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– Desde la perspectiva de un trabajador judicial, de alguien vinculado a la lucha gremial y que está vinculado a la Justicia, ¿Cuál es la primera opinión que tenés sobre este debate y la reforma del Código?

Aparecen varios aspectos en ello. Desde ya, a nosotros también nos parece que es necesario reformar ciertos aspectos de la Justicia, en líneas generales tiene un sistema organizacional diseñado hará 100 años. Trabajando desde adentro entendemos que es un poder de los más conservadores del Estado, entendemos que a los jueces no los votamos, no los elegimos como a los Diputados y Senadores, tampoco son por cuatro años, sino que se quedan prácticamente toda la vida. Entonces, hay que hacer transformaciones y cambios. Ahora bien, estas que intentan introducir a través de la reforma del Código Procesal Penal, no entendemos que sean de las más acertadas.

Esto que se planteó la semana pasada por parte de la Presidencia ya se está implementando en algunas jurisdicciones, en la provincia de Santa Fe, en Chubut, en la Pampa. Aquí mismo, en la Ciudad de Buenos Aires, si bien con delitos de menor cuantía, por definirlo de algún modo, se rigen por un Código Procesal Penal de similares características del que intenta implementar el Poder Ejecutivo a través de esta reforma.

Dichas estas aclaraciones, desde ya lo más rimbombante es la cuestión esta de que a cualquier extranjero que se presuma que haya cometido un delito hay que expulsarlo, nos remite a la Ley de Residencia de hace 100 años. Lo mismo el tema de quién define cuál es un delito de conmoción social, para que esa persona tenga que ser encarcelada o aguardar el juicio sí o sí presa. Sabemos o entendemos que los medios juegan un rol importante en definir opiniones, criterios en la sociedad, entonces, ante un hecho que toma envergadura pública, los medios con más razón podrían también jugar un rol que podría llegar a incluso determinar la libertad o no de una persona. Esto es lo más relevante que se ha estado discutiendo.

Ahora bien, hay otras cuestiones que nadie las está diciendo. La reforma del Código trae aparejada que en pos de la celeridad que también nosotros estamos de acuerdo con el concepto de que una Justicia lenta no es Justicia estos plazos que se intentan imponer y estos nuevos mecanismos que se intentan implementar, directamente dejarían de lado la investigación. No se harían juicios, se le dicen juicios abreviados pero no son juicios, no se abre a debate, no se investiga, ni interesa buscar la verdad. Por lo cual, a través de estos nuevos mecanismos, puede haber personas tal vez inocentes terminan aceptando culpabilidades que no tienen, o aquellos que son culpables no terminan teniendo las penas que debieran tener por los delitos que cometieron. Porque se termina acordando penas entre la parte acusadora los fiscales y las defensas. El juez es un mero escribano que homologa, que certifica y que corrobora ese acuerdo.

– La mitad de los presos, por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, no tiene sentencia firme. Quiere decir que son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario pero están ya en las cárceles ¿Con este código llenaríamos aún más las cárceles sin su debido proceso judicial?

– Exacto, por un lado podría pasar eso, con estas cuestiones de aplicar la flagrancia o la conmoción social, se podrían abarrotar más las cárceles aún. Y por el otro lado, también lo que podría generar es, como vos mencionabas, que la mitad de los presos de las cárceles estén sin condena firme. Bueno, acá con esta cuestión, le podrían decir a los acusados ‘aceptá tu culpabilidad’, sin saber si la tienen, porque ya no importaría. Este es el concepto, no importa la verdad, no importa investigar, entonces, vos aceptás la culpabilidad así te vas a tu casa o estás menos tiempo en la cárcel.

