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El gremio se reunió en julio pasado con autoridades del MPF para reclamar urgentes soluciones y dejar constancia que “el trabajo de los médicos que atienden los casos de delitos contra la integridad sexual y violencia familiar se ha triplicado en el Polo de la Mujer con un exiguo plantel de profesionales que se hallan desbordados por tal situación”.

También que “las condiciones edilicias son inadecuadas dificultando tanto la labor de los Médicos como el tratamiento y contención que necesitan por parte del Estado las víctimas de estos graves delitos”.

Además, desde el gremio advirtieron que “resulta muy grave y preocupante la falta de lugar específico para mantener seguras las muestras que constatan científicamente los delitos. Las mismas, que son irreproducibles, son guardadas en un baño común, con riesgo de contaminación o inutilización”

Transcurridos dos meses desde el planteo formal y sin ninguna respuesta satisfactoria el gremio de Judiciales decidió DECLARAR EL ESTADO DE ALERTA en el Polo de la Mujer y advirtió que podría llevar adelante medidas de fuerza si efectivamente el MPF no brinda soluciones que garanticen condiciones adecuadas para el trabajo de los profesionales y resguarden el derecho de la sociedad a un servicio de justicia que atienda como es debido los delitos de violencia familiar y contra la integridad sexual.

EL SECRETARIO GENERAL DE AGEPJ, FEDERICO CORTELLETTI expresó que “además del incumplimiento de los derechos laborales de los profesionales médicos, es algo inadmisible en un Estado Provincial, que dice resguardar y velar por los derechos de la Mujer, que las pruebas recolectadas en casos de delitos contra la integridad sexual sean almacenadas en un baño común”

A su vez EL SECRETARIO GREMIAL ADRIÁN VALÁN agregó “en el Polo de la Mujer se están incumpliendo protocolos nacionales e internacionales que indican la atención por dos profesionales a las personas víctimas de un delito contra la integridad sexual.

“La mayor parte del tiempo está tarea la realiza una sola profesional que debe afrontar en soledad la penosa tarea de contener a una víctima, la mayor de las veces en estado de shock, y recolectar la prueba vital para esclarecer un delito”
concluyó.

El encuentro está previsto para el 20 de octubre y tendrá lugar en el complejo que el sindicato tiene en la localidad de San José.

Desde el Área de Salud de AJER se ha elaborado una breve encuesta que ya circula por las diferentes oficinas judiciales con el objetivo de aproximar a un análisis y diagnóstico de la situación laboral y de salud que viven los trabajadores en contacto con estas dolorosas situaciones.

“Para los trabajadores y trabajadoras judiciales, el abordaje de la violencia es una urgencia laboral permanente que en muchas ocasiones genera angustia y vacío frente al crecimiento de las situaciones provocadas por una cultura machista lamentablemente arraigada en nuestra sociedad”, expresaron desde el gremio judicial en un comunicado.

“El abordaje de la violencia necesita que podamos reunirnos a ponernos de acuerdo en cuánto de lo que hacemos cotidianamente ayuda realmente a una solución para las víctimas. Hablar de lo que hacemos, hablar de lo que nos hacen hacer y nos parece inútil, hablar de la sensación que nos deja la violencia como problema muchas veces irresoluble, hablar sobre cómo podemos incidir más en los resultados, hablar también de los sentimientos que genera y las marcas que deja en el cuerpo y la mente de los trabajadores que son parte también de una sociedad que en sus diversos niveles y estamentos aparece como cada día más violenta”, señalaron.

Por su parte, integrantes de los Equipos Técnicos profesionales también tratarán las particularidades de su participación en el contacto con víctimas y victimarios así como las vicisitudes laborales que enfrentan.

El encuentro del 20 de octubre servirá como puntapié inicial en un abordaje que tendrá continuidad durante 2018 y seguramente propiciará el intercambio con organizaciones sociales, diferentes ámbitos del Estado provincial y municipal que trabajan con la temática, así como especialistas que puedan, en el diálogo y la escucha, enhebrar propuestas superadoras y urgentes.

Desde el sindicato se solicitó al Superior Tribunal de Justicia la declaración de Interés Judicial, esperando se facilite la concurrencia de quienes prestan servicio en juzgados de familia, fiscalías, defensorías, etc.

