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A la espera del llamado del Gobierno provincial para iniciar la discusión salarial, los trabajadores nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-FJA) se encuentran en estado de alerta y movilización y atentos a lo que acontezca con las negociaciones de otros sectores.

“El gobierno dijo que nos iba a convocar la semana pasada, pero aún estamos esperando. De no mediar una pronta respuesta, la semana próxima realizaremos asambleas departamentales para definir medidas de fuerza”, advirtió Pablo Abramovich, secretario Adjunto de la AJB.

“Este año pudimos definir de manera unánime cuál es el reclamo de los trabajadores judiciales en materia salarial. No sólo exigimos una recomposición que nos ayude a recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación, sino también avanzar en una justa distribución salarial dentro del Poder Judicial”, agregó Hugo Blasco, secretario General.

La AJB reclama un aumento del 40% sobre los sueldos básicos de diciembre, que deberá abonarse en una sola cuota. Y además, cobrar el aumento recibido por los jueces en diciembre.

“No puede ser que los únicos que hayan recibido un aumento salarial en diciembre hayan sido los jueces. Es discriminatorio. Y se agrava si tenemos en cuenta que los trabajadores judiciales tienen un salario de inicio inferior a los 7 mil pesos, mientras que los jueces ganan entre 50 mil y 120 mil”, destacó Blasco.

Otra cuestión central que se planteará en la reunión paritaria será el pago de los años de antigüedad que se abonan por debajo del 3%, la recuperación del 1% para los Jefes de Despacho y Peritos I (pendiente desde 2011), un nuevo aumento de la Bonificación Especial y la eliminación del cargo de Auxiliar 5º para mejorar el salario de ingreso al Poder Judicial.

Medidas de fuerza

“Junto con otros gremios estatales estamos evaluando que si la intención del gobierno es sostener propuestas que ronden el 25% como la que le hicieron a los docentes, estaremos frente a un conflicto prolongado y generalizado en todo el Estado provincial. Nuestras estimaciones dan una inflación de entre 35 y 40%, por lo que la propuesta no puede ser inferior”, destacó Pablo Abramovich.

“Desde la AJB (agregó) estamos propiciando una articulación con todos los trabajadores estatales para llevar adelante una medida de fuerza en común durante los primeros días de marzo. Somos todos empleados del mismo Estado provincial, y si la pauta salarial es de ajuste, nos ajustarán a todos, por eso debemos dar una respuesta conjunta desde todos los sectores”.

Durante la mañana del jueves, los judiciales se convocaron en plenario provincial para abordar los siguientes temas: adelantamiento de negociacion salarial, precarización laboral y carrera judicial.

En lo que respecta al primer punto, se resolvió por unanimidad solicitar el 35% de aumento retroactivo al mes de enero de este año y dejar establecida una nueva negociación salarial para el segundo semestre. De no tener una convocatoria a la mesa salarial por parte del TSJ, el martes 24 quedó fijada una movilización al Tribunal exigiendo la reapertura de la negociación.

En otro orden de cosas la asamblea resolvió:

• Exigir la inmediata reincorporación de Romina Quiróz, trabajadora del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), quien fuera despedida en el mes de diciembre pasado.

• Repudiar el accionar violento y maltratador de la Escribana María Laura Suárez, titular del RPI.

• Solicitar que se archiven las denuncias penales y eventuales sumarios, iniciados a los compañeros del Sector de Notificaciones.

• Exigir al TSJ que se cumpla con la Ley N° 2.670 y que se abstenga de tomar decisiones unilaterales que deban ser discutidas con el SEJuN en un ámbito paritario.

• Nacionalizar todos estos conflictos a través de la intervención de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA).

• Lanzar una campaña de difusión denunciando las situaciones de violencia laboral dentro del Poder Judicial, como así también todas las irregularidades que allí existen. La campaña deberá incluir difusión a traves de los medios de comunicación y radios abiertas, entre otras cosas.