Entendamos que las cárceles no se llenan con los ricos, con los poderosos que pueden pagar a los mejores abogados o a los grandes estudios jurídicos que tienen todos los recursos dispuestos para defender a alguien en el Juicio. Los pobres que tienen que acudir a la defensa pública, que les termina recomendando, para sacarse los casos de encima, que acepten culpabilidades que a veces no tienen para estar menos tiempo en la cárcel o irse más rápido a la casa. Bueno, vos decís ‘ahí vaciamos la cárcel’, pero no. Por un lado pueden aceptar una culpabilidad que no se tiene, o terminar teniendo una condena menor a la que hubiese correspondido, pero por el otro, no es que ya está, zafaste de la culpabilidad, te vas a tu casa y otra nueva vida. Si vuelven a detener a esa persona y la acusan de otro delito, le van a sumar la pena anterior completa. O si no tuvo cárcel se le va a sumar ante la posibilidad de que haya cometido o no un delito. Porque otra vez se renuncia a investigar y las cárceles podrían estar más llenas, incluso con gente que no cometió ningún delito.

– Estuvimos todo este año hablando sobre el espíritu del Código Civil y Comercial, ahora viene el Código Procesal Penal, ¿Se complementan de alguna forma esos dos códigos para generar un objetivo en común o son los dos pueden entender como independientes?

– Jurídicamente serían distintos, pero políticamente entendemos que hay una sintonía. En lo que fue la unificación del Código Civil y Comercial, si bien podríamos decir se avanzó en algunos derechos individuales, en cuestiones más generales, sociales o laborales hubo retrocesos. Ahí se consolidó la pérdida de soberanía, la pérdida de jurisdicción de nuestro país, a favor de tribunales internacionales comerciales. Como por ejemplo lo del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que durante la década del 90 y también del 2000, se vino aplicando por leyes menores, por llamarlo de alguna manera, o se vino aplicando por los contratos suscritos con las empresas multinacionales, eso quedó consolidado en una norma mayor como es el Código Civil y Comercial. Entonces, todo este debate con los Fondos Buitres pareciera terminar siendo para la tribuna, porque en el Código se convalidó renunciar a dirimir esos problemas en vez de en nuestro país, en tribunales internacionales como es el del Juez Griesa o en los tribunales del CIADI. Con lo cual ahí es evidente un doble discurso.

Entonces, hay una sintonía política en ese sentido. Porque el Código Procesal Penal que se modifica va a seguir persiguiendo a los sectores más vulnerables, con menos recursos, va a seguir encarcelando a los mismos de siempre, a los ladrones de gallinas, pero definitivamente no va a en pos de perseguir a las mafias, al crimen organizado, a la corrupción, a los grandes movimientos de capitales para su blanqueo o cosas por el estilo. Bueno, el Código Civil y Comercial también es un retroceso en ese sentido, tiene consolidación de cuestiones muy neoliberales.

*- Nosotros entendemos que no puede haber reforma del Código Procesal Penal sin la participación popular, porque son temas que tienen que ver con el interés de todos.
* – Tendría que haber participación de la sociedad, de los trabajadores, de las distintas organizaciones sociales en el debate de este Código. Esto es muy importante para nuestra sociedad, acá se va a intentar llevar a juicios abreviados, a probation, a mediaciones, cuestiones como la Violencia de Género, los abusos sexuales, llevar a las víctimas a tener que negociar con sus victimarios. Ha habido muchos casos en las provincias que yo mencioné antes. Fijémonos como esto sí va a modificar nuestra forma de vivir, así que de ahí la importancia de que la sociedad se involucre en este debate.

Un somero análisis de los grandes lineamientos de la reforma permite afirmar que:

1ro. No es compatible con la Constitución Nacional, que en su artículo 116 atribuye al Poder Judicial (a sus jueces; artículo 108 de la misma Constitución) el “conocimiento y la decisión” en todas las causas criminales, con sola excepción de la terminación de ellas por jurados, cuando estos se establezcan en la República.

2do. Desde 1994, el Ministerio Público nacional ha quedado tajantemente separado del Poder Judicial. Sus miembros no son jueces ni pueden ejercer las funciones de estos directamente ni por delegación judicial. La actual legislación que permite esto último es tan inconstitucional como las que otorgan a la policía o las fuerzas de seguridad, dependientes del Poder Ejecutivo la facultad de realizar funciones judiciales hasta por iniciativa propia.

