Autor: FJA

El pasado viernes 17 de mayo, se reunió el equipo de Salud Laboral de la FJA en la sede de Rincón, para dar continuidad al proceso de diseño de la Encuesta Nacional en Salud Laboral de la FJA 2024. El propósito central de esta iniciativa es obtener un panorama completo de la situación de la salud laboral dentro de los Poderes Judiciales de todo el país, con el fin de intervenir de manera más eficaz en la construcción de entornos laborales saludables y libres de violencia para lxs trabajadores judiciales.

La jornada, que contó con la participación de compañerxs de Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, San Juan, San Luis y CABA y el aporte de lxs compañerxs especialistas en el tema, Mag. Germán Canteros y Lic. Carlos Manzo, le dio continuidad al Encuentro Nacional de Salud Laboral realizado el pasado 15 y 16 de marzo, con la finalidad de terminar de diseñar el cuestionario en el sentido de lo discutido en aquella instancia y definir cuestiones metodológicas de implementación de la encuesta.

Asimismo, se abordó la relevancia de la perspectiva de género y derechos humanos en el instrumento de recolección así como la medición del impacto de las nuevas tecnologías en las condiciones laborales de lxs trabajadores judiciales. Se discutieron los cambios que estas tecnologías han introducido en los métodos de trabajo y en la organización sindical, así como los potenciales riesgos para la salud derivados de su uso prolongado o inadecuado y la ausencia de reglamentación.

En cuanto a la metodología de aplicación de la encuesta a nivel nacional, se debatió sobre los procedimientos más adecuados para garantizar la representatividad y la fiabilidad de los resultados. Se consideraron aspectos como la selección de la muestra, la elaboración de cuestionarios adaptados a las distintas realidades regionales y la logística de recolección y análisis de datos.

En este contexto, el equipo de Salud Laboral de la FJA continúa trabajando arduamente en el diseño de la Encuesta Nacional en Salud Laboral de la FJA. El próximo paso, será un II Encuentro Nacional bajo la modalidad virtual, donde se invitará a todxs lxs trabajadores judiciales a participar activamente en este proceso, para lanzar la Encuesta y poner en común criterios de implementación en las filiales así como construir estrategias de conjunto para la acción político-sindical a partir de esta herramienta.

Juntxs, podemos impulsar cambios significativos que promuevan el bienestar y la calidad de vida en nuestro ámbito laboral.

El plan de lucha desplegado con profunda unidad por el Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU), filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), logró que se retomara el diálogo con el Poder Ejecutivo, tras la presentación del proyecto ‘Situación Actual del Poder Judicial y Propuesta Salarial’.

La situación salarial de lxs judiciales en San Luis ha sido crítica, lo que motivó que el SIJUPU comenzara con distintas acciones como con el cese de actividades por dos horas diarias, asambleas masivas en los lugares de trabajo y movilizaciones en diferentes puntos de la provincia, registrando una participación histórica. Posteriormente, se sumó el paro total del Ministerio Público Fiscal y continuo en la tercera semana con el paro total del Ministerio Público de la Defensa.

En medio de un verdadero movimiento judicial y en una nueva reunión con el Superior Tribunal de Justicia y los Colegios de Magistradxs y Funcionarixs de la provincia, reafirmaron su prioridad en la recomposición salarial y acelerando las discusiones para que ningún/na judicial permanezca por debajo de la canasta básica.

Desde el SIJUPU, mantendrán el estado de alerta y de asamblea permanente, así como las medidas de fuerza anunciadas. Además, lxs judiciales se preparan para una gran movilización mañana 23/5 dentro de la Jornada Nacional de Lucha Judicial, en unidad con otros sectores estatales.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (SITRAJ), filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), trasladó su asamblea al edificio del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para denunciar que no son recibidos para discutir la paritaria de actualización salarial. Alertan que el salario de una gran franja de lxs trabajadorxs del Poder Judicial se encuentra por debajo de la línea de la pobreza.

Lxs trabajadorxs judiciales se encontraron el viernes 17 por la mañana en el Centro Judicial Santa Rosa, para luego trasladarse y realizar una asamblea en el edificio del STJ. Hace meses el gremio solicita audiencias para dialogar sobre el reconocimiento, bonificaciones salariales, licencias y descuentos, pero las respuestas han sido todas negativas. A su vez, denuncian que ocurre lo mismo con la apertura de paritaria.