La misma propone además hacer públicas las pruebas de las que disponía el Fiscal Nisman, la democratización del Poder Judicial y de las Fuerzas de Seguridad, la nulidad de la Ley Antiterrorista y el cese del espionaje sobre las organizaciones populares. En ese sentido manifestamos que no somos convocantes de la marcha del 18 por no compartir las consignas y propuestas de la misma.

Interpretamos y respetamos a quienes se movilizan en búsqueda de finalizar con la impunidad y el encubrimiento. Sostenemos diferencias con muchas personas y entidades que convocan o se suman a la movilización, algunas de las cuales tienen responsabilidades en relación a impunidad y encubrimiento en el atentado a la AMIA. No obstante, nuestra ausencia refleja el convencimiento de que para avanzar en la búsqueda de Verdad y Justicia que nuestro pueblo anhela es imprescindible una Comisión Investigadora Independiente con plenos poderes, con mayoría de personalidades del movimiento popular, la cultura y los derechos humanos, también integrada en minoría por parlamentarios, proyecto que se encuentra con estado parlamentario en ambas cámaras del Congreso Nacional.

Ratificamos que estamos ante una profunda crisis política e institucional y que la voz del pueblo debe hacerse oír por arriba del ruido incesante de los medios de comunicación de masas y el llamado a silencio de otros interesados. Reiteramos la exigencia de medidas de fondo, sin oportunismos electoralistas ni maquillajes gatopardistas como la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), reconociendo la responsabilidad absoluta de los tres poderes del Estado y poniendo fin a la injerencia de poderes extranjeros.

Por eso convocamos a luchar por la apertura de los archivos y una Comisión Investigadora Independiente de todos los poderes del Estado involucrados en el encubrimiento de la masacre de la AMIA. Sólo una Comisión de estas características puede generar condiciones para terminar con la impunidad de la masacre a la AMIA, de la cual la muerte de Nisman es un capítulo más. Convocamos a luchar por la disolución de la SI, ex SIDE, y todos los aparatos de inteligencia al servicio de intereses ajenos al pueblo, la anulación de la Ley Antiterrorista y otras herramientas destinadas a perseguir a los movimientos populares y la destitución de Milani al frente del Ejército y los servicios.

Nuestro pronunciamiento, el cual expresa una posición independiente de los que sostienen la impunidad desde el oficialismo y la oposición sistémica, llama a la más amplia unidad de acción para seguir movilizándose con este programa, en la perspectiva de lograr la Verdad y Justicia que nuestro pueblo exige.

CTA Autónoma – APEMIA – Asociación ex Detenidos Desaparecidos – Dialogo 2000/Jubileo Sur Argentina – SERPAJ – Fundación La Alameda –Laura Ginsberg – Adolfo Pérez Esquivel – Carlos Custer – Diputado Víctor De Gennaro – Diputado Claudio Lozano – Diputado Alejandro Bodart – Diputado Pablo Bergel – Graciela Iturraspe, Diputada mandato cumplido – Jorge Cardelli, Diputado mandato cumplido – Vilma Ripoll, Diputada mandato Cumplido – Liliana Parada, Diputada mandato cumplido – Rubén “Pollo” Sobrero – Juan Carlos Alderete – Diana Cordón – Frente Popular – Unidad Popular – Partido Comunista Revolucionario PCR – MST – Nueva Izquierda – Corriente Emancipación Sur – Camino de los libres – Partido del Trabajo y el Pueblo PTP – Buenos Aires desde Abajo – Confluencia MPLD MTK en el Frente Nacional unidad Popular – Corriente Clasista y Combativa CCC – Movimiento Teresa Vive – Liberpueblo – ATE – FeTERA – Luz y Fuerza – CICOP – Federación Judicial Argentina FJA – Liber Pueblo – Tendencia Piquetera Revolucionaria – ATTAC Argentina – Antonio Sofia – Amancay Ardura – Elena Hanono – Juan Yahdjian y Grupo Madre Tierra, de Eldorado Misiones. Siguen las firmas…

Miembros de la conducción del SEJuN, efectuaron una denuncia contra la escribana María Laura Suárez, titular del Registro de la Propiedad inmueble (RPI) por violencia laboral hacia las trabajadoras de esa dependencia.

