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El motivo de la actividad es la grave situación que atraviesan los trabajadores de la provincia de Chubut a raíz de la decisión del gobierno patagónico de llevar adelante un severo ajuste a costa de los trabajadores.
Hicieron uso de la palabra, entre otros, los compañetos José Luis Ronconi en nombre del SITRAJUCH y en representación de los trabajadores chubutenses y Hugo Blasco secretario general de la FJA.
Tal como fuera decidido por unanimidad en el Congreso Provincial realizado en la sede de la Departamental San Martín el pasado 28 de febrero, la AJB ha participado de diversas reuniones con otros gremios estatales provinciales, a partir de las cuales se ha logrado un consenso importante para enfrentar en forma conjunta el ajuste que pretende imponer el gobierno de Vidal.
Entre las acciones acordadas, mañana se realizará una jornada provincial de lucha, en el marco de la cual se instalará una carpa frente a la Gobernación, de la que participaron trabajarxs de SUTEBA, ATE, CICOP, UDOCBA, FEB y AJB, en la que se realizó una conferencia de prensa, paneles de debate y un acto de cierre.
Los ejes de la actividad han sido la defensa del salario, la defensa del IOMA y el IPS, y el reclamo de un mayor presupuesto para educación, salud, justicia y niñez.
El próximo 5 de abril, habrá un paro de todos los sectores unidos.
Hugo Blasco, Secretario General de la Federación Judicial Argentina, dio la bienvenida a las delegaciones presentes, resaltando la importancia de la formación sindical y la apuesta de la FJA de retomar desde 2017 con una 1era. Jornada Nacional de Salud Laboral realizada en Paraná y una 2da. Jornada en San Luis el eje salud laboral, a lo largo de la historia de la Federación.
Así también, informó sobre la nueva presentación del proyecto de Ley de Convenio Colectivo para los/as trabajadores/as judiciales, remarcando la importancia de dar la pelea conjunta para conseguir su aprobación y ampliación de derechos, conectando dicho proyecto con las condiciones de trabajo, como parte de la salud.
Por su parte, Matías Fachal, Secretario de Capacitación y Cultura de la FJA, presentó las jornadas y expresó la alegría por el compromiso de las filiales con la Encuesta Nacional de Salud Laboral, en la que participaron 16 provincias, con más de 5500 trabajadores/as consultados/as.
Nancy Hidalgo y Erica Porris, del CEFJA, entregaron los materiales y el cronograma con los horarios y actividades de la Jornada.
Desde el Centro de Estudios y Formación de la FJA se realizó la presentación del informe completo de los resultados de la Encuesta Nacional, a través de un power point, que fue enriquecido con el análisis de Germán Canteros, integrante del equipo de Salud Laboral de AJER, y las intervenciones de los/as participantes.
Por la tarde, la jornada continuó con un trabajo grupal. Divididos en tres grupos, se realizaron la ponderación de los problemas y situaciones halladas en la Encuesta Nacional de Salud Laboral en el ámbito del Poder Judicial, indicando a qué tipo de riesgos pertenece y cuáles son las situaciones que las provocan. Cada grupo después del debate colectivo, sintetizó lo discutido.
El día viernes 23, la jornada fue estructurada para trabajar en familias de riesgos para la salud, dividiéndose en: prevención de riesgos físicos (ergonómicos y accidentes); prevención de riesgos psicosociales y situaciones de violencia laboral; y prevención de enfermedades. Individualmente, los grupos se encargaron de planear propuestas para cada situación problemática, diseñar modos de implementación indicando otros actores involucrados y plazos; que fueron presentados de manera plenaria.
Sin lugar a dudas, fue un trabajo enriquecedor que sentó los primeros lineamientos para un Plan Nacional de Salud Laboral.
Al finalizar el encuentro se entregó a cada filial presente algunos resultados de las encuestas de sus provincias, se realizaron algunas correcciones de indicadores, que luego de aplicados permitirán a cada filial contar con un informe provincial propio.
Con la entrega de diplomas a los/as asistentes y de la foto de recuerdo, concluyó la jornada, con mucha alegría por los desafíos emprendidos.
Más de cien mil judiciales de todo el país siguen su lucha por la democratización de las relaciones laborales, que implica la negocación colectiva.
Este 21 de marzo fue presentado nuevamente el proyecto de ley en el Congreso, encabezado por la diputada Vanesa Siley, que además lleva la firma de Agustín Rossi, Felipe Solá, Leandro Grosso, Victoria Donda, José Pablo Carro, Walter Correa, Mónica Macha, Wado de Pedro, Francisco Abel Furlán, Nathalia González Seligra, Nicolás del Caño, Ana Carla Carrizo y Adrián Grana.
*_En el Congreso los dirigentes sindicales Matías Fachal (Aejba – FJA), la diputada Vanesa Siley (Fe-Sitraju), Hugo Blasco (FJA) y Hansel Stegemann (Fe-Sitraju)
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El proyecto tiene como objetivo principal la constitución de una Comisión de Negociación Colectiva donde estén representados, por una parte la totalidad de los estados provinciales, el Gobierno de la Ciudad Buenos Aires y el Estado Nacional y por la otra parte los representantes de los sindicatos judiciales de todo el país.
