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Durante el encuentro los representantes federativos interesaron a la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, sobre el proyecto legislativo que establece la Negociación colectiva para los trabajadores judiciales de todo el País tanto provinciales como nacionales.

Al finalizar la reunión se concluyó en seguir trabajando en el impulso de la iniciativa originada en el gremio judicial.

La comitiva gremial estuvo integrada por los compañeros Hugo Blasco (secretario general FJA), Matías Fachal (secretario de Capacitación) y Ceferino Riela (secretario general La Pampa).-

La comitiva federativa estuvo encabezada por el Secretario General Hugo Blasco a quien acompañaron Carlos Ordoñez, José Luis Ronconi, Matías Fachal, Pablo Barreno, Francisco Gomez y el asesor legal Dr Ulises Gorini.

En la oportunidad lxs representantes de lxs trabajadorxs judicialxs expusieron ante los legisladores la iniciativa histórica consistente en la sanción de una ley de Negociación Colectiva para lxs trabajadorxs de los Poderes judiciales provinciales y nacional.

En tal sentido abundaron sobre las características del proyecto en cuestión elaborado por iniciativa gremial y las distintas gestiones que se vienen llevando a cabo ante distintos organismos como el Ejecutivo nacional, diputados nacionales e incluso la Organización Internacional del Trabajo.

Luego de un importante intercambio de opiniones se concluyó en seguir trabajando sobre el proyecto en cuestión.

Durante tres días compartieron talleres con otras mujeres del país dando a conocer cuáles son los reclamos del sector y a su vez coordinando el Taller n° 50 “Mujer y Poder Judicial. Qué Poder Judicial tenemos y qué Justicia queremos”.

Se plantearon diversas cuestiones entre las cuales sobresalieron: protocolos de intervención para atención de casos de violencia de género, rechazo a la mediación con los agresores y a la revinculación de lxs niñxs con adultxs violentxs; el reclamo de una ley que establezca licencia por violencia de género,personal suficiente, con capacitación obligatoria y jerarquizada para quienes intervienen en las causas de las mujeres agredidas, entre otros temas.

Asimismo se exigió una ley de paritaria nacional, en el ámbito de los poderes judiciales, con perspectiva de género para todxs lxs trabajadorxs judiciales que erradique el acoso y la violencia laboral, como también la necesidad de debatir amplia y democráticamente qué proyecto de reforma judicial es el mejor para recuperar el concepto de Justicia como Derecho.

Una vez más las trabajadoras estuvieron escuchando y elaborando propuestas con las compañeras que son víctimas de este Poder Judicial clasista, confesiónal, sexista, machista, misógino y patriarcal porque como ellas mismas manifiestan, las judiciales “ no somos cómplices. Luchamos por nuestros derechos y por los tuyos”.

Por último, se eligio Chaco como la nueva sede para el 2017 y se repudia la represión que ya se está volviendo costumbre en estos encuentros donde el pensamiento, la palabra y la acción de miles y miles de mujeres se vuelve pública e ineludible. Tanto molesta que resulta más importante boicotear el encuentro que ocuparse como corresponde de que no maten una mujer cada 28 horas en Argentina y de evitar la feminización de la pobreza entre otras muchas deudas sociales, políticas y económicas.

Por eso, se exige que no se permita nunca más la presencia de policía y gendarmería en los Encuentros Nacionales de Mujeres.

El paro fue definido por las asambleas departamentales realizadas durante las últimas dos semanas debido a la negativa del gobierno provincial a reabrir la paritaria salarial, compromiso que había asumido en el acuerdo cerrado en el mes de mayo, luego de casi cuatro meses de conflicto en el Poder Judicial.

Los judiciales reclaman un aumento acorde a la evolución de la inflación desde la última paritaria anual (marzo de 2015) que ubican en el 45 . A ello se suma la falta de respuesta a una serie de reclamos no satisfechos durante la primera etapa de negociación, que tienen que ver con la sanción de la ley de paritarias, la restitución del 3 de antigüedad, el bloqueo de título para los Peritos, la transformación automática de Auxiliar 3° a 1° al año de antigüedad, la sanción de la ley de licencia por violencia de género, la universalización del cargo de jefe de despacho y el pase a planta permanente de contratados, pasantes y tercerizados de limpieza.

