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Luego de que el Sindicato Unión Judicial de San Juan, presentara denuncia ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, respecto del estado de los edificios del Poder Judicial de San Juan. La SRT realizó las correspondientes inspecciones encontrando que ninguno de estos edificios cumplía con la normativa vigente en materia de seguridad e higiene.

Posteriormente se sucedieron distintos hechos y accidentes que agravaron la situación como es el caso de un empleado que sufrió una descarga eléctrica que casi causa su muerte.

Luego ante las lluvias ocurridas en la provincia, se inundaron algunos edificios lo que provocó la caída del cielo raso sobre una de las mesas de entradas de la Cámara Civil.

Posteriormente luego de que la Corte minimizara el problema y que los Jueces de Cámara presentaran una nota quejándose por la situación, decidieron trabajar en el edificio, encontrando que el problema minimizado era de grandes características.

La Unión Judicial de San Juan, ante estos acontecimientos, esta preparando las acciones legales en protección de la integridad física de todos los empleados, funcionarios, magistrados, profesionales litigantes y público en general, asombrados por la inacción de las instituciones correspondientes a los sectores que no abarca esta institución gremial.

Mediante un comunicado el sindicato señaló “Hemos recurrido a los tres poderes del estado (legislativo, ejecutivo y judicial) durante el último mes y medio intentando por todos los medios posibles la reincorporación de los trabajadores con medidas de acción directa (paros, movilizaciones y retenciones de servicios), con presentaciones a la misma justicia con medidas cautelares, en la paritaria en el marco de la 5009, a la Secretaria de Trabajo en el marco de la ley 3803, a la legislatura y a todos los bloques partidarios, SIN QUE HASTA EL MOMENTO TENGAMOS RESPUESTA ALGUNA”.

Es en ese marco, que hacemos responsable absoluto y exclusivo de la integridad física del compañero Villegas al Superior Tribunal de Justicia, que ha llegado al extremo de poner en riesgo su salud con una huelga de hambre y es por ello que acompañaremos con los profesionales médicos y las acciones que definieran el conjunto de las asambleas.

Recordamos que Al compañero Santiago Villegas: se lo cesantea por manifestarse y denunciar a funcionarios públicos que ejercieron represión y abusos contra manifestantes en el marco de caso VERA por gatillo fácil. Así las cosas concluimos que es el mismo STJ quien a las claras castiga la participación, cercenando el derecho a la manifestación y criminalizando la protesta. Este STJ motoriza un sumario arbitrario y defectuoso, vulnerando las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y el decoro, y en el cual los hechos que se le imputan no están probados.

Al compañero Facundo García: quien pertenece al sector mantenimiento de San Carlos de Bariloche, se lo despide por activismo gremial luego de 7 años, de precarización laboral mediante contratos basura. El STJ no le renueva el contrato por exigir que se cumplan las condiciones de seguridad mínimas e indispensables para realizar sus tareas, como castigo por defender sus derechos. Sumado a los despidos de los compañeros Maximiliano Boi y Martin Allione.

Interpelamos una vez mas, al poder político que fue quien definió la integración de este superior tribunal de justicia y quien debe auditar su funcionamiento, sea el encargado de pedir los informes y explicaciones sobre estos casos y exhorte a la reincorporación inmediata de los compañeros injustamente despedidos.

Fue a raíz de declaraciones del dirigente gremial sobre el incumplimiento en el que incurren muchos magistrados en relación a sus funciones.

Dichas declaraciones fueron formuladas en 2010, en medio de un fuerte conflicto gremial en relamo de aumentos salariales, y en relación a la amenaza de descuentos salariales por los días de conflicto.

Habiendo obtenido fallo favorable en primera instancia, revocada dicha sentencia en segunda instancia, la Corte termina dando la razón a Ordoñez y al gremio judicial en cuanto no hay ningún daño ni injuria moral en perjuicio del magistrado denunciante.
La Corte entendió que los dichos de Ordoñez hacían una evaluación genérica del funcionamiento del sistema judicial y que en ningún momento aludían en forma personal a dicho juez.