Lxs judiciales en La Pampa cobran un Básico de $183.777, más un adicional de $183.777 y otro suplemento de $4.565. Estos 3 ítem son los que componen el salario del judicial, que sumados al Fondo de Garantía hacen que el salario inicial de un/a trabajador/a sea de tan sólo 440.000 pesos.

“Alguien que ingresa al Poder Judicial no va a cobrar más que $440.000. Hoy lxs judiciales estamos sufriendo los ajustes de políticas nacionales con los aumentos de tarifas de los servicios públicos, pero en la provincia el/la trabajador/a está sufriendo ajustes en lo salarial, licuando cada vez más el poder adquisitivo”, afirmó Susana Funes, secretaria general del SITRAJ La Pampa.

“Se replica lo que sucede en todos los sectores de la sociedad, hoy las patronales ante las necesidades de los trabajadores recortan derechos, persiguen a los trabajadores, sin dar respuestas a los reclamos”, finalizó Funes.

Frente a la profundización de la crisis económica, social, política e institucional y los sucesivos ataques a la libertad sindical y la persistente negación del derecho constitucional a la negociación colectiva por parte de las patronales, la Federación Judicial Argentina (FJA) convoca, este jueves 23 de mayo, a una ‘Jornada Nacional de Lucha Judicial’ en todo el país, en defensa de la Negociación Colectiva, por la inmediata recomposición salarial y contra los atropellos antidemocráticos e inconstitucionales que se registran en diversas provincias.

Los agresivos embates a lxs trabajadorxs judiciales en Río Negro y de Mendoza, donde en primer término una reforma legislativa impulsada por el Superior Tribunal de Justicia rionegrino con el aval del gobierno provincial pretende restringir el derecho constitucional a la Negociación Colectiva y recortar el ámbito de representación sindical; y, en el segundo, donde el Ejecutivo mendocino cerró la paritaria por decreto, fijó unilateralmente el insuficiente aumento, intentando imponer una cláusula de ‘paz social’ para impedir la huelga, como así también, queriendo declarar ilegal e inconstitucionalmente al Poder Judicial como servicio esencial para restringir el ejercicio de este último derecho, han trascendido las fronteras de esas provincias y esos conflictos adquieren necesariamente dimensión nacional.

Asimismo, la profundización de los conflictos salariales en San Luis, donde prácticamente tienen congelados los salarios desde el mes de noviembre, y de San Juan; como así también las peleas salariales en La Pampa y Santa Cruz, terminan de componer un cuadro de alta conflictividad de la cual son únicos responsables los abusos de poder de las patronales y las políticas estatales que profundiza la crisis. Eso es lo que se verifica, entre otras cuestiones, con el DNU 70/23, el paquete económico y el desguace del Estado implementados por el Gobierno Nacional, con la claudicación y complicidad de la mayoría de los gobiernos provinciales cuyxs senadorxs se aprestan a votar la nefasta Ley de Bases.

La respuesta ante la grave situación será, entonces, esta Jornada Nacional de Lucha Judicial que se expresará en paros, movilizaciones, asambleas, radios abiertas, batucadas, volanteadas, y otras medidas que dispondrá cada Filial a la lo largo y ancho del país.

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La Asociación Gremial Empleados Judiciales de Santa Cruz, filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), denuncia que transitan una crisis institucional profunda en el Poder Judicial de la provincia. Denuncias por violencia y malversación de fondos, sumarios por mala praxis y confrontación con lxs trabajadores dan el marco de la situación que se agudiza en la provincia.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el gremio de lxs judiciales de Santa Cruz expuso públicamente un conjunto de situaciones que se fueron agravando y que hoy mantiene al funcionamiento del Poder Judicial al borde del colapso. Y es que a las denuncias de violencia por parte de jueces y funcionarios, se añadieron 7 sumarios por mala praxis judicial a una defensora de Río Gallegos que continúa con este tipo de prácticas, que a pesar de los reclamos gremiales el Tribunal Superior de Justicia continúa protegiendo con total impunidad.

También se denunció lo hecho por la Secretaria del Juzgado de Familia de Caleta Olivia, quien decidió grabar a lxs trabajadores sin autorización, violando así el derecho a la intimidad.