En las últimas semanas también se sumó la preocupación de todos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires por el avance del gobierno en su intención de armonizar las cajas previsionales, situación que pone en riesgo el sistema de jubilación bonaerense (IPS).

Acto en Junín

En el marco de la medida de fuerza votada en asambleas, la AJB mañana llevará a cabo un acto para repudiar el intento de los jueces Daniela de Tomaso y Guillermo Ortega, integrantes del Tribunal de Trabajo de Junín, de extender ilegal e ilegítimamente la jornada de trabajo.

El mismo se realizará a las 10 hs. en las puertas del Tribunal, ubicado en la calle 25 de Mayo 172, contará con la presencia de la Comisión Directiva provincial y representantes de las conducciones de las 19 departamentales.

Los casos de represión y violencia institucional amparados por un “Protocolo de Seguridad” que garantiza el “Orden” se han ido profundizando a lo largo de este año. Desalojos con disparos de balas de gomas en manifestaciones de compañeras y compañeros despedidos, golpes a jubilados que reclamaban pacíficamente jubilaciones dignas, persecución ideológica en las redes sociales fomentando la exasperación y furia de la población, la represión en el día de ayer en el Encuentro Nacional de Mujeres son lagunas de los procedimientos que utiliza este gobierno para intimidar la protesta social.

Sin embargo, el ensañamiento es tal que el abuso de poder ha llegado a agarrársela con los más chicos, con nuestros pibes. De febrero hasta acá ya se registran tremendos antecedentes: el ataque a una murga formada por más de 100 vecinos de la villa 1-11-14 donde la mayoría de ellos eran niños y resultaron heridos por los disparos de la fuerza, o las torturas que sufrieron los jóvenes de la revista la “Garganta Poderosa” por parte de efectivos policiales hace apenas unos días en el barrio porteño de Barracas y que, al día de hoy siguen siendo amenazados y perseguidos.

Este fin de semana otro hecho similar alertó a la ciudad bonaerense de Junín. El pasado sábado por la noche un par de vecinos y amigos de entre 12 y 14 años se juntaron a comer un asado y, como en todo barrio de pueblo donde se conocen todos y la inseguridad no existen, se pusieron a jugar a las escondidas. Al cabo de un rato, cuatro patrulleros con más de diez uniformados se hicieron presentes en el lugar, redujeron a todos los niños a la pared y les apuntaron con sus armas por un largo rato. Entre los menores se encontraba el hijo de nuestro Secretario General, Camilo, quien, como el resto de sus amigos, permanece asustado sin entender por qué se ultraja de esa manera la inocencia de un niño que está jugando. Los motivos y las explicaciones de este brutal hecho son desconocidas hasta el momento. Nada lo justifica. No aparecen responsables.

En este marco de violencia que demuestra ir en aumento con el objetivo de sembrar el miedo generalizado, desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma nos solidarizamos con la familia de nuestro compañero Pablo Micheli y repudiamos y denunciamos este nefasto hecho al tiempo que hacemos responsables al intendente de Junín Pablo Petrecca, a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y al Ministro de Seguridad de la Provincia Cristian Ritondo, del mismo modo que exigimos la urgente necesidad de que se esclarezca el episodio y se tomen las medidas correspondiente hacia quienes dieron esta orden.

Desde la CTA-A no estamos dispuestos a retroceder ni un centímetro en la lucha por nuestros derechos. Seguiremos en la calle ante cada conflicto, y el reclamo por trabajo, salarios y jubilaciones dignas y por una justa redistribución de la riqueza serán siempre nuestras innegociables banderas. No existirá jamás hecho alguno que nos amedrente, al mismo tiempo que advertimos con fuerza: CON LOS PIBES, NO!

José Rigane – Secretario Adjunto CTA Autónoma

Hugo Blasco – Secretario de Derechos Humanos CTA Autónoma

El pasado 16 de septiembre se cumplió un año de la presentación de JUICIO POLÍTICO A LA DRA. BETTINA BUSTOS, jueza de Instrucción de la localidad de Río Turbio, quien fue denunciada por 11 compañeros, con testimonios desgarradores por Violencia laboral.