La denuncia fue radicada en el Juzgado Laboral N° 4, a cargo del Dr. José Ruíz (Exp. 504813/2015). La misma se enmarca en la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres (ley N° 2.786). Esta norma provincial contempla la violencia laboral contra las mujeres, como una de las tantas formas de sometimiento hacia las mujeres trabajadoras.

Si bien el hostigamiento y las intimidaciones son una constantes hacia las trabajadoras que ejercen sus derechos sindicales, esta situación de maltrato se agravó cuando comenzó el reclamo por condiciones dignas de trabajo en el sector. Así, las amenazas de sumarios y sanciones se volvieron moneda corriente en la dependencia.

El sindicato efectuó esta presentación en su legítimo carácter de representantes de las trabajadoras del RPI. Por ello en una conferencia de prensa realizada hoy en la sede sindical, informaron acerca de los fundamentos de la denuncia, dando a conocer a toda la opinión pública, esta gravísima situación de violencia laboral.

La Comisión de Expertos sobre la Aplicación de Normas del Trabajo de la O.I.T. acaba de pronunciarse enérgicamente a favor del reclamo de la Federación Judicial Argentina por la negativa permanente del Estado argentino del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del sistema judicial.

Después de que hace más de dos años, exactamente, el 14 de junio de 2012, el Comité de Libertad Sindical de la OIT observara al Estado argentino el incumplimiento del convenio 154 de negociación colectiva en el sector público, ahora, en los comentarios a la memoria, la Comisión de Expertos ha formulado una nueva y todavía más contundente observación. A la vez de referir al incumplimiento, la Comisión recuerda al Estado que está pendiente de respuesta el ofrecimiento de una asistencia técnica por parte de ese mismo organismo, para que se resuelva a la brevedad el problema planteado.

Se trata, entonces, del pronunciamiento de la máxima instancia internacional en materia de convenios laborales, que resuelve en favor de nuestro reclamo.

Es, por tanto, un éxito político y jurídico absoluto de la Federación, que deja en evidencia la persistencia de las patronales del sistema judicial en la conculcación de nuestros derechos.

“La única condición en la que se parapetan las patronales es en la prepotencia, -declaró el Secretario General de la FJA, Carlos F. Ordónez, al comentar el pronunciamiento de la OIT. La razón, el derecho y la justicia están de nuestro lado. Y así lo acaba de declarar la OIT.

“Esperemos que este nuevo pronunciamiento sea escuchado por las autoridades nacionales, tanto el Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio de Trabajo podría convocar a negociaciones que conduzcan a hacer efectivo el pronunciamiento, cuanto el Poder Legislativo que bien podría sancionar una ley que estructure un procedimiento de negociación, cuanto y quizás más decisivamente, la Corte de Justicia de la Nación que se ha mostrado recalcitrante en la negación de nuestros derechos”.

El texto completo del pronunciamiento dice así:

“Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) (ratificación: 1993) La Comisión toma nota de las observaciones sobre la aplicación del Convenio presentadas por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA) y la Federación Judicial Argentina (FJA) en 2014, sobre la negación del derecho de negociación colectiva a los trabajadores judiciales. La Comisión observa que este asunto ha sido tratado ya, en 2012, por el Comité de Libertad Sindical (véase 364.º informe, caso núm. 2881, párrafo 231) en el que recomendó al Estado «que tal como dispone el artículo 5 del Convenio núm. 154 adopte las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, inclusive legislativas si fueran necesarias, para fomentar la negociación colectiva entre las autoridades del Poder Judicial y las organizaciones sindicales concernidas». La Comisión invita al Gobierno a que siga las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y le recuerda que la asistencia técnica de la Oficina está en su disposición. [Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2015.]”