3ro. El artículo 120 de la Constitución Nacional sólo asigna al Ministerio Fiscal la antigua, consabida y única función de promover la actuación de la justicia”, no la de suplantarla asumiendo funciones judiciales propias del Poder Judicial y de los jueces, excluyéndolos de ellas.

4to. De la articulación de todas esas normas viene a resultar que los fiscales, como partes en los procesos penales, desde fuera del Poder Judicial, instan la toma de decisiones de los jueces, en todas las etapas del proceso, tanto sea la de la reunión de la prueba por medios propios del Poder Judicial, como la de remisión a juicio y la de la sentencia.

5to. Este proceder es el único que cumple cabalmente con la garantía ineludible del juez imparcial, también en la determinante etapa de captación objetiva, neutral, de toda la prueba (favorezca o no a alguna de las partes) sobre la que se van a tomar decisiones sobre la vida, la libertad, los bienes y el honor de los ciudadanos imputados, víctimas, testigos, etc. El Juez encargado de la investigación, en todos sus actos y en la intencionalidad que los guíe debe, no puede sino, ser imparcial, por que no es parte. No sólo debe ser imparcial si no también parecerlo en todo momento, para no alentar la lacerante inseguridad jurídica que trae a las partes y a la ciudadanía la sospecha de la parcialidad de la justicia, de su falta de independencia de las presiones de ambas partes.

En cambio, el todo poderoso Fiscal, aliado y conductor de todas las fuerzas de seguridad, personifica, por definición, a la parte opuesta al imputado. Nadie puede pretender que por mera ficción legal se lo vea en otro rol y que el acusado lo acepte. La sociedad en general, a todo nivel, y obviamente la enorme mayoría de las víctimas, lo ven como el funcionario que debe combatir al delito y al delincuente, sin respiro.

La demanda la seguridad que falta, porque si el proceso penal generaliza la impunidad se transforma en un evidente estímulo para quienes estén dispuestos al delito. Si no logra o aparenta cumplir ese rol, arriesga el enjuiciamiento, su estabilidad, el vilipendio público, mediático, gubernamental o político, la persecución del superior verticalista, vicios propios de una sociedad que ni siquiera acepta a los jueces llamados “garantistas” por que se niegan a vulnerar los derechos humanos de los acusados y se siente traicionada por los fiscales que incurren en la misma “debilidad”. De allí que muchos fiscales opten por la estrategia de sobreactuar su diligencia o los resultados veloces en el esclarecimiento del delito y la culpabilidad, intentando preservar su estabilidad y volcar a su favor a la opinión pública y a los medios.

Frente a esa realidad jurídica y social poner a la parte fiscal en el lugar que requiere un magistrado imparcial, es menos costoso en recursos estatales, pero muy gravoso para una justicia democrática y verdadera. De nada vale que se intente paliar esa aberración respecto de garantías judiciales elementales, sosteniendo que los desmadres de la policía y los fiscales en la investigación pueden ser corregidos por la llamada indebidamente justicia de garantías, ya que no puede garantizar que los investigadores parciales no alteren o descarten prueba favorable al imputado o capten prueba de cargo inexistente.

Tan es así que en muchos casos, ese control judicial no ha detectado el armado de causas falsas enteras, que costaron años de prisión al imputado. Pongo el caso “Candela” de mi provincia como ejemplo. En el mejor de los casos, esa justicia controlante castiga la investigación viciosa mucho tiempo después de que ha causado daños irreparables contra la libertad, el honor, la vida y otros bienes de sus víctimas, como también la impunidad de gravísimos delitos.

Del mismo modo es absurdo imponer la ficción legal de que el fiscal investigador debe proceder con objetividad y veracidad, aún a favor del imputado, porque es someter al funcionario a una doble lealtad ilógica, inmoral y antijurídica respecto de los intereses contrapuestos de las partes y resistir la presión de las fuerzas de seguridad preparadas para valerse de procedimientos inaceptables e irrespetuosos de la verdad real.

