Ayer se realizó una reunión paritaria en la que no se obtuvieron respuestas respecto del los montos adecuados (saldo sueldo diciembre 2017, saldo SAC 2017, instrumentación de aumentos según el sistema salarial vigente, sueldo de marzo 2018).
“A 18 días seguimos exigiendo el pago en tiempo y forma y de manera íntegra. Rechazamos las dilaciones y promesas incumplidas”, indicaron los trabajadores mediante un comunicado.
Hoy finaliza la presidencia de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, de Hilda Kogan.
La AJB indicó que fue una presidencia en contra de lxs trabajadorxs judiciales de la provincia de #BuenosAires
Una de las últimas medidas que Kogan tomó al frente de la Corte fue descontar el día de paro a las trabajadoras judiciales del 8M
El pasado 8 de marzo, las trabajadoras judiciales pararon en el marco del Paro Internacional de mujeres.
Fue con motivo del reciente fallecimiento del que fuera interventor durante la última dictadura cívico-militar de la Provincia de Córdoba, Carlos Bernardo Chasseing.
Si es cierto, como ha dicho el Presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti que la política de Memoria, Verdad y Justicia y los juicios de lesa humanidad “forman parte del contrato social de los argentinos”, es inconcebible que el titular del área gubernamental que debe llevar adelante esas políticas, haya expresado que participa del fallecimiento de quién fuera la máxima autoridad provincial mientras se torturaba, asesinaba y desaparecía a miles de ciudadanos, como ha quedado acreditado en las múltiples sentencias recaídas sobre Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Rafael Videla y subalternos.
Tamaña incoherencia con la misión declarada del Ministerio de Justicia y DD.HH. de fortalecer la vigencia de los derechos humanos ofende a las víctimas, daña el ejemplo que nuestro país ha legado al mundo al juzgar con tribunales constitucionales a sus dictadores y pone en duda el real compromiso del gobierno nacional con la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Federico Cortelletti
Sec. DD.HH.
Hugo Blasco
Sec. General FJA
De acuerdo a versiones periodísticas, el gobierno nacional presentará durante el primer semestre de 2018 ante el Congreso un proyecto de Régimen Penal Juvenil que incluye la baja de la edad de punibilidad a los catorce años para algunos delitos, y a partir de los quince para otros.
El proyecto impulsado por el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, forma parte de los objetivos del programa Justicia 2020 en el área penal. En el documento “Rendiciones de cuentas de las iniciativas presentadas a la sociedad civil” de diciembre del 2017, señala que el anteproyecto de ley ya ha sido redactado y fue elevado a la Presidencia de la Nación para su consideración.
Pese al contundente rechazo de organizaciones, especialistas y trabajadorxs del ámbito de Niñez y Adolescencia en la jornada de debate organizada por el propio Ministerio de Justicia para lograr consensos respecto a la edad de punibilidad – en el marco de una reforma al régimen penal juvenil vigente -, el Gobierno insiste en avanzar con esta medida.
El proyecto de bajar la edad implica que la respuesta del Estado ante la trasgresión es la persecución penal y la cárcel. Un planteo coherente con el endurecimiento de las penas, las limitaciones a las excarcelaciones y salidas transitorias, la persecución a jueces “garantistas” y la represión a la protesta social.
Caballito de batalla de los gobiernos que quieren demostrar iniciativa ante el delito, este proyecto se da de bruces con la realidad: la participación de niñxs y adolescentes en actividades delictivas es estadísticamente ínfima, y la cantidad de investigaciones penales preparatorias que involucra a este grupo etario disminuye año a año en la provincia de Buenos Aires (de acuerdo a los datos que arroja el SIMP, desde el comienzo del Fuero Penal Juvenil, la cantidad de IPPs se redujo casi un 8%).
La amenaza de la reclusión y/o el incremento de penas no tienen efectos concretos en la disminución del delito: la reforma inspirada por Blumberg y el aumento exponencial de la tasa de prisionización en la provincia de Buenos Aires – 50 % en los últimos diez años, según la Comisión Provincial por la Memoria) -, no tienen un correlato en la disminución de la tasa de delitos (las IPPs que involucran a adultos se han incrementado casi un 34% en diez años, conforme estadísticas del SIMP).
La única consecuencia concreta de este cambio regresivo será el aumento en la vulneración de derechos elementales para la población objetivo de esta reforma: lxs niñxs y adolescentes de los sectores populares. Esto ocurre en un país que posee una enorme deuda social: según UNICEF, el 47,7% de los niñxs y adolescentes son pobres, valor que asciende al 51% para el rango de 13 a 17 años. En la provincia de Buenos Aires, a más de diez años de la sanción de la ley 13.298 aún no se ha establecido un presupuesto propio para el Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niñxs y Adolescentes.