Finalmente, Ordoñez saludó a todos los trabajadores judiciales del país por este triunfo y recordó que “este año se multiplicarán las fuerzas para luchar por una instancia común a ni el de todo el país para la negociación colectiva, que sea la matriz de un convenio colectivo de todos los trabajadores judiciales”

El Consejo de la Magistratura de Corrientes suspendió a una fiscal de instrucción al formular una acusación por mal desempeño a raíz de una denuncia por acoso psicológico, autoritarismo y maltrato laboral al personal.

La denuncia contra Roxana Beatriz Romero, titular de la Fiscalía de Instrucción, Correccional y de Menores N° 1 de Paso de los Libres, fue presentada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ-FJA) al Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía General por presuntas “situaciones de acoso psicológico, autoritarismo y maltrato laboral para con el personal de las distintas dependencias en las que Romero había trabajado”, se informó.

FUENTE: Diario Digital Tu Misiones

Representantes del SITRAJ pidieron este martes al Superior Tribunal de Justicia (STJ) la nulidad de las designaciones resultantes del último concurso para cubrir las distintas necesidades profesionales del Instituto Médico Forense por entender que el mismo estuvo destinado a dotar de legalidad el nombramiento de parientes de alguno de los miembros de ese Alto Cuerpo como también del Sr. Fiscal General. Asimismo, solicitaron la suspensión del juramento previsto para el 26 de enero hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

El 17 de diciembre de 2014, por Acuerdo Nº 35, Punto 13, se dispuso asignar cinco cargos al Instituto Médico Forense, con efecto a partir del 1º de febrero de 2015, dejando pendientes a los médicos que concursaron en el Servicio de la Morgue Judicial y dentro del Servicio Pericial a los Odontólogos Forenses, votando por esta “selección” de cargos los Sres. Ministros Semhan, Niz y Chain sin fundamentar en que se basaron para priorizar estos cargos.

De los cinco cargos concursados en cuatro de ellos fueron nombrados familiares directos: el Médico Psiquiatra Dr. José María Chain es el hermano del Ministro Dr. Alejandro Alberto Chain; el Medico laboralista Dr. Horacio Raimundo Sotelo es el hermano del Fiscal General Cesar Pedro Sotelo; la Medica Ginecóloga Dra. Valeria Ivonne Niz es la hija del Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, y el Bioquímico Jorge Reimer es familiar por afinidad en primer grado (yerno) del Ministro Fernando Augusto Niz. Esto es cabal prueba de que se ha violado el artículo 5 del Código de Ética, causando un daño grave y extremo, que definitivamente afecta la imparcialidad que debe existir en todo proceso de designación de funcionarios judiciales.

MEDIDA CUATELAR

Ante esta situación, solicitaron que hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo se SUSPENDA el JURAMENTO de ley previsto para el día 26 del corriente mes – situación poco común en plena feria judicial – de los Bioquímicos MIRTA SUSANA GURCKERT, JORGE SEBASTIAN REIMER y los Dres. HORACIO RAIMUNDO SOTELO, JOSE MARIA CHAIN y VALERIA YVONNE NIZ.

Además, debido a la proximidad de la toma de juramento, los representantes de los trabajadores solicitaron la HABILITACION DE FERIA JUDICIAL, conjuntamente con la suspensión del juramento y que se resuelva la nulidad de la designación del concurso a la brevedad.

Lo dijo el Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense, Hugo Blasco, en el marco de la conferencia de prensa realizada ayer en la sede provincial del gremio, con la presencia de la Comisión Directiva Provincial y Secretarios Generales departamentales.

En tal sentido, el titular del gremio ratificó que “las medidas de fuerza de ayer y hoy fueron muy buenas en toda la provincia, lo cual habla del nivel de indignación y bronca de los trabajadores judiciales respecto de esta decisión del Ejecutivo, y de la cual también hacemos responsable a la Corte”.

