El encuentro se llevó a cabo en el Hotel “Héctor Quagliaro” de la Asociación Trabajadores del Estado y contó con la participación de dirigentes sindicales y especialistas internacionales.
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Entender y enfrentar la llegada de la OMC
Categoría: Notas de Opinión
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NI OLVIDO, NI PERDÓN NI RECONCILIACIÓN
Desde la asunción del gobierno del presidente Macri se vienen sucediendo una serie de hechos que atentan contra la política de Derechos Humanos basadas en la Memoria, la Verdad y la Justicia. Lo editorializó La Nación oportunamente planteando la necesidad del cambio en las políticas en esta materia y que mereciera el valiente repudio de los trabajadores de ese diario.
Organismos que aportaban a la investigación para aportar al avance de las causas judiciales fueron desmantelados, se intenta instalar fuertemente la “Teoría de los dos demonios” definiendo al Terrorismo de Estado como consecuencia de la “guerra sucia”, se cuestiona el número de los desaparecidos mientras se obtura toda posibilidad de investigar a fondo los crímenes de la dictadura.
El fallo se centra en el criterio de “la ley penal más benigna”, cuando de lo que se trata no es de delitos comunes sino de crímenes de lesa humanidad y de un genocidio.
Como bien sabemos la justicia es muy veloz para adecuarse a los nuevos tiempos políticos y este fallo va en esa dirección.
Paralelamente la Iglesia aporta lo suyo llamando a la reconciliación cuando en realidad debería dar explicaciones a la sociedad argentina acerca del rol de la institución durante el período dictatorial.
Más allá de las cuestiones jurídicas el Estado tiene la obligación indelegable de investigar con todos los medios a su alcance sobre el genocidio ocurrido en la Argentina en aquellos años.
No llegan a dos mil los procesados y son muchos menos los condenados cuando para llevar adelante semejante plan de exterminio hicieron falta decenas de miles de partícipes.
Repudiamos el fallo y la política de DDHH del Gobierno. Y respecto a la Iglesia decimos que no puede haber, para los creyentes que representan, reconciliación posible cuando no ha habido ni justicia del Estado ni arrepentimiento de los culpables.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
CABA, 3 de mayo de 2017.-
Hugo Blasco
Secretario General de la FJA
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Descarada violación a la libertad sindical
A través de una resolución ministerial que lleva la firma del titular de dicho organismo, Jorge Triaca, dispone la misma.
Queda claramente expuesta la intención del Gobierno nacional y su socio el Ejecutivo mendocino, de interferir en la vida institucional del Sindicato a partir de no lograr el “disciplinamiento” de las y los trabajadores judiciales que luchan por sus legítimos derechos.
La FJA acompaña incondicionalmente al gremio cuyano en su justa pelea disponiendo el estado de Alerta y Movilización nacional a los fines de llevar adelante todas las acciones políticas necesarias para revertir esta vergonzosa ofensiva gubernamental.
CABA, 17 de abril de 2017.-
FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA
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CARLI SLEPOY, una pérdida irreparable
Hablar de él es hacerlo del compañero infatigable en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia tanto respecto a los crímenes de la dictadura de Videla y compañía como de los del franquismo.
Es quien acompañó a la CTA ante la justicia española en su denuncia del genocidio ocurrido en la Argentina.
Es de los que impulsó investigar la complicidad de empresarios con el terrorismo de Estado.
La Federación Judicial Argentina tuvo el privilegio de compartir con él estas luchas y su cálida amistad.
En este doloroso momento lo recordamos y homenajeamos por el gran compañero que fue y la gran persona que siempre estará junto a nosotros.
HASTA SIEMPRE CARLI!!!.
CABA, 17 de abril de 2017.-
FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA
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FERIA JUDICIAL: OTRA EXCUSA
En tal sentido ha venido adoptando políticas que así lo demuestran como la eliminación de retenciones al agro y la mega minería, aumento de tarifas, devaluación, entre las más notables.
Paralelamente se ha dado a la tarea de descalificar sistemáticamente a las y los trabajadores. De arranque tratando de “ñoquis” a los estatales que despidió el Estado en todos sus niveles o siguiendo con la vieja práctica de presionar a la baja los aumentos salariales discutidos en paritarias tratando de hacer cargo a las y los trabajadores de la inflación que generan sus empresas amigas.
Otros capítulos fueron el veto presidencial a la Ley Anti-despidos y el tratamiento de la ley sobre Impuesto al salario (ganancias).