Más allá de la feliz culminación del proceso contra el dirigente gremial provincial, también dirigente de la Federación Judicial Argentina, es de hacer notar el intento intimidatorio que dicha demanda tuvo por objeto.

Era evidente que las declaraciones nunca habían contenido imputaciones personales y que referían al estado de desquicio que existe en algunos ámbitos de la magistratura y la notoria desigualdad con que se mide y se exige cumplimiento de normas laborales, muchas veces por parte de esos mismos magistrados, cuando se trata de los trabajadores del sistema judicial.

Ese era el sentido de las declaraciones, mientras que el sentido de la demanda fue conculcar la libertad de expresión y, por caso, la libertad sindical.

La demanda no podía prosperar a pesar de que buena parte de la magistratura provincial así lo quería. La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación es contundente en la materia, como así también las resoluciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

A la Corte provincial de Mendoza no le quedó más remedio que revocar la sentencia de segunda instancia que condenaba a Ordoñez, so pena de provocar un escándalo jurídico que hubiera trascendido el marco provincial y nacional.

La Comisión Directiva indicó que “en lo que va del año los judiciales, difícilmente cobramos los sueldos dentro de los primeros 5 días hábiles, generando innumerables perjuicios económicos y financieros, con vencimientos, moras y demás obligaciones que los trabajadores deberán cancelar fuera de término”.

Sobre el tema agregaron “Resulta alarmante el silencio cómplice del STJ que avala el cronograma de pagos dispuesto por el poder ejecutivo provincial, perjudicando sin duda alguna a los que menos poder adquisitivo tienen en un claro proceso de pulverización del salario”.

Los trabajadores, asimismo, hemos cuestionado en el ámbito paritario la disposición del cronograma de pagos, en la cual siempre nos toca ser furgón de cola, denunciando a su vez, que dicha metodología forma parte de una política discriminatoria generando trabajadores de primera y de segunda.

Es en este marco, que convocamos en toda la provincia, a asambleas circunscripcionales para el día de mañana martes 26/7 con el objetivo de llevar el mandato correspondiente a la paritaria del día 4/8, respecto de la apertura salarial para el segundo semestre, la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos Facundo García y Santiago Villegas, Concursos de Ascensos, entre los puntos salientes de la convocatoria.

“De la misma manera, informamos a los judiciales que en el camino de la unidad del movimiento obrero como única respuesta al ajuste brutal que sobre la clase trabajadora, integraremos la mesa del plenario a realizarse en San Carlos de Bariloche el Viernes 29 de Julio, con la presencia del Cro. Hugo Yasky Secretario General de la CTA de los Trabajadores, para la convocatoria y el lanzamiento de la Marcha Federal contra los tarifazos, contra el ajuste y los despidos”, finaiza el comunicado.

Los inocentes y los honestos tendrán la oportunidad de juzgar a los corruptos, criminales y saqueadores. Porque tuvieron la oportunidad histórica de hacer lo correcto, absolver a las campesinas y campesinos, pero decidieron ser serviles a los intereses de las mafias, merecen ser juzgados ante el tribunal de un pueblo digno y soberano.

Esta actividad se realiza en el mismo día en que en Paraguay se “argumentará” la sentencia de la vergüenza del tribunal integrado por Zelaya, Silvero y González, el mismo que se arroga el derecho de decidir (e inventar) Qué pasó en #Curuguaty.

Los esperamos para compartir un grito liberador ¡Justicia es #NulidadYa!

En contexto

La masacre de Curuguaty ocurrió en junio de 2012 y causó la muerte de 17 personas de las cuales seis eran policías. El hecho sirvió de excusa para la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

El juicio por este caso inició hace un año y resolvió únicamente el fallecimiento de los agentes policiales, mientras que la Fiscalía nunca investigó las muertes de 11 campesinos durante la masacre.