“Estamos en condiciones de anunciar que estamos en estado de alerta y movilización a pesar de la feria judicial, y si la situación se mantiene no vamos a iniciar el año de trabajo el primer día hábil de febrero”, ratificó.

Más adelante, Blasco expresó que “exigimos tener el mismo trato que los jueces, lo que implica tener el aumento que tuvieron los magistrados a partir del 1º de diciembre, independientemente de la negociación que esperamos tener con el Ejecutivo con respecto al adelanto de la paritaria de 2015”.

“Es un agravio a los trabajadores judiciales”

Con el correr de la rueda de prensa, el titular del gremio exteriorizaba la bronca ante la resolución del aumento y daba su parecer ante la medida ya consumada.

“Fue una medida sorpresiva y muy artera que da por tierra con algunos dichos del Ejecutivo como es tener un criterio distribucionista a favor de los niveles salariales más bajos. Este aumento continuó el Secretario General, de un 4 por ciento sobre el sueldo de noviembre de bolsillo para los magistrados, se dio precisamente sobre los sectores que mejor ganan en el Poder Judicial. Estamos hablando de sueldos entre 50 y 120 mil pesos de bolsillo. Hay que ganar en la Argentina esa suma”.

A la vez de señalar que “denunciamos la mentira del Ejecutivo, que quiso justificar este aumento sobre la base que estaba previsto con anterioridad como una tercera cuota de la política salarial 2014. Y para eso tenemos la prueba que son los comunicados del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, donde al menos hasta el mes de junio se quejan amargamente de lo insuficiente del aumento salarial para el 2014”.

“Además, los instructivos para liquidar el aumento que el Ejecutivo giró en abril a la Corte y al IPS preveían sólo dos cuotas para todos los niveles, del 6 al 23. Si el aumento efectivamente hubiera sido acordado en abril, el aguinaldo de diciembre de los jueces se habría liquidado incluyendo el nuevo aumento, hecho que no ocurrió”.

“Esto constituye un agravio a los empleados y funcionarios sentenció, sobre todo porque nosotros presentamos una nota formal al Gobernador el último 3 de noviembre exigiendo la apertura de las paritarias, y hoy todavía no hemos sido convocados. Mientras tanto, vemos que paralelamente los jueces tienen un aumento ya consumado a partir del 1 de diciembre. Si hay para algunos tiene que haber para todos”.

“Es un escándalo”

A su turno, el Secretario Adjunto de la AJB, Pablo Abramovich, tildó con este mote la situación por la cual el Ejecutivo, con la participación de la Corte, ha otorgado este aumento de privilegio.

“Ustedes imaginen cuáles hubieran sido los titulares de los diarios si en una Provincia donde un docente o un auxiliar de educación gana 5 mil pesos, el Gobernador y sus Ministros se otorgaran un aumento salarial de 6 mil pesos sin dar nada al resto. Esto es lo que está pasando hoy en el Poder Judicial”

“Por eso el Ejecutivo y el Colegio de Magistrados están queriendo instalar que este aumento fue producto del acuerdo arribado en la paritaria salarial de este año. Sin perjuicio que eso es lisa y llanamente una mentira, de ser cierto sería el único caso de una paritaria salarial negociada y acordada en secreto y sin informar sus resultados a la sociedad. Es decir, en absoluta violación a lo que debe ocurrir en un Estado democrático”, remarcó Abramovich.

Por último, el Secretario Adjunto de la AJB fue tajante en señalar: “Este mamarracho que hizo el Ejecutivo ha causado muchísima bronca. Desde el criterio de equidad más básico, es un escándalo que el aumento otorgado a los ministros de la Corte sea igual al sueldo completo de un trabajador que ingresa al Poder Judicial. Además, reabrir la paritaria para un sólo sector del Poder Judicial y en total secreto constituye una práctica antisindical que no vamos a tolerar”.