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Sitrajur: Sigue el retraso en el cobro de haberes

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“Es crónico el retraso en el cobro de los salarios que hemos sufrimos los trabajadores durante los últimos 24 meses, situación que a las claras forma parte de una política discriminatoria generando trabajadores de primera y de segunda”, indicó Pablo Barreno, secretario General del Sitrajur.

“Durante los últimos dos años, no solo no recordamos el pago de los salarios dentro del 5to día hábil, generando innumerables perjuicios económicos y financieros, con vencimientos, moras y demás obligaciones que los trabajadores deberán cancelar fuera de término, sino que paradójicamente ante este incumplimiento patronal los trabajadores sufrimos descuentos indiscriminados como consecuencia del uso del derecho de huelga”, agregó.

En ese sentido, el SITRAJUR exigirá la reapertura de la paritaria salarial para el mes de enero, teniendo proceso inflacionario que cerro en diciembre pasado y la cláusula gatillo que opera para la pauta salarial 2017 de orden del 24,92%, sumado a los reclamos para el cobro de los haberes en tiempo y forma dentro del 5to día hábil y la devolución de los descuentos discriminatorios ante el incumplimiento patronal.

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AL PUEBLO PALOS, A LOS GENOCIDAS LIBERTAD

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A partir de una supuesta posición humanitaria estos tres jueces toman una decisión que en otros casos, y tratándose de condenados por delitos muy menores por los que fue condenado Etchecolatz, merecieron el pedido de juicio político por parte del Gobierno de Macri.

¿Doble estándar moral ? Obvio que sí.

¿Podemos sorprendernos de la decisión judicial y del silencio de radio de los funcionarios de Cambiemos? Obvio que no. De un Gobierno donde varios de sus integrantes agitan la Teoría de los dos demonios y cuestionan la cifra de 30.000 desaparecidos. Darío Lopérfido, Gómez Centurión y otros.

Basta recordar el intento de Macri de meter por la ventana a través de un DNU a los abogados Rosenkratz y Rossatti en la Corte Suprema de la Nación. Precisamente los que luego sentenciaron a favor de la aplicación del 21×1 en juicios de lesa humanidad.

Del Gobierno y de Macri podríamos hablar mucho. Debemos aprovechar también para hacerlo de la Justicia y de sus magistrados. Como todos sabemos a las y los jueces los elige la política con lo cual la mayoría de ellos actúa en función de los aires y humores políticos.

No obstante hay que reconocer que no han existido ni existen en la actualidad intentos serios por mejorar la calidad de la magistratura.
Si estos tres lamentables jueces hubieran sido evaluados sobre sus criterios en materia de derechos humanos seguramente no habrían fallado como lo hicieron porque no serían jueces.

En el mejor de los casos son tres mediocres que se sienten presionados por el Gobierno y actúan en consecuencia. Recordemos que Macri dijo que había que terminar con el “curro” de los derechos humanos.

Desde la Federación Judicial Argentina repudiamos al fallo y a los tres jueces y convocamos a manifestarnos todas las veces que sean necesarias para lograr revertir este agravio al Pueblo argentino.

CABA, 29 de diciembre de 2017.-

Hugo Blasco
Secretario General
FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA

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AGEPJ desmintió información publicada en medio gráfico

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El Secretario General Federico cortelletti denunció que “las recientes notas publicadas configuran una nueva “operación de prensa”, en línea con el proyecto Justicia 2020 que promueve el gobierno nacional, que tiene por objeto desmontar derechos de los trabajadores como por ejemplo la jornada laboral.” “Se miente deliberadamente para predisponer a la “opinión pública” en contra de los empleados judiciales y los trabajadores en general para justificar posibles reformas que destruyan derechos laborales, e impongan recortes presupuestarios y ajuste.” concluyó.

En el comunicado Agepj argumenta que en las referidas notas periodísticas “se habla de un aumento en la planta de personal sin discriminar que cantidad corresponde a empleados y cuál a funcionarios y magistrados lo que es relevante al menos por dos motivos: los diferentes niveles salariales y los distintos montos de aporte jubilatorio de funcionarios y empleados.

En primer lugar, erróneamente se afirma en el artículo periodístico que el promedio salarial de los empleados de la justicia provincial es 99.000 pesos. llega a esa conclusión por que contabilizan juntos los salarios de magistrados con los de empleados. La realidad es que el promedio salarial de los empleados es de $35.000 pesos. Aunque hay que resaltar que las tres primeras categorías en la que revistan el 57 % de los empleados judiciales cobran menos de $ 27.000. Siendo el salario de un ingresante de $18.399,13.- . Los magistrados y funcionarios tienen por ley la Equiparación a los salarios de la justicia federal, los empleados no tenemos dicha ley, cobramos la pauta de aumento anual de la Corte Suprema sin estar equiparados (un empleado de la justicia nacional en el mismo cargo que uno de la justicia provincial cobra más salario).