Otra polémica marcada es la designación de Rosa González como jueza. Había sido denunciada por tener una causa de malversación de fondos mientras prestaba servicios en la función pública y, aun así con estos antecedentes, asumió el cargo. Hay traslados ilegales de los trabajadores que se oponen a prácticas por parte del propio tribunal, el cual debió dar marcha atrás ante la intervención del gremio, lo que dejó en evidencia la ilegalidad y arbitrariedad en la que incurren cuando pretenden proteger corporativamente a los jueces y funcionarios amigos.

“Desde Judiciales nos preguntamos cuánto más debe evidenciarse para comprender que deben mostrar transparencia, ser democráticos y regirse, ellos más que nadie, por medio de la ley”, reza el texto armado por el sindicato. “JUDICIALES QUIERE UN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CARA AL PUEBLO, QUE RESPETE LA LEGALIDAD Y LOS DERECHOS”, finaliza.

El martes 16 de mayo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se realizó una asamblea masiva con participación de diversos sectores de la sociedad argentina, para discutir las implicancias de la Ley Bases y pensar herramientas para anular el Decreto 70/23. Como resultado se llamó a movilizar durante el tratamiento en el Senado del Proyecto de Ley. La Federación Judicial Argentina (FJA) estuvo representada por su secretario general, Matías Fachal.

Hasta el momento, se estima que el proyecto de Ley Bases pueda tratarse el próximo jueves 23 de mayo, pero todo dependerá de la celeridad con la que se emita dictamen en el Senado. En unidad el pueblo argentino comienza llevar a cabo diversas acciones para rechazar su aprobación. Por ello, una enorme cantidad de organizaciones sindicales, sociales, políticas, culturales, religiosas, estudiantiles, feministas, y organismos de los DD.HH. se dieron cita para debatir distintas iniciativas para que den por tierra con tan perjudicial proyecto del Ejecutivo.

Al tomar la palabra el secretario general de la FJA, Matías Fachal, quien además refirió a la Red Federal por la Defensa de los DD.HH. y la Democracia que la entidad integra, consideró ante el amplio auditorio que “en esta etapa de avanzada del fascismo, con un gobierno que pretende la destrucción del Estado, a través de su saqueo y vaciamiento, en un momento de amplia violación de los DD.HH., tenemos que articular, no solo para expresarnos y reflexionar abordajes, sino también para hacer acciones. Todos los ámbitos institucionales a los que debemos acudir, no se expiden si no es por la presión de la movilización popular, y tanto al Congreso como al Poder Judicial debemos presionarlos para que se pronuncien movilizándonos”.

Las tres centrales obreras participaron del encuentro, a su turno, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, aseveró “Estamos ratificando el compromiso de enfrentar en unidad este escenario tan complejo, donde un gobierno neofascista está intentando consolidar el coloniaje en nuestra sociedad y nuestro país”. También intervino Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, quien coincidió en la importancia de la convocatoria: “Creo que de esta forma estamos rompiendo con la parálisis que quisieron imponernos los grupos económicos dominantes”, dijo. En tanto que Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros e integrante del triunvirato de la CGT, resaltó que “la continuidad de un plan de lucha es clave hasta lograr vencer este plan económico”.

Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, hizo el cierre de la actividad y convocó a los presentes a continuar en la lucha: “Estamos demostrando la resistencia que hay que hacer. Los hechos lo están demostrando, con las distintas marchas, el 24 de marzo, la marcha universitaria, los sindicatos, el 8M, eso es lo que hay que seguir haciendo. Hay que ganar las calles, tenemos la obligación inclusive”.

El espacio que congrega organizaciones sindicales del Estado en sus distintos niveles y poderes, se reunió en la sede central de la Federación Judicial Argentina (FJA) este miércoles 15 de mayo, donde se analizó lo hecho durante la Jornada Nacional de Lucha en el Sector Público del 30 de abril y las efectos de la´masiva movilización del Día Internacional del Trabajador y del Paro General del 9 de mayo convocado por las tres centrales sindicales. Asimismo, se delineó la continuidad del Plan de Lucha que viene llevando adelante el Frente.

La reunión fue iniciada por Matías Fachal, secretario general de la FJA, entidad anfitriona, quien demostró entusiasmo por el grado de organización alcanzado hasta el momento y repasó la agenda del mes, haciendo hincapié en el resonado Pacto de Mayo, lanzado por Javier Milei, que será un escenario donde lxs trabajadores del Estado y las Empresas Públicas tendrán que jugar un papel preponderante oponiéndose al mismo.