La jornada del 28 se realizó en la sede del Poder Judicial de la localidad de Río Grande, y la del 29 en el centro de la ciudad de Ushuaia. Los dos encuentros contaron con una importante participación de compañeros/as. El debate, enriquecedor, se dio en un clima de respeto y compañerismo.

En las palabras de bienvenida, tanto en Río Grande por Rafael Ponce, Secretario General del SEJUP, como en Ushuaia por Marcelo Kuba, Secretario Adjunto de la misma organización, resaltaron la apuesta del sindicato al realizar estas primeras jornadas con perspectiva de género y la importancia de tomar esta temática tan desde los sindicatos. La actividad en la capital fueguina fue coordinada por la compañera Majo Pazos, referente de Género en la Provincia.

Por su parte, Matías Fachal, Secretario de Capacitación de la Federación Judicial Argentina (FJA) y responsable del CEFJA, realizó una breve intervención respecto a la importancia de las organizaciones de los/as trabajadoras en general y la construcción de sindicatos democráticos, participativos y fuertes, para defender y conquistar derechos.

Erica Porris del Centro de Estudios de la FJA (CEFJA) coordinó, los dos días, el taller de debate sobre las diferencias de género, la construcción cultural de estereotipos y las desigualdades entre varones y mujeres en el mundo del trabajo.

En tanto que Guadalupe Santana (Delegada Gremial de AEJBA) no solo compartió la experiencia del surgimiento y organización de la Comisión de Géneros de AEJBA; sino que, planteó la necesidad de incorporar la mirada del Poder Judicial machista como patronal, así como en su rol social frente a la sociedad. Para de este modo construir desde los sindicatos judiciales una doble agenda, que contenga, por un lado las reivindicaciones gremiales de género (lactarios, licencias compartidas intercambiables, licencia laboral por violencia de género, etc.) y por otro impulsar el reclamo por una justicia que no reproduzca las lógicas patriarcales.

Hugo Blasco, Secretario General de la FJA, agradeció a los/as presentes y resaltó la importancia de la capacitación político-gremial y el desafío como Federación Judicial Argentina de acompañar a los sindicatos provinciales en estas tareas en todos los rincones del país, a su vez enfatizó la importancia de abordar la temática de género para construir organizaciones más equitativas tanto en su interior como en las luchas gremiales. Y saludó que estas Primeras Jornadas Provinciales sean el puntapié inicial para la conformación de un espacio de géneros en el SEJUP.

El Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, llamó a indagatoria al actual Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y otros cinco imputados, por el secuestro y tortura de militantes durante la última dictadura militar.

La denuncia penal fue realizada a fines del año 2016 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), con el aporte de documentación del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). De allí surge que Fernández Garello, quien era agente de esa repartición policial, participó del secuestro y tortura de militantes comunistas durante la última dictadura militar y en otras actividades de inteligencia ilegal.

Esa documentación del archivo de la DIPPBA demuestra la participación del actual Fiscal General de Mar del Plata en al menos diecisiete actos de inteligencia, en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

Fernández Garello se encuentra involucrado en la causa por los apremios ilegales contra un militante comunista en 1982 y en la detención de tres militantes de esa organización el 23 de Julio de 1981. El entonces Oficial Subinspector participó del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores.

A raíz de esta denuncia, la Asociación Judicial Bonaerense junto a la Federación Judicial Argentina, la Comisión Provincial por la Memoria, el SERPAJ, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos solicitaron el juicio político del fiscal. Sin embargo, a pesar de que el jurado de enjuiciamiento fue conformado, todavía no fue convocado para tratar el tema.

El reciente llamado a indagatoria vuelve a poner el tema en el tapete y obliga a avanzar de manera urgente en el juicio político y en la destitución de Fernández Garello, puesto que el ejercicio de un cargo dentro del Poder Judicial de quien fuera agente de inteligencia durante la última dictadura cívico-militar, es incompatible con un estado democrático de derecho.

Será en una audiencia pública que se realizará el 24 de octubre en Montevideo, Uruguay, gestada a partir de una presentación impulsada por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), acompañados por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio y diversas organizaciones sindicales y de derechos humanos.

La audiencia en la que se expondrán las denuncias contra el Estado Argentino por el ataque a los abogados laboralistas, a la justicia del trabajo y a los Sindicatos, se realizará el martes 24 de octubre a las 9:45 horas en el Palacio Legislativo de Montevideo.

