Article
La Delegación estuvo integrada por Darío Fuentes, en representación de ATE y Ana Albertengo y Matías Fachal por la Federación Judicial Argentina.
Durante la jornada los trabajador@s exigieron un aumento de presupuesto para la Salud Pública. En tanto, los funcionarios diplomáticos se comprometieron a elevar la nota de solidaridad presentada, a la Cancillería de su país.
Es para así oficializar el apoyo a la medida que llevan adelante las organizaciones sindicales dominicanas.
Más de cuatro mil personas participaron de la convocatoria de la Mesa Intersindical, en Defensa del ISSN, conformada por SEJuN, UPCN, SiTraMuNe y ANEL
Los manifestantes exigieron la regulación de la deuda que el Estado Provincial mantiene con el ISSN y que se utilice la partida enviada por el gobierno nacional para regularizar esta situación.
“Gracias compañeros por esta participación masiva. Tenemos mucho trabajo por delante porque esta es la primera de muchas marchas y acciones que tenemos que llevar adelante para reclamar por nuestra obra social y nuestra caja jubilatoria, porque lo que estos tipos están haciendo es malversación de fondos”, reclamó el secretario General de ANEL Juan Benítez.
Por su parte el Secretario General de SEJuN, Claudio Salazar reclamó “No vamos a permitir que aumenten los aportes personales, porque eso es una rebaja salarial encubierta, tampoco que aumenten la edad jubilatoria, ¿Cómo puede ser que esta sea la única obra social de toda la provincia a la que se le cortan las prestaciones? Y esto no es una marcha a favor de los prestadores, sino de los afiliados que se quedan sin cobertura médico-asistencial. Tenemos que exigir que el gobierno pague lo que corresponde porque si hay déficit lo generaron ellos. La salud y la jubilación son derechos y debemos exigir que se respeten”.
En tercer lugar el Secretario General de UPCN, Edgardo Oñate hizo hincapié en que “este encuentro sindical es una esperanza de unidad en la lucha de los trabajadores ya que otros sindicatos y centrales se hacen los distraídos y miran para otro lado cuando planteamos los problemas del Instituto. El próximo gobernador, conoce bien los números y exigimos que nos convoque a una mesa a discutir estos temas . Vamos a seguir movilizándonos y a afianzar esta Mesa de Trabajadores, porque el problema es de todos”.
El acto concluyó con las palabras del secretario General de SiTraMuNe, Santiago Baudino, quien reclamó que “los municipales también deberíamos tener representación como consejeros gremiales, no puede ser que cada veztenemos un vademécum más chico, cada mes cubren menos medicamentos, y cuando nos tenemos que atender, nos cobran un plus porque la obra social hace más de 6 meses que no le paga a los prestadores”.
Luego del acto los Secretarios Generales entregaron en Casa de Gobierno el petitorio reclamando el inmediato restablecimiento de todas las prestaciones, la total regularización de la Obra Social y el NO al traspaso ni la “armonización” de la Obra Social al ANSES. Junto con esto hicieron entrega de las planillas de firmas de toda la provincia avalando el reclamo.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (Agepj) realizará una nueva jornada de protesta, este jueves, en el marco del plan de lucha que vienen realizando desde septiembre último en reclamo por reivindicaciones salariales.
El titular de la entidad gremial que nuclea a los trabajadores judiciales de la provincia, Federico Cortelletti, precisó que la medida de protesta se realizará el jueves, desde las 11, con abandono de tareas para luego concentrarse en Palacio de Tribunales 1, en tanto que en las sedes judiciales del interior se realizarán modalidades similares.
Acordada
El sector reclama por el cumplimiento de una acordada, firmada en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que comprometía la regularización progresiva de la equiparación salarial de los trabajadores judiciales con lo que perciben los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
“Hay un incumplimiento del compromiso asumido en la acordada. La brecha salarial entre funcionarios y empleados está por encima del 30%. Queremos que esa brecha se achique”, manifestó Cortelletti y añadió que el plus por equiparación “no se paga”, por lo tanto entiende que sigue habiendo “un doble estándar salarial que afecta los empleados”.
Los judiciales vienen aplicando medidas de protesta con asambleas desde el mes de septiembre, y el dirigente anticipó que si los reclamos no son atendidos las protestas se van a “intensificar”, indicó.
Ante la falta de cumplimiento de lo acordado en la paritaria de principio de año y reuniones posteriores, la AJB dispuso una jornada de paro provincial que se realizó este miércoles junto a otras organizaciones estatales para que el gobierno dé respuesta concreta antes del 10 de diciembre.
La AJB reclama el tratamiento del proyecto de ley que restablece el 3% de antigüedad, la aprobación de la ley de paritarias, el cese de los ataques contra la libertad sindical en el Poder Judicial en especial el archivo de los sumarios a Néstor Alende y a los cinco trabajadores de La Plata sancionados durante la lucha de 2012 y una ley que crea una licencia especial para las víctimas de violencia de género.