En segundo término se suma que del salario de los empleados judiciales se detrae un 18 % para aportes jubilatorios mientras que la suma final que sale del bolsillo de magistrados es del 12% (aportan 22 % pero se devuelven un 10%) . A ello hay que agregar que los empleados judiciales no le provocamos déficit a la caja de jubilaciones, todo lo contrario: le aportamos 481 millones de pesos anuales de superavit (Resultan de la operación de sumar los aportes de los empleados judiciales y restarle las jubilaciones de empleados judiciales).

A su vez el Secretario Adjunto Adrián Valán expreso que “o por mailicia o por ignorancia se muestra como un gasto para el Estado el aumento de la planta de personal y no se considera que se han incorporado nuevas competencias, fueros y procesos, tales como la mediación, violencia familiar, narcotráfico, funciones de Fiscal Público Electoral, y el juzgamiento de las contravenciones por el dictado del nuevo Código de Faltas. A esto hay que sumar que con la implementación del nuevo código civil y comercial se han asignado nuevas competencias y se han creado dos nuevos juzgados de Familia que aún son insuficientes para dar respuesta adecuada.”

El comunicado concluye señalando ejemplos estadísticos elocuentes “comparar que las causas que ingresaron en 2005 para el fuero de familia fueron 1091 y en 2016 fueron 16.656 casusa, que en el año 2000 (que es el año que la periodista toma para iniciar la comparación) no existía ley de violencia familiar, en cambio en 2017 ingresaron al poder Judicial, 41.821 causas por Violencia Familiar o que en 2005 las causas que ingresaron al fuero laboral fueron 17.415 y en 2016 las causas ingresadas llegan a la cifra de 32.419”

CONTACTOS:

Secretario General AGEPJ.

Federico Cortelletti (0351) 155-122985

Secretario Gremial AGEPJ

Adrian Valán (0351) 153-284877

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El jury pospuso el apartamiento preventivo de Claudio García

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A través de una resolución dividida, los integrantes del Jurado que lleva adelante el proceso de destitución abierto contra el titular del Juzgado de Familia de Olavarría decidieron, por mayoría, posponer la decisión de apartar preventivamente al magistrado que fuera requerida por el gremio judicial. Entendieron para resolver esto que los elementos de prueba aportados no resultaban suficientes para acreditar la verosimilitud de los hechos denunciados.

La resolución tomada por el jury no sólo priva de valor la palabra de la mujer que tuvo la fortaleza de soportar todo el proceso de denuncia sino que además, sin fundamento alguno, desconoce otros medios de prueba agregados a las actuaciones, que sí fueron detalladamente valorados en el voto de la minoría.

El rol de Hilda Kogan, actual Presidente de la Suprema Corte, fue determinante para que no avance el apartamiento del magistrado, ya que en la práctica desempató la votación en favor del juez denunciado. Los cinco abogados de la matrícula sostuvieron la necesidad del apartamiento de García, mientras que los cinco legisladores votaron por no hacer lugar a la separación preventiva del magistrado.

“El voto de Kogan fue consistente con su decisión anterior de recortar la licencia laboral y trasladar compulsivamente de dependencia a la trabajadora víctima que denunció el accionar del juez García, reforzando la violencia institucional padecida por la denunciante”, manifestó Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.

“Lejos de las fotos en la campaña de Ni Una Menos, en vez de garantizar los derechos de la víctima y promover la sanción de aquel que ejerce violencia, las recientes decisiones de Kogan lograron hacer todavía más difícil el trance de la denunciante para obtener justicia en su reclamo”, agregó Abramovich. “Esto no hace más que reforzar el carácter sexista, machista, misógino y patriarcal que caracteriza al Poder Judicial, que hoy se niega a reconocer avances mínimos que son materia de consenso generalizado, tales como la regulación de la licencia por violencia de género”.

Ante este lamentable suceso, la AJB exigirá la inmediata producción de la prueba ofrecida en las actuaciones, con el objeto de lograr el apartamiento preventivo y posterior destitución de Claudio García, así como de todos los magistrados que diariamente ejercen violencia y acoso contra trabajadoras judiciales.

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ENEMIGOS HISTORICOS DE LA CLASE TRABAJADORA

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Una vez más un gobierno conservador y profundamente antipopular recurre a la violencia contra los sectores populares en general y la clase trabajadora en particular.

En vísperas de un nuevo aniversario de los asesinatos llevados a cabo los días 19 y 20 de diciembre de 2001 bajo la responsabilidad de la Alianza recordamos que muchos de los funcionarios y legisladores actuales eran oficialistas entonces.

Nada nuevo bajo el sol. Los miserables de siempre y que hoy cuentan con la complicidad de verdaderos traidores al Pueblo como son muchos de los actuales gobernadores y legisladores nacionales.

Las y los trabajadores judiciales seguiremos dando la pelea por nuestros legítimos derechos junto al resto del movimiento obrero.