6to. Asimismo, el que avala la Constitución Nacional es el único procedimiento que asegura en la medida de lo posible la garantía de la igualdad de las partes, en tanto que la reforma proyectada coloca a los imputados en extrema desigualdad frente al avasallante poder fiscal y policial, con todos los medios y las oportunidades de imponer su criterio y su voluntad en la reunión de las probanzas, incluso operando sobre la persona y hasta el hogar del imputado desde el mismo momento del descubrimiento del hecho supuestamente delictuoso. La desigualdad es obvia, notoria, ya en el sistema vigente: frente al poder del juez y de la policía, el imputado y la defensa carecen de todo medio material estatal que le permita la búsqueda de elementos probatorios que ofrecer al investigador, aún en los numerosos casos en que actúa la Defensa Pública. Mucho peor es ese desequilibrio cuando beneficia a la contraparte investida de la función reunir a discreción y con ventajas abrumadoras la evidencia de culpabilidad.

7mo. La única condición exigible al procedimiento fijado en la Constitución, radica en que el juez de la investigación y de disponer la eventual elevación a juicio queda separado del proceso desde este momento, condición que hoy cumple el proceso federal (enjuiciamiento por Tribunales Orales y eventuales Jurados).

8vo. El esquema del proyecto despoja al Poder Judicial de facultades constitucionales, le impide tomar conocimiento directo y por sus propios medios judiciales de los hechos reales, las pruebas y los pasos procesales, libre de toda manipulación posible para nada infrecuente de organismos ajenos a la justicia, como el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad subordinadas al poder político y sin la garantía del principio de inmediación en la captación de la prueba.

El procedimiento proyectado hace que los jueces y el Poder Judicial deban asumir todas las responsabilidades jurídicas, políticas, sociales y mediáticas por condenar, absolver, sobreseer, dar la libertad o negarla, conducir la ejecución de las penas, etc., momentos en que la repulsa popular suele estallar, con razón o no, y los partidarios de la mano dura aprovechan para operar la indignación social. El resultado es mayor desprestigio y descreimiento para el Poder Judicial, mientras otros de los responsables principales de la injusticia quedan a salvo.

9no. Los partidarios de la reforma proyectada incurren en otra omisión que sorprende y es sugerente, porque es inexplicable que las supuestas e infinitas bondades de la iniciativa que ya debate el Congreso no sean acreditadas con los esperables y rotundos cambios beneficiosos que estarían gozando todas las provincias que adoptaron el llamado proceso acusatorio, desde fines del Siglo XX.

¿Existen esos resultados o todo sigue igual o empeoró, pese a la enorme cantidad de recursos gastados en esas reformas?

Por lo que se conoce, el prestigio de la justicia penal de las provincias y de la Capital, incluya o no en su estructura al Ministerio Público investigador, sigue volando muy bajo.

La impunidad de los delitos ha crecido notoriamente, incluso donde se impuso la reforma que cuestionamos.

Mientras preparaba estas líneas me llegó una excelente opinión de la compañera Cecilia Bagnato, de Esquel, que había preparado en marzo de 2013, donde describe con evaluaciones muy fundadas en la experiencia concreta y en datos muy reveladores cuáles son los resultados de la reforma en Chubut, al cabo de siete años de aplicación, una vez despojados de la propaganda, la retórica, los pronósticos y la teoría supuestamente garantista. La calidad del aporte de Cecilia al debate ahora reinstalado en los medios por el avance de la reforma del Banco Mundial en el fuero federal, lo hace merecedor de toda la difusión posible y de mi agradecimiento por la ayuda que me ha dado en el conocimiento de la verdad que tantos letrados, gobernantes y opositores ocultan.

Son muy impactantes los datos sobre la impunidad que se genera en casi el 90 % por ciento de las causas que no se investigaron, sólo por que se venció un plazo ridículamente corto, que viola el principio de legalidad por que importa una forma de extinción de la acción penal cuya regulación correspondería a la ley de fondo federal, y afecta elementales derechos de la víctima y de la sociedad.

En mi provincia siempre hubo alrededor de 50% de las denuncias que no se investigaban bajo la explicación de que no había el menor dato de hacia donde orientar la investigación sobre el posible autor: eran los famosos “N.N.”, que se archivaban a la espera de la eventual aparición de elementos que justificaran su reapertura.

