El presidente de la CPM y Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto al copresidente Víctor Mendibil presentaron un duro informe al Senado el cual busca alertar sobre las “violaciones de los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, conducido por Daniel Scioli desde el año 2007”.
Asistieron a la presentación realizada en el Anexo del Senado, el vice gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, el secretario de Derechos Humanos, Marcelo Cantón, el Defensor Gral de Casación Mario Coriolano, la jueza de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, y familiares de víctimas de la tortura.
Además estuvieron presentes representantes de sindicatos, de organismos de Derehos Humanos, organizaciones sociales, y Norita Cortiñas, integrante de la Comisión por la Memoria y de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Para dicha investigación se realizaron 6 mil entrevistas a detenidos y/o familiares, que registraron 18.557 casos de agravamiento de las condiciones de detención, por lo que se presentaron más de 3.000 pedidos de hábeas corpus para denunciar alrededor de 12 mil casos de torturas o malos tratos en las cárceles bonaerenses.
La CPM detectó además que en muchos casos existe una nula o deficiente atención médica, así como también la falta de medicamentos.
El informe
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en las cárceles bonaerenses muere un preso cada 56 horas, por ser víctimas, la mayoría, de enfermedades que no son asistidas a tiempo. En el 2015 hubo alrededor de 145 muertes por cárcel en la Provincia a causa del mismo hecho.
De acuerdo al informe, en las cárceles de Buenos Aires las condiciones de vida son alarmantes, hay falta de insumos, deficiencias edilicias, falta de higiene y un alto índice carcelario. A su vez, se alertó que el 65 por ciento de las muertes ocurren debido a “enfermedades curables no asistidas”.
Respecto al índice carcelario el Registro Único de Detenidos de Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, informó que el año pasado se alcanzó el record de presos en la historia de la Provincia, albergando a casi 40.000 detenidos, de los cuales el 56% se encontraba en prisión preventiva.
Por otra parte, es importante destacar que la capacidad máxima para las cárceles bonaerenses es de 24 mil presos, pero en este caso el cupo no es respetado, si no que, por el contrario, hay casí 10 mil detenidos más de lo permitido. Esto produce condiciones de hacinamiento en las diferentes penitenciarías.
“Las nuevas autoridades (del Gobierno provincial) tienen que hacer lo necesario para que las cárceles sean lugares dignos que ayuden a reinsertar a los condenados”, sostuvo Adolfo Pérez Esquivel
Por su parte el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón afrmó que “la CPM es independiente y es muy bueno que así sea para que demande al Estado”.
El funcionario admitió que en materia de Derechos Humanos no pueden haber diferencias entre la sociedad civil y el Estado, y reconoció que la tortura existe, que hay que erradicarla y el Servicio Penitenciario Bonaerense “no da las respuestas que debe”.
A la presentación del informe de la CPM que presidente Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, asistieron el secretario adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane y el secretario de Derechos Humanos de la CTA y de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco.
Homenaje a Hugo Cañon
La CPM rindió homenaje al ex Fiscal General, Hugo Cañon, fallecido este año en un accidente de tránsito, quien fue un activo defensor de los derechos humanos. Comprometido con la búsqueda de la Memoria, la Verdad y la Justicia, e integrante la Comisión Provincial por la Memoria hasta octubre de 2014.
Durante su paso por el Poder Judicial provincial en la ciudad de La Plata, participó activamente como militante de la Asociación Judicial Bonaerense.
Oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, Hugo Cañón se había recibido de abogado en la Universidad Nacional de La Plata, lugar donde se desempeñó como empleado judicial hasta 1969.
En 2006, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, le otorgó el premio “Reconocimiento a la trayectoria y el compromiso con la Defensa de los Derechos Humanos“. Y en 2007, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió como “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos“, por ser el único fiscal del país que impugnó la ley de Obediencia Debida.