En los últimos tiempos mediante un Decreto de Necesidad Urgencia (DNU) se modificó la ley de ART respondiendo a las aseguradoras sedientas de mayores ganancias a expensas de la salud y de los derechos económicos de las y los trabajadores.
Capítulo aparte merece el avance que pretende el Gobierno sobre la negociación colectiva eliminando o reduciendo derechos de los trabajadores traducido en las modificaciones de los convenios colectivos de trabajo de petroleros, capitanes de ultramar y otros que se están discutiendo.
La excusa de Macri y los suyos es incentivar el empleo, sobre todo joven. Y para ello recurren a viejas fórmulas ya ensayadas y fracasadas consistentes en proyectos legislativos que contemplan la precarización y la flexibilización laboral con sueldos miserables.
Dentro de ese paquete de medidas se incluye la ley aprobada en 2016 que plantea graves modificaciones a los regímenes previsionales provinciales y que ya ha comenzado a aplicarse en varias provincias con gobiernos de diferentes colores político-partidarios.
También debemos denunciar la política del Ministerio de Trabajo de la Nación de avasallar la autonomía sindical con la complicidad de gobiernos provinciales como ocurre con el Sindicato judicial de Mendoza. La consigna es :“te subordinás o sufrirás las consecuencias”. Otro tanto ocurre con los Sindicatos judiciales santacruceño y fueguino a los que no les entregan la Certificación de cargos.
Muchas de estas políticas, algunas ya consumadas, contaron con la complacencia o el guiño de connotados dirigentes sindicales nacionales más preocupados en defender sus privilegios que los derechos de quienes dicen representar a la espera de poder “cerrar” algún negociado. Esta película ya la vimos.
Siguiendo el argumento del Gobierno las y los trabajadores somos responsables de todos los males que aquejan al País. Entonces hablan de baja productividad, de excesivos feriados, de jornadas laborales cortas, de demasiadas vacaciones, de convenios que no contemplan el avance tecnológico. En definitiva, “de poner palos en la rueda”. Además la diputada Carrió fue clarita: “En este País nadie trabaja” refiriéndose al cambio de fecha del feriado del 24 de marzo. Joyas.
En este contexto se inscribe el nuevo capítulo de la “feria judicial”.
Respecto de la misma cabe recordar que sistemáticamente es motivo de impugnación desde los sectores más conservadores y reaccionarios que se amparan en la mala calidad de la Justicia para justificar sus ataques a un derecho adquirido de las y los trabajadores judiciales presentándola como un privilegio inaceptable.
Este intento fue muy importante durante la década de los 90 y aunque no desapareció nunca de la agenda de temas de la derecha más recalcitrante relacionada a la justicia ahora ha vuelto de la mano del Ministro de Justicia Germán Garavano como parte del paquete de reformas judiciales que propone el Gobierno denominado “Justicia 2020”.
Este funcionario es integrante de FORES, institución creada al inicio de la última dictadura para asesorarla y ligado a instituciones como el Banco Mundial y el Centro de Estudio de la Justicia de las Américas (CEJA) impulsores de reformas neoliberales en el ámbito judicial. Sin embargo hay que reconocer que el tiempo pasa, hay olvidos y pareciera ser que siempre estamos empezando.
La calidad de la Justicia no depende de la duración de los períodos de receso que por otra parte tienen una explicación histórica y valedera.
Quienes impulsan la eliminación de la feria, que de por sí es una ordenadora del trabajo judicial, ignoran o aceptan: que haya insuficiencia de órganos judiciales, que las dotaciones de trabajadores sean insuficientes, que muchas y muchos trabajadores trabajan más horas que las que marca la jornada legal, que por ese trabajo no reciben compensación alguna (ni dineraria ni horaria), que gran parte de los edificios judiciales son deplorables y no resisten una inspección de Seguridad e Higiene, que las sentencias son responsabilidad de los jueces como la investigación penal de los fiscales haya o no feria, que los procesos se prolongan innecesariamente producto principalmente de la combinación de la negligencia de los magistrados y las habituales “chicanas” procesales de los abogados, que la Justicia no es independiente de los poderes fácticos, que el Poder Judicial (tanto el nacional como los provinciales) no han sido siquiera rozados por la democratización constituyéndose en el único sector donde los trabajadores no disponen de negociación colectiva, que el poder judicial sigue siendo coto de caza de los políticos cuestión que queda palmariamente demostrada en los procesos de designación de magistrados, que la “justicia” es elitista, verticalista, machista, patriarcal y antidemocrática y lo padece el Pueblo en su conjunto.
