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Ejemplo de ello su acción o inacción, según sea el caso, en los conflictos colectivos que se vienen sucediendo; en los proyectos impulsados de modificación de las normas laborales vigentes, entre ellas la reciente aprobación de una reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo; y en la intervención limitativa de los derechos de los trabajadores en las negociaciones colectivas y especialmente en las salariales.

En relación a esto último, en lo que va del año, se puso de manifiesto en las negociaciones de la actividad bancaria, lo que fuera denunciado por el sindicato de dicha actividad. Con motivo de dicha injerencia del Ministerio, tendiente a reducir el porcentaje de incremento salarial al que habían arribado las propias partes colectivas, y por la negativa a homologar el acuerdo, debió intervenir la Justicia del Trabajo, a la que se sometió la cuestión por parte de la Asociación Bancaria.

La sala de feria de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, integrada en mayoría por los Jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, resolvió una medida cautelar en la que instaba al Ministerio de Trabajo a resolver el trámite de homologación y advertía sobre la vigencia de la Ley 14.250, de negociaciones colectivas, por la que resulta una obligación legal de la autoridad de aplicación proceder a la homologación, salvo que hubiese una violación del orden público o fundadas razones de afectación del interés general.

Con posterioridad a dicha resolución, confirmada por otra sala a la que se derivó el expediente luego de la feria, el Ministerio accedió a la homologación del acuerdo en los términos en que había sido convenido entre las partes. Con ello se puso en evidencia la desviada actuación del Ministerio de Trabajo, violando la autonomía colectiva e incumpliendo las obligaciones legales a su cargo.

No obstante ello, y habiendo concluido el conflicto por la voluntad de las partes colectivas, el Poder Ejecutivo Nacional estaría promoviendo el juicio político, a través de un pedido de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura Nacional, a los dos jueces que intervinieron en la medida cautelar peticionada por la Asociación Bancaria. Ello determina una gravísima injerencia, ahora en el Poder Judicial, motivada por la sola discrepancia en un fallo judicial.

La decisión del Poder Ejecutivo, en consecuencia, es una enorme violación al la división de poderes y un intento de negar las facultades de la jurisdicción en el control de los actos de gobierno y en la supremacía de las normas constitucionales y el cumplimiento de la legislación dictada en su consecuencia.

La reacción del Sr. Ministro de Trabajo, quien ante el previo incumplimiento en sus deberes como funcionario público, reacciona de manera abusiva, tratando de afectar la dignidad y el respeto de los jueces de la Nación, e intimidando con ello a la Justicia toda, no puede merece más que el rechazo unánime y la solidaridad activa con dicha Justicia del Trabajo y con los jueces Marino y Arias Gibert en particular.

Más allá de la absoluta condena a dichos actos y las denuncias que corresponda sostener contra el Sr. Ministro de Trabajo y el Poder Ejecutivo Nacional violatorias de la Constitución Nacional, lo cierto es que ello pone en evidencia, una vez más, el rol asumido por dicha cartera de Estado en perjuicio de los trabajadores y en favor de los sectores empresarios.

Cabe destacar que la Corte Interamericana no revoca sentencias nacionales, sino que emite opinión sobre la política de un Estado sobre los Derechos Humanos y esas decisiones, si no son cumplidas por el Estado en cuestión, le acarrean sanciones. El Estado Argentino ha reconocido constitucionalmente a estas instancias internacionales, por tanto está obligado a cumplir sus resoluciones.

En tal sentido, el Poder Judicial no es independiente y si desde las altas esferas de la conducción del Estado se acepta esa reversión, lo que se pone en peligro a futuro es la propia política de defensa de los Derechos Humanos.

Desde la CTA-A repudiamos este accionar de la Corte ya que no puede tomar tal decisión en contra de los intereses de los pueblos y estamos convencidos que el Estado no debe convalidar dicho proceder.

Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma

Hugo Blasco – Secretario de DD.HH. CTA Autónoma

La empresa multinacional EDEA viola la Ley del Marco Regulatorio, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las normas convencionales vigentes. Todo esto ante la pasividad de los entes reguladores y del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Falta de personal, tercerización, pésimo servicio eléctrico, tarifas abusivas son una constante que ha generado no sólo la reacción gremial sino la de amplios sectores sociales y hasta de partidos políticos oficialistas tanto en el orden local como provincial y nacional porque la actitud empresarial no sólo agrede a los trabajadores sino que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

La FA no sólo hace llegar su solidaridad sino que alienta el acompañamiento de toda la comunidad a la lucha de las y los compañeros lucifuercistas marplatenses y en particular a la jornada de paro y movilización del día miércoles 22 del corriente mes.

CABA, 20 de febrero de 2017.-

Hugo Blasco

Secretario General

Federación Judicial Argentina

Este importante hecho no es producto de la fatalidad ni de la casualidad. Durante años, con mucha constancia y coherencia, distintos organismos de DDHH junto a otros sectores populares denunciaron al ex Jefe del Ejército ( 2013 y 2015) y exigieron a la Justicia actuar en consecuencia a la par de oponerse a su designación en tal alto cargo y luego exigir su remoción.

Mención aparte para la madre y hermana de Alberto Agapito Ledo que nunca bajaron los brazos y continuaron con la búsqueda de justicia a lo largo de los años.

Seguramente muchos que negaron las acusaciones y/o defendieron al militar ahora se pronunciarán a favor de su condena. Incluso aquellos que callaron ante la Ley Antiterrorista, el Proyecto X, la criminalización de la protesta social o el seguimiento de los Servicios de inteligencia a militantes populares.

Desde la FJA seguiremos, como a lo largo de nuestra historia, comprometidos con las causas de las y los trabajadores y el Pueblo y en tal sentido impulsando el Juicio y Castigo a los responsables intelectuales y materiales del Terrorismo de Estado.

Por Memoria, Verdad y Justicia!!!

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!!!

Hugo Blasco

Secretario General

Mediante un Comunicado de Prensa el gremio calificó al hecho como“Una verdadera afrenta contra la legislación protectoria consagrada por el derecho laboral, que pone en riesgo el conjunto de las garantías de todo el sistema sindical afectando no sólo a los trabajadores de Córdoba sino de todo el país”. En este sentido el Comunicado Gremial afirma que el fallo “concibe una hermenéutica regresiva, dado que el empleador se torna en juez y parte. La justicia en su faz jurisdiccional asume como cierto lo que previamente se decidió en un sumario elaborado por la patronal para luego fallar en detrimento del trabajador”.

El secretario general, Federico Cortelletti fue enfático al ser consultado sobre el tema y calificar al hecho como “un verdadero insulto a las instituciones democráticas y al derecho laboral” afirmó que “el Tribunal Superior pretende convalidar un despido de un dirigente gremial, por motivos sindicales sin haber respetado la tutela gremial”.

Sostuvo además que el fallo es “escandaloso por que el tribunal superior se arroga una VENTAJA ILEGAL respecto de otros empleadores porque primero despide y luego promueve el desafuero, entonces se pone por encima de la ley que ordena en sus sentencias aplicar pero que el mismo no las cumple con sus trabajadores”.

“Hemos puesto en conocimiento y estamos trabajando sobre esta grave situación con la Federación Judicial Argentina, la CGT regional Córdoba y Círculos de Abogados Laboralista de todo el país” concluyó.

Por su parte el secretarii gremial Adrián Valán, expresó que “La resolución convalida JUDICIALMENTE las actuaciones administrativas previas del empleador que determinó la CESANTÍA del trabajador sin
haber cumplido previamente el procedimiento del desafuero sindical tal y como lo prevé taxativamente la norma laboral.”

A su vez el secretario de organización, Germán Viani expresó: “Son súmamente peligrosos los pasos que el TSJ viene dando en el caso de nuestro compañero Walter Chilo, no sólo para el mismo y los empleados
judiciales, sino para el conjunto de los trabajadores ya que pretende anularse la legislación protectoria consagrada por el derecho laboral.

El Estado, y en especial el Poder Judicial, debería mostrar un irrestricto respeto por el orden jurídico, dada su condición de custodio de la legalidad”.

CONTACTOS:

Federico Cortelletti

Secretario General AGEPJ

(0351) 155-122984

Germán Viani

Secretario de Organización

(0351) 153-312781

REDES:

Twitter: @CortellettiF
F: Gremio Judiciales Córdoba

En efecto, en su informe de febrero del corriente año el informe de la Comisión expresa:

a)“La Comisión recuerda que este asunto fue ya tratado, en 2012, por el Comité de Libertad Sindical (véase 364.o informe, caso núm. 2881, párrafo 231) en el que recomendó al Estado «que tal como dispone el artículo 5 del Convenio núm. 154 adopte las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, inclusive legislativas si fueran necesarias, para fomentar la negociación colectiva entre las autoridades del Poder Judicial y las organizaciones sindicales concernidas».

b)“La Comisión insta al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para garantizar el derecho de negociación colectiva de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación y de todas las provincias de la República Argentina y pide que siga informando sobre toda evolución al respecto.

Ante la contundencia del pronunciamiento de un organismo internacional de la jerarquía de la OIT, que constata el incumplimiento del Estado Argentino respecto del Convenio Internacional 154 suscriptos oportunamente por el Estado Argentino y que tienen rango constitucional dentro del país, la Federación Judicial Argentina y el conjunto de gremios de primer grado de todo el país adheridos a la misma esperan una rápida respuesta al reclamo.

Un paso fundamental en esa dirección sería la aprobación por parte del Congreso de la Nación del proyecto de ley de negociación colectiva presentado por la FJA en diciembre del año pasado. Sin perjuicio de ello, se espera también una rápida respuesta de la Corte Nacional, del Poder Ejecutivo Nacional y la Junta Federal de Cortes al permanente pedido de audiencia para tratar la cuestión.

No nos caben dudas que las y los trabajadores judiciales lograremos más temprano que tarde la tan ansiada y legítima negociación colectiva luchando como hasta ahora con mucha compromiso y unidad.

CABA, 10 de febrero de 2017.-

“Marcelo Vázquez pretende instalar, en donde hoy funciona la escuela, las salas de audiencia para las personas detenidas que se encuentran en las alcaldías y las celdas correspondientes. En los próximos días los alumnos comienzan a rendir exámenes y las clases comienzan en el mes de marzo, aún no se ha dispuesto espacio alguno para que la escuela tenga continuidad, pero, sin ningún tipo de escrúpulos, este Consejero hapresionado a l@s compañer@s para que abandonen las aulas y oficinas
administrativas, llegando al extremo de enviar a la policía para que los saque por la fuerza, de ser necesario, poniendo en peligro el inicio de clases y la continuidad del programa educativo”, explican en el comunicado

Los agentes policiales se presentaron mientras los compañeros Gustavo Sacco, Maximiliano García y Daniel Díaz, en representación de l@s compañer@s del programa educativo, se encontraban reunidos con la presidencia del Consejo debatiendo y buscando un nuevo espacio para la mencionada oficina y las aulas de la escuela.

Esta situación agrava las circunstancias, considerando que nadie se opone a la eventual mudanza del área, ni tampoco se cuestionan las necesidades en torno a la
instalación de las salas de audiencia, sino que simplemente denota y acentúa el accionar despótico y unilateral del consejero VAZQUEZ, que no pretende encontrar soluciones, sino imponer su voluntad aún cuando ello implique el uso de la fuerza por sobre la razón.

Varios compañeros y compañeras se acercaron al lugar en cuestión, encontrándose con la reja del edificio cerrada con candado y con el personal de seguridad del Consejo vigilando la entrada para impedir el acceso.

Cuando ingresó la policía l@s compañer@s intentaron ingresar al edificio, resultando una compañera lastimada en el brazo. El personal de seguridad tenía la orden de no dejarlos ingresar, por lo que comenzó a presionar entre las rejas a la compañera, que ademásbpertenece al departamento a cargo del área…inconcebible, huelgan las palabras.