Durante el transcurso del encuentro, uno de los puntos centrales fue el tratamiento del Proyecto de Ley Bases y la necesidad de contribuir a una convocatoria amplia el día que sea debatido por el Senado con una gran movilización al Congreso de la Nación.

Del mismo modo, se buscará construir una instancia abierta de debate que cruce a todos los sectores que participan del Frente a principios de junio, con el objetivo de aunar las luchas que se dan en los diferentes estratos del Estado.

Lxs judiciales de la provincia cuyana rechazaron el ofrecimiento unilateral del gobierno de Alfredo Cornejo, quien entonces decidió dar por cerrada la discusión. Con asambleas diarias y una seguidilla de paros, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Mendoza, filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), avanza con un plan de lucha por salarios dignos y presupuesto suficiente para el sector.

En Mendoza, lxs trabajadores judiciales, vieron los últimos meses cómo su salario fue perdiendo capacidad de compra sin sentir ninguna actualización. La discusión no sólo arrancó en un insuficiente 10%, sino que por decisión del Poder Ejecutivo provincial, se incluyó una cláusula de “paz social” donde se ofrece un bono equivalente a un 11% sólo en caso de que no se registre ninguna medida de fuerza gremial sin importar su causa u origen.

Esta situación extorsiva y el paso de los días con la discusión paritaria cerrada, fue generando un malestar sostenido entre lxs judiciales que desembocó en un estado casi permanente de participación, con varias asambleas masivas y una seguidilla de paros con adhesión casi absoluta.

“Nos encontramos con asambleas prácticamente diarias, las cuales ratifican todo lo actuado por la Comisión Directiva, y las cuales son impulsoras de las grandes movilizaciones que venimos realizando. Declaramos el estado de huelga del gremio, lo que implica la construcción de varios paros en el mes”, comentó Ricardo Babillón, secretario general del sindicato judicial mendocino.

“El gobernador está jugando con el salario de lxs judiciales y no lo vamos a permitir. Pero también sabemos que el aumento no es la única meta para el gremio mendocino. Queremos discutir salario y condiciones de trabajo con nuestra patronal directa: la Suprema Corte de Justicia de Mendoza”, finalizó Babillón.

Hoy 14 de mayo, lxs judiciales enrolados en el Sindicato de Trabajdorxs de Río Negro (SITRAJUR), filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), se concentran en las oficinas judiciales de Viedma para luego marchar hacia la Legislatura provincial, en contra del proyecto que impulsa el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y que busca dejar sin efecto gran parte de la Ley 5009 de Convenciones Colectivas en el Poder Judicial de la provincia.

Cientos de trabajadores participaron de las medidas convocadas por el SITRAJUR para defender una de las conquistas históricas más importante para el gremio. Es que el proyecto 576/2023 amenaza con excluir a un tercio de los trabajadores judiciales de los derechos otorgados por la ley 5.009 de convenio colectivo y de la representación sindical. Una vez que corrió la noticia del ingreso al recinto del proyecto, desde el gremio se activaron todos los mecanismos para impedir su avance.

En ese sentido, además de las medidas de lucha asumidas, desde el SITRAJUR se emitió una nota a los diferentes bloques legislativos, convocándolos a discutir con el gremio con el fin de marcar lo regresivo del proyecto para las condiciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la provincia y la confrontación directa con los derechos asegurados en el artículo 14bis de la Constitución Nacional. Lo propio realizó la FJA condenando este atropello a través de un comunicado firmado por su conducción y haciéndose presente en la ciudad de Viedma a través del dirigente de la Mesa Directiva Nacional, Daniel Peréz Guillén, y de uno de los asesores jurídicos de la entidad federativa, el Dr. Ulises Gorini.

“El planteo del proyecto es absurdo, un sindicato que no puede discutir salarios ni condiciones de trabajo, qué sentido tiene. El 30% de nuestros afiliados quedarían fuera del convenio, por lo que el apoyo a las medidas asumidas se siente y desde el gremio vamos a hacer todo lo posible para el Proyecto no avance porque claramente buscan cercenar nuestros derechos”, afirmó Emiliano Sanhueza, secretario general del SITRAJUR.