Pero ahora es peor, por que el ministerio fiscal dispone del principio de oportunidad que le permite lisa y llanamente decidir que una denuncia no va a ser investigada por que el fiscal aduce tener otras causas más importantes que atender. Cada vez más procesos comunes van al archivo sin mediar investigación alguna, bajo la invocación abusiva del principio de oportunidad y de la figura del delito de bagatela, con grave perjuicio para las víctimas, especialmente de delitos menores en cuantía económica, que son los que hostigan diariamente a los millones de desprotegidos, que además de la inseguridad personal y familiar padecen la inseguridad económica, jurídica, laboral, alimentaria, de salud y de educación, de las que en parte es responsable la justicia.

Frente esa forma tan poco elegante de auto regulación del trabajo es imposible no hacer preguntas muy elementales a los eruditos partidarios de la reforma y a los gobernantes que las aprueban: ¿Y el derecho de justicia y reparación de las víctimas, tan ensalzado por los reformadores y usado como pretexto para introducir el modelo? ¿Para qué se estimula al pueblo a denunciar los delitos y se multiplican las fiscalías accesibles si se sabe que en más del 90% no se hará el menor esfuerzo por brindar justicia? ¿El acceso a la justicia se limita al acto de denunciar? ¿Los casi 20.000 chubutenses denunciantes frustrados no estarán pensando que los jueces y fiscales sirven para poco, que facilitan la impunidad de los delincuentes, que la mano dura policial o parapolicial y la justicia por mano propia son lo mejor?

Esa forma de desamparo de las víctimas se complementa con otra igualmente grave que –tal como lo demuestra la compañera Cecilia- deriva de la falta de apoyo estatal para que, al menos, tengan asistencia letrada gratuita en el proceso, a fin de promover y controlar la acción de fiscales y jueces, querellar y continuar el ejercicio de la acción si el Ministerio Público la abandona.

La opinión de la compañera Cecilia Bagnato respecto al evidente economisismo y la tendencia a proteger especialmente la seguridad jurídica de los más acomodados, a volver negociables valores humanos del mayor nivel, a bajar la calidad de la justicia para promover una forma peligrosa de la celeridad, y a instalar todas las formas posibles de la precarización laboral para los trabajadores judiciales, es totalmente compartible y más que suficiente para describir una realidad que no preocupa a las altas esferas de operadores del derecho, los medios, los gobernantes y los opositores que respaldan la reforma y que se entretienen con el tema de la expulsión de los extranjeros, hábilmente introducida en la agenda por funcionarios que apenas pueden disimular su vocación represiva.

Así es como, pese a las constantes denuncias e investigaciones periodísticas sobre diversas formas de venalidad, abusos de poder, persecución de minorías, nepotismo y clientelismo electoral, en todo el país, con procesos acusatorios o no, los juicios no son promovidos o nunca se resuelven.

Se abusa de todas las formas de acortar los procesos sin hacer justicia basada en la verdad real y el principio de legalidad, incluyendo presiones sobre imputados y víctimas de abusos sexuales o pobres para que acepten arreglos inmorales y perjudiciales.

Pese a todo ello los juicios y las sentencias no se han acelerado ostensiblemente en gran número de las provincias y para aparentar rapidez y eficiencia se propagandiza la irrelevante figura de la flagrancia.

En la Provincia de Buenos Aires, con su mayor inserción en las noticias sobre asuntos criminales y proceso acusatorio desde 1998, es posible decir que a todas esas aberraciones se suman vicios múltiples en la investigación penal que arrastraba el sistema anterior. Pongamos como ejemplo lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires en el caso “Candela”, aún impune, desmenuzado en profundidad en el informe producido por el Senado de la Provincia, para denunciar el escandaloso desempeño de policías, fiscales, jueces y autoridades provinciales inmiscuidas en la investigación, como un compendio de ocultamiento, destrucción y adulteración de prueba, buchones, informantes, arrepentidos, testigos falsos, defensores sospechados, filtración y venta de elementos probatorios, detenciones y allanamientos ilegales, torturas, aprietes y asesinatos de sospechados y testigos, etc.