Se intentó de desalojar, mediante el uso de la violencia, un lugar de enseñanza, con l@s trabajador@s de la propia oficina adentro, para garantizar el pronto funcionamiento de una cárcel, poniendo en jaque el funcionamiento de la escuela, en donde, desde hace varios años, l@s judiciales pueden finalizar sus estudios, crecer y finalmente cumplir con esta asignatura pendiente.

Reiteramos, no se pretende resistir caprichosamente u ocupar una oficina porque sí, pretendemos que la escuela tenga un lugar en donde se garantice su funcionamiento, en donde se continúe capacitando y educando, en donde los judiciales y la ciudadanía podamos continuar dotándonos de más recursos para mejorarnos y mejorar nuestra cultura y nuestra sociedad.

Queda sumamente claro cuál es la posición del consejero Vázquez, cuáles son sus prioridades. A Vázquez no le importa si la escuela sigue o si se extingue, Vázquez necesita urgente la cárcel y las salas para sus detenidos en ESE lugar, aún cuando existen otras alcaldías con sus celdas y salas de audiencia en el Poder Judicial, aún cuando las que quiere desalojar sin destino son las ÚNICAS aulas y la ÚNICA
escuela del Poder Judicial, aún cuando ya comienzan las clases y es imperiosa la necesidad de que todos esos alumnos que quieren estudiar tengan un lugar donde hacerlo.

Por eso decimos que el debate es represión versus educación, porque esto no es más que una pequeña muestra de un serio problema de nuestra sociedad y de nuestros políticos. Desde AEJBA entendemos que las leyes más duras, la baja de edad de imputabilidad y toda política represiva de nada sirven si no apostamos a una mayor y mejor educación, si no tenemos un sistema educativo responsable, serio e integrador de la sociedad.

Esperamos que la voz de Vázquez no sea la que representa a nuestro Poder Judicial en este sentido. Tenemos un Poder Judicial que no sólo juzga y ocupa su rol de cumplimiento y regulación normativa en el estado de la Ciudad, nuestro Poder Judicial también educa e integra, nuestro Poder Judicial apoya al desarrollo y crecimiento de sus trabajador@s.

No permitamos que nos arrebaten eso, una vez más estuvimos allí para que atropellos de esta magnitud no vuelvan a suceder, hoy más que nunca DEFENDAMOS NUESTRA ESCUELA.

COMISIÓN DIRECTIVA AEJBA

Ante las iniciativas en el ámbito nacional y provincial tendientes a eliminar la feria judicial, la AJB declaró el estado de alerta y movilización y exigió al Estado provincial la convocatoria para discutir la pertinencia de esta medida, así como la afectación de los derechos laborales que se encuentran en juego. Para esto envió en el día de la fecha pedidos de reuniones urgentes al Ministro de Justicia, a la Suprema Corte y al nuevo Procurador General.

“Lamentablemente asistimos una vez más a iniciativas que, no casualmente en un año electoral, pretenden encontrar soluciones a los múltiples y profundos problemas que tiene el Poder Judicial sobre la base de restringir derechos de quienes con nuestro esfuerzo hacemos que los tribunales funcionen todos los días”, expresó Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.

Asimismo, la conducción provincial del gremio judicial llamó a realizar asambleas durante la semana que viene en los diecinueve departamentos judiciales, con el objeto de definir estrategias para enfrentar los intentos de precarizar las condiciones de empleo en el Poder Judicial, así como determinar los reclamos que la AJB llevará a la paritaria salarial que dará inicio el próximo 10 de marzo.

En línea con lo resuelto anteriormente, la Asociación Judicial Bonaerense realizará un Congreso Extraordinario el próximo 21 de febrero, donde se debatirán los temas mencionados a partir de los mandatos de las asambleas departamentales.

“Mientras no se aborden los problemas centrales del Poder Judicial, tales como el incremento del presupuesto necesario para nombramiento de personal y creación de nuevas dependencias, la democratización del sistema de selección de magistrados y en el ingreso de empleados y funcionarios, todas las iniciativas para reformar la justicia caerán en el fracaso porque instalan falsos debates, y serán enfrentadas por nuestro sindicato”, agregó Abramovich.