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El Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, llamó a indagatoria al actual Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y otros cinco imputados, por el secuestro y tortura de militantes durante la última dictadura militar.

La denuncia penal fue realizada a fines del año 2016 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), con el aporte de documentación del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). De allí surge que Fernández Garello, quien era agente de esa repartición policial, participó del secuestro y tortura de militantes comunistas durante la última dictadura militar y en otras actividades de inteligencia ilegal.

Esa documentación del archivo de la DIPPBA demuestra la participación del actual Fiscal General de Mar del Plata en al menos diecisiete actos de inteligencia, en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

Fernández Garello se encuentra involucrado en la causa por los apremios ilegales contra un militante comunista en 1982 y en la detención de tres militantes de esa organización el 23 de Julio de 1981. El entonces Oficial Subinspector participó del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores.

A raíz de esta denuncia, la Asociación Judicial Bonaerense junto a la Federación Judicial Argentina, la Comisión Provincial por la Memoria, el SERPAJ, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos solicitaron el juicio político del fiscal. Sin embargo, a pesar de que el jurado de enjuiciamiento fue conformado, todavía no fue convocado para tratar el tema.

El reciente llamado a indagatoria vuelve a poner el tema en el tapete y obliga a avanzar de manera urgente en el juicio político y en la destitución de Fernández Garello, puesto que el ejercicio de un cargo dentro del Poder Judicial de quien fuera agente de inteligencia durante la última dictadura cívico-militar, es incompatible con un estado democrático de derecho.

Será en una audiencia pública que se realizará el 24 de octubre en Montevideo, Uruguay, gestada a partir de una presentación impulsada por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), acompañados por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio y diversas organizaciones sindicales y de derechos humanos.

La audiencia en la que se expondrán las denuncias contra el Estado Argentino por el ataque a los abogados laboralistas, a la justicia del trabajo y a los Sindicatos, se realizará el martes 24 de octubre a las 9:45 horas en el Palacio Legislativo de Montevideo.

En su momento, al solicitar la audiencia, la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas había denunciado que los ataques del gobierno de Macri a los abogados y a la justicia laboral estaban destinado a “estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a quebrantar la independencia del poder judicial, especialmente la Justicia Nacional del Trabajo” y enfatizó que se trataba de maniobras que “encubren el objetivo de alterar en forma sustancial los derechos de los trabajadores”.

Las denuncias abarcan, por ejemplo, los pedidos de juicio político de cinco jueces laborales por el contenido de sus sentencias, los ataques a los abogados laboralistas como forma de obstaculizar el acceso a la justicia, las intervenciones a los sindicatos, la criminalización de la acción colectiva, etc.

La audiencia que realizará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue requerida, entre otras organizaciones, por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y una decena de asociaciones sindicales y de derechos humanos de la Argentina. Entre otras, la Federación Judicial Argentina, ATE, Aceiteros, Sipreba, Actores, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas, la APDH, CEPRODH, etc.

Gómez manifestó que el Tribunal procedió a liquidar con el 10% y por eso ellos levantaron el acampe frente al TSJ pero “Ahora nos encontramos no sólo con la tardanza en el pago sino con la intención del Ministro de Economía de dar marcha atrás con lo que antes se había comprometido en la paritaria y eso ha generado el paro”.

“El pleito se generó en lo judicial y en lo sindical porque tuvimos un acampe en defensa de nuestro sistema salarial que duró 141 días y culminó con una nota en el Ministerio de Economía donde le decía al Tribunal Superior de Justicia que le iba a generar el crédito financiero necesario a los efectos de aplicar ese 10% y que habilitaba al TSJ a liquidar el salario de agosto con el 10% incluido”.

La encuesta será distribuida por los sindicatos que integran la FJA en cada una de las oficinas judiciales provinciales y de la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un instrumento sencillo que se desarrollará durante el mes de octubre consultando a los/as trabajadores/as judiciales de todo el país acerca de sus condiciones laborales.

Encontrarán preguntas vinculadas a los llamados “factores de riesgo”, es decir condiciones edilicias (condiciones de seguridad e higiene, contaminantes, cuestiones ergonométricas) y por otro lado a la organización y la carga del trabajo (autonomía, toma de decisiones, reconocimiento, violencia laboral, etc.). La encuesta abarca tanto el ambiente físico de trabajo como las relaciones interpersonales en el mismo.

Durante este año, la Federación Judicial Argentina, se propuso abordar la temática de Salud Laboral entre sus ejes prioritarios de capacitación y acción gremial, retomando la experiencia y los estudios desarrollados por la entidad federativa a lo largo de su historia.

Para esto, se llevaron adelante las I y II Jornadas Nacionales de Salud Laboral realizadas en Paraná (Entre Ríos) y San Luis, respectivamente, co-organizadas entre el Centro de Estudio y Formación de la FJA y el equipo de Salud Laboral de la AJER, que generosamente aportó su importante experiencia en la temática. En las mismas participaron compañeros/as de diferentes provincias que contribuyeron con sus experiencias a la construcción colectiva de conocimiento.

En estos encuentros se desarrollaron diferentes ejes de debate y formación: los cambios en los perfiles epidemiológicos en el siglo XXI, las enfermedades no transmisibles y su vínculo con las condiciones de trabajo, los factores de riesgo y la importancia de la participación de los trabajadores/as en las cuestiones de salud y seguridad laboral, el sistema de riesgo de trabajo y ART; a su vez fuimos recuperando los diferentes abordajes de esta temática que se han realizado en cada una de las filiales que componen nuestra Federación.