Por todo ello, las y los trabajadores judiciales nucleados en la Federación Judicial Argentina, rechazamos cualquier intento de los gobiernos nacional y provinciales, de la Corte nacional y de las cortes y superiores tribunales de justicia provinciales de modificar cualquier condición de trabajo en los ámbitos judiciales sin debatirlo con los trabajadores y mucho menos impulsar reformas que impliquen pérdida de derechos.
Para que no queden dudas y parafraseando a un ex presidente norteamericano: “Es la lucha de clases, estúpido”
CABA, 25 de enero de 2017.-
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LA MEMORIA ES DEL PUEBLO
El Gobierno nacional tiene un objetivo en materia de Derechos humanos: eliminar la Memoria colectiva respecto al Terrorismo de Estado.
Para ello desarma o debilita a sectores del Estado que trabajan en la reconstrucción de la Memoria como viene sucediendo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Periódicamente algún funcionario oficialista insulta al Pueblo argentino minimizando el número de desaparecidas/os durante la Dictadura y calificando de “negocio” el drama de los familiares de aquellos.
Desalienta los juicios por delitos de Lesa humanidad.
Podríamos seguir con la lista de hechos y declaraciones generados desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia.
Cada uno de esos ataques fue respondido duramente por distintos organismos de DDHH, organizaciones sociales y sindicales, sectores de la política partidaria. Quizás concientes del repudio que merecen sus actos estos personajes han decidido cambiar de estrategia o en todo caso agregar una más. Esto es: desnaturalizar los símbolos.
En tal sentido resolvió el Gobierno de Macri hacer que el feriado del 24 de marzo sea un feriado “movible” pasándolo al lunes 27 transformándolo de esa manera en un fin de semana largo con connotaciones turísticas.
El decreto presidencial expresa entre otras cosas: “los feriados nacionales apuntan a conmemorar y concientizar sobre determinadas fechas que tienen relevancia histórica para el país, por lo que no debe perderse ese norte diluyendo su significado simbólico”. Pasar el feriado a otro día se contradice con el texto del decreto.
El 24 de marzo no es un día cualquiera en la Historia del pueblo argentino: es la fecha símbolo, la del inicio de la Dictadura más terrible que haya existido por estas tierras, la del Terrorismo de Estado, la del Genocidio, la de la sustracción de bebés, la de la entrega de la soberanía nacional. Todo lo que Macri y los suyos intentan negar u ocultar.
Por lo tanto repudiamos la decisión del Gobierno de Macri de mover el feriado del 24 de marzo, lo instamos a que lo rectifique y le aseguramos que…
No Hay Decreto QUE NOS BORRE LA MEMORIA
El 24 de marzo estaremos en las calles y plazas de nuestra Patria
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
HUGO BLASCO, Secretario General, Federación Judicial Argentina
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Los Ataques a la Independencia Judicial y el Estado de Derecho
El principio de independencia y estabilidad mientras dure la buena conducta, no son ni prebendas, ni privilegios, ni canonjías de los ciudadanos jueces: son garantías de su imparcialidad, indispensable como componente de un poder del estado cuya función consiste en ejercer un control sobre los restantes poderes, sobre la validez constitucional y convencional de las normas jurídicas emanadas de éstos; y la condición de posibilidad para asegurar, mediante sus sentencias, su cumplimiento o reparar su incumplimiento. Se trata, en cualquier caso, de resguardar a los verdaderos destinatarios de una mayor o superior tutela judicial, el pueblo, que en estos días hemos visto bastardeada a favor de las clases y sectores que detentan el poder real y efectivo, y a impulso de la fabricación de una ‘opinión publicada’ que avala, sostiene, apoya y premia su obsecuencia debida.