“Llegamos a esta nueva medida de fuerza, organizada en conjunto con otros gremios estatales, porque el Gobernador provincial no cumplió los compromisos que asumió con los trabajadores desde la paritaria de marzo hasta acá. La recuperación de la antigüedad al 3% y la ley de paritarias para los judiciales es una deuda del Estado provincial que este gobierno no saldó en sus 8 años de gestión”, señaló Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.
Y agregó: “Ya no hay excusas de campañas electorales o trabas de la oposición, los proyectos de ley están en la Legislatura y se tienen que poner en tratamiento antes del 10 de diciembre, tal como se comprometieron a hacer”.
La concentración de este miércoles se efectuó frente a la sede de la Suprema Corte y luego se marchó a la legislatura provincial junto a otros gremios bonaerenses.
p=.
El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Carlos Fessler, indicó que “Nos encontramos en el cierre de una intensa lucha que lleva varios meses. Si bien su punto de partida se vincula con cuestiones presupuestarias, se ha convertido en un conflicto que lo trasciende para transformarse en una lucha por la defensa de la dignidad de la justicia y sus trabajadores”.
“Desde la semana pasada nos encontramos desarrollando un calendario de paros y ocupaciones en sedes de todo el país, incluyendo edificios emblemáticos como la Suprema Corte de Justicia y el Palacio de los Tribunales”.
El dirigente sindical agregó que “Esta semana nuestros esfuerzos se redoblan apuntando a una gran marcha nacional, que tendrá lugar el próximo jueves 3 de diciembre, con participación de judiciales de todo el país, colectivos vinculados a la Justicia y numerosas fuerzas sociales que nos acompañarán”.
Por la importancia de la medida, invitan a participar con las banderas de la Coordinadora y de los países hermanos.
p=.
p=.
p=.
p=.
p=.
p=.
p=.
p=.
El taller informativo: ¿Cómo actuar ante situaciones de violencia de género? Estrategias para su abordaje”, fue brindado por una psicóloga y una abogada integrantes de la Casa del Encuentro.
Tuvo como objetivo aportar estrategias multidisciplinarias para, como activistas y delegados/as, poder dar respuesta a la cantidad creciente de compañeras que se encuentran en situación de violencia de género y acuden a sus compañeras/os de trabajo en busca de contención y asesoramiento.
También se presentaron algunos nudos conceptuales básicos sobre la temática y los avances en materia de legislación internacional y nacional, así como los desafíos aún presentes en el Poder Judicial. En este sentido, los y las trabajadoras pudieron hacer sus aportes respecto de la especificidad de la situación en la CABA, donde pese a la prohibición expresa de la Ley 26.485, se practican mediaciones en casos de violencia de género y no sólo eso sino que además se presentan públicamente sus resultados como “exitosos”.
Para finalizar, los y las presentes ratificaron el compromiso de concentrarse el miércoles 25 de noviembre en la sede gremial para marchar junto a la CTA y exigir nuevamente: ¡Ni una mujer menos víctima de violencia machista!
Para ese mismo día, en el horario de ingreso de los respectivos edificios, los delegados y delegadas estarán entregando un volante con datos útiles de asesoramiento y denuncia y lazos violeta a cada compañerx, en conmemoración de la fecha que recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, militantes dominicanas, a manos del dictador Trujillo.
En estos días se cumplen 40 años de un hecho histórico trascendente: la creación del Plan Cóndor.
El 25 de noviembre de 1975 se reunieron los Jefes de Inteligencia de varios países del Cono Sur en Chile y estuvo coordinada por Manuel Contreras, jefe de la Policía de Inteligencia chilena, la tristemente célebre DINA.
Participaron representantes de los gobiernos de María Estela Martínez de Perón (Argentina) y de los dictadores Augusto Pinochet (Chile), de Hugo Banzer (Bolivia), de Alfredo Stroessner (Paraguay) y de José María Bordaberry (Uruguay).
Este encuentro realizado con el conocimiento y la aprobación de la CIA tenía como objetivo coordinar entre esos gobiernos acciones represivas contra “personas vinculadas con la subversión”.
Conocemos de sobra el resultado de tales “colaboraciones” inter gubernamentales: persecuciones, torturas, asesinatos, desapariciones.
En la edición de hoy (23 de noviembre) el diario La Nación publica una editorial titulada “No más venganza” que es una verdadera ofensa a la dignidad humana.
En la misma descalifica los avances en la lucha por los derechos humanos operados fundamentalmente por la acción permanente y coherente de los organismos de DDHH a lo largo de décadas que ha llevado a la concreción de los procesos judiciales que involucran a numerosos genocidas.
Responsables de delitos aberrantes que incluyen la apropiación de bebés sólo merecen la condena social y judicial, sin más. No se trata de ancianos pacíficos sino de los autores intelectuales y materiales de tales crímenes.
La oportunidad de esta publicación (el día posterior al triunfo electoral de un candidato de la derecha absolutamente ajeno a la defensa de los DDHH) y su contenido podemos considerarlos como una verdadera provocación y una falta absoluta de respeto al Pueblo argentino.
