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Violencias de todo tipo, desprotección, sobrecarga laboral, diáspora de personal y ausencia de nombramientos, remuneraciones bajas, fueron algunos de los muchos reclamos de lxs Peritxs del Poder Judicial, enroladxs en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) -filial de la Federación Judicial Argentina (FJA)-, que hoy pararon en toda la provincia.

La sede provincial de la AJB, se vió totalmente desbordada esta mañana por trabajadoras y trabajadores judiciales, durante la conferencia de prensa que realizaron integrantes de la Comisión de Peritos del gremio, junto a la conducción del sindicato, denunciando públicamente las graves condiciones laborales y salariales que padecen las y los peritos del Poder Judicial de la provincia. “Esto no da para más, declaramos la emergencia pericial”, se dijo en varias oportunidades.

El Secretario General de la AJB, Hugo Russo, la Secretaria Adjunta, María Inés Giménez, el Secretario Gremial Oscar Yenni, la Secretaria de Genero Ruth Sahonero e integrantes de la Comisión de Peritos como Susana Cuadro, Érica Velázquez y José Luis Pérez, entre otros y otras encabezaron la rueda de prensa, que estuvo acompañada de otros miembros de la CDP y algunos secretarios generarles Departamentales.

Russo abrió la conferencia resaltando que “esta jornada de pelea y lucha que estamos dando hoy es integral, porque si bien hay muchísimos problemas sectoriales, como es el caso de las y los compañeros peritos, desde la AJB venimos haciendo insistentes reclamos ante la Corte y la Procuración. Ante el silencio sobre muchas de estas problemáticas, las compañeras y compañeros peritos reaccionan con este nivel de organización”, dijo.

Finalmente, Russo explicó que “la situación que atraviesa el sector es alarmante y se vive una fuerte preocupación por las condiciones de trabajo en las que se desempeñan las y los compañeros peritos a diario”. Luego de estas expresiones, desde el auditorio se recordó el asesinato de la trabajadora social y perito bonaerense, Laura Iglesias.

Por su parte, María Inés Giménez señaló que “desde febrero pasado venimos advirtiendo esta situación de colapso, ya sea ante la Corte bonaerense, el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia. Las compañeras y compañeros peritos no dan más: falta que se nombre personal, se triplicaron las causas en los últimos tiempos, las violencias de género, sexual, laboral y demás situaciones, hacen que declaremos el Estado de Emergencia Pericial en toda la provincia de Buenos Aires. Sin peritos, no hay sentencias”, concluyó.

Las y los representantes de la Comisión de Peritos insistieron con que “esto es insostenible, las violencias que sufrimos laboralmente y en el territorio, luego las llevamos hacia el interior de nuestras familias, y esto debe modificarse inmediatamente”. Y también se habló de la demora en las fechas ante diferentes causas relacionadas con violencias que obstaculizan el acceso a la justicia y que podrían desencadenar riesgo potencial de las personas que acuden muchas veces en situación de mucha vulnerabilidad.

Por último, las grandes diferencias existentes entre las y los peritos que se desempeñan bajo la órbita de la Corte o de la Procuración, fue otro de los puntos resaltados y que se empalma con la imperiosa necesidad de garantizar una adecuada carrera judicial para las y los peritos.

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) convocó a un paro de 48 horas que inicia este miércoles 14 de diciembre con una movilización a los Tribunales de la provincia. La pérdida salarial es del 20% frente a la inflación anual y la Corte Suprema de Justicia sigue sin emitir la acordada de aumento salarial.

Es la tercera semana consecutiva en donde lxs trabajadores judiciales de Córdoba van al paro, los días 1 y 7 de diciembre comenzaron esta seguidilla, con un alto acatamiento.

Federico Cortelletti, Secretario General del sindicato cordobés, se refirió al respecto: “En Córdoba, tenemos un enganche que ajusta nuestro salario a la pauta que la Corte Suprema de la Nación utiliza para la Justicia Federal, lo cual acuerda con el Poder Ejecutivo. Aún esa partida salarial no se resolvió por los conflictos que atraviesan ambos poderes, por lo que nosotros seguimos con un aumento que totaliza un 60,7% en un proceso inflacionario que supera el 80%”.

“Somos uno de los pocos sectores que mantiene un conflicto salarial, ya que la mayoría de los trabajadores estatales cerraron sus paritarias en su mayoría por encima del 90%” continuó.

“Ya llevamos dos paros y varias movilizaciones, entre ellas, a la Legislatura cuando fue la audiencia pública por el presupuesto 2023 de la provincia. Aún no hemos obtenido respuestas, y cada día que pasa la inflación nos revienta más los bolsillos. Por eso también le pedimos al Tribunal Superior de Justicia provincial y al Ejecutivo de Córdoba, que den un aumento a cuenta de los aumentos que se fije la Corte Nacional en adelante”.

Para finalizar se refirió a esta nueva jornada, que esperan, sea masiva: “Este retraso ya se está haciendo sentir por lo que hay un acompañamiento generalizado a las medidas de fuerzas convocadas por el gremio, por lo que esperamos un muy alto grado de acatamiento para esta nueva convocatoria”.

La Federación Judicial Argentina (FJA), entidad nacional que nuclea a 23 sindicatos judiciales de todo el país, expresa su total solidaridad con los reclamos salariales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Catamarca que se encuentran protagonizando una lucha por la recomposición de sus haberes y que en los últimos días se han movilizado dos veces a la Corte de Justicia de esa provincia para ser escuchados.

Como consecuencia del proceso inflacionario que afecta al país incesantemente, los ingresos de los asalariados y asalariadas ha descendido a sus máximos históricos dentro de los últimos 10 años; particularmente en Catamarca, los últimos aumentos no han logrado recomponer esa enorme pérdida del poder adquisitivo de los y las judiciales, llegando a un retraso de casi el 40 por ciento en relación con el aumento de los precios de los alimentos, la salud, el transporte, los alquileres y la educación.

Sin embargo, los responsables de esa situación se niegan a dar una respuesta satisfactoria al reclamo sindical, absolutamente justo.

Es por ello, que esta Federación se suma a la protesta y pone a disposición de los compañeros y compañeras catamarqueños todos los recursos a nuestro alcance para que, con el respaldo de todos los y las judiciales del país, se logre el justo objetivo.

Durante el sábado 29 de octubre, la Federación Judicial Argentina (FJA), representada por su Secretaria de Cultura y Capacitación, Guadalupe Santana, participó de la jornada de debate sobre salud laboral en la Asociación de Funcionarixs Judiciales del Uruguay (AFJU), conducida por su Secretario General, Pablo Elizalde y su Secretaria de Asuntos Gremiales, Pilar Igoa, quien coordinó la charla, co-organizada con la Asociación de Magistradxs de dicho país.

La FJA tuvo un lugar en el panel con una intervención que recogió la experiencia que se viene desarrollando desde la FJA respecto de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, los abordajes concretos que se están llevando adelante en las distintas filiales (CABA, Entre Ríos, Córdoba, Tierra del Fuego, etc.) y los desafíos que tenemos por delante como organizaciones sindicales, sobre todo a partir del espaldarazo que ha significado la ratificación del Convenio 190 de la OIT.

Luego del panel, se llevó adelante una ronda de debate sumamente fructífera, donde lxs compañerxs presentes expresaron la necesidad unánime del reconocimiento de la violencia y el acoso laboral como problemas urgentes que forman parte de la cultura organizacional de los poderes judiciales más allá de las fronteras provinciales y nacionales y el compromiso por parte de las patronales en la implementación de políticas preventivas y de erradicación de este flagelo que atenta contra la salud mental, física y emocional de trabajadores y trabajadoras.

También se abordó la cuestión de cómo el incremento de la judicialización, los cambios tecnológicos y la intensificación de las cargas de trabajo, a partir de los escritos electrónicos y las mesas de entrada virtuales, que se profundizaron durante la pandemia, generan un impacto en la organización del trabajo y por ende, en la salud laboral y se expresó la necesidad de que las Cortes incrementen personal y se acondicionen los espacios laborales para el cumplimiento de las condiciones físicas y medio ambientales para el desarrollo de las tareas y el correcto acceso a justicia por parte de la ciudadanía: no hay justicia posible sin derechos laborales.

Los desafíos son muchos pero seguimos estrechando vínculos e intercambios con compañerxs judiciales de Nuestramérica.

La unidad es el camino.