“Lxs trabajadorxs judiciales no podemos ni queremos quedar al margen de este debate, porque tenemos una rica tradición de saberes propios construidos desde la cotidianidad laboral. Saberes que aportamos en los debates que culminaron con la sanción de las leyes 13.298 y 13.634, que pusieron fin al paradigma del patronato”, expresaron desde el espacio de niñez y adolescencia de la AJB.
La Asociación Judicial Bonaerense ha participado activamente en los diferentes espacios multisectoriales creados con el propósito de coordinar las acciones en rechazo al intento de bajar la edad de punibilidad de los niñxs y adolescentes. En esa línea, en en junio de 2017 se organizó un encuentro denominado “El Fuero Penal Juvenil interpela su praxis”, que contó con el aporte de especialistas en la temática (http://www.ajb.org.ar/jornada-de-debate/ y https://www.youtube.com/watch?v=qafmFmYihBE)
Proyecto de reforma del Fuero Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires
La gobernadora Vidal también apuesta a la demagogia punitiva. No es casual que el primer resultado de la Mesa del Mapa Judicial – espacio del que se ha excluido a la AJB – sea un proyecto de reforma del Fuero Penal Juvenil (ley 13.634).
Este fue analizado exhaustivamente en la jornada organizada a tal efecto en noviembre del año pasado (http://www.ajb.org.ar/jornada-de-debate-2/), cuyas conclusiones se sintetizaron en el siguiente documento: Posición de la AJB frente al proyecto de ley que reforma el procedimiento del Fuero Penal Juvenil
El proyecto de ley aún no ha sido tratado en la Legislatura bonaerense, y la AJB se encuentra reclamando tener una participación en el debate en comisiones.
Mientras los sueldos y aguinaldos son abonados a cuentagotas no habiendo sido a la fecha aprobado el presupuesto por Poder Legislativo, ahora también soportararemos mas amigos funcionales del Poder Ejecutivo.
Las creaciones de cargos no concursable no pueden prosperar si pretendemos una Justicia seria, pero la puesta a dedo una vez más esta por activarse y el servicio de justicia ya colapsado por la corrupción y la falta de independencia de los Vocales del Tribunal Superior, beneficiará otra vez a la política de turno.
Habiendo cientos de aspirantes a ingresar al Poder Judicial que rindieron y presentaron la documentación requerida por el camino correcto; el Tribunal Superior se burla de quienes desean y necesitan trabajar dignamente, perjudicando directamente con cargos fantasmas a una Provincia que sólo perpetúa las injusticias.
La supuesta creación de estos cargos de “prosecretarios letrados” que tendrían una jerarquía superior a las de Jefe de Despacho, se superpone con la función ya ejercida por éstos y los Secretarios, diluyendo los escalafones ya existentes.
Más aún llama la atencion que el propio Tribunal Superior de Justicia, mediante Resoluciones, ha suprimido categorías del escalafón administrativo aduciendo estrictas razones presupuestarias, lo que es completamente contradictorio con estos cargos que pretenden incorporar. ¿Otro bochorno más van firmar?
Asociacion Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio”, provincia de Santa Cruz
La asamblea tuvo la modalidad de una clase pública dictada por el Lic. Patricio Leone de la Red de Psicólogos y Psicólogas de Argentina y Alberto Agote de la
Comisión de Peritos de la Asociación Judicial Bonaerense.
Se desarrolló frente a Tribunales I sobre la calle Caseros y se trasmitió en directo a todo los tribunales del interior provincial que se plegaron a la medida de Fuerza.
La medida incluyó corte de calle y contó con la adhesión y participación de los Colegios Profesionales de Psicólogos, de Servicio Social, la Facultad de Trabajo Social de la U.N.C. y la legisladora Provincial Liliana Montero entre otros.
Los Equipos Técnicos del Poder Judicial, que están integrados por profesionales Psicólogos y Trabajadores Sociales, son los que intervienen – entre otros – en los casos de abuso sexual, violencia familiar, prisión domiciliaria, procesos de adopción, declaraciones de incapacidad, guardas judiciales y pre-adoptivas etc.
El reclamo gira en torno a la falta de respuesta del T.S.J. al viejo reclamo de
mayor reconocimiento hacia los profesionales que llevan adelante una tarea de gran responsabilidad y están en permanente contacto con el dolor y sufrimiento humano.
Se señala, entre otras cuestiones, que las profesionales en cuestión afrontan una gigantesca sobrecarga de trabajo, que hay déficit de personal, que deben soportar una permanente situación de violencia desde la propia institución que descarga sobre ellos la responsabilidad de marcos legales correctos –como la ley de violencia familiar- pero que no contemplan los recursos humanos y materiales para sostenerlos y que el porcentaje de contratados en los equipos técnicos es el más
alto de la planta.