Porque defender a los genocidas es agraviar al Pueblo.
¿Cómo se pueden justificar miles de desapariciones, muertes, torturadas/os, violadas/os, presas/os, exiliados, perseguidos, cientos de bebés robados, miles de familias desintegradas? ¿Acaso con la infame “teoría de los dos demonios”?
Por tal motivo es que hacíamos mención al Plan Cóndor al principio. Porque significó la “inteligencia” del terrorismo de Estado en Argentina y varios países de la región.
Y estos personajes siniestros procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad fueron algunos de sus ejecutores.
No avanzar en el difícil proceso que es la construcción de la Memoria para conocer la Verdad y hacer Justicia es abrir la puerta a la impunidad.
Las y los trabajadores NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
Hugo Blasco, secretario general de la Federación Judicial Argentina
Esta problemática que sufre principalmente (aunque no exclusivamente) la mujer, pone en riesgo su situación laboral, y esta ley lo que busca es amparar a una persona víctima de violencia en caso de que deba ausentarse tanto por cuestiones de salud como por cuestiones referentes a trámites por denuncia, a la vez que contempla la posibilidad de su reubicación geográfica con el fin de asegurar su integridad física y/o psicológica, o el resguardo de su puesto de trabajo en caso de necesitar un período prolongado de licencia.
La violencia de género, tanto como la violencia en el ámbito familiar o laboral ha aumentado significativamente durante estos últimos años, pero en las estadísticas del Poder Judicial esta problemática se invisibiliza.
Esta Ley busca complementar y, de algún modo, reglamentar las distintas leyes nacionales y provinciales de protección integral a la mujer y a las víctimas de violencia de género.
Al mismo tiempo presentamos una declaración para que el Congreso Nacional incorpore este derecho a la Ley 20744 de Contrato de Trabajo, para que tengan alcance las trabajadoras del ámbito privado.
p=.
Ante un nuevo 25 de noviembre, en el que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, desde la Federación Judicial Argentina expresamos nuestro compromiso en la lucha por la erradicación del flagelo de la violencia hacia las mujeres, cuya expresión extrema son los femicidios. En este sentido, convocamos a todas nuestras filiales a formar parte de las movilizaciones previstas para la fecha en todo el país.
Asimismo, en el marco de tan significativa jornada, demandamos a todos los Tribunales Superiores, las Legislaturas, las Gobernaciones provinciales, así como a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que arbitre los medios necesarios para implementar la licencia laboral por violencia de género para todos y todas las trabajadoras judiciales del país.
En la actualidad, toda persona que se encuentre en situación de violencia de género debe recurrir a otras licencias para poder justificar el ausentismo laboral o las llegadas tarde (licencia psiquiátrica, médica, vacaciones, etc.). Por ello, sostenemos que se trata de un derecho laboral negado, especialmente a las mujeres, que refuerza la desigualdad de género y contribuye a continuar invisibilizando una problemática social gravísima que continúa cobrándose nuevas víctimas. La violencia machista mata, por eso es nuestra tarea involucrarnos para prevenirla y evitar que sigan muriendo mujeres.
Del mismo modo, como parte integrante de la Justicia, en nuestro rol de trabajadores y trabajadoras, es nuestro deber señalar que desde esta institución se producen atropellos a los derechos de las justiciables que intentan acceder a ella en busca de una respuesta a su situación de violencia. Concretamente, y tal como fuera debatido por más de 150 mujeres en el taller “Mujer y Justicia” del 30° Encuentro Nacional de Mujeres, denunciamos que se siguen practicando mediaciones judiciales en los casos de violencia de género. Este proceder es ilegal, ya que desconoce la prohibición expresa, presente en la Ley Nacional n° 26.485, y a su vez, revictimiza a las personas en situación de violencia de género, generalmente mujeres, mediante la violencia institucional.
Por otra parte, denunciamos las prácticas de magistrados y funcionarios que ejercen violencia laboral de género, discriminando, hostigando y persiguiendo a nuestras compañeras en sus lugares de trabajo.
La Federación Judicial Argentina y a través suyo, todas las filiales que la integran, asumimos la responsabilidad de luchar por la erradicación de la violencia machista. Por ello, expresamos nuestra perspectiva y nuestras demandas, como trabajadores y trabajadoras de la justicia, y sensibilizados con quienes se encuentran en el lugar de justiciables.
Por todo ello, desde la Federación Judicial Argentina:
– Convocamos a todas las filiales a participar de las movilizaciones del 25 de noviembre, en todo el país;
– Demandamos la incorporación de la Licencia Laboral por Violencia de Género para todos y todas lxs trabajadorxs del país;
– Exigimos al Estado y a los diferentes Poderes Judiciales del país, la prohibición efectiva de las mediaciones judiciales en todos los casos de violencia de género.
– Exigimos al Poder Judicial el cese de la persecución, el hostigamiento, y toda forma de violencia laboral contra las trabajadoras.
FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA