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A esa hora los jueces resolverán los pedidos y en caso de otorgarla harán efectiva la prisión domiciliaria de Etchecolatz en todas las causas por las que está procesado o ha sido condenado en el Tribunal Oral N 1 de La Plata.
A casi 10 años de la desaparición de Jorge Julio Lopez durante el histórico juicio contra Etchecolatz, no podemos permitir más impunidad.
Convocamos mañana 10 de agosto a las 9:30 en las escalinatas de la cámara Federal de La Plata (8 y 50)
La medida fue definida por la AJB a partir de los mandatos de las asambleas realizadas entre el jueves 4 y el viernes 5 de agosto, y en el marco de la Jornada Nacional de Lucha dispuesta en Formosa por el plenario de la Federación Judicial Argentina (FJA).
La decisión tomada por la amplia mayoría de las departamentales, se fundamenta en el incumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo provincial de reabrir la discusión salarial a partir del 1º de agosto.
Trabajadores judiciales, docentes, profesionales de la salud y estatales, entre otros sectores, coincidirán una vez más en una jornada de lucha que culminará con una gran movilización a Plaza de Mayo para exigir la reapertura de las paritarias, salarios dignos, el fin de los despidos y la precarización laboral y para decirle basta a la criminalización de la protesta social.
El secretario general de la AJB, Pablo Abramovich, indicó que “estamos reclamando al gobierno que la paritaria se reabra porque ese fue el compromiso asumido en el acuerdo que logramos a fin de mayo, y al día de hoy no tenemos fecha de convocatoria.
Estamos manejando proyecciones que prevén una inflación anualizada para 2016 superior al 40%, por lo que vamos a insistir con la necesidad de una recomposición salarial anual con un piso del 45%, además de todos los reclamos que no fueron atendidos en la discusión del primer semestre”.
Estas asambleas se desarrollarán en medio de un marcado malestar, tanto en la planta de empleados como en la conducción gremial, por el discontinuo desarrollo de la mediación que en su oportunidad abrió la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba.
Irrita la repetida reprogramación de la reunión que debió tener lugar el 25 de Julio pasado y hasta el momento no tiene fecha de realización. Además por la falta de avances concretos en la agenda acordada.
Al respecto Federico Cortelletti Secretario General de AGEPJ expresó: “Hay un enorme malestar en los compañeros judiciales por la falta de señales del gobierno. Buscamos un ámbito para negociar de buena fe y racionalmente pero inconsultamente se postergó por segunda vez el ámbito de negociación.
Esto complica bastante las cosas por que el conflicto, que desembocó en la mesa de negociación, implicó el reconocimiento por parte del empleador de una brecha entre
magistrados y funcionarios por un lado y los empleados por el otro configurando
un claro doble estándar salarial. Pero, más allá de dicho reconocimiento no avizoramos respuestas del Poder Ejecutivo ni de nuestro empleador luego de dos meses de mediación y vencidos todos los plazos de la misma.”
Por su parte el Secretario Gremial Adrian Valan agregó que:“Esta semana desarrollaremos las asambleas informativas, por edificio en capital y de acuerdo a la modalidad de cada sede en el interior. En la semana siguiente comenzará un trabajo gremial por oficinas y actividades del Cuerpo de Delegados en camino a una Asamblea General Extraordinaria que finalmente decidirá los pasos a seguir por nuestra organización”.
El compañero despedido de Bariloche fue por activismo gremial y el de General Roca por una supuesta participación en una protesta social.
En reiteradas oportunidades se ha denunciado a este poder del estado que castiga a los trabajadores de forma sistemática y unilateral, rompiendo con el ejercicio de nuestros derechos constitucionales enviando a nuestras paritarias (en el marco de la Ley 5009) a representantes del STJ sin mandato para dilatar cualquier tipo de negociación, además de cercenar todo tipo de manifestación, armando listas negras y persiguiendo a los dirigentes como forma de dañar la herramienta sindical.
Instamos al Poder Judicial Rionegrino a que de forma inmediata reincorpore a los trabajadores despedidos.
Cada filial implementará la modalidad que estime conveniente.
La resolución fue adoptada unánimemente en el Plenario nacional que se llevó a cabo la semana pasada en la sede de la Asociación Judicial Formoseña en la ciudad de Formosa.
Asimismo se aprobó adherir a futuras convocatorias que realicen las centrales sindicales nacionales.
Por paritarias libres;
Por negociación colectiva para judiciales;
Por salarios dignos;
Contra las reformas previsionales en curso;
Contra las reformas del Proyecto Justicia 2020;
Contra la persecución gremial y la criminalización de la protesta.
Desde el SITRAJUR aseguraron que es “imperiosa” la necesidad de redistribuir el ingreso, “teniendo en cuenta, por ejemplo, el privilegiado sueldo de 145 mil pesos por mes, que cobra como Presidenta del Superior Tribunal de Justicia”, y que no guarda relación con los trabajadores.
La comisión directiva manifiestó su “más absoluto rechazo al accionar sistemático del STJ, que en el marco paritario, y valiéndose de espurias maniobras, intentan vaciar y neutralizar la concreción de derechos y beneficios para el conjunto de trabajadores judiciales”.