Las cárceles bajo supuesto control judicial y del Ministerio Público, están llenas de presos sin sentencia y, en gran proporción, futuros inocentes con años de prisión inhumana, objeto de las verídicas, documentadas y repetidas denuncias de la Comisión Provincial por la Memoria, que engrosan la cuenta adversa de la reforma según el sistema acusatorio.

10mo. La reforma procesal que hoy se prepara no ha se ha instalado con buen auspicio porque la promovió para toda Latinoamérica el Banco Mundial y no hay razón alguna para pensar que fue con el objetivo de fortalecer al Poder Judicial, ya que su principal reforma es quitarle la facultad de conocer por si mismo, sin interferencias de otros poderes, la verdad real de los hechos sobre los que asentará sus fallos. Ese máximo operador financiero global, luego de ayudar a la imposición del modelo neoliberal en el orbe, pasó a ocuparse de adaptar nuestra institucionalidad democrática al formato jurídico imperial, por razones obvias. Creó el CIADI y fomenta la renuncia a la soberanía judicial de los países acusados de no garantizar la seguridad jurídica de inversores y trasnacionales.

De todo debilitamiento del Poder Judicial hay un beneficiario, el poder político y el entramado de sus relaciones con el poder económico.

Hasta hace poco, no toda la debilidad de nuestra justicia federal en lo penal era resultante del sistema de la designación de sus jueces en manos presidenciales, a discreción, o bajo la cobertura opaca del Consejo de la Magistratura.

La otra fuente de mediatización era la omnipresencia avasallante de la policía y las fuerzas de seguridad obedientes al Poder Ejecutivo en todo el proceso sumarial de investigación y con facultades judiciales hasta discrecionales asignadas legalmente, intromisión a toda luces inconstitucional que fue tolerada y hasta bienvenida por la generalidad de la judicatura y la cátedra, pese a su sangrienta historia.

11vo. El proyecto de reforma, sin poner fin a esta denigración sesquicentenaria de las facultades judiciales, pasa directamente al desplazamiento del Poder Judicial por un órgano constitucional con independencia, acotada por contar sólo con autonomía funcional y autarquía financiera. Si bien el artículo 120 de la Constitución Nacional no lo aclara, parece obligada la interpretación de que esa independencia acotada lo referencia al Poder Ejecutivo y quizás, también al Legislativo, que manejan los recursos asignados a los órganos del Estado. La indefinición de esa redacción se completa al cierre del primer párrafo del artículo 120 citado, cuando establece que la promoción de las acciones judiciales debe realizarse…”en coordinación con las demás autoridades de la República.”

Este deber de coordinar, que significa acordar no parece pertinente tratándose de causas penales, ya que su deber de instar la acción criminal no puede subordinarse al acuerdo de ninguna otra autoridad. La cláusula puede tener origen en una tentativa de subordinar al Ministerio Público a directivas del Poder Ejecutivo que se quiso incluir en el llamado Pacto de Olivos, en correspondencia con el modelo de los Estados Unidos, donde el Ministro de Justicia es a la vez Procurador General de los Estados Unidos.

Es oportuno señalar que el sistema de designación y de remoción de los fiscales, más la amplitud y discrecionalidad de muchas de las facultades administrativas y judiciales de la Procuración General, más la experiencia concreta sobre el funcionamiento inveterado del Ministerio Público no dan lugar a apreciar que esa independencia respecto de otros poderes y en lo interno sea la que corresponde. Más bien, se aprecia una deriva hacia estrechas relaciones con los poderes ejecutivos que se sucedieron en democracia, para nada beneficiosa de la investigación criminal insospechable.

12vo. Algunos partidarios de que la reforma procesal neoliberal se extienda al fuero federal, en un acto de sinceridad, abren el paraguas ante las inevitables fallas que sufrirá el proceso penal a implantar con tanta falta de apego a la realidad y a la necesidad que vive el pueblo. Aclaran que el éxito de la reforma dependerá en gran parte de la capacidad y el empeño de sus operadores, argumento relativizador que también podría usarse para mantener el modelo vigente, solución que no es la nuestra, como tampoco la que trata el Congreso.

