitamos que hoy mismo el Estado nos dé una respuesta”, resumió.

Junto a los familiares y amigos de Santiago, también acompañaron integrantes de la CPM, Roberto Cipriano García, Ernesto Alonso, Susana Méndez y Sandra Raggio, directora general, y representantes del CELS, la APDH y la Liga por los derechos del hombre. También acompañaron Rosa Bru y Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga. La conferencia de prensa se realizó en la sede de la Federación Judicial y Hugo Blasco, su secretario general, acompañó la iniciativa.

Tanto la familia de Santiago como los organismos de derechos humanos destacaron que su desaparición se da en el marco de la creciente criminalización, persecución y represión de la comunidad mapuche. Lejos de los discursos que lo señalan como un activista o terrorista, Santiago era un viajero que había llegado el lunes a Chubut y se había solidarizado con la lucha de la lof de Cushamen, que viene reclamando por sus derechos ancestrales. Hacía sólo 24 horas que estaba en Esquel.

Por el habeas presentado por la CPM esta mañana se realizó una audiencia en el juzgado federal de Esquel, a cargo del Dr. Otranto, con presencia de representantes de Gendarmería que manifestaron no tener conocimiento del paradero del joven ni de su detención. Dada la gravedad de la situación y frente al preocupante silencio oficial, la CPM envió una carta abierta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, reclamando la intervención del Estado y la aparición con vida de Santiago Maldonado, el cese de la criminalización, persecución y represión del pueblo mapuche, y el reconocimiento de sus derechos ancestrales.

En esa misma nota, la CPM denuncia además las recientes declaraciones públicas de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde justifica el accionar violento y represivo de la Gendarmería contra la comunidad mapuche y acusa de terrorismo, entre otros, al presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel.

Ayer por la tarde, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo ( FADU ) de la UBA, se llevó a cabo el acto donde las autoridades de la casa de Altos Estudios hicieron entrega a Elia, del legajo de su hijo Hugo Miedan, detenido desaparecido en 1977.

Esta iniciativa de la Facultad se enmarca en la política de la misma de honrar la Memoria de los 117 estudiantes, docentes y trabajadores víctimas del Terrorismo de Estado.

Con este, suman 53 los legajos entregados a los familiares de las compañeras y compañeros desaparecidos.

Del acto participaron las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas y Mirtha Baravalle; representantes de organismos de Derechos Humanos, partidos políticos, del Centro de Estudiantes de la Facultad, y de sindicatos, entre ellos el secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA) y de DDHH de la CTA Autónoma (CTA A), Hugo Blasco.

La Federación Judicial Argentina adhiere al pedido de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que le reclamó a Néstor Grindetti, intendente de Lanús, que remueva de su cargo al secretario de Seguridad de ese municipio, Diego Kravetz.

Es por su participación en la entrevista que el programa Periodismo para Todos realizara a un niño de 11 años “violando sus derechos e incumpliendo las normas que garantizan su protección”.

El organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel y nuestro compañero judicial Víctor Mendibil, determinó que las imágenes difundidas por Canal 13 “constituyen una grave vulneración de derechos, y exigen una intervención urgente para el esclarecimiento de las responsabilidades y su consecuente sanción”.

“La exposición mediática desconoce los principios, derechos, garantías y el propio sistema de protección y promoción integral de los derechos del niño. Resulta altamente preocupante el hecho de que la entrevista se haya realizado sin el consentimiento de un adulto y sin la libre voluntad del niño, todo ello a sabiendas la vulnerabilidad social, económica, física y psicológica que padece desde su nacimiento”, dice el comunicado.

Según el organismo, “el hecho es aun más grave ya que la producción de Periodismo Para Todos contó con la participación necesaria de de agentes de la policía de Buenos Aires y funcionarios públicos del Municipio de Lanús, bajo las órdenes del secretario de Seguridad, Diego Kravetz”.

En ese sentido, la CPM exigió que el funcionario “sea apartado inmediatamente de su cargo”. Para el organismo, Kravetz “fue partícipe de una escena que claramente estuvo orientada a realizar un uso mediático de un niño para legitimar el creciente discurso punitivista del Estado y justificar las prácticas arbitrarias e ilegales sistemáticas de las fuerzas policiales”.

“Preocupa aún más porque no es la primera vez que se conocen modos de proceder del funcionario en los que su participación parece estar más inclinada a su involucramiento operativo que en el control del desempeño policial. Estando a cargo de esa secretaría la capacitación de los y las policías locales, alarma que estos criterios que traslucen un profundo desconocimiento o menosprecio por los derechos reconocidos a los NNA, sean transferidos a los agentes”, agrega el texto.

La Federación Judicial Argentina celebra el fallo de 12 condenas a perpetuas, entre las que se encuentran los jueces que fueron partícipes y actores centrales de la dictadura.

Los delitos de lesa humanidad juzgados incluyen la apropiación de una menor, secuestros, torturas, delitos sexuales, desapariciones forzadas y asesinatos.

En esta sentencia histórica se juzgó, sobre todo, a partícipes civiles del genocidio.

Aquí la lista de los condenados:

Alcides Paris Francisca Beccaria: prisión perpetua

Mario Alfredo Laporta Chielli: 15 años de prisión

Ricardo Benjamín Miranda Genaro: 10 años de prisión

Luis Alberto Rodríguez Vázquez: prisión perpetua

Amando Osvaldo Fernández Miranda: prisión perpetua

Pablo José Gutierrez Araya: prisión perpetua

Marcelo Rolando Moroy Suárez: 18 años de prisión

Diego Fernando Morales Pastrán: 15 años de prisión

Miguel Ángel Tello Amaya: prisión perpetua

Rubén Darío González Camargo: 20 años de prisión

Julio Héctor La Paz Calderón: 20 años de prisión

Antonio Indalecio Garro Rodríguez: 3 años de prisión condicional

José Antonio Lorenzo Constantino: 3 años de prisión condicional

Armando Hipólito Guevara Manrique: 5 años de prisión

Juan Carlos Ponce Ochoa: absuelto

Héctor Rubén Camargo Granda: absuelto

Miguel Ángel Ponce Carrera: absuelto

Oscar Alberto Bianchi Bartell: 6 años de prisión

Pedro Modesto Linares Pereyra: 6 años de prisión

Paulino Enrique Furió Etcheverri: prisión perpetua

Ramón Ángel Puebla: 20 años de prisión

Dardo Migno Pipaon: 20 años de prisión

Carlos Horacio Tragant Garay: prisión perpetua

José Antonio Fuertes Fernández: prisión perpetua

Otilio Romano Ruiz: prisión perpetua

Guillermo Max Petra Recabarren: prisión perpetua

Luis Francisco Miret: prisión perpetua

Rolando Evaristo Carrizo: prisión perpetua