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Desde las 10 de la mañana realizan abandono de tareas, para concentrarse en el Palacio de Justicia. Los trabajadores se suman, de esta manera, a la jornada nacional que organiza la Federación Judicial Argentina, por lo que la atención se verá resentida.

Los reclamos tienen que ver con el pedido de salarios dignos, paritarias sin techo, derecho a la negociación colectiva, no a la criminalización de la protesta social, entre otros.

En Córdoba, la jornada de la Federación Judicial Argentina servirá de marco para el reclamo local ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que tiene como consecuencia la decisión de los judiciales adoptada la semana pasada de comenzar con el “trabajo a código”.

El titular de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) Federico Corteletti explicó: “Estas medidas las hicimos contra nuestros empleadores (TSJ), que no nos dan soluciones de fondo. El Ministerio de Trabajo debería resolver esta cuestión. Debe haber reglas del juego como las hay en cualquier conflicto laboral. El Tribunal Superior de Justicia se niega permanentemente”.

De la misma participaron representantes del Foro de Abogados y del Colegio de Magistrados locales.Por los trabajadores judiciales lo hicieron el Secretario general de la Unión Judicial de San Juan, Sebastián López, Hugo Suárez, Secretario de actas de la FJA, el Secretario general de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco y el asesor legal Dr. Ulises Gorini.

En la oportunidad el Dr. Aguinaga expuso sobre los objetivos e iniciativas del Proyecto Justicia 2020 impulsado por el Ministerio nacional.Los representantes de los trabajadores manifestaron su permanente preocupación por el estado de crisis de los Poderes judiciales provinciales y nacional haciendo hincapié en la necesaria democratización de la justicia.

Puntualizaron al respecto su sorpresa al observar que el Proyecto no menciona a los trabajadores y a su relación con el Estado empleador habida cuenta que muchas de las reformas propuestas implican cambios importantes en las condiciones de trabajo.

Mencionaron al respecto la denuncia ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) efectuada por la FJA y la CTA por la ausencia de negociación colectiva en el ámbito judicial.

En tal sentido el organismo internacional en el año 2012 y sucesivamente instó al Estado argentino a tomar las medidas necesarias para subsanar dicha carencia que constituye una grave negación de un derecho constitucional de los trabajadores.

Hasta el momento la situación se mantiene invariable.Finalmente se convino seguir debatiendo sobre la situación de la justicia provincial sanjuanina.

La Federación Judicial Argentina convoca a Jornada Nacional de Lucha para el miércoles 11 de mayo de 2016.

En varios distritos del País se van sucediendo conflictos gremiales que tienen como protagonistas a los trabajadores judiciales.

En algunos casos junto a otros gremios de estatales donde la Unidad de acción es una práctica cada vez más generalizada.

Temas como Salarios dignos a través de Paritarias libres sin techo, derecho a la Negociación colectiva, NO a la criminalización de la protesta social, derecho a la seguridad social (previsional y asistencial) están entre los principales.

Debemos puntualizar algunos conflictos particularmente graves por su temática, intensidad y duración como el de Tierra del Fuego donde se han registrado procedimientos “judiciales” típicos de la dictadura en perjuicio de trabajadores en huelga que configuran gravísimos antecedentes violatorios de los Derechos Humanos por parte del Estado fueguino.

Por tal motivo se convoca a esta Jornada nacional que se implementará a lo largo y ancho de la Argentina a través medidas tales como paros, asambleas, volanteadas, etc las que serán fijadas por cada sindicato.

​La denuncia fue radicada en la localidad de Chos Malal producto de que el 10 de febrero de este año, parte de la conducción del gremio y empleados judiciales acompañaran a una trabajadora judicial, víctima de violencia de género, que reclamaba la restitución de sus hijos en un juicio por la tenencia iniciado por su ex pareja.

En este contexto, tanto el agresor, como su abogada patrocinante, Graciela Rossi (ex jueza destituída por violencia laboral), están acusados de maltratar y amenazar a trabajadoras del equipo interdisciplinario, magistrados y funcionarios de esa localidad, lo que derivó acciones gremiales para exigir el cese de la violencia.

A raíz de estas acciones el agresor y su abogada denuncian penalmente a parte de la conducción del sindicato y trabajadores judiciales.

Este viernes 6, los judiciales están realizando un paro activo y se movilizan a Chos Malal en el marco de una audiencia a que fueron citados por esta causa abierta.

Con esta declaración, la Gobernadora demuestra un desconocimiento radical de la representación sindical en el ámbito del Poder Judicial, ya que la Asociación Judicial Bonaerense es el único sindicato con personería gremial con facultad de representar en la negociación colectiva a empleados y todos aquellos funcionarios judiciales que no requieran acuerdo del Senado para su designación (actuales niveles 8 a 19.5 y un sector de agentes del nivel 20).