El viejo y el nuevo modelo procesal necesitan un cambio profundo al perfil general de los magistrados y funcionarios que lo ejecutan con tan poco apego a la legalidad.

Sin quererlo, aquel acto de sinceridad corre el velo sobre el punto nodal de la pésima justicia que padecemos, que en parte menor es producto de defectos normativos, pero centralmente se genera en los enormes vicios que toman cuerpo en el proceso de selección de jueces y funcionarios que juegan roles principales en los procesos judiciales, en el despilfarro y, al mismo tiempo, el ahogo de recursos suficientes para la justicia y la intromisión constante en los procesos criminales del poder político y de su prolongación policial, que la reforma mantiene intacta, pese a todas las evidencias de que las fuerzas de seguridad seguirán influyendo decisivamente en la investigación de los delitos.

Sobre todas esas cuestiones fundamentales que la reforma del Banco Mundial en curso de extensión a todo el país elude, la Federación Judicial Argentina y sus gremios hermanos tienen muchas propuestas y trabajos que ofrecer y reivindicar.

Hasta ahora hemos obtenido, salvo excepciones, la respuesta de los que no quieren oír por que, en realidad no les interesa una justicia mejor, que ponga los límites donde tienen ir, que no sea condescendiente: el silencio, el ninguneo de lo bueno no ocurre en las cuatro manzanas de la metrópoli de espaldas al país y esperando que las soluciones vengan de afuera.

Hay que perfeccionar nuestros aportes, por que no está grabado en la roca de los Andes que el futuro será eternamente más de lo mismo.

La Plata, 03/11/2014.

Antonio M. Cortina.

En todos los talleres hubo coincidencia en reafirmar el carácter de autoconvocado, autónomo, independiente, horizontal, donde todas somos iguales, somos las protagonistas y nos une un fin común: la lucha por nuestros derechos de género.

Las trabajadoras judiciales nucleadas en Federación Judicial Argentina (FJA), reclamamos desde 1987 la conformación de un taller que contemple la problemática de las mujer en el Poder Judicial donde trabajadoras y justiciables resultamos víctimas de violencia laboral e institucional por el proceder machista, patriarcal, misógino y discriminatorio que se traduce en la mínima proporción de mujeres que logra ocupar los mayores cargos y en el trato que reciben las justiciables y que difiere del sexo de quien las atiende o luego dicta las medidas consecuentes de abrigo o sentencias, lo que evidencia la falta de preparación con perspectiva de género, de agentes, funcionarios y jueces.

La enorme cantidad de casos de violencia laboral y de acoso sexual que reciben las trabajadoras judiciales por su doble condición, de clase y género, y se traduce en licencias por stress y siquiátricas y la inexistencia de un taller que nos contenga, hizo que nos autoconvocáramos en la plaza 9 de Julio donde mujeres judiciales de distintos puntos del país debatimos e intercambiamos experiencias y realidades y entre las conclusiones del mismo exigimos.

La declaración de emergencia en violencia laboral e institucional en el poder judicial; el respeto a los fueros sindicales; acceso democrático e igualitario para todos los cargos, sin distinción de sexo; evaluación por psicodiagnóstico para el acceso al cargo y monitoreo cada tres años de jueces y funcionarios con personal a cargo; elección democrática de los jueces, no estigmatización de trabajadoras judiciales y justiciables que resultan victimas de violencia laboral o doméstica; licencia a la trabajadora que resulta victima de violencia de género, en la seguridad que esto tiene solución sólo si contamos con negociación paritaria colectiva con perspectiva de género.

Es importante destacar que hubo talleres que tomaron nuestro reclamo aconsejando en sus conclusiones que se conforme el taller: ”Mujer y Justicia. Violencia laboral e institucional con perspectiva de género en el Poder Judicial” así como el reconocimiento del taller autoconvocado y la lectura de sus conclusiones en el acto de cierre.