En su momento, al solicitar la audiencia, la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas había denunciado que los ataques del gobierno de Macri a los abogados y a la justicia laboral estaban destinado a “estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a quebrantar la independencia del poder judicial, especialmente la Justicia Nacional del Trabajo” y enfatizó que se trataba de maniobras que “encubren el objetivo de alterar en forma sustancial los derechos de los trabajadores”.

Las denuncias abarcan, por ejemplo, los pedidos de juicio político de cinco jueces laborales por el contenido de sus sentencias, los ataques a los abogados laboralistas como forma de obstaculizar el acceso a la justicia, las intervenciones a los sindicatos, la criminalización de la acción colectiva, etc.

La audiencia que realizará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue requerida, entre otras organizaciones, por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y una decena de asociaciones sindicales y de derechos humanos de la Argentina. Entre otras, la Federación Judicial Argentina, ATE, Aceiteros, Sipreba, Actores, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas, la APDH, CEPRODH, etc.

Gómez manifestó que el Tribunal procedió a liquidar con el 10% y por eso ellos levantaron el acampe frente al TSJ pero “Ahora nos encontramos no sólo con la tardanza en el pago sino con la intención del Ministro de Economía de dar marcha atrás con lo que antes se había comprometido en la paritaria y eso ha generado el paro”.

“El pleito se generó en lo judicial y en lo sindical porque tuvimos un acampe en defensa de nuestro sistema salarial que duró 141 días y culminó con una nota en el Ministerio de Economía donde le decía al Tribunal Superior de Justicia que le iba a generar el crédito financiero necesario a los efectos de aplicar ese 10% y que habilitaba al TSJ a liquidar el salario de agosto con el 10% incluido”.

La encuesta será distribuida por los sindicatos que integran la FJA en cada una de las oficinas judiciales provinciales y de la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un instrumento sencillo que se desarrollará durante el mes de octubre consultando a los/as trabajadores/as judiciales de todo el país acerca de sus condiciones laborales.

Encontrarán preguntas vinculadas a los llamados “factores de riesgo”, es decir condiciones edilicias (condiciones de seguridad e higiene, contaminantes, cuestiones ergonométricas) y por otro lado a la organización y la carga del trabajo (autonomía, toma de decisiones, reconocimiento, violencia laboral, etc.). La encuesta abarca tanto el ambiente físico de trabajo como las relaciones interpersonales en el mismo.

Durante este año, la Federación Judicial Argentina, se propuso abordar la temática de Salud Laboral entre sus ejes prioritarios de capacitación y acción gremial, retomando la experiencia y los estudios desarrollados por la entidad federativa a lo largo de su historia.

Para esto, se llevaron adelante las I y II Jornadas Nacionales de Salud Laboral realizadas en Paraná (Entre Ríos) y San Luis, respectivamente, co-organizadas entre el Centro de Estudio y Formación de la FJA y el equipo de Salud Laboral de la AJER, que generosamente aportó su importante experiencia en la temática. En las mismas participaron compañeros/as de diferentes provincias que contribuyeron con sus experiencias a la construcción colectiva de conocimiento.

En estos encuentros se desarrollaron diferentes ejes de debate y formación: los cambios en los perfiles epidemiológicos en el siglo XXI, las enfermedades no transmisibles y su vínculo con las condiciones de trabajo, los factores de riesgo y la importancia de la participación de los trabajadores/as en las cuestiones de salud y seguridad laboral, el sistema de riesgo de trabajo y ART; a su vez fuimos recuperando los diferentes abordajes de esta temática que se han realizado en cada una de las filiales que componen nuestra Federación.

A partir de estas jornadas y con la aprobación de la Mesa de la FJA, se planteó este nuevo desafío y se cumplió lanzando la Encuesta Nacional de Salud Laboral en el Ámbito Judicial 2017.

Desde la FJA se espera que esta sea una gran herramienta de militancia, que sirva para fortalecer los sindicatos provinciales y a su vez para construir conocimiento a partir de la voz protagónica de los/as trabajadores/as del Poder Judicial, y por ello la encuesta se lanza con la siguiente consigna: “Durante el próximo mes, solicita la encuesta en tu sindicato”.

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