A partir de estas jornadas y con la aprobación de la Mesa de la FJA, se planteó este nuevo desafío y se cumplió lanzando la Encuesta Nacional de Salud Laboral en el Ámbito Judicial 2017.

Desde la FJA se espera que esta sea una gran herramienta de militancia, que sirva para fortalecer los sindicatos provinciales y a su vez para construir conocimiento a partir de la voz protagónica de los/as trabajadores/as del Poder Judicial, y por ello la encuesta se lanza con la siguiente consigna: “Durante el próximo mes, solicita la encuesta en tu sindicato”.

Nos interesa tu opinión!

En horas de la tarde, tres personas entraron a robar en su casa. Adolfo se encontraba con su esposa y uno de sus nietos. Ninguno de los tres fue golpeado y se encuentran bien, pero fueron atados mientras se produjo el robo durante aproximadamente 45 minutos. Se llevaron dinero y diversos objetos de valor.

Estaban bien organizados; no eran principiantes. Los tres estaban bien vestidos, utilizaron guantes, hablaban correctamente, tenían el pelo corto y una contextura física cuidada.

Luego de la denuncia al 911, la policía llegó al domicilio para hacer los procedimientos correspondientes y el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, se comprometió a dedicar recursos a la investigación.

Es un hecho grave que debe investigarse y esclarecerse. Por esto, resulta imprescindible garantizar la seguridad y protección de los referentes del movimiento de derechos humanos, en este contexto marcado por la desaparición de Santiago Maldonado y otra serie de hechos que deben ser un alerta que el Gobierno esta obligado a escuchar.

Pablo Barreno, Secretario General de Sitrajur

En un comunicado de prensa, la Comisión Directiva recordó que Baquero tiene procesos penales pendientes ante las denuncias realizadas en su contra bajo la figura de abuso de poder, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por violación a la ley de ética pública, y el tratamiento del correspondiente juicio político en la sala acusadora de la Legislatura.

De la misma manera, agregaron desde el SITRAJUR, que “en la justicia algunos son más iguales que otros, existiendo jueces y funcionarios judiciales que recientemente fueron destituidos bajo los procesos vigentes”. En ese sentido, denunciaron la “desigualdad” ante la ley por el tratamiento diferenciado en este caso, “sobre todo si dicho proceso puede culminar en un evidente privilegio”.

Asimismo, señalaron que la “maniobra” le permitiría al Poder Ejecutivo provincial elegir al jefe/a del Ministerio Público “en un proceso de resguardo, ante la evidente fuga del poder político”.

En consecuencia, expresaron que “a los judiciales no les cabe ninguna duda, que la apertura de dicha vacante, traerá como consecuencia la disputa para la elección de su reemplazo a la medida del Poder Ejecutivo provincial”. “Desde el sindicato, como contrapartida, se reivindica la necesidad imperiosa de la democratizar la justicia tanto en el proceso de elección como de remoción de jueces con participación popular y de los trabajadores”.

Por último, concluyeron: “Más temprano que tarde se constituirá un punto de inflexión dentro del Poder Judicial cuando la Procuradora General deje su cargo, consolidando una contundente victoria de los trabajadores judiciales producto de la movilización permanente contra la precarización laboral, el nepotismo y el rotundo fracaso de la reforma del Código Procesal Penal”.

El pasado 26 de julio, la empresa de limpieza Distribon S.R.L. despidió sin causa a Teresa Avalos, de 56 años y con seis años de antigüedad, quien desempeñaba sus tareas en los Tribunales de San Martín.

Esta empresa se adjudicó en 2017 la licitación del servicio de limpieza del edificio central de Tribunales, reemplazando a la firma Manserga S.A.. En abril, Distribon S.R.L. forzó la renuncia de la totalidad de la planta de empleados y empleadas de la concesionaria anterior, bajo promesa de mantenerles el puesto de trabajo. Por medio de este artilugio empresarial, esos trabajadores y trabajadoras perdieron su derecho a la antigüedad.
Teresa se encontraba en esa situación, y su despido se consumó sin siquiera una indemnización, por encontrarse “legalmente” dentro de los tres meses del período de prueba.

Las empresas tercerizadas de limpieza, que pagan salarios de hambre a nuestros compañeros y compañeras $5.500 en promedio, se manejan con total impunidad, profundizando la ya vergonzosa precariedad laboral que vienen sufriendo sus trabajadores y trabajadoras. Maniobras fraudulentas como las de Distribon S.R.L.

se practican cotidianamente en los diecinueve departamentos judiciales de la provincia. Esto es posible porque la falta de control sobre esas empresas es parte de la política precarizadora del Estado provincial.

Fruto de la solidaridad de sus compañeros y compañeras judiciales, del activo involucramiento de la AJB, se logró la reincorporación de Teresa, que pasará a prestar funciones en otro edificio judicial. Es una gran noticia, que debe alegrarnos, pero al mismo tiempo debe hacernos tomar conciencia de la estafa que representa la flexibilización laboral y de la necesidad de una solución de fondo a este problema.

En ese camino, la AJB seguirá luchando incansablemente por el pase a la planta permanente del Poder Judicial de todos los trabajadores y las trabajadoras tercerizadas de limpieza.