La coyuntura nos arrojó ejemplos contundentes
1) lo acontecido con la jueza Forns, en un pronunciamiento de la CSJN, donde sin perjuicio de lo opinable de la decisión de fondo, descalifica a la magistrada de modo inédito y autoritario, llegando a decir que, con su decisorio, “compromete el prestigio de todo el poder judicial”
2) lo ocurrido con el juez Rafecas, objeto de la vindicta de un conjunto de “personalidades” que tiene como denominador común un ‘nismanismo’ y una persecución política de escasa racionalidad
3) lo que sigue sucediendo con una inusitada ofensiva contra los derechos fundamentales de los/as trabajadores/as, los/as abogados/as laboralistas y los/as jueces del trabajo-tanto en palabras y acciones del propio presidente del promocionado líder aparente del ‘opoficialismo’,acusándolos de poner “palos en la rueda”, promover “la industria del juicio” y el “ausentismo”, entre otras
4) los intentos reiterados y por diversas vías para obtener la remoción de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Al respecto, basta y sobra con leer el título que luce en La Nación en la pag. 6 de su edición del 13 de septiembre de 2016: “Crean la Bicameral para desplazar a Gils Carbó. SENADO. Estará dirigida por un massista y controlará los actos del Ministerio Público”.
5) la demonización de todos los jueces que, con banderas de democratización de la justicia se incorporaron y mantienen en un espacio ideológico contestatario de la degradación del sistema; TODO ESO tiene puntos, objetivos y finalidades comunes, así asuma formas de ataque y métodos de destrucción y demolición que corresponda diferenciar.
Diversos elementos se configuran como armas de presión externa, pero un lugar de privilegio en esa avanzada lo ocupa la ‘‘opinión publicada’, como fuente incomprobable de certezas sociales relativa a los hechos sometidos a debate, investigación o resolución judicial. Así, todo aparece contaminado bajo la amenazas una falsa verdad mediática. Se revela como meta un estado de venganza sin antecedentes políticos desde las persecuciones de 1955 o la dictadura cívico militar de 1976.
En el caso de la jueza Forns, la Corte expresa una deformación que presenta al sistema de justicia como un orden vertical y jerárquico y no como una mera división de competencias, en la que las instituciones de la doble instancia o del doble conforme están concebidas exclusivamente en garantía constitucional y supraconstitucional de los derechos del pueblo. También expresa causas culturales, la imposición forzada del respeto al precedente o al criterio adoptado para un caso por el órgano que a sí mismo se autocalifica como ‘superior’; o las que procuran abstraer a los magistrados de la contextualidad social de sus fallos. También causas ideológicas, esgrimidas como certezas intangibles, ligadas a la mentada seguridad jurídica, los derechos adquiridos, el derecho de propiedad, el desconocimiento de representaciones de intereses colectivos o difusos, o la estigmatización de hipotéticos errores técnicos perfectamente revisables, en su caso, por la vía recursiva pertinente.
La Corte Suprema ha obrado, en este caso, con características de actuación propias de un órgano feudal, configurativas de un verdadero espacio pendular entre el autoritarismo, el discrecionalismo y cierto dejo de paternalismo anacrónico.
La Asociación de Abogados Laboralistas no procura ensalzar a las víctimas directas de estas agresiones, así puedan merecerlo, ni siquiera habilitar un cuadro de duda acerca de cómo se comportarán en el futuro otros jueces o funcionarios del Ministerio Público.
Sí consideramos imprescindible denunciar estos enormes agravios a los principios democráticos y republicanos y exigir el pleno respeto de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y la correcta inteligencia de la independencia judicial.
Consejo Directivo Asociación de Abogados Laboralistas
Matías Cremonte, Presidente.
Maria Paula Lozano, Secretaria General.
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JORGE JULIO LOPEZ
Ese compañero humilde que tuvo la grandeza, el enorme coraje de denunciar al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Diez años es un tiempo suficiente para evaluar las conductas de quienes debieron proteger a Julio y no lo hicieron; de quienes debieron investigar inmediatamente y no lo hicieron; de quienes seguramente contando con todos los medios para poder hacer lo que se debía hacer no lo hicieron; de quienes tiraron pistas falsas.
Pasaron gobiernos nacionales, provinciales, jueces y nada se avanzó.
Hoy la causa no tiene ningún imputado.
Recordemos la reacción estatal en esos primeros momentos acompañados por voceros supuestamente calificados: “Julio se perdió, ya va a aparecer, debe estar extraviado”. Incluso se llegó a descalificar al compañero con el tristemente célebre “por algo será”.
Sin embargo la voz y el accionar de los sectores populares y de los trabajadores se mantuvo firme acompañados por un grupo de abogados que tenazmente siguieron exigiendo “Aparición con Vida de Jorge Julio López y Castigo a los Responsables”.