Esta representación, además de estar sostenida en la normativa vigente en materia sindical, ha sido reconocida invariablemente por el Estado provincial en cada negociación salarial, incluso en las reuniones paritarias realizadas con este Gobierno durante marzo y abril del corriente año.

Lo que realmente ocurre es que el Gobierno provincial pretende legitimar el cierre unilateral de la paritaria con un porcentaje que reduce sustancialmente los salarios de todo el Poder Judicial. Para ello ha decidido transitar el peligroso camino de la ilegalidad, al invocar negociaciones y consensos con sectores que no tienen representatividad para negociar colectivamente los salarios de empleados y funcionarios judiciales.

Desde la AJB exhortamos a la Gobernadora a reanudar las negociaciones con la representación legítima de los trabajadores judiciales, suspendidas unilateralmente por el Estado desde el 11 de abril.

De lo contrario, sera la única responsable de la profundización de un conflicto que ya lleva 11 semanas de desarrollo y que sólo puede resolverse con un acuerdo suscrito por el conjunto de los trabajadores judiciales a través de su legítima representación gremial.

Asimismo, sostenemos la necesidad de construir los mayores consensos posibles al interior del Poder Judicial para enfrentar una política salarial que pretende producir un retroceso en el camino de jerarquizar las condiciones laborales y salariales de quienes garantizamos día a día el funcionamiento de la justicia bonaerense.

El gobierno provincial debe repensar su estrategia, dejar de lado los métodos represivos y, reconocer la legitimidad de lo pedido por los trabajadores estatales, empezando por abrir una instancia de diálogo democrático y paritario, que hasta ahora viene negando.

En ese sentido, respaldamos plenamente el reclamo de derogar las leyes aprobadas en el mes de enero sobre modificaciones en el sistema jubilatorio y previsional ,así como las referidas a cargas impositivas para el conjunto de la población.

Si no se atiende a la razonabilidad de estos pedidos y se sigue negando el diálogo democrático, el gobierno provincial equivocará el camino.

Exigimos, pues, la inmediata libertad de los detenidos, el desprocesamiento de los compañeros y la iniciación de conversaciones bilaterales, entre trabajadores y autoridades provinciales, para resolver el conflicto.

Hugo Blasco
Secretario General FJA

Esta institución ha sido constitutiva del Estado de Derecho en la Argentina y de ella se han valido figuras tan representativas como el General Prats de Chile o el Senador Michelini de Uruguay, para no hacer la larga lista de dirigentes argentinos que gozaron del refugio político en otros países latinoamericanos desde Sarmiento y Alberdi hasta Perón y Santucho.

A pesar de ello, recién en el año 2006, luego de 10 años de lucha, se aprobó la ley de refugio, en un contexto propicio para los derechos humanos anticipada por la aprobación en el año 2004 de la ley de migraciones (Ley 25.871), la cual convirtió a la migración en un derecho humano.

Pero en el mismo año 2006, el Poder Ejecutivo expulsa del país a los Seis Campesinos Paraguayos que habían sido invitados a refugiarse en la Argentina por el Embajador ante el gobierno de Paraguay, para luego ser apresados y entregados a una justicia que nunca rompió amarras con el Stroessnerismo como se demostró en el Golpe de Estado perpetrado con su colaboración contra el presidente Lugo so pretexto de la Masacre de Curuguaty.

Contra la versión que propalan los medios comerciales de comunicación, la Argentina es un país más que selectivo al momento de otorgar el refugio: entre el año 2000 y 2010 solo se otorgó el beneficio al 27.40% de los que lo solicitaron.
No olvidamos que uno de los principios rectores de la doctrina norteamericana, doctrina Bush o Acta Patriótica, es exigir desconocer los derechos de los que ellos consideran terroristas comenzando por negar el derecho al refugio político a los así llamados “terroristas”.

Denunciamos que las resoluciones de la Corte Suprema en ese sentido son un modo de aplicación de la Ley Antiterrorista por lo que la lucha por la defensa del Instituto del Refugio Político debe ir acompañada de la exigencia de la inmediata derogación de todas las adecuaciones al Código Penal inspiradas por las diversas versiones de la Ley Antiterrorista aprobadas en los últimos años.

En un Perú donde el Poder Judicial sigue en guerra contra el “terrorismo” y la derecha más rabiosa y subordinada al Imperio acaba de ganar las elecciones, el destino de Rolando Echerry Pareja y Oswaldo Ceferino Quispe Casa no puede ser otro que el de largas condenas en juicios donde las garantías procesales brillarán por su ausencia y el derecho a defensa será una falsedad flagrante.

Al repudiar los ataques contra el instituto del refugio político y pronunciarnos por el derecho de todas y todos los compañeros de encontrar refugio en la Argentina, convocamos a todas las fuerzas comprometidas con el Estado de Derecho y la tradición solidaria argentina con el destino de la Patria Grande.