Autor: FJA

La Federación Judicial Argentina que se encuentra en la ciudad de Formosa cumpliendo una agenda que incluye capacitación sindical, además del plenario de carácter nacional, mantuvo un encuentro con el Jefe de Gabinete de la Provincia, Antonio Ferreira.

El titular de la FJA, Hugo Blasco, el co-secretario Carlos Ordoñez y la secretaria general de la Asociación de Empleados Judiciales de Formosa, Fátima Gutiérrez, se reunieron además con el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González y el administrador de la CPS, Gustavo López Peña.

En el encuentro mantenido con funcionarios provinciales se dialogó sobre la ley de reciente sanción que modifica el régimen jubilatorio provincial y sobre el “Proyecto Justicia 20-20” que impulsa el Gobierno Nacional.

Hugo Blasco explicó que “esto en la práctica significa no solo modificar cuestiones de fondo como lo son los Códigos Civil y Penal, sino además cuestiones que hacen directamente a las incumbencias o competencias de las provincias como son los Códigos Procedimentales”.

En este sentido precisó que “nuestra preocupación se ve agravada al considerar que es una reforma impulsada desde un sector neoliberal y que afecta directamente la relación laboral y las condiciones de trabajo de los empleados y funcionarios del Poder Judicial”.

El comunicado

Indicaron al respecto que “las mismas resultan ser una provocación ante la inminencia de las paritarias que se llevan adelante en el ámbito de la Secretaría de Estado de Trabajo”.

Es, dicen, “paradójico, que se nos califique de no respetar la norma, cuando fue justamente ese poder del Estado el que se negó al cumplimiento de la Ley 5.009, al enviar paritarios sin mandato suficiente, desvirtuando el ámbito y contraviniendo a la misma”.

Indican que “nadie más interesado en la aplicación de la ley que nosotros. De la Ley 5.009, de los tratados internacionales, de los mandatos constitucionales en especial los dedicados al trabajo (Art. 14 bis) y de lo acordado en el ámbito paritario, lo que tiene fuerza de ley”.

Desde el gremio refieren que “es el propio Poder Judicial, quien incumplió el año pasado con el compromiso asumido de reapertura salarial, de la misma manera que no efectivizó el término acordado para el llamado a concurso y su concreción, tampoco así con el plazo acordado para los ascensos de trabajadores de servicios generales, entre otras cosas”.

Asimismo indican que “este mismo Tribunal es el que ha despedido deliberadamente a los trabajadores Santiago Villegas y Facundo García, e intenta instalar una política de negación e invisibilización de los mismos, como si de esa manera se deslindara de las responsabilidades que le son propias”.

Por último exhortan “al poder político a pedir los informes y explicaciones al STJ, sobre estos casos, e impulse de inmediato la reincorporación de los compañeros injustamente despedidos.

Luego de que el Sindicato Unión Judicial de San Juan, presentara denuncia ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, respecto del estado de los edificios del Poder Judicial de San Juan. La SRT realizó las correspondientes inspecciones encontrando que ninguno de estos edificios cumplía con la normativa vigente en materia de seguridad e higiene.

Posteriormente se sucedieron distintos hechos y accidentes que agravaron la situación como es el caso de un empleado que sufrió una descarga eléctrica que casi causa su muerte.

Luego ante las lluvias ocurridas en la provincia, se inundaron algunos edificios lo que provocó la caída del cielo raso sobre una de las mesas de entradas de la Cámara Civil.

Posteriormente luego de que la Corte minimizara el problema y que los Jueces de Cámara presentaran una nota quejándose por la situación, decidieron trabajar en el edificio, encontrando que el problema minimizado era de grandes características.

La Unión Judicial de San Juan, ante estos acontecimientos, esta preparando las acciones legales en protección de la integridad física de todos los empleados, funcionarios, magistrados, profesionales litigantes y público en general, asombrados por la inacción de las instituciones correspondientes a los sectores que no abarca esta institución gremial.

Mediante un comunicado el sindicato señaló “Hemos recurrido a los tres poderes del estado (legislativo, ejecutivo y judicial) durante el último mes y medio intentando por todos los medios posibles la reincorporación de los trabajadores con medidas de acción directa (paros, movilizaciones y retenciones de servicios), con presentaciones a la misma justicia con medidas cautelares, en la paritaria en el marco de la 5009, a la Secretaria de Trabajo en el marco de la ley 3803, a la legislatura y a todos los bloques partidarios, SIN QUE HASTA EL MOMENTO TENGAMOS RESPUESTA ALGUNA”.

Es en ese marco, que hacemos responsable absoluto y exclusivo de la integridad física del compañero Villegas al Superior Tribunal de Justicia, que ha llegado al extremo de poner en riesgo su salud con una huelga de hambre y es por ello que acompañaremos con los profesionales médicos y las acciones que definieran el conjunto de las asambleas.

