Desde la Federación Judicial Argentina (FJA), ante la escalada de precios y la profundización del deterioro del poder adquisitivo de los hogares por el proceso inflacionario, exhortamos a los gobiernos provinciales y al Gobierno Nacional a impulsar iniciativas eficaces para recomponer los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores judiciales y hacer realidad la consigna que demanda que los salarios le ganen a la inflación.
En ese sentido, luce imprescindible que todas las organizaciones sindicales y centrales de trabajadorxs exijamos y luchemos por la reapertura de las Paritarias Salariales en todos los sectores. Eso supone afectar las ganancias de grandes grupos económicos fijadores de precios que, por otra parte, no sólo han salido airosos de la recesión agravada por la Pandemia sino que, incluso, en algunos casos han registrado incremento de sus utilidades durante 2020 y ahora pretenden extorsionar a nuestro pueblo con la amenaza del desabastecimiento, privilegiando una vez más sus intereses.
Asimismo, resulta urgente volver a poner en escena la discusión por la redistribución del ingreso y sobre cuáles deben ser las prioridades para con nuestro pueblo. La suba de precios afecta a la mayoría de la población, especialmente la que percibe ingresos fijos: salarios, jubilaciones, planes sociales. La pérdida del poder adquisitivo de millones de personas empobrecidas impacta también sobre micros, pequeñas y medianas empresas que actúan en el mercado interno, y define al conjunto del pueblo argentino como el principal perjudicado del fenómeno inflacionario. Este panorama se vio agudizado durante la Pandemia de COVID-19, por encima de la ya grave crisis económica infligida por las políticas neoliberales que la precedieron.
El control de precios debe recorrer toda la cadena de valor y especialmente apuntar al origen del problema que está dado por esos capitales altamente concentrados, de capital externo y local, que desde su posición monopólica fijan los precios y presionan sobre el Estado para el logro de sus objetivos, entre otros las reaccionarias Reformas Laboral y Previsional, para mejorar la tasa de ganancia en contra de los derechos sociales, sindicales, individuales y colectivos de las trabajadoras y los trabajadores. Son reivindicaciones contenidas en el acuerdo suscripto con el FMI en 2018, una verdadera estafa de una deuda ilegítima, ilegal y odiosa.
Sostenemos que no solo no hay condiciones de pagar hoy al FMI, sino que los pagos debieran suspenderse y realizar una auditoría integral con participación popular. Solo bajo esas condiciones y elaborando una estrategia económica que parta de resolver las necesidades populares es que se puede abordar cualquier consideración con acreedores y organismos internacionales.
La situación es compleja y aun cuando merma el impacto pandémico –ello gracias a nuestra salud pública, sus trabajadorxs y al plan de vacunación–, los problemas sociales siguen siendo inmensos, agravados por una crisis global del capitalismo que impacta sobre trabajadoras, trabajadores, los pueblos, con crecimiento de la pobreza y la desigualdad, como con un deterioro del medio ambiente y la naturaleza derivado del saqueo de los bienes comunes.
Por eso, la FJA convoca a estar movilizadxs y a organizarse en todo el territorio nacional en defensa de los intereses de nuestro pueblo, en contra del capital concentrado y sus proyectos, coincidentes con una agresiva derecha política con vínculos internacionales, al tiempo que se requiere afianzar lazos de solidaridad y cooperación con todos los pueblos de la región y del mundo que luchan por la liberación, sin explotación ni saqueo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 noviembre de 2021.-