EL SECRETARIO GENERAL FEDERICO CORTELLETTI expresó “Las y los profesionales de los equipos son compañeros que poseen una altísima capacitación para desarrollar su tarea, ingresan por concurso y con varios años de ejercicio y continúan permanentemente con su formación. Esto no es reconocido por el TSJ que los considera empleados de segunda, aún cuando responden con su firma por los dictámenes que elaboran.”
EL SECRETARIO ADJUNTO ADRIAN VALAN agregó “Es paradójico que profesionales que intervienen en casos de violencia deban padecer semejante nivel de violencia institucional desde la patronal. No se los reconoce y más aún: se los maltrata.
Todo esto ha sido planteado por las correspondientes vías de negociación pero la respuesta ha sido en el mejor de los casos el silencio, las mas de las veces la intimidación y los aprietes, por eso el martes estamos de asamblea provincial para exteriorizar este legítimo reclamo”
En una resolución contundente, que deja al descubierto la artera y escandalosa maniobra política del ministro de trabajo de la Nación, Jorge Triaca, en complicidad con sectores del oficialismo y de los medios de comunicación monopólicos, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, acaba de intimar, bajo apercibimiento de multa y de acción penal, al Ministerio de Trabajo de la Nación para que, en un plazo de 72 horas, libre el certificado de autoridades correspondientes a la conducción de la Asociación Gremial de Emplead@s y Funcionari@s del Poder Judicial, encabezada por Carlos Ordoñez, Adriana Domínguez y César Llanos.
De este modo, termina de sepultarse la nefasta ofensiva contra el gremio y l@s judiciales de Mendoza, que ya venía siendo derrotada desde el momento del triunfo de la lista conducida oportunamente por Adriana Domínguez y César Llanos,la anulación de la tan anunciada intervención al gremio, y la reciente reapertura del ámbito paritario, avalada con la firma de miles de trabajador@s de la justicia.
Este triunfo judicial refuerza nuestra ofensiva por una mayor recomposición salarial, por mejores y más dignas condiciones de trabajo y empleo, por la libertad y la democracia sindical, en vistas a mejorar las condiciones de vida de tod@s los judiciales, en el marco de una sociedad más equitativa, justa, libre, y verdaderamente republicana.
Prensa: ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEAD@S Y FUNCIONARI@S DEL PODER JUDICIAL
Resulta impensable que se produzcan estos atropellos en medio de la cuarta ola feminista que atravesamos en nuestro país y en el mundo, la cual ha llegado para cuestionar las diversas formas de desigualdad y violencia hacia las mujeres, identidades feminizadas y disidencias sexuales y para exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
Más repudiable aún resulta que sea la institución que debería velar por la igualdad y la justicia, la que castigue a las trabajadoras por el ejercicio de un derecho constitucional, a sabiendas de que existe una brecha salarial de género según la cual las mujeres ganan un 27% menos que sus pares varones y que muchas de ellas, son sostenes de hogar.
Estos hechos no hacen más que poner al descubierto la misoginia y machismo imperante en el Poder Judicial en general, y en particular en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y que como Federación Judicial Argentina venimos denunciando hace años.
Es evidente la urgente necesidad de implementar la perspectiva de género en todas las esferas judiciales; una perspectiva de género que no sólo tenga en cuenta los derechos de los y las justiciables sino también de los y las trabajadoras que hacen que día a día, el Poder Judicial funcione.
Basta de machismo en el Poder Judicial.
¡Vivas, libres y con derechos nos queremos!
En lugar de desactivar cualquier posibilidad de enfrentamientos generando canales de negociación, tanto Arcioni como sus Ministros, van de provocación en provocación generando condiciones para la represión que se instrumentó y produjo lesiones y mucha bronca a compañeras y compañeros que , reiteramos, estaban junto a nosotrxs reclamando ser escuchados.
Hay responsables políticos por esos hechos y son Mariano Arcioni y su equipo de gobierno.
Estamos frente a un gobierno que desprecia a lxs trabajadorxs; tanto a los que ordena reprimir, como a los que reprime para quitarles derechos.
Chávez no tendría que haber estado frente a la puerta de la casa de gobierno. No sólo por su condición de salud sino porque allí debería haber estado un ministro o el propio gobernador escuchando los reclamos que expresaban los dirigentes.
Prensa: SINDICATO DE TRABAJADORXS JUDICIALES DEL CHUBUT – SITRAJUCH
El motivo de la actividad es la grave situación que atraviesan los trabajadores de la provincia de Chubut a raíz de la decisión del gobierno patagónico de llevar adelante un severo ajuste a costa de los trabajadores.
Hicieron uso de la palabra, entre otros, los compañetos José Luis Ronconi en nombre del SITRAJUCH y en representación de los trabajadores chubutenses y Hugo Blasco secretario general de la FJA.