Y lo seguiremos haciendo porque si se dice que hace más de treinta años recuperamos la democracia queremos que sea real a pesar de un gobierno nacional que intenta reinstalar la teoría de “los dos demonios”, la idea de la “guerra sucia” y de los oportunistas que ahora se rasgan las vestiduras por López y que se mantuvieron en silencio en estos años.
Compañero Jorge Julio López, ¡PRESENTE! , Ahora y SIEMPRE!!
NO OLVIDAMOS,
NO PERDONAMOS,
NO NOS RECONCILIAMOS.
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Repudio al editorial del diario La Nación
En un temerario editorial del día de hoy, el matutino “La Nación” sustenta la necesidad de producir en nuestro país “Un cambio indispensable en las relaciones laborales”, uno más desde la ofensiva patronal contra los derechos de los trabajadores.
Titulado de esa forma, y fiel a su tradición de ser el portavoz de las grandes empresas y sectores concentrados de nuestra economía, el editorial visibiliza el objetivo de las clases dominantes y del gobierno para impulsar una nueva “flexibilización laboral”.
Las ideas centrales reiteran argumentos expuestos desde la dictadura genocida, que fueran exacerbadas en la década del 90, incluyendo la disminución de los aportes patronales a la seguridad social con el consabido desfinanciamiento del sistema jubilatorio.
Resulta irónico que aquellas patronales que despiden a comisiones internas que no les responden utilizan de manera falaz el argumento de la “libertad sindical”. En rigor, se proponen la atomización de las organizaciones sindicales, induciendo la división del movimiento de trabajadores y su debilitamiento a la hora de la negociación laboral.
El discurso de La Nación pretende que el Ministerio de Trabajo, en cuanto autoridad de aplicación, deje de homologar los acuerdos paritarios, intentando con ello burlar el “principio protectorio” que debe regir todas las relaciones laborales (Art.14 bis CN), e impulsar acuerdos privados entre empresas y sindicatos por sector.
Como si esto fuera poco, en el espíritu de las patronales y el gobierno se buscan “contratos deplazo fijo flexibles”, con periodos de prueba más largos y que faciliten la contratación y el despido de trabajadores. Impulsan, además, que la “indemnización por despido debería sustituirse por un sistema contributivo” con el claro objetivo que los trabajadores “aporten” en un sistema similar a las ART, para
que después les abonen indemnizaciones de hambre. Si el despido se facilita, se lleva con ello todas las instituciones de la justicia social.
En síntesis, las propuestas esgrimidas tienen como propósito instalar la inseguridad en el corazón de las relaciones laborales, dejando el trabajo estable con seguridad social y remuneraciones acorde a las necesidades para satisfacer la canasta total de los trabajadores y su familia en el arcón de los recuerdos.
Los argumentos de La Nación son antiguos y expresan la voluntad de la ofensiva de las patronales más concentradas contra los trabajadores. Es algo que ya vivimos, sufrimos y resistimos activamente en las calles contra la dictadura y la reestructuración regresiva de las relaciones laborales, ley Banelco mediante.
Por todo eso, y ante este nuevo intento de priorizar medidas y reformas favorables a la rentabilidad de las grandes empresas y a costa de los derechos de las y los trabajadores, la CTA Autónoma repudia esta maniobra y ratifica la urgente necesidad de retomar el camino de la unidad en la acción e impulsar claramente un plan de lucha y un paro nacional que explicite ante la sociedad el proyecto alternativo de la mayoría de la población que son las trabajadoras y los trabajadores.
Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma
José Rigane – Secretario Adjunto CTA Autónoma
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La democracia herida
El gobierno provincial debe repensar su estrategia, dejar de lado los métodos represivos y, reconocer la legitimidad de lo pedido por los trabajadores estatales, empezando por abrir una instancia de diálogo democrático y paritario, que hasta ahora viene negando.
En ese sentido, respaldamos plenamente el reclamo de derogar las leyes aprobadas en el mes de enero sobre modificaciones en el sistema jubilatorio y previsional ,así como las referidas a cargas impositivas para el conjunto de la población.
Si no se atiende a la razonabilidad de estos pedidos y se sigue negando el diálogo democrático, el gobierno provincial equivocará el camino.
Exigimos, pues, la inmediata libertad de los detenidos, el desprocesamiento de los compañeros y la iniciación de conversaciones bilaterales, entre trabajadores y autoridades provinciales, para resolver el conflicto.
Hugo Blasco
Secretario General FJA