Conferencia conjunta de los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires en en defensa del salario, contra la armonización del IPS y por la normalización de las prestaciones del IOMA
El gremio judicial realizó una presentación ante el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, requiriendo “en carácter de urgente” la constitución de la mesa de negociación paritaria salarial 2018, tal como se había pactado en el acuerdo paritario del año pasado y que debería haberse concretado antes del 15 de marzo.
El secretario general de la AJB, Pablo Abramovich, firmante de la nota, hizo hincapié en que en la negociación se deben atender también las cuestiones relativas “a las condiciones de trabajo en el Poder Judicial”, para lo cual instó al Ministerio a que se cite a esa mesa de diálogo a la Suprema Corte provincial.
El gremio judicial reclama un incremento salarial del 25% en una cuota, retroactivo al 1º de enero y con cláusula gatillo; también exige la devolución de los descuentos por días de paro de 2017; la finalización del proceso de transformación de los auxiliares terceros acordado con la Suprema Corte; la restitución del 3% de antigüedad; y la universalización de la transformación de Oficial Mayor a Jefe de Despacho, para todas las categorías.
También forman parte del pliego de reclamos la licencia laboral por violencia de género en el Poder Judicial; la sanción de una ley de Paritarias para el Poder Judicial; el abordaje y resolución de los reclamos de Peritos, Mandamientos y Notificaciones, Choferes, Jardines Maternales, entre otro sectores; así como el pase a planta permanente de contratados, tercerizados y pasantes.
Por otra parte, la AJB viene debatiendo la construcción de acciones conjuntas con el resto de los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires en en defensa del salario, contra la armonización del IPS y por la normalización de las prestaciones del IOMA. También convoca a organizarse para rechazar los proyectos de reforma que intentan avanzar sobre la ampliación de la jornada laboral y la eliminación de la feria judicial.
En este contexto, el gremio judicial llamó a realizar asambleas en los diecinueve Departamentos judiciales el jueves 22 y viernes 23 de marzo, a los efectos de definir acciones en caso de persistir la falta de convocatoria a paritarias.
El mismo consiste en:
1) Incremento salarial del 15,7 % sobre la asignación de clase, el cual se hará efectivo en tres tramos.
2) Cláusula gatillo, en caso de que la inflación supere el 15,7%.
3) Incremento del coeficiente del adicional Decreto 2017 (del 10 al 11,5%).
4) En caso de que se otorgue un incremento salarial, superior al aquí pactado, a otro sector de l@s estatales, ese aumento se aplicará también a l@s trabajador@s de la justicia.
La oferta votada fue el resultado de una dura puja previa entre los paritarios del gremio y la patronal. Está claro que no es todo lo que hubiésemos querido. La persistente y elevada inflación, que merma constantemente el poder adquisitivo, obliga a continuar nuestra lucha por una total recomposición salarial.
Sin embargo, valoramos la instancia alcanzada en la medida en que es un paso en la dirección pretendida y también porque obligamos a la patronal a negociar con l@s representantes de l@s trabajador@s, desbaratando todas las acciones que intentaban deslegitimar al gremio y a la unidad de l@s judiciales.
Tras echar por tierra la intervención ordenada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y las sucesivas maniobras para negarnos la posibilidad de paritar, reclamando incluso que la patronal graciosamente nos diera lo que se le antojara, vía decreto del Ejecutivo, hemos impuesto la mesa de negociación con el aval de miles de compañer@s.
Solo la doble condición de recuperación de nuestro gremio y de la unidad de tod@s
los judiciales es lo que nos permite ahora continuar la lucha como debemos. Y para ellos l@s convocamos nuevamente.
ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEAD@S Y FUNCIONARI@S DEL PODER JUDICIAL
En el año 2017, desde el Centro de Estudios y Formación (CEFJA) en conjunto con el equipo de Salud Laboral de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), nos propusimos retomar la temática de Salud Laboral como eje de formación, investigación y acción gremial, continuando y ampliando el trabajo desarrollado por la FJA a través del tiempo.
En marzo del mismo año, en la ciudad de Paraná, realizamos la 1era. Jornada con la temática “Nuevos desafíos de la salud laboral en el siglo XXI”, trabajando sobre sistema de riesgo de trabajo y ART, cambios en perfiles epidemiológicos, enfermedades no transmisibles y vínculo con las condiciones de trabajo.
En julio de 2017, en la 2da. Jornada Nacional de Salud Laboral, en la ciudad de San Luis, recuperamos las diferentes experiencias en la temática desarrolladas por las filiales y elaboramos un instrumento para relevar la opinión de los/as trabajadores judiciales respecto a sus condiciones de salud laboral. Esta Encuesta Nacional de Salud Laboral en el ámbito del Poder Judicial se llevó adelante entre los meses de septiembre y diciembre de 2017, con más de 5000 datos relevados.
En esta 3era. Jornada nos proponemos analizar dichos resultados, realizar diagnósticos, obtener conclusiones de manera colectiva y comenzar a delinear un Plan Nacional de Salud Laboral.