Recordamos que Al compañero Santiago Villegas: se lo cesantea por manifestarse y denunciar a funcionarios públicos que ejercieron represión y abusos contra manifestantes en el marco de caso VERA por gatillo fácil. Así las cosas concluimos que es el mismo STJ quien a las claras castiga la participación, cercenando el derecho a la manifestación y criminalizando la protesta. Este STJ motoriza un sumario arbitrario y defectuoso, vulnerando las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y el decoro, y en el cual los hechos que se le imputan no están probados.

Al compañero Facundo García: quien pertenece al sector mantenimiento de San Carlos de Bariloche, se lo despide por activismo gremial luego de 7 años, de precarización laboral mediante contratos basura. El STJ no le renueva el contrato por exigir que se cumplan las condiciones de seguridad mínimas e indispensables para realizar sus tareas, como castigo por defender sus derechos. Sumado a los despidos de los compañeros Maximiliano Boi y Martin Allione.

Interpelamos una vez mas, al poder político que fue quien definió la integración de este superior tribunal de justicia y quien debe auditar su funcionamiento, sea el encargado de pedir los informes y explicaciones sobre estos casos y exhorte a la reincorporación inmediata de los compañeros injustamente despedidos.

Fue a raíz de declaraciones del dirigente gremial sobre el incumplimiento en el que incurren muchos magistrados en relación a sus funciones.

Dichas declaraciones fueron formuladas en 2010, en medio de un fuerte conflicto gremial en relamo de aumentos salariales, y en relación a la amenaza de descuentos salariales por los días de conflicto.

Habiendo obtenido fallo favorable en primera instancia, revocada dicha sentencia en segunda instancia, la Corte termina dando la razón a Ordoñez y al gremio judicial en cuanto no hay ningún daño ni injuria moral en perjuicio del magistrado denunciante.
La Corte entendió que los dichos de Ordoñez hacían una evaluación genérica del funcionamiento del sistema judicial y que en ningún momento aludían en forma personal a dicho juez.

Más allá de la feliz culminación del proceso contra el dirigente gremial provincial, también dirigente de la Federación Judicial Argentina, es de hacer notar el intento intimidatorio que dicha demanda tuvo por objeto.

Era evidente que las declaraciones nunca habían contenido imputaciones personales y que referían al estado de desquicio que existe en algunos ámbitos de la magistratura y la notoria desigualdad con que se mide y se exige cumplimiento de normas laborales, muchas veces por parte de esos mismos magistrados, cuando se trata de los trabajadores del sistema judicial.

Ese era el sentido de las declaraciones, mientras que el sentido de la demanda fue conculcar la libertad de expresión y, por caso, la libertad sindical.

La demanda no podía prosperar a pesar de que buena parte de la magistratura provincial así lo quería. La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación es contundente en la materia, como así también las resoluciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

A la Corte provincial de Mendoza no le quedó más remedio que revocar la sentencia de segunda instancia que condenaba a Ordoñez, so pena de provocar un escándalo jurídico que hubiera trascendido el marco provincial y nacional.

La Comisión Directiva indicó que “en lo que va del año los judiciales, difícilmente cobramos los sueldos dentro de los primeros 5 días hábiles, generando innumerables perjuicios económicos y financieros, con vencimientos, moras y demás obligaciones que los trabajadores deberán cancelar fuera de término”.

Sobre el tema agregaron “Resulta alarmante el silencio cómplice del STJ que avala el cronograma de pagos dispuesto por el poder ejecutivo provincial, perjudicando sin duda alguna a los que menos poder adquisitivo tienen en un claro proceso de pulverización del salario”.

Los trabajadores, asimismo, hemos cuestionado en el ámbito paritario la disposición del cronograma de pagos, en la cual siempre nos toca ser furgón de cola, denunciando a su vez, que dicha metodología forma parte de una política discriminatoria generando trabajadores de primera y de segunda.

Es en este marco, que convocamos en toda la provincia, a asambleas circunscripcionales para el día de mañana martes 26/7 con el objetivo de llevar el mandato correspondiente a la paritaria del día 4/8, respecto de la apertura salarial para el segundo semestre, la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos Facundo García y Santiago Villegas, Concursos de Ascensos, entre los puntos salientes de la convocatoria.

“De la misma manera, informamos a los judiciales que en el camino de la unidad del movimiento obrero como única respuesta al ajuste brutal que sobre la clase trabajadora, integraremos la mesa del plenario a realizarse en San Carlos de Bariloche el Viernes 29 de Julio, con la presencia del Cro. Hugo Yasky Secretario General de la CTA de los Trabajadores, para la convocatoria y el lanzamiento de la Marcha Federal contra los tarifazos, contra el ajuste y los despidos”, finaiza el comunicado.