Es por ello que el gremio ratificó, ante la Sala Acusadora de la Legislatura, la denuncia por juicio político al Superior Tribunal de Justicia, que fuera presentada oportunamente en diciembre del 2015 por mal desempeño de sus funciones a los integrantes del mismo, y de la cual se presentará una ampliación respecto de las actuaciones del corriente año.
“Es lamentable ver como el mismo grupo de paritarios que el Poder Judicial ha designado, sigue haciendo el trabajo sucio del STJ, conspirando constantemente contra toda posibilidad de acuerdo en la mesa de negociación”, denunció el sindicato.
“Es por ello que invitamos a la Sra. Liliana Piccinini, a bajarse del pedestal, hacerse cargo de la responsabilidad política de negociar con los trabajadores, sentarse de igual a igual, y negociar las condiciones de trabajo personalmente en el marco de la ley de paritarias 5009”.
En el mismo tenor, dijeron que “resulta imprescindible conocer sus argumentos (de los que sus mandatarios carecen o moralmente no se animan a expresar) respecto de su posición sobre los despidos, el retraso en el cobro de haberes, y fundamentalmente respecto de la reapertura salarial para este segundo semestre”.
La Federación Judicial Argentina que se encuentra en la ciudad de Formosa cumpliendo una agenda que incluye capacitación sindical, además del plenario de carácter nacional, mantuvo un encuentro con el Jefe de Gabinete de la Provincia, Antonio Ferreira.
El titular de la FJA, Hugo Blasco, el co-secretario Carlos Ordoñez y la secretaria general de la Asociación de Empleados Judiciales de Formosa, Fátima Gutiérrez, se reunieron además con el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González y el administrador de la CPS, Gustavo López Peña.
En el encuentro mantenido con funcionarios provinciales se dialogó sobre la ley de reciente sanción que modifica el régimen jubilatorio provincial y sobre el “Proyecto Justicia 20-20” que impulsa el Gobierno Nacional.
Hugo Blasco explicó que “esto en la práctica significa no solo modificar cuestiones de fondo como lo son los Códigos Civil y Penal, sino además cuestiones que hacen directamente a las incumbencias o competencias de las provincias como son los Códigos Procedimentales”.
En este sentido precisó que “nuestra preocupación se ve agravada al considerar que es una reforma impulsada desde un sector neoliberal y que afecta directamente la relación laboral y las condiciones de trabajo de los empleados y funcionarios del Poder Judicial”.
El comunicado
Indicaron al respecto que “las mismas resultan ser una provocación ante la inminencia de las paritarias que se llevan adelante en el ámbito de la Secretaría de Estado de Trabajo”.
Es, dicen, “paradójico, que se nos califique de no respetar la norma, cuando fue justamente ese poder del Estado el que se negó al cumplimiento de la Ley 5.009, al enviar paritarios sin mandato suficiente, desvirtuando el ámbito y contraviniendo a la misma”.
Indican que “nadie más interesado en la aplicación de la ley que nosotros. De la Ley 5.009, de los tratados internacionales, de los mandatos constitucionales en especial los dedicados al trabajo (Art. 14 bis) y de lo acordado en el ámbito paritario, lo que tiene fuerza de ley”.
Desde el gremio refieren que “es el propio Poder Judicial, quien incumplió el año pasado con el compromiso asumido de reapertura salarial, de la misma manera que no efectivizó el término acordado para el llamado a concurso y su concreción, tampoco así con el plazo acordado para los ascensos de trabajadores de servicios generales, entre otras cosas”.
Asimismo indican que “este mismo Tribunal es el que ha despedido deliberadamente a los trabajadores Santiago Villegas y Facundo García, e intenta instalar una política de negación e invisibilización de los mismos, como si de esa manera se deslindara de las responsabilidades que le son propias”.
Por último exhortan “al poder político a pedir los informes y explicaciones al STJ, sobre estos casos, e impulse de inmediato la reincorporación de los compañeros injustamente despedidos.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa denunció en un comunicado de prensa “la actitud discriminatoria de quienes decidieron negarles a las y los trabajadores del Poder Judicial Pampeano la posibilidad de hacerle conocer al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, su posición ante el proyecto Justicia 2020 que impulsa el Gobierno Nacional” que se presentó ayer en el Centro Judicial de Santa Rosa.
Por otra parte mostraron sus discrepancias con el proyecto de reforma que impulsa la gestión de Mauricio Macri: “Dicho proyecto (Justicia 2020) no solo implica reformas en materia judicial importantes, tanto de fondo como procedimentales, sino también modificaciones en las relaciones y condiciones laborales”.
“Por lo tanto, con esta actitud discriminatoria, sectaria y antidemocrática se les está negando a los trabajadores judiciales un derecho constitucional que nos asiste. Este hecho demuestra claramente, y lo reiteramos una vez más, que la principal reforma que necesita la Justicia es la democratización del Poder Judicial tanto en la designación de los magistrados como en la relación con sus trabajos”, concluyeron desde el gremio.