Cacho Fukman no cesó en levantar las banderas de Liberación de nuestro pueblo, fue consecuente con la lucha de nuestros queridos y queridas 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos.

Durante todos estos años generosa y solidariamente estuvo presente en cada lucha de los trabajadores y trabajadoras que era convocado.

Nos honró con su amistad, con su debate fraterno y con su querida presencia en cualquier rincón donde había necesidad de enfrentar al modelo que intenta todavía avasallar a nuestro pueblo trabajador.

Mediante un comunicado la Asociación de Ex – Detenidos Desaparecidos informó que sus restos serán velados este jueves a partir de las 16 hs en la Sala Velatoria AMIA ubicada en Loyola 1139, CABA.

El 6 de julio se realizó en el edificio central del Departamento Judicial de Mar del Plata una asamblea para recordar y reivindicar a las once personas, en su mayoría abogados laboralistas, que fueron secuestradas, torturadas y algunas desaparecidas en la llamada “Noche de las Corbatas”, ocurrida hace 39 años.

Tomás Fresneda, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda, quien estaba embarazada de cuatro meses, Norberto Centeno, Salvador Arestín, Raúl Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi, José Verde y su esposa, María Esther Vázquez de García y su esposo, y Néstor García Mantica, fueron secuestrados en Mar del Plata entre la tarde del 6 y la madrugada del 13 de julio de 1977.

De todos ellos, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y José Verde y su esposa sobrevivieron a aquellos trágicos días. El Dr. Verde fue Secretario General de la Departamental Mar del Plata de la Asociación Judicial Bonaerense hasta abril de 1976 cuando fue exonerado por la Corte Bonaerense de la dictadura militar.

A raíz de estos sucesos, se conmemora el día 6 de julio como el Día Nacional del Abogado víctima del Terrorismo de Estado. La justicia Federal los ha calificado como delitos de lesa humanidad y por ellos se encuentran imputados el actual integrante de la Cámara en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Dr. Ricardo D. Monterisi y el titular del Juzgado en lo Correccional Nº 4 de la misma jurisdicción, Dr. Pedro F. Hooft.

En la apertura de la asamblea, el secretario General de la AJB Mar del Plata, Mariano Fernández señaló que “este acto no es un hecho aislado ni oportunista sino que forma parte de la política que históricamente llevó adelante nuestro sindicato en materia de defensa de los Derechos Humanos”. Y destacó la pelea por la destitución del juez Hooft, motorizada por Víctor Mendibil, en su momento secretario General de la Federación Judicial Argentina y dirigente de la AJB, o el apoyo y firma a la denuncia por delitos de lesa humanidad formulada ante la justicia española cuando en nuestro país la leyes de impunidad vedaban la posibilidad de investigarlos y castigar a sus responsables militares y civiles.

Luego, el secretario General de la AJB, Pablo Abramovich indicó que “no pudo haber una maquinaria de exterminio a escala estatal aplicada a los trabajadores sin la complicidad por acción u omisión del Poder Judicial”, y agregó “un ejemplo de ello fue la resolución dictada por la Corte bonaerense de la dictadura en junio de 1977 que sugería a los magistrados de toda la provincia no pedir informes a las jefaturas o reparticiones militares de las tres Fuerzas Armadas vinculadas a personas detenidas desaparecidas a cuyo favor se habían interpuesto habeas corpus, recién derogada por la Corte con su actual composición en el 2006, es decir pasados 23 años del restablecimiento de la democracia”.

Participaron de este acto Matías Fachal, secretario de Formación de la Federación Judicial Argentina; Analía Maiztegui, secretaria de Derechos Humanos de la AJB; representantes de Luz y Fuerza Mar del Plata; de la Asociación Trabajadores del Estado; de la Comisión Provincial por la Memoria, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mar del Plata, Agrupación HIJOS, del Sindicato Argentino de Docentes Privados SADOP, del Sindicato de Empleados de Casino y del Movimiento político Patria Grande entre otras organizaciones.