Por lo tanto la Federación Judicial Argentina avala y acompaña las acciones que lleven adelante las filiales de todo el País.

CABA, 18 de diciembre de 2017.-

FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA

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MOVILIZAMOS CONTRA EL AJUSTE

Tal como ocurriera el último viernes, este lunes 18 de diciembre miles y miles de compañeras y compañeros nos encontraremos en las calles no sólo de Buenos Aires sino también de todo el País para manifestarnos contra este proyecto reaccionario y quienes lo impulsan.

CABA, 17 de diciembre de 2017.-

FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA

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Contra las reformas y en repudio a la represión

El títular de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, en la apertura de la conferencia llamó a la Unidad en la acción.

“Quiero hacer un llamado a la unidad, en la diversidad, todos tenemos objetivos comunes que son la libertad, el derecho del Pueblo y basta de represión”, al hacer referencia a los hechos represivos de ayer en la zona del Congreso Nacional cuando se disponía a sancionar la ley de ajuste a los jubilados.

Por su parte, Víctor Mendibil, co presidente de la CPM sostuvo “En La Plata también reprimieron a los trabajadores. Hay que recordarle al gobierno nacional y provincial que la presencia de los trabajadores en el debate económico es una garantía constitucional”

Al respecto agregó: “Reprimieron a compañeros de ATE, judiciales, bancarios,que fueron a impedir que se votara la ley de reforma previsional para el IPS y el BAPRO,y otras leyes que perjudican a los trabajadores. Con palos no se resuelve esta cuestión”.

En tanto, Nora Cortiñas de CPM y madres de Plaza de Mayo — Línea Fundadora, expresó: “Acá se ha terminado el Estado de derecho, ayer en las comisarías no dejaban entrar a los abogados a ver a los detenidos, pasan cosas que nos recuerdan otros tiempos”.

“El gobierno le está sacando a los jubilados para pagar una deuda que tomó a cien años, no lo podemos permitir, seguiremos estando en las calles. ¡Macri esto no!, ¡No queremos que nos persigan en la calle Macri!”.

Para finalizar, el secretario general de la Federación Judicial Argentina,Hugo Blasco, sostuvo: “Estamos en presencia de un gobierno que intenta redefinir el modelo económico y social en la Argentina. No hay dudas de que está dispuesto a ejercer las peores prácticas represivas para poder concretarlo”.

“Hoy tenemos que lograr que archiven definitivamente este proyecto de ley nefasto que afecta a los jubilados, a los niños que perciben la asignación universal. Si ayer pudimos lograr que se levantara la sesión fue producto de la Unidad del Pueblo en la calle, y así habrá que seguir”.

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En repudio a la represión y al saqueo del IOMA

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La medida fue dispuesta ante el avance de las graves reformas previsionales impulsadas a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, la represión padecida por trabajadores y trabajadoras durante las movilizaciones de hoy y la inminente aprobación de la ley que habilita al Ejecutivo provincial a disponer libremente de fondos propios del IOMA. También se repudia la adhesión a la ley de ART, aprobada este mediodía en la Legislatura bonaerense.

“Es muy grave la situación que atravesamos en estos días los trabajadores y trabajadoras. Las movilizaciones que protagonizamos pacíficamente hoy en rechazo a las reformas previsionales fueron salvajemente reprimidas en La Plata y Buenos Aires. Tenemos a nuestro compañero Rubén Ledesma herido por una bala de goma”, expresó Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.

“A eso tenemos que sumarle la aprobación en la Legislatura de la adhesión a la reforma nefasta de la ley de ART, y al avance en el tratamiento de una ley que autoriza al Ejecutivo a apropiarse de recursos del IOMA, que no son del Estado sino de los trabajadores y trabajadoras estatales. Por todo esto no podemos tener otra respuesta que volver al paro”, agregó Abramovich.

En el día de hoy, en el marco de una importante movilización en la Ciudad de La Plata, legisladores oficialistas y aliados aprobaron la adhesión a la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, que profundiza las trabas para que los trabajadores y trabajadoras accedan en tiempo oportuno a la reparación integral frente a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

Por su parte, a últimas horas de la tarde de hoy en la Legislatura se aprestaban a aprobar la reforma de la Ley de Ministerios, que en su art. 57 se le otorga al gobierno provincial, de manera encubierta, la prerrogativa de disponer del superávit del IOMA con el fin de destinarlo a cubrir proyectos de acceso a la salud, que debería cubrir con fondos propios de la provincia.

“El IOMA es la obra social de los estatales activos y pasivos y su patrimonio social les pertenece en exclusividad. Ninguna ley puede permitir que el Estado, aprovechándose del manejo administrativo de los recursos del IOMA, los desvíe a otros fines que deberá atender con otros recursos. Esa norma es inconstitucional, viola nuestros derechos laborales y humanos y es nula de nulidad manifiesta”, señaló Oreste Poggi, Director de Servicios Sociales de la AJB.