La denuncia incluye un Informe del Fiscal de dicha localidad respecto del desempeño de la Magistrada en casos graves, y hasta critica su trato discriminatorio con
los justiciables.

Pesa sobre la Dra. una resolución del INADI por una denuncia en su contra por discriminación.

Exigimos al Tribunal Superior de Justicia que resuelva la admisibilidad del Jury. Un Tribunal que no respeta la ley al no integrar el Tribunal de Enjuiciamiento que prevee la Constitución Provincial, y aún habiendo un fallo de Primera Instancia sobre un Amparo que solicita se cumpla dicho recaudo.

El último plenario de Federación envío su apoyo a nuestro reclamo exigiendo al Tribunal Superior de la Provincia que respete la norma y admita el Jury.

Es por eso que, entre otras medidas gremiales, llevamos adelante esta campaña visual en la que todos los judiciales de la Provincia apoyan a los compañeros de Río Turbio en su lucha por eliminar la Violencia Laboral, recuperar su salud mental y en algunos casos, la salud física gravemente dañada por este flagelo.

Ante las últimas noticias respecto del accionar del denunciado Dr. Quelin y su Secretaria (Ambos del Juzgado de Instrucción de la localidad de Las Heras) luego de atropellar a una criatura, sin tener la documentación reglamentaria, y actuando contra la ley al devolverle el auto, es que creemos que la impunidad ha llegado a su punto culmine.

No podemos seguir dejando pasar estos hechos que ensucian la justicia y ponen en evidencia la falta de control, y la vulnerabilidad ante las que se encuentran todos los ciudadanos, teniendo presente la falta de seguridad jurídica ante la que este Tribunal parece querer cerrar los ojos.

Los camaristas de Caleta Olivia le expresaron a la Secretaria mencionada que “MÁS ALLÁ DE SI RESULTÓ CORRECTA O NO SU ACTUACIÓN“, la misma “ha generado una suerte de strepitus fori (conmoción pública), que pone en tela de juicio el regular funcionamiento de la Justicia de nuestra provincia” como si fuera más grave la conmoción social que tener un Juez que no respeta las leyes, que avanza contra los
trabajadores con prisión ilegal, ejerce violencia contra sus propios trabajadores, y hasta recibió al cura de la ciudad con un arma en el escritorio, por nombrar algunos de las ridículas, indignantes y graves acciones de las que es capaz.

Es por todo esto, entre otros casos de Violencia Laboral, que nos encontramos trabajando, en ésta y otras campañas, para crear conciencia, para detectar, identificar, y erradicar la Violencia Laboral del Poder Judicial.

Porque no queremos que ningún compañero se sienta solo, que sienta miedo, o que vea su salud empeorar, como tampoco queremos tener jueces ineptos e irresponsables que no están a la altura de sus funciones.

Es para todas, ya seas trabajadora judicial o no!. Es importante tu participación!.

No somos cómplices, luchamos por nuestros derechos y los tuyos!!!

El secretario general Francisco Gómez declaró que “fue ilegal cómo se manejaron”, tanto el juez como la secretaria del juzgado de instrucción 1, de apellido Ormaechea.

“Nosotros estamos trabajando con nuestro asesor legal para hacer una presentación y se investigue la conducta del juez Quelín, no tanto por la cuestión del accidente, porque a cualquiera le puede ocurrir, sino por el manejo que ha tenido de la situación al ordenarle a Ormaechea que dispusiera la inmediata restitución de su vehículo, aún faltando los resultados de las pericias, como los de la extracción sanguínea” recordó el gremialista.

Al respecto dijo que “ella tendría que haberse excusado porque de ninguna manera podría haber actuado en la causa”, además de impedir que un perito accidentológico hubiera podido actuar.

El juez Eduardo Quelín ha sido cuestionado por la gran cantidad de trabajadores procesados en las distintas protestas de zona norte, también fue denunciado por maltrato a sus empleados y, hace unos años, por haber iniciado acciones contra el municipio de Los Antiguos, cuando los concejales decidieron dejar sin efecto el otorgamiento de un terreno que no había pagado y porque no residía en la localidad.