Mediante un comunicado, el sindicato de los trabajadores judiciales expresó que “es alarmante que los representantes del STJ, con un cínico doble estándar, difundan una resolución firmada por su presidente, el cual en su parte resolutiva expresa “garantizar a todas las mujeres que trabajan en el Poder Judicial de toda la provincia, el derecho a expresar con total libertad y responsabilidad su adhesión a la convocatoria del día 8 de marzo’ y como contrapartida mediante la gerencia de recursos humanos requieran informes de la nómina de agentes que realicen las medidas de fuerza convocada por nuestro sindicato en adhesión a tan importante jornada de lucha de nuestras compañeras”.
En ese sentido, desde el SITRAJUR se informó que “dicha medida de fuerza, fue notificada de manera fehaciente tanto al STJ como a la secretaria de trabajo, convocando con más fuerza a todas las compañeras judiciales a repudiar dicho acto persecutorio en cada plaza, en cada marcha a lo largo y ancho de la provincia”.
“Esta es la verdadera cara de la justicia en Río Negro, la que no solo borra con el codo lo que escribe con la mano, sino la que desnuda su verdadera posición machista y patriarcal de manera descarnada”, finalizaron.
Luego de un largo trabajo y a haber arribado a los consensos necesarios entre la parte trabajadora y la patronal, representada por el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, AEJBA pudo ver hecho realidad un anhelo que llevaba años. La incoporación de la licencia laboral por violencia de género y familiar en el Convenio Colectivo de Trabajo del PJCABA marca un nuevo hito en la conquista de derechos de los/as Judiciales porteños/as.
El texto conveniado establece sesenta (60) días de licencia a tal fin, prórrogables por idéntico lapso, y otros quince (15) días de justificación de inacistencias por estos motivos. Se podrá solicitar el traslado laboral por razones de seguridad y en caso de compartir lugar de trabajo con el victimario se aplicará sobre este último. Asimismo se establece una ayuda económica equivalente al monto del salario de la persona en situación de violencia.
Esta licencia específica contribuye a la visibilización del maltrato hacia las mujeres, a la vez que se protege su identidad, se garantiza su puesto de trabajo y se reconocen sus derechos humanos y laborales.
La violencia de género (ya sea física, psicológica o a través de las formas) no es un problema del ámbito privado; por el contrario, es una problemática social porque es la expresión más brutal de la desigualdad entre los géneros existente en nuestra sociedad.
Por ello, y porque es momento de llamar las cosas por su nombre, desde AEJBA se ratifica el compromiso para la eliminación de toda forma de discriminación y maltrato hacia las mujeres y por una vida libre de violencias.
El próximo 8 de marzo, en el marco del día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Kogan, expondrá sobre la incorporación de la legislación de género a la agenda del Poder Judicial. Compartirá escena con Rodrigo Cataldo, quien fuera denunciado por la AJB y una ex trabajadora del juzgado a su cargo por maltrato laboral.
Desde la asunción de Cataldo como titular del Juzgado Civil y Comercial N°5 de Mar del Plata, ocho personas tuvieron que trasladarse a otras dependencias. Seis de ellas eran mujeres.
Las víctimas de Cataldo sufrieron distintas afecciones en su salud, al ser sometidas a una creciente sobrecarga laboral y a la amenaza constante de ser objeto de sumarios administrativos. Fueron forzadas a renunciar a promociones en su carrera y se les negaba arbitrariamente el ejercicio del derecho a licencias, como el caso en que Cataldo impidió la asistencia a un familiar directo afectado por una enfermedad terminal.
Para Kogan, las acciones de Cataldo solo configuraron “rispideces”, conflictos inevitables ocurridos en el marco de una reestructuración legítima de la organización del trabajo impulsada por el magistrado. Al menos así argumentó al firmar el archivo de la denuncia contra el magistrado, el que todavía no se encuentra firme.
Esta postura de Kogan no es accidental, ya que ha votado en favor del juez de familia de Olavarría, Claudio García, demorando su apartamiento preventivo ante una denuncia de acoso sexual y violencia laboral sobre una trabajadora. En ese mismo caso, Kogan trasladó compulsivamente de dependencia a la víctima y denunciante, y hace pocos días avaló el apartamiento ordenado finalmente por el Jury, pero sin mencionar siquiera la violencia de género padecida por la trabajadora.
Ya en el ocaso de su presidencia, Kogan continúa negándose a regular la licencia laboral por violencia de género en el ámbito del Poder Judicial, no incorporó el cupo laboral trans ni habilitó un debate necesario en pos de consagrar licencias familiares que desfeminicen las tareas de cuidado. Tampoco generó políticas activas que permitiesen romper el techo de cristal existente en el Poder Judicial, ni habilitó espacios de diálogo para debatir seriamente los proyectos que propuso la AJB en estas materias.
En síntesis, Kogan intenta posicionarse como una ministra con perspectiva de género, pero su historial como integrante del máximo tribunal muestra que no se ha atrevido a romper el pacto de caballeros que garantiza la complicidad del Poder Judicial con el sistema patriarcal mediante prácticas cotidianas sexistas, misóginas y machistas.